Dos elecciones

Domingo 06 de Diciembre de 2015

Dos recientes elecciones —la de Mauricio Macri en Argentina y las legislativas que se realizan hoy en Venezuela— han generado mucha expectativa, porque son vistas como el inicio de una contraofensiva contra el “socialismo” o “autoritarismo” bolivariano.

Pero las dos elecciones son distintas. El triunfo de Macri es significativo (por primera vez en la historia argentina que la derecha ganó una elección democrática), pero no afecta al régimen político —porque no existe un “régimen bolivariano” en Argentina. Los Kirchner tenían un estilo combativo, pero no violaron la institucionalidad democrática. La Constitución y el Congreso se mantuvieron intactos. Ningún medio fue cerrado; ningún periodista o político arrestado o exiliado; ninguna manifestación reprimida. Y las elecciones fueron limpias: no hubo exclusión de candidatos, intimidación, o limitaciones en acceso a los medios. De hecho, la ONG norteamericana Freedom House califica a Argentina como “Libre” (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela son calificados como “Parcialmente Libres.) Las medidas económicas estatistas implementadas por los Kirchner no deben confundirse con medidas autoritarias. La Argentina kirchnerista pertenece al grupo de plenas democracias latinoamericanas (con Brasil, Chile, y Uruguay), no al grupo bolivariano. 

Macri ganó las elecciones argentinas por dos razones principales. Primero, la economía argentina está mal. No crece desde 2013. Segundo, el kirchnerismo sufre el desgaste de 12 años en el poder. Gobernar por tres periodos quita reflejos políticos. Corrompe. Eventualmente, la gente se cansa. En Argentina, gran parte de la clase media apoyó al kirchnerismo hace una década, pero lo abandonó ante la creciente percepción de mal manejo económico, corrupción, y abuso del poder. Y Macri, que supo construir una amplia coalición opositora, la captó. 

Dada la mala situación económica, el buen rendimiento (49%) del candidato oficialista, Daniel Scioli, es llamativo. Se debe, en parte, a la popularidad del gobierno. La aprobación de Cristina Kirchner—entre 40 y 50 por ciento— era una de las más altas en la región en los últimos meses: menos que Evo y Correa, pero más que Bachelet, Rousseff, Tabaré, Santos, Peña Nieto, Cartes, Maduro, y, por supuesto, Humala. 

La popularidad de Cristina se debe, en parte, a las políticas redistributivas de su gobierno. Bajo el kirchnerismo, el salario mínimo se duplicó, todos los argentinos (formales e informales) tuvieron acceso a una pensión, y dos millones de familias pobres tuvieron acceso a un ingreso mínimo (gracias al programa Asignación Universal por Hijo). La tasa de pobreza cayó de 45% a 16%, el desempleo cayó de 17% a 7%, y el índice GINI (que mide desigualdad) cayó de 53.5 a 42.3. Estos avances ayudan a explicar por qué, mientras la elite liberal latinoamericana fue casi unánime en su apoyo a Macri, el 49% de los argentinos votaron por Scioli. 

Las elecciones venezolanas sí podrían golpear al modelo bolivariano. El gobierno de Nicolás Maduro está arrinconado. Ante la desastrosa situación económica (recesión, escasez, inflación más alta del mundo), su aprobación cayó a 25% en noviembre (aunque parece que aumentó un poco en las últimas semanas). Y según las encuestas, la oposición ganaría hoy por una brecha significativa (entre 15 y 30 puntos), con lo cual obtendría —a pesar de la sobrerrepresentación de distritos chavistas— una sólida mayoría legislativa. 

Para el chavismo, cuya legitimidad se basa en los triunfos electorales, una derrota aplastante —que revela al mundo su condición minoritaria— sería un golpe duro. Debilitaría a Maduro, alentaría la oposición, y podría provocar una crisis del régimen. 

Pero Maduro no pudo cancelar las elecciones. Y tampoco podrá robarlas. El fraude es raro en América Latina. Solo es factible cuando la brecha entre gobierno y oposición es mínima, y aun así, puede fracasar (como en la República Dominicana en 1994). A pesar de todos sus abusos autoritarios, el chavismo no ha cometido grandes fraudes electorales, y con una brecha de 15-30 puntos, intentar hacerlo sería un suicidio político como en Serbia (2000) o Ucrania (2004). 

Si el chavismo no puede cancelar o robar las elecciones, tendrá que perderlas. No sabemos qué haría después. Algunos creen que el régimen se caería a pedazos, con políticos y militares saltando del barco en masa. Otros creen que los líderes chavistas se volverían pragmáticos. Saben que el chavismo tiene futuro político más allá de Maduro (Chávez sigue siendo bastante popular). En vez de lanzar una guerra suicida, entonces, podrían negociar una convivencia con la oposición que incluye cierta liberalización política y quizás un referendo revocatorio que pone fin a Maduro (pero no al chavismo). 

Tampoco sabemos cómo responderá la oposición. Algunos estarán dispuestos a negociar con el chavismo y seguir trabajando a través de los mecanismos institucionales. Pero otros buscarían la caída inmediata del gobierno, en una especie de “revolución democrática”. Eso sería peligroso, porque el chavismo cerraría filas ante una amenaza que —después de haber aceptado una derrota electoral— podría caracterizarse como golpista. Para el chavismo, sería su salvación. 

Hasta antes que voten los venezolanos, todo es especulación, y si el repunte de Maduro en las encuestas es real, el gobierno podría salir de las elecciones mejor parado que esperábamos. Pero el fantasma de la derrota atormenta al chavismo. 

¿La derrota del kirchnerismo (y posiblemente del chavismo) significa un giro a la derecha en América Latina? No necesariamente. Es un giro antioficialista. Durante la década del boom, con tasas de crecimiento de 7 u 8 por ciento, el oficialismo ganaba elecciones como nunca antes en América Latina. El partido de gobierno fue reelegido una vez en El Salvador y Nicaragua, dos veces en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, y la República Dominicana, y tres veces en Brasil, Colombia, y Venezuela. 

Pero cuando las economías dejan de crecer, como ocurre hoy en América Latina, los gobiernos pierden apoyo. Y en países como Argentina, Brasil, y Venezuela, donde el oficialismo lleva más de una década en el poder, la caída es reforzada por el desgaste. 

El efecto combinado de la crisis económica y el desgaste golpeará fuertemente a los oficialismos latinoamericanos en los próximos años. Y como la izquierda está en el poder en muchos países, será la victima principal. Pero pierde por ser oficialista, no por ser de izquierda. Los gobiernos no izquierdistas en Colombia, Guatemala, México, y Paraguay sufren tanto como sus pares izquierdistas. 

El fin del boom no va a acabar con la izquierda latinoamericana. La izquierda seguirá siendo un actor político importante, capaz de ganar elecciones y gobernar. Pero si pone fin a los sueños hegemónicos de un sector de la izquierda. Para algunos, el boom generó la ilusión de poder gobernar para siempre. Pero los boom no duran. Y donde hay elecciones, tarde o temprano, todos pierden.

El Fantasma del ‘Chino’

Domingo 1 de Noviembre del 2015

Una pregunta fundamental que Keiko Fujimori no contestó en Harvard es qué pasaría con su padre si fuera ella Presidente. Para los antifujimoristas, la respuesta es obvia: Alberto Fujimori saldrá libre. Desde esta perspectiva, el fujimorismo siempre fue —y siempre será— una mafia; una banda de criminales que busca volver al poder para saquear al Estado y vengarse por todo lo ocurrido desde 2000. Alberto y Keiko son socios en la mafia —una sociedad reforzada por la lealtad filial.

No estoy tan seguro que el fujimorismo funcione de esta manera. El neofujimorismo se aproximaba a esta imagen cuando surgió hace poco más que una década. Era una red de autoritarios y corruptos desplazados, junto con un pequeño movimiento social dedicado al regreso de Alberto.

Pero la organización fujimorista ha cambiado (sé que esto es una herejía entre mis amigos caviares, pero hay que analizar las cosas como son, no como quisiéramos que sean). Hace diez años, el poder en el fujimorismo estaba indiscutidamente en manos de Alberto y sus adictos. Keiko, recién llegada del exterior, era una mera carta electoral, sin poder propio.

Hoy Keiko es la jefa (casi indiscutida) del fujimorismo. El poder está cada vez más concentrado en sus manos. Los votos –la capacidad de ganar elecciones— son la principal fuente de poder en los partidos peruanos. Y Keiko (más que su padre, según las encuestas) tiene los votos. Los fujimoristas lo saben, y por eso cierran filas detrás de ella. El fujimorismo sigue siendo personalista, pero hoy gira alrededor de Keiko, que tiene futuro político, y no Alberto, que no lo tiene.

Hoy en día, entonces, Keiko, y no Alberto o sus viejos compinches, toma las principales decisiones dentro del fujimorismo. No veo evidencia de una mafia detrás que influya sobre ella (de hecho, tiene pocos asesores). Por eso, si queremos entender (o pronosticar) el comportamiento del fujimorismo, tenemos que enfocarnos en los objetivos e incentivos de Keiko.

