El paro nacional de 1977

Miércoles, 23 de julio de 2014 | 4:30 am

Un libro de Manuel Valladares sobre el paro del 19 de julio de 1977 recuerda este momento culminante de la influencia de los trabajadores organizados en la política nacional. Fue el primer paro nacional de la historia y constituye el pico del movimiento social peruano. ¿De dónde venía la fuerza del sindicalismo proletario y cómo se diluyó en las décadas posteriores?

Esa pregunta es clave para comprender al Perú de nuestros días, un país increíblemente desigual. El capital se halla concentrado y bien organizado en la CONFIEP; mientras que la dispersión caracteriza al factor trabajo, ya que el 70% de los trabajadores son informales. Además, el tercio de trabajadores formales registra una baja tasa de asociación, presencia de mafias y amarillismo sindical. Así, el vértice está organizado y la base está integrada por partes inconexas. El viejo triángulo sin base de Cotler.

Otro libro clave fue escrito por Gustavo Espinoza y se titula “Años de fuego”. Es un relato de parte, porque su autor fue secretario general de la CGTP desde 1968 hasta 1975. Espinoza recuerda el auge del movimiento obrero como un largo proceso iniciado en los cincuenta y en desarrollo conforme se modernizaba el país y se abrían industrias. Se formaban sindicatos que chocaban con la vieja dirección aprista. El APRA estaba en convivencia con la oligarquía y los trabajadores habían perdido peso en el partido de la estrella.

Ese movimiento fue recogido por el PCP que fue reconstruyendo la CGTP, lográndolo en 1968, pocos meses antes de Velasco. A continuación, el gobierno militar impulsó la organización de entidades populares y sus expectativas se elevaron. Era más y su voz comenzaba a ser escuchada.

Pero, cayó Velasco y su reemplazante, Morales Bermúdez, puso marcha atrás. La crisis económica se presentó con gran intensidad y los trabajadores rechazaron pagar los platos rotos. El gobierno y los empresarios querían mantener la inversión y se produjo un choque de trenes. De acuerdo al texto de Valladares, en mayo de 1997 un paquetazo elevó considerablemente los precios y estallaron movimientos de rechazo en todo el sur andino. El Cusco se incendió y la protesta ganó todo el país.

Los gremios independientes presionaron a la CGTP y se formó un Comando Unitario de Lucha, CUL, que finalmente condujo el paro de julio. Fue contundente y estremeció la sociedad. Pero Morales reaccionó con astucia adoptando dos medidas claves.

En primer lugar, convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente que se reunió el año siguiente. De ese modo, desvió la presión desde la confrontación social a la lucha electoral. Las elecciones fueron la manguera de agua que contuvo el incendio social.

A continuación, Morales autorizó a las empresas a despedir a los dirigentes sindicales que habían organizado el paro nacional. Fueron 5,000 cuadros que constituían la vanguardia organizada de la clase obrera. Cierto es que surgió una nueva generación, pero los despedidos fueron un tema sin solución de los años que estaban por delante.

Por su lado, se ha discutido intensamente la relación entre el paro nacional y la convocatoria a elecciones. Al respecto, Valladares informa que los militares venían conversando el punto con el APRA y otros partidos. A la vez que la plataforma de lucha del paro no incluyó ninguna referencia a elecciones. Aunque sí contenía un punto sobre democracia, entendida exclusivamente como derechos sindicales. Así, el paro habría precipitado la Constituyente sin haberlo buscado. Algo que estaba en la mecedora peruana se concretó súbitamente.

De ese modo, el paro nacional fue crucial para el país y los sindicatos. Trajo la democracia y todos ganaron, pero despidió a los dirigentes y debilitó a los gremios. Desde entonces, esta república que celebramos el 28 de julio se basa en una premisa que se coló en aquellos días: la postergación de los trabajadores y de sus gremios, que perdieron a sus primeros líderes al desvincular la lucha económica de la política.

