Domingo, 16 de junio de 2013 | 4:30 am
Alejandro Toledo está en graves problemas políticos, penales y
familiares. Ha mentido ya tantas veces que, salvo que se le declare
inimputable por grave alteración de la conciencia, va a tener que
responder al posible señalamiento de delitos aquí y en Costa Rica.
En enero, cuando se conoció que su suegra era propietaria de una
casa de US$ 3.750.000, mintió, y en grande. Nadie podía suponer que
fuera capaz de inventarse un cuento tan elaborado para justificar la
riqueza de su suegra como una doble viudez y una pensión grandiosa como
víctima del Holocausto. Cuando apareció el segundo inmueble (negado
antes) insistió en lo mismo pero añadió un préstamo de Scotiabank en
Costa Rica a una señora de 86 años para comprar una casa y una oficina
en Lima. El disparate comenzó a desmoronarse por absolutamente
improbable.
La investigación de Panorama en Costa Rica y de Velaverde en
Bruselas reveló que la pobre señora no solo no tenía un cobre partido
por la mitad, sino que había constituido una sociedad a todas luces de
fachada para el trasvase de capitales que no eran de ella. Toledo
apareció en Lima y mientras lanzaba cifras confusas y papeles al aire,
primero a Augusto Álvarez Rodrich y luego a los congresistas de la
Comisión de Fiscalización, se iba enredando más y más. Frases vacías
como “no soy abogado”, “¿usted conoce los negocios de su suegra?” o “no
se lo permito”, además de la portátil que lo esperaba en la puerta del
Congreso, no lo salvaron del sinnúmero de contradicciones en las que él
mismo cayó. Contradicciones que, contrastadas con los documentos que
finalmente dejó en el Congreso y el testimonio del corredor de inmuebles
Paul Allemant, eran insalvables.
El puntillazo final se lo ha dado el abogado al que recurrió en
Costa Rica, Melvin Rudelman, quien esta semana aceptó que fue el mismo
Alejandro Toledo el que había solicitado la constitución de la empresa
de fachada Ecoteva, llegando a proponer su nombre. El hecho había sido
negado con énfasis. Pasadas las horas y los días, nadie ha desmentido ni
al corredor ni al abogado. El silencio aquí habla por sí mismo.
A pesar de que el ex presidente Toledo ya no tiene el beneficio del
antejuicio y debe ser investigado y procesado como cualquier ciudadano,
es evidente que el trabajo de la Comisión de Fiscalización tendrá un
impacto político y liquidará tanto sus aspiraciones presidenciales como
el futuro de Perú Posible. Sin embargo, por más doloroso que esto sea
para el gobierno en términos políticos, no debe ser impedimento para que
se investigue un posible acto de corrupción. Hace mal el presidente
Humala en alentar el encubrimiento parlamentario.
Es, sin embargo, en el campo penal donde Toledo deberá dar la peor
batalla. Ser un mentiroso puede ser la ruina política, pero no lleva
necesariamente a la cárcel. No poder explicar el origen de un dinero que
se trasvasa de la cuenta de un amigo en dificultades financieras a
inmuebles de una suegra milagrosamente beneficiada es el camino a la
prisión. Máxime si puede probarse la participación directa de Toledo y
su esposa tanto en la selección de los inmuebles a adquirir, como en la
constitución de Ecoteva. Aquí y en Costa Rica se trata de conductas
penadas con tipos penales tan graves como el de lavado de activos.
Si Alejandro Toledo quiere salvarse, al menos de la cárcel, tiene
que empezar por decir toda la verdad a la Fiscalía. Y con lujo de
detalles consistentes, explicar bien de quién es la plata y por qué
había que hacerla recorrer tan tortuoso camino.
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