¿Qué busca Keiko? Cuando empezó, buscaba liberar a su padre. Pero Keiko se ha convertido en una política profesional. Y como cualquier político profesional, busca una carrera política larga y exitosa. Para lograr eso, ayudaría no solo ganar la presidencia sino gobernar bien –sin grandes crisis o escándalos.

Allí surge el fantasma de Alberto. Si gana Keiko, habrá una tremenda presión interna para liberarlo. El neofujimorismo nació como frente de defensa de Alberto Fujimori, y durante mucho tiempo, la liberación del ‘Chino’ era su principal razón de ser. Keiko lo ha prometido en el pasado (“no me va a temblar la mano”), y la militancia sigue exigiéndolo. Políticamente, será muy difícil resistir estas presiones.

Pero la liberación de su padre sería una pesadilla política para Keiko. Como muchos presidentes, Alberto Fujimori tiene un enorme ego y una casi delirante ambición de poder. Y está acostumbrado a mandar. Keiko es su hija. No existiría políticamente si no fuera por él. No creo que Alberto –que tiene la misma edad de PPK– esté dispuesto a dar un paso al costado, subordinarse a la autoridad de su hija, y dejar que ella gobierne sola. Dada la oportunidad, buscará influir sobre –sino controlar– el gobierno de Keiko. (¿Parece una locura? Alberto viajó a Chile en 2005 creyendo que el pueblo peruano iba a levantarse –estilo Perón 1945– y llevarlo de nuevo al poder.)

Si Keiko gana y Alberto sale de la cárcel, veo tres posibles escenarios –todos nefastos para la institucionalidad democrática. El peor (y menos probable) escenario es algo parecido a Argentina en 1973, cuando Héctor Cámpora ganó la presidencia, renunció, y llamó a nuevas elecciones para que Perón –que había sido proscrito– pudiera postular y ganar. Eso significaría una ruptura con el estado de derecho. Sería difícil conseguir, pero si Keiko gana en la primera vuelta y obtiene una mayoría legislativa, hay quienes lo propondrán.

Otro escenario sería una situación de poder dual, en la cual Keiko mantiene la presidencia pero Alberto se convierte en una figura influyente detrás del trono. En el peor caso, Keiko sería una especie de títere, como lo fue Dmitry Medvedev cuando Putin dejó la presidencia entre 2008 y 2012.

El tercer (y más probable) escenario es el conflicto. A los políticos no les gusta compartir al poder. Keiko no quiere ser títere. Además, un cogobierno con su padre destruiría la imagen de demócrata que viene construyendo. Si Alberto pretende ejercer el poder, entonces, Keiko podría rebelarse, como hizo Cárdenas contra el ex Presidente Calles en México en 1936.

Un choque entre Keiko y Alberto generaría una crisis. Alberto buscaría movilizar a la base fujimorista, dividiendo al partido y dejando a Keiko aislada. Sus amigos en los medios, el poder Judicial, y las fuerzas armadas podrían hacerle la vida imposible a Keiko. El gobierno de Keiko quedaría muy debilitado, generando incertidumbre, inestabilidad, y quizás una crisis constitucional.

Se dice que el empresariado estaría contento con Keiko presidente. Pero a los empresarios no les gusta la incertidumbre o la inestabilidad. Y el fantasma de Alberto genera muchísima incertidumbre.

(Hay un cuarto escenario, en el cual Alberto se jubila y se retira a su casa. Pero me parece poco realista. Son pocos los ex presidentes poderosos que, ante la posibilidad de volver a la cancha, se quedan callados en la tribuna).

Aunque Keiko no pueda reconocerlo públicamente, creo que a ella le conviene que su padre se quede en la cárcel. Si Alberto sale, pondrá en riesgo su imagen política, la estabilidad de su gobierno, y quizás la institucionalidad democrática.

Keiko Fujimori debe explicar, de una manera clara y creíble, qué haría con su padre si ganara la presidencia. Su posición pública es que no le daría un indulto, porque no se debe utilizar el Estado para favorecer a un familiar. Prefiere la vía judicial. Pero dada la debilidad y corrupción del poder Judicial, esa posición es poco creíble. Si Alberto sale por la vía judicial bajo un gobierno de Keiko, ¿quién va a creer que fue un acto “independiente”?

Los peruanos necesitan saber más. Mientras Keiko lidera las encuestas, el destino de su padre debe ser un tema principal de debate. La posible liberación de Alberto Fujimori es una amenaza más real que la “reelección conyugal” y mucho más seria que las agendas de Nadine. ¿Dónde están los medios?

La Bandera en el Piso

Miércoles 21 de Octubre del 2015

La destitución de la procuradora Julia Príncipe obedece a un errado cálculo de opciones. Es probable que el oficialismo quiso apurar un trago amargo confiado en que la cercanía de las elecciones y la turbulenta agenda pública apenas se alterarían con la salida de la procuradora, y que quizás las cosas no podrán estar peor que antes.

No obstante, la salida de Príncipe ha tomado la imagen del derribo de un símbolo, arranchado y pisoteado por el poder. El gobierno subestimó su condición de insignia de la lucha anticorrupción y no calculó la indignación pública, más intensa que la de los políticos, y que seguirá creciendo en los próximos días.

La crisis pudo manejarse con otros códigos, como la renuncia del Ministro de Justicia y volver el proceso contra Nadine Heredia dentro de los límites legales –que es donde les ha dado mejores resultados– tolerando el impecable trabajo de Príncipe. En cambio, el gobierno ahora ha perdido todo, y sobre todo la palabra. Lo peor de un político o de un gobierno es quedarse sin argumentos. Y eso ha pasado.

Toda huida hacia adelante es un modo de evasión sin plan alternativo. El gobierno tiene pocas fuerzas para evitar que el caso Príncipe irradie al gabinete. Lo que pase dependerá de la racionalidad de la oposición, que parece más interesada en que la crisis no se desboque. Los roles han cambiado: ya no es el gobierno el más interesado en la estabilidad.

Esta vez la bandera de la lucha contra la corrupción está en el piso. Muchos pretenderán recogerla, pero no será fácil. Por fin los ciudadanos parecen dispuestos a tomarla para sacarla de los salones del poder y de los tribunales a las calles.

Keiko, Harvard, y la Renovación Fujimorista

Domingo 4 de Octubre del 2015

Invitamos a Keiko Fujimori a Harvard porque, guste o no, tiene muy buenas posibilidades de ganar la presidencia. Según la última encuesta de GfK, tiene más apoyo que los demás candidatos juntos. (PPK, que va segundo en las encuestas, vino el año pasado). Como nos preocupa el pasado autoritario y corrupto del fujimorismo, queríamos conocer mejor sus ideas sobre la democracia, los derechos humanos, los conflictos sociales, y, por supuesto, el futuro de su padre.

Soy antifujimorista, pero creo que hay que hablar con los adversarios, sobre todo en democracia. Y una función básica de la universidad es promover al debate. Se aprende poco hablando solo con los que piensan como nosotros. Sería lindo si todos los políticos tuvieran trayectorias democráticas impecables. Pero la realidad es otra. Por lo menos uno de los partidos principales en Argentina, Chile, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay y Venezuela tiene un pasado (o presente) autoritario. Pueden no gustarnos los partidos con orígenes autoritarios como el peronismo, el pinochetismo, el sandinismo, el PRI mexicano, o el torrijismo panameño, pero son actores importantes en las democracias actuales. En Harvard he conversado con castristas, sandinistas, chavistas, pinochetistas, y priístas. Invitamos a Uribe y Correa. Negarse a conversar con Keiko, entonces, me parece absurdo.

La visita a Harvard fue arriesgada para Keiko. Somos casi todos caviares—progresistas obsesionados con las instituciones democráticas y los derechos humanos. Y tenemos una regla: los políticos que hablan acá tienen que responder a preguntas del público. Así que Keiko no podía esquivar preguntas sobre temas como la corrupción de su padre, las violaciones de derechos humanos, las esterilizaciones forzadas, la posibilidad de un indulto, y la unión civil. No es fácil responder a preguntas públicas en el territorio de los adversarios. Humala declinó una invitación a Harvard. Cristina Kirchner vino y perdió los papeles.

Keiko tuvo tres reuniones principales: una con estudiantes peruanos, una con profesores, y una charla pública en la tarde. Se defendió bien. Se había preparado. Respondió con calma a todas las preguntas, demostrando agilidad, compostura, y un manejo razonable de varios aspectos de la política pública (los estudiantes peruanos hicieron las preguntas más difíciles sobre la economía, seguridad, educación, salud, y política social). Su performance no fue espectacular, pero dejó una buena impresión. Un amigo antifujimorista lo describió como “sólido.” Otro profesor, que ha participado en las visitas de cientos de políticos latinoamericanos durante sus años en Harvard, dijo que Keiko estuvo “por encima del promedio.’ Y que parecía “presidencial.”

Para mí, lo más sorprendente de la visita de Keiko fue su apoyo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Me parece muy positivo. Los mecanismos de justicia transicional peruanos nunca lograron el consenso necesario para funcionar. Si el fujimorismo se incorporara seriamente en la búsqueda de la verdad y la reconciliación, reconociendo los abusos de los noventa (y, por supuesto, introduciendo su propia historia y perspectiva), sería un paso importante hacia la consolidación democrática.