La ley universitaria

Miércoles, 16 de julio de 2014 | 4:30 am

La ley Mora contiene normas de todo tipo: positivas y negativas. Pero, por encima de todo, incluye una regla peligrosa que veremos cómo termina. Entre las positivas se encuentra la obligación de las universidades para contratar al menos 25% de profesores a tiempo completo. Es una buena noticia porque los estudiantes encontrarán profesores que realmente puedan guiarlos en sus tesis. Los profesores contratados por horas son aves de paso: entran, dictan y se van. Y en algunas universidades-empresa, actualmente todos los profesores son por horas. Así, un 25% de tiempos completos, como establece la ley, ayudará a evitar las universidades-estafa.

Por el contrario, una norma negativa establece que los profesores solo pueden enseñar hasta los setenta años. No obstante, los buenos profesores superan esa edad, porque ejercitan el cerebro, que no se agota sino al contrario es acumulativo. Pero, no deja de ser cierto que algunos profesores se anquilosan y repiten las mismas historias durante años. Sin embargo, no se puede cancelar a todos por algunos, menos si hay bastantes profesores mayores de alta calidad, que no abunda en el Perú.

Por su lado, la superintendencia y sus funciones acarrean riesgos mayores. No se discute el derecho del Estado a supervisar la marcha del sistema universitario. Así como el Estado norma todas las grandes actividades económicas y las regula con organismos especializados, así también puede y debe regular la vida universitaria.

En este sentido, es difícil sostener la posición de la Asamblea Nacional de Rectores, ANR. Según este organismo, la autonomía consiste en el retiro del Estado de la órbita universitaria. Pero, ello no es posible. Para empezar, el Estado financia todas las universidades públicas. Luego, el Estado regula todas las actividades centrales de la vida nacional. Qué corona podría tener el sistema universitario que no disponga, por ejemplo, el sistema bancario, que sí tiene una SBS.

Encima, la situación actual es pésima. La autonomía entendida como feudalismo, “cada cual hace lo que quiere en su propio feudo”, ha acarreado consecuencias negativas. En muchas universidades, la calidad está por los suelos y campea la corrupción o el lucro desatado. La regulación estatal es una necesidad, el problema es cómo evitar que se transforme en un instrumento para el control político de las universidades.

Ese es el tema y sí tenemos ejemplos institucionales positivos. Existen los organismos constitucionalmente autónomos. El principal es el BCR, pero no el único, entre otros: ONPE, RENIEC, Defensoría, etc. En general con buenos resultados en las encuestas de opinión pública. ¿Cuál es su característica esencial? Es el Estado y no un ministerio quien nombra. Luego, por un plazo fijo, el jefe de la entidad no puede ser removido a menos que cometa falta grave prevista por la ley. Así, el responsable no depende del ministro, sino que es independiente del poder político. Esa autonomía se transmite al organismo, que trabaja en función a consideraciones técnicas.

Mientras que la ley Mora coloca a la SUNEDU como dependiente del Ministerio de Educación. He ahí lo peligroso, esa dependencia puede ser la puerta para el control político. ¿Por qué no se han seguido los ejemplos de excelencia que existen en el Estado?

En este tema la ley contiene dos disposiciones positivas. La primera es el nombramiento del superintendente por un período fijo; no lo dice explícitamente, pero podría entenderse como garantía de no poder ser cambiado por cada nuevo ministro. Otra disposición interesante es que habría un directorio. Así, habría equilibrio entre un presidente ejecutivo y un directorio con poder.

Por ello, la suerte de la ley Mora se verá en el reglamento. Es la última oportunidad para pulirla y garantizar que la SUNEDU sea un organismo autónomo del poder político. Gracias a la tenacidad del presidente de la comisión ha salido la ley; aunque con cien problemas que pueden debilitar una norma totalmente oportuna.

Democracia y capitalismo

Miércoles, 09 de julio de 2014 | 4:30 am

En su reciente visita a Lima, el politólogo norteamericano Francis Fukuyama respondió al libro de Thomas Pikkety, quien afirma que el capitalismo condena a la humanidad al incremento de la desigualdad. Para Fukuyama esta afirmación es falsa, porque el capitalismo está unido a la democracia, que introduce los correctivos necesarios. De acuerdo a sus declaraciones a La República, “el capitalismo no puede funcionar sin un sistema democrático que lo acompañe”.

Así, Fukuyama elige la política para responderle a Pikkety. Las tendencias del capitalismo económico serían contrarrestadas por la democracia política, encargada de mantener la cohesión, impidiendo que la desigualdad comprometa al sistema. Pero, ¿realmente existe una simbiosis entre democracia y capitalismo?

Esa identificación parecía verdadera en 1991, cuando se derrumbó la URSS y apareció el libro de Fukuyama sobre el fin de la historia. Pero ahora es una fantasía, la contradicen la crisis internacional del capitalismo y, sobre todo, el vertiginoso ascenso de China.

El despegue de China y la dinámica asiática evidencian que la democracia política no tiene la delantera; por el contrario, la combinación entre autoritarismo y mercado está tomando el liderazgo. Ahora, pocos estudiosos dudan de la fortaleza china y de un siglo XXI oriental.

La respuesta de Fukuyama parece un deseo antes que un pronóstico sobre el mundo de mañana. Ante ello cabe preguntarse, ¿qué factores han impulsado el ascenso de China? ¿Cuál es su relación con la democracia política?

La fortaleza actual de China deriva de haber evitado la receta neoliberal y haber adoptado un camino opuesto al fundamentalismo que arruinó a Rusia de Yeltsin.

Por el contrario, Deng Xiaoping había iniciado las reformas antes de la caída del Muro de Berlín, y China tuvo tiempo para realizar su propia transición del comunismo al capitalismo. Comenzó por la agricultura y aseguró su seguridad alimentaria. Luego progresivamente soltó las amarras e ingresó a la OMC en 2001.

La economía de mercado no significó una ruptura total con el legado de la revolución china. Por el contrario, el Estado mantiene una fortaleza considerable y sus políticas constituyen el eje del crecimiento económico. En China abundan las empresas pequeñas y medianas de capital privado, agrupadas informalmente en redes. Ellas producen suministros y componentes del producto final para algunas grandes empresas, normalmente extranjeras o estatales, que funcionan conectando esas redes empresariales privadas.

El modelo empresarial no es una copia de la integración vertical de cara a Occidente. Por el contrario, es descentralizado y con el Estado como pieza vital. Este sigue en manos del partido comunista, que ejerce el poder con una elevada dosis de autoritarismo.

El ascenso oriental es silencioso, sin estridencias ni guerras exteriores que lo desgasten. Por el contrario, China se beneficia del fracaso de la guerra contra el terrorismo emprendida por EEUU. En efecto, el papel de guardián del orden mundial que ha asumido Norteamérica favorece indirectamente al Celeste Imperio. EEUU pierde en Irak y Afganistán, mientras que China asciende sin enfrentar a la potencia hegemónica actual.

El nuevo orden mundial con China como nuevo líder no es una buena noticia para la democracia política. La realidad contradice la tesis de Fukuyama. Al revés, el capitalismo chino agudizó contradicciones que no existían en el país rural e igualitario de Mao. Los nuevos millonarios han venido acompañados por elevada corrupción y actos terroristas.

La masacre de la Plaza Tiananmen en 1989 terminó con la democracia china por una larga temporada. Aún vivía Deng, quien reprimió a la oposición, evitando la deriva disolvente de Gorbachov en la URSS. Con ello, el PCCh recreó un viejo modelo político: autoritario y de mercado.

Ese modelo no es extraño a Latinoamérica. En realidad, lo conocemos bien. Salvo que en Oriente viene teniendo un éxito sin precedentes.

El Fútbol y el Futuro Norteamericano

Domingo, 06 de julio de 2014 | 4:30 am

La pasión por el fútbol ha llegado a los EEUU. Unos 100.000 gringos (entre ellos, el vicepresidente Joe Biden) viajaron a Brasil para el Mundial. Más de 20 millones vieron los partidos EEUU-Portugal y EEUU-Bélgica por TV, superando el rating de los campeonatos de béisbol y básquet. En las ciudades norteamericanas, los bares y las plazas públicas se llenaron durante los partidos de la selección norteamericana.