Keiko también me sorprendió con su interés en las políticas redistributivas. Se reunió con la politóloga Candelaria Garay, especialista en las políticas sociales en América Latina, y quedó impactada por la enorme brecha que existe entre el Perú y otros países latinoamericanos en cuanto al gasto social y el alcance de los programas sociales. Y dijo –en público y en privado– que quiere cerrarla.

Keiko también tuvo varias respuestas flojas o decepcionantes. Cuando le preguntaron por los problemas económicos generados por la caída de la demanda china, repitió la línea dominante de la derecha peruana: que el problema principal es Humala, que espantó a la inversión privada, y que ella podrá arreglar las cosas generando más confianza empresarial. No convenció a nadie.

Mostró una orientación demasiado tecnocrática. Su respuesta a casi todas las preguntas sobre las políticas públicas fue “mejor gestión” y “más técnicos.”Pero el problema principal del gobierno de Humala es el déficit político. Después de escuchar a Keiko, me pareció que su gobierno sería parecido al actual: lleno de técnicos aferrados al modelo económico de los noventa, y con un fuerte déficit político.

Las respuestas de Keiko a las preguntas sobre los abusos de los noventa también me decepcionaron. Reconoció varias veces que el gobierno de su padre cometió “errores” que ella no volverá a repetir, pero fue reacia a hablar de crímenes. E insistió que toda la culpa la tiene Montesinos. Este argumento no es creíble en el Perú y tampoco lo fue en Harvard. Keiko deberá reconocer públicamente la responsabilidad de su padre, no solo por errores, sino por los actos criminales —masiva corrupción, violación de derechos humanos—cometidos por su gobierno.
En términos generales, Keiko salió bien de su visita a Harvard. Sorprendió a muchos con su compostura, su inteligencia, y su capacidad política. Harvard todavía no se pinta naranja, pero Keiko ganó el respeto de gente que no simpatiza con el fujimorismo.

Keiko Fujimori ha empezado a girarse hacia el centro. Sabe que perdió en 2011 porque Humala captó al centro y ella no. Por eso, es probable que Keiko siga moderándose. Sus reposicionamientos y nuevas alianzas generarán mucho debate, como ocurrió con Humala en 2011. ¿Funcionará? Nadie sabe. La moderación corre riesgos: genera conflictos internos (hasta con su padre) y podría provocar la salida de algunos fujimoristas históricos. No sabemos todavía cómo afectará a su base electoral.
¿Es sincera Keiko? ¿O simplemente busca engañar al electorado? Para mis amigos progresistas, la respuesta es obvia: después de la tremenda manipulación autoritaria de los noventa, ¿qué credibilidad puede tener el fujimorismo?

Pero tal vez no importa mucho si el giro de Keiko es sincero. Muchas veces, la moderación de los partidos autoritarios surge del pragmatismo electoral. Pueden retroceder, pero no sin costo político. En 2011, muchos opinólogos insistían que la moderación de Humala era mentira, que seguía siendo chavista, y que pronto abandonaría a la Hoja de Ruta. Pero Humala nunca volvió al chavismo, sobre todo porque la presión de la derecha y los medios aumentó el costo de hacerlo. Es posible que un gobierno fujimorista cumpla con sus compromisos democráticos, pero solo la vigilancia de la sociedad podrá garantizarlo.

Los riesgos de las elecciones primarias

Domingo 6 de Septiembre de 2015

El Frente Amplio y UNETE planean elegir a sus candidatos presidenciales a través de elecciones primarias. Sería una rareza. La Ley de Partidos exige elecciones primarias, pero pocos partidos cumplen con ella. De hecho, es difícil que haya una competencia real en un partido personalista como el fujimorismo, PNP, PP, APP, o el partido de PPK. Es como exigir que el dueño de un negocio permita elecciones entre sus empleados para determinar quién se queda con la empresa. Pero la izquierda aspira a construir un partido de verdad, lo cual es loable.

Casi todo el mundo está a favor de las primarias. Es un modo más democrático de seleccionar a los candidatos, y según muchos especialistas, la democracia interna fortalece a los partidos.

Tengo mis dudas. Es cierto que las primarias son más democráticas. Pero no siempre fortalecen a los partidos. Funcionan en los partidos grandes e institucionalizados, como los partidos uruguayos y norteamericanos o el PAN mexicano, pero pueden ser dañosos para los nuevos partidos.

Hay dos riesgos principales. El primero es el conflicto interno. Casi todas las democracias latinoamericanas tienen reglas claras sobre el proceso electoral (quiénes pueden votar, cómo votar, cómo contar los votos) y organismos estatales más o menos efectivos que actúan como árbitros, haciendo cumplir las reglas y contando los votos. En cambio, las elecciones primarias son muchas veces asunto de los partidos, con poca regulación estatal. En los partidos nuevos, las reglas del juego no siempre están claras. En muchos casos, la administración está en manos de una sola facción. Sin reglas establecidas o un árbitro neutral, las elecciones primarias pueden provocar una crisis: puede haber acusaciones de fraude y un rechazo de los resultados de parte del perdedor. Muchas veces, la pelea interna se convierte en un espectáculo público que daña a la imagen del partido. Y a veces provoca una ruptura.

El segundo riesgo de las primarias es que se puede elegir a un mal candidato. Para ganar elecciones, los partidos necesitan buenos candidatos, individuos que atraen votos de un amplio sector del electorado. El problema con las elecciones primarias, sobre todo en partidos pequeños, es que solo participa un grupo reducido y poco representativo. Como el voto es voluntario, el nivel de participación suele ser bajo. En el Frente Amplio se espera que voten 20,000 personas. No sé si es factible eso, pero aún si se logra, es un porcentaje muy reducido del electorado (16 millones votaron en las últimas elecciones presidenciales). Si estos 20,000 fueran mínimamente representativos del electorado, no sería problemático. Pero no son representativos. Los que votan en las primarias de un partido pequeño son personas muy comprometidas, que suelen ser mucho más ideológicas que el peruano promedio. Las preferencias de la militancia difieren mucho de las preferencias del electorado general. Gran parte de la militancia fujimorista cree que Alberto Fujimori no hizo nada mal y que debe volver a ser Presidente. Hay militantes del FA que creen que hay tropas norteamericanas invadiendo al Perú.

En un partido pequeño, entonces, una primaria puede producir un candidato que, siendo representativo de la militancia, es poco atractivo para el electorado general. La militancia quiere un candidato que no se esconde de sus principios en búsqueda de votos. Pero cuando un candidato empieza con 1% del voto, tiene que apartarse de su base para crecer. Tiene que conectarse con gente que piensa de otra manera (para la izquierda, sería gente que no sabe qué es el “neoliberalismo,” que le gusta Esto es Guerra, y que piensa que Fujimori hizo algunas cosas muy bien.) Un candidato que no traiciona a su base un poquito corre el riesgo de quedarse en 1%.

Para los partidos grandes, el problema no es tan grave porque un porcentaje más alto y representativo del electorado participa en las primarias. Pero los partidos pequeños siempre corren el riesgo de seleccionar un candidato que cae bien a la militancia pero mal al electorado. (Las primarias abiertas ayudan poco, porque aun en ellas, solo participa un grupo de gente muy comprometida).

En los partidos pequeños, entonces, los líderes —que suelen ser más informados sobre el electorado general— podrían estar en mejores condiciones de encontrar a buenos candidatos. De hecho, según una investigación de la politóloga Flavia Freidenberg, los candidatos presidenciales seleccionados por los líderes partidarios ganan con más frecuencia en América Latina que los candidatos seleccionados por internas abiertas.

El FA podría evitar los problemas señalados aquí. La buena voluntad de sus líderes podría ayudar a evitar una crisis institucional. Y Verónika Mendoza podría ser una candidata que simultáneamente representa la militancia y llega a electorado más amplio (eso es especulación: hasta ahora, Mendoza solo registra 1% en las encuestas). Espero que así sea. Pero antes de saltar a la piscina, vale la pena evaluar los riesgos asociados con las elecciones primarias en los partidos pequeños y no institucionalizados.

Note aparte: Simpatizo con la candidatura de Verónika Mendoza. Pero disiento cuando dice que Venezuela no es un tema de importancia. Es importante por dos razones. Primero, la izquierda pagará un gran costo electoral si no logra distanciarse del chavismo. Para hacer una buena elección, Mendoza necesita la clase media progresista –el centro o centro-izquierda democrática que votó por Toledo en elecciones anteriores. Guste o no, el chavismo no cae bien a ese sector.

Segundo, y más importante, la democracia peruana sigue siendo frágil. Ninguna democracia peruana ha durado más de 14 años. Yo viví bajo el régimen autoritario de Fujimori (régimen que muchos llamaban “democrático” porque Fujimori, igual que el chavismo, ganaba elecciones). Vi la destrucción de las instituciones, la tremenda ofensiva contra los medios independientes, y la violación de los derechos humanos. Y como muchos peruanos, no quiero verlos más. La institucionalidad democrática es una cosa seria. Los progresistas tenemos que defenderla. Ver lo que ocurre hoy en Venezuela y llamarlo “democrático” muestra un débil compromiso con la institucionalidad democrática. Eso es lamentable. La izquierda necesita la democracia más que nadie. Si no la defiende, esta jodida.