La pasión norteamericana por el fútbol no se limita al Mundial. Hace 30 años, pocos gringos sabían qué cosa era Barca o Liverpool. Hoy sus camisetas están en todos lados y hay clubes de hinchas de los equipos del Premier League. El año pasado, Messi fue uno de los 10 deportistas más populares en los EEUU.

Los norteamericanos juegan también. En 1967, 100.000 estadounidenses jugaban fútbol; hoy juegan 15 millones. En 2013, 6,6 jóvenes jugaban en un equipo de fútbol [incluyendo mi hija, Alejandra, que metió ocho goles en sus últimos siete partidos], convirtiendo el fútbol en el segundo deporte de equipo más jugado por jóvenes norteamericanos, después de básquet. Según una encuesta de ESPN, el fútbol era el cuarto deporte más popular en los EEUU en 2011. Entre los jóvenes (12 a 24 años), salió segundo.

Pero si hay más gringos gritando los goles de Dempsey y discutiendo el pase de Suárez al Barcelona, también ha surgido una especie de movimiento “anti-fútbol”, sobre todo en la derecha norteamericana.

Según la derecha anti-fútbol, el soccer es “anti [norte] americano,” “colectivista,” y hasta “socialista”. El columnista C. Edmund Wright compara la regla de posición adelantada a los impuestos y regulaciones económicas porque no permite que los jugadores individuales corran riesgos para avanzar (en términos limeños, la regla de posición adelantada sería “chavista” o “como Maduro”). Wright asocia el fútbol internacional con “organismos internacionales que quieren tratar a los EEUU como cualquier otro país”.

No son opiniones marginales. En 2010, la cruzada anti-fútbol fue encabezada por Glenn Beck, una estrella de FOX TV con millones de televidentes diarios. Beck declaró en al aire: “No queremos el Mundial. No nos gusta el Mundial. No nos gusta el fútbol. No queremos nada que ver con ello”. Luego dijo del fútbol: lo odio tanto, probablemente porque al resto del mundo le gusta tanto… y siempre quieren imponerlo.

En 2014, la voz del anti-futbolismo ha sido la columnista derechista Ann Coulter, que escribió que el crecimiento del fútbol muestra la “decadencia moral” de la sociedad norteamericana. Para Coulter, el fútbol es anti-individualista: no pone el debido énfasis en el éxito o el fracaso individual; sofoca el atletismo individual y minimiza la competencia (muchos empates 0-0, dice). Otro pecado del fútbol, según Coulter, es su origen: “es del extranjero”.

Aunque sus argumentos sean ridículos, Beck y Coulter no son tontos (sus libros venden millones de ejemplares). Conocen a su base. Y su base es un sector –blanco, protestante, y no urbano– que es profundamente conservador.

El anti-futbolismo gringo surge de dos fuentes principales. Uno es la hostilidad hacia la inmigración. La inmigración está cambiando la cara de la sociedad norteamericana (como ha hecho durante toda nuestra historia). El número de personas de origen latinoamericano en los EEUU aumentó de 9 millones en 1970 a 53 millones en 2012. Dejamos de ser un país blanco y protestante. Aunque la mayoría de los norteamericanos cree que la inmigración beneficia al país, hay un sector –quizás un tercio de la población– que se siente amenazada por ella. Para ese sector, el fútbol forma parte de una invasión extranjera. Como Coulter, lo asocia con otros idiomas, culturas y colores de piel. De hecho, Coulter atribuye el crecimiento del fútbol en los EEUU a la inmigración latinoamericana.
El segundo fuente del anti-futbolismo es la resistencia a la globalización. La difusión internacional de capital, ideas, bienes y modas ha acelerado en las últimas décadas.

Los países pequeños suelen abrazar a la globalización. En Bélgica, Eslovenia, Taiwán o Costa Rica, por ejemplo, ocuparse del mundo y adaptarse a los cambios internacionales es algo casi instintivo. Pero a los gringos nos cuesta. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los EEUU se convirtió el principal exportador de ideas (liberalismo), cultura (Hollywood) y productos comerciales (Coca Cola) en el mundo. Nuestra autopercepción como fuente mundial de ideas fue reforzada por el colapso del comunismo. En los años noventa, los gringos nos creíamos –con tremenda arrogancia e ingenuidad– el principal exportador del capitalismo y la democracia.