Los Huérfanos Electorales

Domingo 2 de Agosto de 2015

Quien sale segundo –después de Keiko Fujimori– en las encuestas presidenciales? PPK? Alan? ¡No! Según la última encuesta de GfK, “Blanco o Viciado” (17%) supera a Kuczynski (12%) y García (8%) en intención de voto.

Existe un alto nivel de descontento con la oferta electoral. Muchos peruanos no se sienten representados por ninguno de los principales candidatos. Son huérfanos electorales.
Hay dos grupos de huérfanos principales: (1) los ex humalistas, o los que votaron por Humala en la primera vuelta en 2011 y se sienten traicionados; y (2) los paniaguistas, o votantes del centro o centro-izquierda que valoran a la institucionalidad democrática y los derechos humanos y son alérgicos al fujimorismo (y, en menor grado, a García). Muchos paniaguistas votaron por Toledo en 2011, y en la segunda vuelta, casi todos votaron por Humala.

Sabemos poco sobre el destino del voto ex humalista. Según los datos que he visto, Keiko Fujimori parece bien posicionada para captarlo. Pero voy a enfocarme en el segundo grupo.

El electorado paniaguista no es muy grande. Concentrado en la clase media urbana, no supera el 15%-20% del electorado. Pero puede ser decisivo. Le dio el triunfo a Humala en el 2011.

Pero hoy los paniaguistas son huérfanos. Ninguno de los candidatos principales los representa. Jamás votarán por Keiko o Alan. Y ven a PPK como muy de derecha. Toledo, el mal menor de los paniaguistas en 2011, ha dejado de ser una opción seria.

Los paniaguistas tampoco se sienten representados por el oficialismo. Votaron por Humala en la segunda vuelta en 2011, pero sin amor. Y como muchos peruanos, quedaron muy decepcionados con su gobierno. Pocos paniaguistas votarán por un candidato nacionalista en 2016, y aun menos si el candidato es Urresti.

Los paniaguistas han estado esperando, con creciente ansiedad, el surgimiento de algo o alguien que pueda ocupar el espacio del centro democrático. Muchos hubieran apoyado a Gastón Acurio, pero su candidatura se quedó en la congeladora.

Una fuerza de centro-izquierda, que apela al Perú urbano con caras nuevas y una lucha frontal contra la corrupción, podría atraer votos paniaguistas. Susana Villarán y Fuerza Social podría haber sido esa fuerza, pero sus cuatro años en la municipalidad de Lima los dejó políticamente debilitados (si no muertos).

Las dos fuerzas de izquierda actuales no han podido captar al voto paniaguista. Por un lado, Tierra y Libertad ofrece poco al Perú urbano, donde viven los paniaguistas. Pesca en otro mar. Por otro lado, ÚNETE tiene ganas de movilizar al voto paniaguista, pero no tiene candidato. Sin un candidato viable, sus posibilidades son limitadas.

Hay dos outsiders que podrían apelar a los paniaguistas. Uno es Julio Guzmán, un joven tecnócrata que fue Viceministro de Producción y Secretario General de la PCM bajo Humala. Guzmán tiene el perfil paniaguista: un progresista moderado (de centro o centro-izquierda); es comprometido con la democracia y los derechos humanos y es honesto. Pero tiene un problema: es desconocido en el Perú (según una encuesta de Datum, el 86% de los peruanos no lo conocían). Ni los paniaguistas lo conocen.

Otro outsider es Miguel Hilario, un Shipibo-Konibo que nació en una canoa en la Amazonía y logró obtener un doctorado en Stanford. Hilario fue Presidente de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos, y Afroperuanos bajo Toledo. No es el Evo Peruano, sino un joven tecnócrata (trabajó varios años en el BID) ubicado más o menos en el centro del espectro político. Pero Hilario tampoco es conocido.

Guzmán y Hilario son outsiders de verdad: desconocidos, sin partido o aliados poderosos en el establishment, y con poca experiencia en la política peruana. Si llegan a despegarse un poco, dando un salto de 0.5% a 4 o 5% en las encuestas, podrían ser candidatos interesantes. Pero el electorado peruano es menos dispuesto a votar por un desconocido que hace 25 años. Hoy, ser un outsider de verdad es muy difícil.

Si Gastón no aparece y la izquierda y los nuevos outsiders no logran convertirse en fuerzas viables, muchos paniaguistas optarán —resignados— por PPK. Los peruanos son especialistas en buscar al mal menor. Y comparado con Keiko y Alan, Kuczynski es indudablemente el mal menor para el sector paniaguista. Con el apoyo paniaguista, PPK llegaría a la segunda vuelta.

Pero gran parte del electorado paniaguista podría votar en blanco o viciado. El nivel de frustración con la oferta electoral es altísimo. Según las encuestas, hasta la mitad del electorado dice que no quiere ninguno de los candidatos principales. Si las cosas no cambian, podría haber un voto de protesta importante en 2016.

No hay que subestimar las consecuencias de la orfandad política. En Argentina, donde el fracaso de la Alianza dejó huérfana a la clase media progresista que la llevó al poder en 1999 (La Alianza prometió un gobierno de centro-izquierda y menos corrupción pero mantuvo las políticas ortodoxas y sufrió un escándalo de corrupción importante), la clase media expresó su furia en las elecciones legislativas de 2001. El voto blanco o viciado subió a 24%: superó el voto de la Alianza en el nivel nacional y salió primero en Buenos Aires. Pocos meses después, esa misma clase media progresista protagonizó a las masivas protestas (“Que se Vayan Todos!”) que tumbaron al gobierno.

El Perú no es Argentina. Pero el caso argentino nos recuerda que la orfandad política puede tener consecuencias serias. Cuando parte del electorado percibe que ninguna fuerza política lo representa, puede perder la fe en el proceso electoral y optar por canales alternativas —como la protesta. La clase media peruana no ha expresado su frustración en la calle como en Brasil, Chile y otros países latinoamericanos en los últimos años. Pero eso puede cambiar, sobre todo bajo un gobierno fujimorista.

Nota aparte: no me parece mal que la oposición haya ganado control del Congreso. El gobierno, que no hizo ningún esfuerzo para mantener su bancada o construir coaliciones legislativas, mereció perderlo. Además, los políticos peruanos tienen que acostumbrarse al gobierno dividido. Es algo normal en una democracia presidencialista. Y en el largo plazo, el gobierno dividido fortalece el Congreso.

Candidatos Vagos

Domingo 5 de Julio de 2015

Según Ipsos, la aprobación presidencial cayó al 17% en junio. Los medios lo tratan como una catástrofe, pero en el Perú es normal. Al terminar su cuarto año en la presidencia, Alejandro Toledo estuvo en 13%; Alan García (que gozó del boom económico y medios más cordiales) estuvo en 27%.

Los presidentes peruanos son los más impopulares de toda América Latina. Entre 2002 y 2013, la aprobación presidencial promedio en el Perú fue 28%, comparado con 47% en Ecuador, 49% en Bolivia, 51% en Venezuela, 52% en Argentina y México, 56% en Chile, 63% en Brasil, y 65% en Colombia (datos de Latinobarómetro).

La impopularidad de los presidentes peruanos se debe a varios factores (entre ellos, la debilidad del Estado y la falta de políticas redistributivas), pero hay uno muy básico: gobiernan mal. Carecen de reflejos políticos. Parecen sordos. No comunican. Se aíslan. Además, mienten. En otros países, los presidentes cumplen, por lo menos en parte, con sus promesas electorales. Uribe prometió mano dura y cumplió; Bachelet prometió reformar el sistema educativo chileno y lo está haciendo; la izquierda en Bolivia, Brasil, y Uruguay prometió políticas más redistributivas y cumplió. Los presidentes peruanos, en cambio, se olvidan de sus promesas electorales. Casi no hay relación entre lo dicho en la campaña y lo hecho en el gobierno. Como habrá comprendido Humala, la traición electoral trae costos políticos.

¿De dónde viene tanta ineptitud (y no es solo Humala. La sordera de García le va costar la presidencia en 2016)? En parte, surge de una oposición que es poco más que un conjunto de candidatos presidenciales de baja calidad.

En otras democracias, los aspirantes a la presidencia trabajan en la arena pública durante los años previos a la elección. Muchos gobiernan. En Argentina, los candidatos principales para 2015 son el gobernador de Buenos Aires (Daniel Scioli) y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires (Mauricio Macri). En México, Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México antes de postular a la presidencia. Tabaré Vázquez gobernó Montevideo antes de buscar la presidencia de Uruguay. Henrique Capriles, el candidato anti-chavista en Venezuela, es gobernador del estado de Miranda.

Otros presidenciables hacen oposición parlamentaria. Fernando Henrique Cardoso fue senador antes de postular a la presidencia de Brasil. José Mujica y Barack Obama también fueron senadores.

Algunos políticos, como Lula y Evo Morales, llegaron a la presidencia después de décadas de trabajo en la construcción de movimientos sociales.