El poder y la influencia de los EEUU han disminuido en las últimas décadas, y la globalización ya es en una calle de doble vía. Pero muchos gringos se acostumbraron a vivir en un mundo dominado por los EEUU. Y en vez de adaptarse al cambio, miran hacia atrás queriendo volver a una época que ya fue. Como preguntó el derechista G. Gordon Liddy durante el Mundial de 2010: “¿dónde está el excepcionalismo americano?” El anti-futbolismo surge de la nostalgia por un pasado excepcional.

Repudiar al mundo de esa manera sería peligroso. Gran parte del éxito de los EEUU se debe a su abertura hacia el mundo. Nuestra constitución fue diseñada en base de ideales ingleses y franceses. La industrialización fue producto del comercio internacional y las ideas, capitales y mano de obra de millones de inmigrantes. Hasta la nuestra “comida típica” originó en Europa: los “hot dogs” vienen de Alemania; los papas fritas son de los (malditos) belgas.

Si EEUU mantiene su abertura hacia el mundo –si abraza a los inmigrantes y a la globalización–, seguiría siendo una potencia económica y geopolítica. Pero si insiste en mirar hacia atrás, o al ombligo, va a terminar mal.

El fútbol podría ser una prueba. Si el 4 de julio de 2022, millones de gringos se escapan de los desfiles y barbacoas tradicionales del Día de la Independencia, ponen sus camisetas de DeAndre Yedlin o Julian Green, y buscan dónde ver el Mundial, estaremos bien.

Los Medios y la Democracia

Domingo, 08 de junio de 2014 | 4:30 am

Para mí, el asalto contra los medios que ha ocurrido en Venezuela, Ecuador, y Nicaragua es indefendible. Cerrar canales de televisión y radio (Venezuela), crear un clima de autocensura a través de constantes amenazas y acciones judiciales (Ecuador), o poner casi todas las canales de televisión en manos de familiares, amigos, y socios políticos (Nicaragua) viola elementos básicos de la democracia: el derecho a la libre expresión, el derecho a la información y la competencia justa. Estos abusos les han dado a los gobiernos de Maduro, Correa, y Ortega enormes ventajas sobre sus rivales –violando cualquier principio democrático–.

Utilizar el Estado para silenciar a los críticos y reducir el espacio para la oposición son actos autoritarios que una izquierda que se considera democrática debe rechazar.

Pero los que denunciamos los ataques contra los medios en Ecuador y Venezuela debemos reconocer dos cosas. Primero, los gobiernos de izquierda no tienen monopolio sobre estos ataques. Según Freedom House, una ONG norteamericana, las violaciones de la libertad de expresión bajo gobiernos de derecha en Colombia, Guatemala, Paraguay, y Honduras son iguales o peores que las de Nicaragua y Ecuador. En Honduras, trece periodistas y un dueño de un canal de televisión fueron asesinados entre 2010 y 2013, un nivel de represión aún peor que en Venezuela.

Segundo, si el comportamiento de Chávez o Correa hacia los medios ha sido claramente antidemocrático, el comportamiento de los medios privados –sobre todo cuando están concentrados en pocas manos– también puede dañar a la democracia.

La izquierda tiene razón: en muchos países latinoamericanos, los medios no solo están concentrados sino alineados políticamente con fuerzas conservadores, y en contra de fuerzas progresistas o de extracción popular.

En Brasil, por ejemplo, los medios más influyentes, como TV Globo y Veja, son anti-PT.
En México, los dos empresas televisas de importancia, Televisa y TV Azteca, se alinean contra del partido de centro-izquierda, el PRD.

En Chile, el periódico más grande (El Mercurio) y varios canales de televisión (Chilevisión, Megavisión) son de derecha. El único periódico de centro-izquierda (El Mostrador) se publica solo en internet.

En Venezuela, los medios más importantes se alinearon contra Chávez en la elección de 1998, buscaron su caída entre 1999 y 2002 y apoyaron el golpe de 2002.

En Guatemala y El Salvador, todos los periódicos importantes son de derecha. (El Salvador tiene un periódico progresista, El Faro, pero solo se encuentra en internet).

En el Perú, los medios están concentrados en manos del Grupo El Comercio, y su parcialización –a favor de la derecha– ha sido evidente. El presidente Humala tuvo razón cuando describió la situación como “una vergüenza”.

La concentración y la parcialización de los medios generan problemas para la democracia. El acceso a información y la competencia justa son elementos básicos de la democracia liberal. Los ciudadanos deben tener acceso a diversas fuentes de información, y los candidatos deben competir bajo condiciones mínimamente equitativas. Si los medios dominantes informan sobre un lado pero no el otro, o si juegan a favor de solo un candidato o partido, se violan normas básicas de la democracia.

Cuando esa desigualdad es producto del abuso gubernamental, como en Ecuador y Venezuela. Los demócratas liberales lo denunciamos con fuerza (y con razón). Pero cuando es producto de la concentración y politización de los propios medios privados, solemos callarnos en nombre de la libertad. Es un error. Tolerar la desigualdad política en nombre de antiestatismo o laissez faire no es liberalismo. Es conservadurismo.

Los costos de la concentración y politización de los medios se ven en el caso peruano. En momentos importantes, los medios dominantes –sobre todo el Grupo Comercio– han limitado el acceso de los peruanos a la información: (1) la decisión de no tocar seriamente el caso de los petroaudios en el 2008; (2) la decisión de no informar sobre aspectos claves de la campaña presidencial de 2011, como el rol jugado por Alberto Fujimori desde Diroes; (3) la decisión de despedir a Rosa María Palacios (de Canal 4) y Patricia Montero y Laura Puertas (de Canal N) en 2011. Y la parcialización de los medios durante las elecciones de 2011 –generando una competencia desigual a favor de Keiko Fujjimori– fue una vergüenza.

No me preocupa mucho la oposición de los medios al gobierno de Humala. El rol principal de la prensa es vigilar y controlar al gobierno de turno. Una prensa que investiga, critica y denuncia al gobierno está haciendo su trabajo.

Lo que me preocupa es la concentración de medios bajo un futuro gobierno de derecha (un escenario cada vez más probable). Si los grandes medios se alinean con el gobierno, ¿quiénes lo van a vigilar y controlar? ¿De dónde vendrá la investigación y la denuncia? ¿Qué quedará del derecho a la información? El caso de los Petroaudios y la campaña de 2011 demostraron que el Grupo El Comercio no es una fuente confiable de información. Tener un grupo mediático dominante y parcializado en la oposición es desagradable; tenerlo en el poder es peligroso.

Mantener el pluralismo mediático requiere acción estatal. Casi todas las democracias establecidas regulan a los medios para evitar los monopolios y garantizar el pluralismo. Y en algunas, el Estado garantiza un mínimo de equidad mediática durante las campañas electorales. En México, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral obliga a los canales de televisión dar una cobertura equitativa a los partidos principales. Y funciona: Televisa y TV Azteca siguen siendo anti-izquierda, pero la izquierdista PRD recibe un tratamiento más o menos durante las campañas electorales.

El gobierno peruano no puede regular a los medios de una manera unilateral. Hay demasiado riesgo de politización o manipulación de la ley con fines políticas. El riesgo de crear mecanismos de regulación mediática es que pueden ser abusados por el gobierno para silenciar a sus críticos, como ha ocurrido en Venezuela y Ecuador. En estos casos, el remedio ha sido peor que la enfermedad.

Pero hay alternativas. La regulación puede ser producto de negociaciones multipartidarias, como en México. Cuando la regulación surge del consenso multipartidario, es más probable que haya candelas institucionales para evitar el control gubernamental. O el diseño de la regulación podría ser delegado a una comisión de notables con amplia confianza ciudadana y conocido compromiso con la libertad de prensa y la empresa privada. ¿Por qué no una Comisión Vargas Llosa?