Estos años de trabajo en la arena política ayudan a prepararse para gobernar. Como gobernador, alcalde, senador, o líder sindical, uno enfrenta problemas reales y toma decisiones importantes. Tiene que atender a las demandas concretas de la gente y los grupos de interés. Tiene que pensar seriamente en las políticas públicas. Y tiene que rendir cuentas –en muchos casos, el electorado. No puede bailar solo: tiene que negociar, cooperar, y construir coaliciones.

Esa experiencia previa mejora la calidad de los candidatos –y los presidentes. Los candidatos que han estado enganchados en la arena pública antes de ganar la presidencia suelen ser más experimentados y más capaces a negociar, cooperar, y forjar las alianzas necesarias para gobernar.

En el Perú, en cambio, los principales candidatos presidenciales son vagos. No gobiernan nada. No están en el Congreso. Tampoco están en la calle, construyendo movimientos sociales. Están en Stanford, en Twitter, o en campaña. Dirán que están renovando a sus partidos o viajando a provincias para hablar con la gente, pero en realidad, están esperando la próxima elección.

Piensen en las últimas elecciones presidenciales. ¿Qué hicieron los principales candidatos entre 2006 y 2011? Toledo estuvo fuera del país. Volvió de Stanford a finales de 2010 para lanzar su campaña presidencial. ¿Debe sorprender que estuvo un poco “out of touch”? Humala, que quedó segundo en 2006, pasó los cinco años preparando su próxima campaña presidencial; Keiko fue congresista, pero participó muy poco en el labor legislativa. Como Humala, se dedicó casi exclusivamente a preparar su campaña presidencial.

Lo mismo ocurre con los precandidatos para 2016. Toledo volvió de nuevo a Stanford. García se quedó y se dedicó a preparar su regreso a la presidencia; participa en política, pero solo a través de su cuenta de Twitter, donde inventa frases para que los apristas repitan como robots. La gran contribución de Alan al debate público durante los últimos cuatro años ha sido “re-elección conyugal”. Keiko también se dedica a preparar su campaña, pero lo hace en silencio. Sigue la estrategia del ‘Mudo’. PPK y Urresti también son candidatos vagos. El único candidato declarado que está enganchado en la arena pública es César Acuña, el dos veces alcalde de Trujillo y ahora presidente regional de La Libertad.

Los principales candidatos peruanos, entonces, son unos vagos. No gobiernan nada. No están en el Congreso. Enfocados en sus propias candidaturas, piensan muy poco en el bien público.

Los candidatos vagos dañan a la calidad de la democracia. Hacer “oposición” desde Stanford o Twitter, o callarse por cinco años esperando la próxima elección, no te prepara para la presidencia. Los candidatos vagos no tienen responsabilidades. Aislados en sus propias campañas, no tienen que cooperar, trabajar en equipo, o pensar en el bien público. Hablan (o hacen tuits), pero no tienen que escuchar o debatir. Y no tienen que rendir cuentas a nadie. Cuando tu responsabilidad principal durante cinco años es callarse o inventar frases de 140 caracteres, no te enganchas al mundo político real. No aprendes a negociar, debatir, o construir coaliciones. No aprendes a gobernar.

Los candidatos vagos corren el riesgo de convertirse en presidentes solitarios, sordos, y torpes. García y Humala fueron candidatos vagos y presidentes mediocres. Si Keiko gana en 2016, sería parecida.

¿Cómo evitar a los candidatos vagos? Los partidos políticos ayudan. También gobiernos provinciales y regionales fuertes (abolir la reelección para alcaldes y presidentes regionales fue una pésima idea). Y para acabar con los ex presidentes vagos, quizás una regla estilo EEUU: dos periodos en la presidencia, seguido por la jubilación obligatoria.

¿Una nueva izquierda?

Domingo 07 de Junio de 2015

La última refundación de la izquierda peruana ha naufragado. A los dos años del lanzamiento del Frente Amplio, la izquierda está dividida en dos frentes, ninguna de la cual es viable. Mientras la izquierda gobierna en la mayoría de los países latinoamericanos, en el Perú apenas alcanza a Brad Pizza en las encuestas. Es la izquierda que la derecha quiere: una fuerza marginal que no amenaza a nadie.
Pero no tiene que ser así. Como han señalado Carlos Meléndez y Eduardo Dargent, existe un espacio electoral que la izquierda podría aprovechar. A pesar del boom económico, hay altos niveles de descontento. Según el Latinobarómetro (2013), solo el 23% de los peruanos está satisfecho con la economía. Los servicios públicos (educación, salud, transporte, seguridad) son de baja calidad, generando frustración y una percepción de injusticia, porque el Estado parece favorecer a una minoría privilegiada a costo de los demás. Según el Latinobarómetro, solo el 16% de los peruanos cree que sus gobiernos gobiernan “para el bien de todo el pueblo”. Y solo el 17% cree que la distribución de la riqueza en el Perú es justa.

Esta percepción de injusticia abre una puerta para la izquierda. El viejo discurso anticapitalista y antiimperialista no gana elecciones en el Perú (los peruanos mayoritariamente apoyan al libre comercio y la inversión extranjera), pero la izquierda no tiene que ser anticapitalista. La izquierda es redistributiva. Busca utilizar al Estado para reducir la desigualdad. Se puede crear una sociedad más igualitaria (por ejemplo, cobrando más impuestos a los ricos para financiar políticas públicas que benefician a la mayoría) sin tumbar al sistema capitalista. De hecho, en un país como el Perú, donde más del 80% cree que la distribución de la riqueza es injusta, un programa redistributivo sigue siendo muy atractivo.

Pero si un espacio progresista existe en el Perú, solo una izquierda renovada (y no reciclada) podrá ocuparlo. Será una izquierda joven, que representa un cambio generacional. Por ejemplo, un movimiento de jóvenes progresistas encabezado por Marisa Glave, Verónika Mendoza, y Sergio Tejada (con Mendoza, una cusqueña, como candidata presidencial) podría cambiar el panorama electoral en 2016.

La construcción de una izquierda exitosa requiere por lo menos tres cambios. Primero, la vieja guardia tiene que irse. Si quiere resucitar la izquierda peruana, la nueva generación tendrá que matar a sus padres. Los partidos históricos (PCP, Patria Roja), los intelectuales, quizás todos los políticos de la época de la Izquierda Unida, tendrán que jubilarse. Fuera de la foto. Muchos son buenas personas; algunos son muy respetados. Pero han fracasado, sin cesar, por 25 años. Ni siquiera Javier Diez Canseco ofrece un modelo para seguir. Diez Canseco fue un hombre honesto y de principios. Fue un buen parlamentario. Luchó con valentía contra Fujimori. Pero como líder de la izquierda, fracasó. Bajo su liderazgo, la izquierda no solo colapsó en 1989 sino que fue incapaz de reconstruirse durante dos décadas. Mientras nuevos proyectos de izquierda crecieron en países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, y Uruguay, en el Perú, después de 25 años, la izquierda sigue fragmentada, divorciada de los sectores populares, y electoralmente marginal. La vieja guardia ha fracasado. Que se vaya.

Segundo, la nueva izquierda debería abandonar todos los símbolos (bandera roja, puño en alto, etc.) y consignas de la izquierda tradicional. Uno de los legados de Sendero Luminoso es una alergia –en gran parte de la sociedad peruana– a todo que huele a marxismo. Más que en otros países, los símbolos, consignas y discurso de la izquierda tradicional son espantavotos en el Perú, porque se asocian con Sendero. Si la izquierda quiere ganar elecciones, entonces, tiene que tirar su guion tradicional al basurero y crear un nuevo discurso y cultura.

Tercero, la nueva izquierda tiene que repensar su base social. Tradicionalmente, la izquierda latinoamericana movilizaba a los obreros y los campesinos y buscaba representar a las “mayorías populares”. En el Perú de los años setenta, tenía algo de sentido: habían obreros (la tasa de sindicalización superó a 20%) y campesinos. Y la mayoría de los peruanos eran pobres.

Pero la sociedad cambió.Hoy la clase obrera tradicional es casi inexistente. Solo el 4% de la población económicamente activa pertenece a un sindicato. Además, el país es 80% urbano. Los campesinos ya son pocos. Y gracias al boom económico de los 2000, la mayoría dejó de ser pobre.

Hoy en día, entonces, la izquierda enfrenta una sociedad con pocos obreros y campesinos. Y los sectores populares ya no son tan pobres. Sus miembros tienen (o esperan tener) casa y auto, mandan (o esperan mandar) sus hijos a la universidad, y consumen productos que antes solo consumían los pitucos. La izquierda tiene que adaptarse a esta nueva realidad social. Puede alinearse con la CGTP o los ronderos de Cajamarca, pero sin imaginar que representan a los sectores populares. Representan intereses legítimos, pero estrechos. Puede acompañar a las movilizaciones campesinas en defensa de sus comunidades ante la expansión poco regulada de la minería, pero convertir esa lucha en el eje de su programa sería atarse a una base social estrecha. Y olvidarse del Perú urbano.

La izquierda desapareció del Perú urbano hace años. Hoy el fujimorismo tiene más presencia en los sectores populares de Lima. Si la izquierda quiere ganar elecciones, tendrá que revertir esa situación. Tendrá que apelar no solo a los pobres urbanos (que son cada vez menos) sino también a la creciente clase media-baja. Ese sector vive mucho mejor que hace dos décadas. Un discurso enfocado exclusivamente en los costos del neoliberalismo, y que no ofrece nada a los que se beneficiaron del boom pero que aspiran a más (más seguridad económica y física, más participación, más justicia, más y mejores servicios públicos) gana pocos votos en los sectores populares urbanos. Y sin los sectores populares urbanos, la izquierda no va a ningún lado.

Cuando la izquierda peruana resucite, será otra: será una izquierda más joven, menos atada a las luchas del pasado, y más atenta a las necesidades de los sectores medios urbanos. Si la nueva generación de políticos progresistas construye esa izquierda para 2016, cambiaría profundamente la dinámica electoral. Pero el tiempo se acaba.

Coalición de mayoría o suma de minorías

Miércoles, 06 de mayo de 2015 | 4:30 am

Al imponerse el neoliberalismo se debilitó la posición de la izquierda marxista, cuyo discurso estaba basado en los modelos revolucionarios nacidos de la revolución bolchevique. Luego de la caída del muro de Berlín, se redujo la influencia de las doctrinas y la izquierda apeló a sus reflejos, reclamando un Estado actor y regulador de la vida económica. Pero estos postulados no eran compartidos por la mayoría nacional, que después de la crítica experiencia de los setenta y ochenta quedó vacunada contra el estatismo.

Desde entonces, la izquierda ha sido minoría y viene perdiendo contacto con los sectores populares. En busca de espacio, ha ido sumando reclamos de diversas minorías, que son descartadas por el modelo neoliberal. Así, ha creído que sumando minorías se recuperaría la conexión con la mayoría.

De ahí proviene la especialización de la izquierda actual en los reclamos indígenas y también su marcado interés por el medio ambiente. Ambas son problemáticas que aluden a derechos de grupos afectados por el modelo, que se resisten a perder sus antiguas posiciones en el nuevo mundo que nos toca enfrentar.

Por un lado, el Perú de hoy es mayoritariamente mestizo, tanto en costa como en sierra, aunque existen comunidades indígenas serranas y selváticas significativas. No obstante, ellas constituyen grupos específicos frente a ciudades completamente mestizas. En realidad, la cuestión indígena hoy involucra directamente a grupos étnicos de la selva y a comunidades minoritarias en la sierra. Mientras que el resto del país es mestizo.

En términos políticos, el acento en derechos indígenas abre la puerta a una minoría valiosa y que debe ser incorporada, además representativa de nuestra historia como nación, pero que en sí misma no resuelve la dificultad para dialogar con la mayoría. Lo mismo ocurre con el medio ambiente. También es un asunto de minorías relevantes, pero que no se hallan en sintonía con la mayoría nacional.

Por ejemplo, en el tema minería las encuestas muestran una opinión pública favorable a la minería responsable, que se aleja de ambos extremos: minería a cualquier precio y rechazo total a la actividad. Pero también es cierto que hay grupos directamente afectados, como los agricultores del valle de Tambo, que con todo derecho temen que un tajo abierto al lado de sus chacras signifique polvo y agua contaminada que matará su modo de vida. Tienen razón, pero el resto del país preferiría alguna forma de conciliación, minería en ciertos sitios y bajo condiciones.

Entonces, volvemos a la cuestión inicial. ¿Sumar minorías permite recomponer el diálogo con la mayoría? La respuesta es no. Para forjar una coalición ganadora es necesario crear un sujeto político mayoritario. Caso contrario, la propuesta se diluye en intereses honorables, pero particulares y desarticulados.

Por ello las preguntas claves son quiénes componen la mayoría nacional y cuáles son sus contradicciones con el sistema.

Empecemos por las demandas.

La mayoría actual se siente atrasada por un grupito neo-oligárquico que toma las decisiones en su provecho. Bajo el neoliberalismo, el poder se ha concentrado y su mentalidad sigue siendo oligárquica. Los dueños piensan que pueden comprar a todo el mundo y tratan a los dirigentes sociales como echados, propensos a venderse, como acaba de ocurrir en el valle de Tambo. Asimismo, usan al Estado como su agencia particular, encargado de velar por sus intereses.

Por su parte, los tecnócratas que hacen política ignoran a las personas para adorar las cifras. Desde los 1990, los políticos han claudicado ante este tipo de tecnócratas; como consecuencia, el poder político exuda auto-suficiencia y su trato es olímpico y prepotente.

Por ello, la mayoría surgirá del rechazo al desprecio. Aún impera una horrible y antigua costumbre, “ser humilde con el poderoso y poderoso con el humilde”, quien se oponga consistentemente a esta norma cultural encontrará la voluntad de la mayoría de hoy.

Keiko y la Segunda Vuelta

Domingo, 03 de mayo de 2015 | 4:30 am

Ante la enorme ventaja que lleva Keiko Fujimori en las encuestas, muchos medios han declarado que “si las elecciones fueran hoy, Keiko sería presidente”. Pero eso sería cierto solo si las elecciones se llevaran a cabo en México, donde no hay segunda vuelta.
Es probable que Keiko salga primero en la primera vuelta electoral de 2016. Pero hay dos vueltas. Y saltar del 34 o 35% que tiene hoy al 50% necesario para ganar la segunda vuelta es, para Keiko, un enorme desafío.

Para un candidato polarizador como Keiko (querido por parte del electorado pero odiado por otra parte), la segunda vuelta puede ser fatal. Su núcleo duro de simpatizantes leales constituye un piso electoral que ayuda mucho en la primera vuelta. Llega a 30% o 40% del voto con facilidad. Pero es una espada de doble filo: el piso electoral viene acompañado por un techo.

Los candidatos polarizadores generan más anticuerpos que otros candidatos. Muchos se atrapan en un gueto electoral, y su triunfo en la primera vuelta se convierte en un segundo lugar en el ballotage.

En 1990, por ejemplo, Mario Vargas Llosa lideró las encuestas durante toda la campaña y ganó la primera vuelta con 33%. Su discurso ultraliberal fue muy atractivo para algunos, pero espantó a muchos más. El Fredemo se convirtió en un gueto liberal, y Vargas Llosa solo obtuvo 38% en la segunda vuelta.

Otro ejemplo es Ollanta Humala en 2006. Su campaña antisistema generó mucho apoyo en el interior. Ganó la primera vuelta con 31% del voto. Pero su radicalismo no le sirvió en la segunda vuelta. Con el boom económico, ya no había una mayoría a favor del cambio radical. Humala no se adaptó, y fue tildado de chavista –con mucho éxito– por Alan García. El electorado limeño se asustó y votó masivamente por García.

Los candidatos polarizadores necesitan una buena estrategia de segunda vuelta —un plan para ampliar a su coalición y matar (o por lo menos reducir) a sus anticuerpos.

Lula hizo eso en 2002. Eliminó toda referencia al “socialismo” de su plataforma, seleccionó a un empresario conservador como su vice, y lanzó una campaña electoral (“Lula paz y amor”) diseñada para no asustar a la clase media. Amplió su coalición y ganó.
Otro ejemplo es Ollanta Humala 2.0. Castigado por su radicalismo en 2006, Humala se adaptó en 2011. Abandonó su discurso antisistema, se distanció de Chávez, y adoptó una bandera que no asustaba a nadie (salvo a El Comercio): la inclusión social. Como la transformación de Humala empezó antes de la primera vuelta, su acercamiento al centro durante la segunda vuelta –Hoja de Ruta, alianza con Vargas Llosa– fue creíble. Fue tildado de chavista de nuevo, pero esta vez no funcionó.

Hoy PPK está construyendo una estrategia de segunda vuelta. PPK también es polarizador: es un economista liberal cuyos amigos (con apellidos como De la Puente Wiese) y color de piel (y de pasaporte) lo asocian más con la derecha pituca que con el votante promedio. Aunque su apoyo limeño podría llevarlo a la segunda vuelta, PPK sabe que su imagen de tecnócrata gringo no sirve para el ballotage. Y ya empezó a reposicionarse, contratando a Luis Favre, buscando aliados fuera de la derecha limeña, y hasta autoproclamándose “progresista.”

Keiko Fujimori es, por herencia, una candidata polarizadora. El fujimorismo sigue generando anticuerpos que hace difícil llegar al 50% del voto. Sí, Keiko obtuvo el 48.5% del voto en 2011, pero lo hizo contra un rival extraordinariamente defectuoso. Si Keiko no pudo llegar al 50% contra Ollanta Humala, es posible que no pueda contra nadie.

Keiko, entonces, necesita una estrategia de segunda vuelta. Las encuestas actuales sobre intención de voto en la segunda vuelta son inexactas. Subestiman las dificultades que tendrán el fujimorismo en el ballotage. Desaparecida la amenaza humalista, el fujimorismo-antifujimorismo será el eje dominante de la segunda vuelta. Keiko tendría que enfrentar una amplia coalición “republicana,” que abarca no solo izquierdistas y caviares sino también gran parte de la derecha. El apoyo del Grupo Comercio en 2011 fue un acto de desesperación, no de amor. Si el rival de Keiko en 2016 no es Humala sino un candidato de centro-derecha, el Grupo Comercio estará en el otro lado (junto con los caviares).

El resurgimiento del antifujimorismo beneficiaría a cualquier rival de Keiko en la segunda vuelta. Frente a Keiko, García se transformaría en un gran republicano –casi un caviar. Y PPK se transformaría en socialdemócrata.

Para Keiko, existen dos posibles estrategias de segunda vuelta. Una es la estrategia del centro: distanciarse del gobierno de su padre, dejar afuera la vieja guardia fujimorista que se niega a hacer una autocrítica (Martha Chávez), ampliar su coalición, incorporando actores históricamente adversos al fujimorismo (Rafael Rey y Hernando de Soto no son suficientes), y sobre todo, hacer un compromiso creíble con las instituciones democráticas y los derechos humanos –una Hoja de Ruta Democrática. En otras palabras, tendría que caviarizarse un poco. Keiko ha contemplado esta estrategia, pero es posible que la interna fujimorista –y sobre todo, Alberto– no lo permita.

La alternativa sería una estrategia populista. Keiko podría distanciarse de la elite limeña (que no la va a apoyar) y construir una coalición más popular y provinciana. Buscaría al ex voto humalista. Ese electorado no es necesariamente de izquierda, pero sí es antielite, antiLima, y estatista. Para ocupar el espacio humalista, Keiko tendría que adoptar un perfil más populista: apelar más al descontento en el interior, pelearse con el Grupo Comercio, hacer propuestas redistributivas, y sobre todo, prometer más y mejor Estado. Sería una vuelta al fujimorismo de 1990.

Hasta ahora, Keiko no se caviariza ni se populariza. Solo espera. Parece querer seguir la estrategia del Mudo: ganar sin decir (o hacer) nada, como acaba de hacer Castañeda en Lima.

No creo que funcione. Castañeda pudo callarse porque no tenía anticuerpos. Fue rechazado por muchos columnistas y politólogos, pero la gran mayoría de los limeños no tenía mayores problemas con él. Keiko tiene más anticuerpos, y por eso, tendrá que trabajar más para llegar al 50%. La estrategia del Mudo no basta.

El camino a 50% es largo. García y PPK ya se definen. Si Keiko no desarrolla una estrategia de segunda vuelta, quedará de nuevo en el segundo lugar.

La herencia velasquista

Miércoles, 29 de abril de 2015 | 4:30 am

Uno de los problemas políticos de las izquierdas es no haber procesado la herencia del gobierno de Juan Velasco. Cuando ocurrió, buena parte de la izquierda estuvo en contra, calificándolo como reformista o incluso fascista. Sólo el PCP le brindó un apoyo incondicional, del cual desconfiaba profundamente el resto de fuerzas. Ahora bien, pasados los años, el íntegro del pensamiento izquierdista ha aceptado acríticamente a Velasco.

Velasco tuvo poderosas razones, el Perú oligárquico era insoportable, incluso peor que el país neoliberal de nuestros días. La discriminación era muy cruda y el ascenso social estaba interrumpido. La elite era cerrada y se sentía blanca y civilizada, mirando con nariz respingada a 99 de cada cien compatriotas.

Mientras que ahora se ha ampliado la movilidad social y han aparecido numerosos contingentes de pequeños y medianos productores y nuevas clases medias. Ha reaparecido la oligarquía, pero licuada, precisamente por las reformas de Velasco. En la cúpula social, aunque algunos llevan el mismo apellido de antaño, en realidad representan una fase más avanzada del capitalismo.
A mediados de los sesenta, los problemas sociales reclamaban con urgencia una reforma, para la cual había consenso nacional. Los peruanos de entonces coincidían en reclamar reforma agraria y nacionalización del petróleo. Pero el esfuerzo del primer Belaunde terminó en un fracaso, extraviando la posibilidad de hacer las reformas en democracia.

Luego llegó Velasco dirigiendo un régimen militar que procedió como si el país fuera un cuartel. Por ello, Velasco estatizó todo lo que creyó necesario, imponiendo un estilo vertical. Ese fue el motivo para el rechazo de quienes en la época estuvimos en la oposición de izquierda. Éramos jóvenes y no estábamos dispuestos a aceptar que los uniformados fueran los únicos que podían decidir por el país. Rechazamos en bloque, cuando debimos haber distinguido. Pero lo peor es haber prolongado el error. Seguimos sin distinguir y hemos pasado de la negación a la aceptación total.

Así, recuperando al mejor Velasco, insistimos en reclamar reformas sociales contra la injusticia y discriminación. Pero, como lo hemos aceptado completo, sin entenderlo críticamente, desaprovechamos sus aportes y compartimos su estilo de imposición vertical; en nuestro caso, a partir de la movilización y sin confianza verdadera en el diálogo.

Asimismo, compartimos su ideal de un estado poderoso que posea empresas estratégicas y regule el negocio de todas las demás. Pero ese modelo se halla lejos de las expectativas del peruano progresista de hoy, porque el estatismo fracasó y el verticalismo no le gusta a nadie, por su carácter impositivo y discriminador, que menosprecia al que no piensa como uno.

Además, el neoliberalismo ha modificado la composición de clases. Así como encontramos una cúspide neo-oligárquica, también tenemos la reducción del proletariado y campesinado tradicionales, en beneficio de un enorme sector de pequeños y medianos propietarios, tanto en ciudad como en campo.

Son muy heterogéneos, pero junto a los trabajadores de siempre, constituyen amplia mayoría. Como sabemos, se sienten discriminados. El estrecho círculo de los poderes fácticos los ignora sin tomarlos en cuenta. Hay una fuerte reivindicación en curso que reclama contra un Estado que abusa del humilde y tolera a poderosos y comechados.

Pero la herencia velasquista íntegra no ayuda con las nuevas mayorías, porque los productores actuales desconfían del estatismo. Si queremos llegar a ellos debemos recuperar parte del discurso libertario, antes que insistir en reformar al Estado para dotarlo de mayores atributos.

Asimismo necesitamos asumir la democracia, en oposición a la tradición autoritaria. Busquemos soluciones a la vez que nos oponemos a las iniciativas abusivas de la neo-oligarquía. Si estamos en contra de Tía María, qué solución en positivo proponemos, y sobre todo, qué mecanismo democrático la haría viable.

El puesto de los santones

Miércoles, 22 de abril de 2015 | 4:30 am 

A dos años de la partida de Javier Diez Canseco, la Comisión de Constitución del Congreso ha dictaminado que su suspensión por 120 días violó el reglamento interno del parlamento. Era tal la voluntad de castigarlo, que sus enemigos incumplieron sus propias normas. Ello ha sido demostrado gracias a Javier Bedoya, quien desde el comienzo pugnó por un tratamiento acorde a ley. Ante ello, cabe preguntarse por las razones para el odio contra JDC.

Para empezar cuestiones políticas. Junto a un pequeño grupo de congresistas de izquierda, JDC fue el primero que salió de Gana Perú. Ahí comenzó a desgranarse la bancada del gobierno, que al comenzar este mandato disponía de una mayoría considerable en el Congreso. Como ya han abandonado ese barco muchísimos otros, queda claro que JDC no ha sido el artífice de esa sangría.
El problema se hallaba en Palacio. Para llevar adelante una bancada, máxime de coalición, sólo cabe reunirla periódicamente, trazar línea estratégica y demandar leyes coherentes con las políticas de los ministerios. Pero, si en vez de ello, se asume que la bancada debe obediencia a quien ha ganado las presidenciales, entonces se abandona la responsabilidad de conducción y el grupo parlamentario queda a la deriva.

De este modo, Palacio tenía rabia contra JDC por haber desnudado sus flaquezas, pero en vez de aprender persistió y ha acabado viendo retirarse a un tercio de su bancada original. El tándem Humala-Heredia creyó que castigando resolvía el problema de unidad de su bancada y por el contrario se encontró con una ola de renuncias.

La noche de la suspensión, el nacionalismo se alió al fujimorismo que tampoco estaba preocupado por la veracidad de la acusación: que JDC había defendido intereses particulares al presentar una ley sobre acciones de empresas. Hoy en día, esa misma bancada atraviesa un pequeño escándalo, porque uno de sus legisladores es dueño de una universidad y quiere modificar la ley vigente en beneficio de su empresa. Ahí no les preocupa lo más mínimo la incompatibilidad que los desgarraba la noche de la suspensión.
El odio del fujimorismo proviene de la labor política de JDC. Durante los noventa destapó una serie de casos de corrupción. Luego, una vez caído el régimen, presidió una comisión investigadora que acusó a personalidades del entorno íntimo de Alberto Fujimori. Esa era la razón detrás de su suspensión. Había que hacer pagar con la misma moneda a quien había tocado carne.

Ahora bien, otra pregunta clave es por la tenacidad de JDC para denunciar todos los entuertos y enemistarse con quienes abusan de sus posiciones de poder. Resulta que, los acontecimientos de su infancia lo hicieron emocionalmente empático con el sufrimiento. Luego, en la adolescencia racionalizó a través del marxismo, que proyectó su sentimiento personal a los sectores populares. Había encontrado su impulso vital.

Estando en la universidad, JDC se afilió a Vanguardia Revolucionaria. Al igual que otros, este partido estaba procesando un encuentro entre la juventud y el Perú profundo. Ahí se fundió la experiencia de miles de estudiantes universitarios, bien representados en la carrera de JDC, quien comprendió las condiciones de vida de obreros, pobladores y campesinos, distinguiendo con claridad a sus enemigos.

No le fue difícil reconocerlos, los había tratado desde su infancia. Por ello, sabía cuán tramposos pueden ser en un país mercantilista y clientelista como el nuestro. Desde entonces los buscó para enfrentarlos. Sabía quiénes eran y estaba listo para denunciarlos. Nadie más peligroso. Había que embarrarlo.

Esa acusación afectó sus últimos días. Él era orgulloso de su fuerza para dejar atrás sus privilegios sociales. Por ello, le era personalmente difícil aceptar una campaña periodística infame destinada a enlodarlo. Estando en esas murió y ahora que ha sido reivindicado por el Congreso, toca alegrarse por el país. Tenemos que aguantar tantos sapos, que los pocos santones deben ser tratados con respeto.

La división de las izquierdas

Miércoles, 15 de abril de 2015 | 4:30 am 

El ciclo de la izquierda latinoamericana registra una caída pronunciada en los noventa, y una recuperación casi general comenzando el siglo XXI. Ahora, a mitad de esta segunda década, ha comenzado nuevamente a declinar y se discute mucho sobre las dificultades del PT brasileño e incluso del socialismo chileno y del mismo Evo Morales. Sin embargo, hay excepciones y la peruana es una de ellas. ¿A qué se debe este desfase?

En primer lugar, la quiebra de la izquierda peruana fue más profunda, puesto que en otros países se conservó la relación con el movimiento popular organizado. Mientras que, entre nosotros, esa relación esencial se perdió durante los años noventa y no se ha recuperado. Por ello, las izquierdas latinoamericanas siguen pesando en función a su influencia en barrios, sindicatos y gremios. Todo lo contrario del caso nacional, donde las izquierdas trabajan poco en bases y se despiertan solo para participar en elecciones.

Esta diferencia es clave, porque en países vecinos las izquierdas en tiempo de retroceso electoral se refugian en sus bastiones y ahí se fortalecen para avanzar a la primera de bastos. En nuestro caso, en los últimos 25 años las izquierdas han ocupado los últimos puestos de las competencias electorales, salvo chiripazos como Susana Villarán.

Al carecer de bases organizadas no hay espacio para nuevas demandas ni surgen rostros nuevos. Así, el programa de gobierno es bastante abstracto siendo obra de profesores universitarios. Por eso, tampoco hay nuevos rostros, que requerirían bases organizadas, fuentes de candidaturas juveniles. Sin canteras no habrá renovación, ni programática ni aparecerá un nuevo personal.

El segundo factor es la violencia. A diferencia de todos los otros casos, salvo el colombiano, entre nosotros las izquierdas de los sesenta-setenta generaron grupos que practicaron la violencia armada, justo cuando el país regresaba a la democracia. Como recordamos, esa guerra fue especialmente cruel. La imagen y los símbolos de las izquierdas quedaron manchados a ojos de mucha gente, que los asociaron a la demencia política de querer alcanzar un mundo nuevo a punta de asesinatos.

En Colombia, las FARC superaron los años noventa sin ser derrotadas y ahora han emprendido el camino de la negociación. Mientras que, Sendero solo quiso conversar cuando ya estaba en la cárcel y su planteamiento sonó falso. Por ello, en Colombia hubo mayor espacio para la izquierda legal, incluso para quienes habían estado en el M19 y regresaron a la vida democrática, como por ejemplo el actual alcalde de Bogotá.

Por el contrario, en los ochenta peruanos, el zanjamiento de IU con Sendero y el MRTA careció de contundencia y fue tomado como ambiguo por parte de la ciudadanía. Posteriormente hubo un acomodo a la democracia sin un debate sobre el Estado democrático y las obligaciones de los ciudadanos de izquierda para sostenerlo. Simplemente hubo adaptación sin mayor reflexión crítica. Esa indefinición ha contribuido a la falta de renovación programática y al estancamiento de las ideas de izquierda sobre el país.

Finalmente, un tercer punto es la eficiencia de las autoridades izquierdistas electas. Nadie cree que Susana Villarán realizó una administración impecable, menos que Goyo Santos haya sacado Cajamarca adelante. Al revés, en el caso de Bolivia por ejemplo, donde es evidente que Morales ha realizado administraciones bastante competentes, que le han permitido permanecer largo tiempo en el poder. Así se renueva la confianza sin caídas espectaculares.

Por ello, no es tan grave la casi irremediable división de las izquierdas para las elecciones del 2016. Quizá alguno la haga, si consigue un candidato(a) potable. Por cierto, no falta electorado. Ahí está el tercio de Humala en las dos primeras vueltas anteriores; asimismo, el 50% que hoy no quiere votar por ninguno de los tres candidatos de derecha. Demanda no falta. El problema es la oferta, que requiere urgente renovación y ajuste de calidad.

¿El fin del giro a la izquierda?

Domingo, 05 de abril de 2015 | 4:30 am

Ante los graves problemas que enfrentan los gobiernos de Bachelet, Kirchner, Maduro, y Rousseff, muchos comentaristas prevén el fin del giro a la izquierda latinoamericano. La ola sin precedentes de triunfos izquierdistas que empezó con la elección de Hugo Chávez en 1998 se agota.

No todos los gobiernos de izquierda están en crisis. Siguen más o menos fuertes en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Uruguay, y Nicaragua. Sin embargo, es probable que la izquierda sufra una serie de derrotas electorales en los años que vienen. Se iría primero en Argentina, donde ninguno de los candidatos presidenciales serios es kirchnerista (Macri, Massa, y Scioli son pragmáticos del centro o centro-derecha). Aunque no haya elecciones presidenciales cercanas en Brasil y Venezuela, Dilma Rousseff ha sufrido una fuerte caída de popularidad y podría enfrentar un juicio político. Y el gobierno de Nicolás Maduro está atrapado en un callejón sin salida.

Después de una década de triunfos sin precedentes, entonces, parece que la izquierda latinoamericana está perdiendo fuerza. La ola empieza a retroceder.

El retroceso de la izquierda tiene dos causas principales. El primero es el desgaste natural después de haber gobernado por tres o cuatro periodos presidenciales. Pocos partidos ganan más de tres elecciones presidenciales consecutivas (en EEUU, la última vez fue hace casi 70 años), y en democracia, casi ninguno gana más de cuatro. Después de tres periodos, los gobiernos pierden los reflejos políticos; se distancian de la gente, y muchas veces, crece la corrupción. Aun cuando no son muy corruptos (como en el caso de la Concertación en Chile), la gente se cansa. Tarde o temprano, el desgaste afecta a todos los gobiernos. Doce años (Argentina) o 13 años (Brasil) en el poder es mucho. Nada es permanente en la democracia. Nadie gobierna para siempre.

El segundo factor que debilita a la izquierda latinoamericana es el fin del boom de las materias primas. El tremendo éxito electoral de la izquierda en Brasil (reelecto en 2006 y 2010), Chile (reelecto en 2006), Venezuela (reelecto en 2006 y 2012), Argentina (reelecto en 2007 y 2011), Bolivia (re-electo en 2009 y 2014), Ecuador, (re-electo en 2009 y 2013), y Uruguay (re-electo en 2009 y 2014) fue facilitado por el boom económico que empezó en el 2002. El boom se acaba, y algunas economías han caído en recesión. Las crisis económicas –serias en Brasil y Argentina, infernal en Venezuela–generan descontento. Y los electores descontentos no suelen reelegir a sus gobiernos.

Es probable, entonces, que el desgaste natural y el fin del boom económico pongan fin al giro a la izquierda. El proceso ya está en marcha en Argentina y Brasil, pero llegará también a países como Bolivia y Ecuador. En política nada dura para siempre.
Pero la década izquierdista ha sido un tremendo éxito para las fuerzas progresistas latinoamericanas. Con la excepción del chavismo venezolano (que dejará el país en ruinas), los gobiernos de izquierda latinoamericanos dejarán dos legados positivos.

Primero, demostraron que la izquierda puede gobernar. La imagen de una izquierda incapaz de gobernar había estado ampliamente difundida en América Latina. Debido a los fracasos de Allende en Chile, Siles Suazo en Bolivia, el sandinismo en Nicaragua, y Alan García en el Perú, la izquierda regional estaba asociada con crisis fiscal, hiper- inflación y desgobierno.

Esa imagen cambió en los 2000. En Chile, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet gobernaron bien, espantando el fantasma de Allende. Lula gobernó bien en Brasil. Tabaré Vázquez y Pepe Mujica gobernaron bien en Uruguay. El FMLN ha gobernado bien en El Salvador. En Bolivia, las políticas macroeconómicas del gobierno de Morales han sido bastante responsables –y bastante exitosas.
Los gobiernos de Lagos y Bachelet, Lula, Funes, y Vázquez y Mujica destrozaron la imagen de una izquierda incapaz. En Brasil, Chile, y Uruguay, la tasa de crecimiento económico aumentó con los gobiernos de izquierda. Y según los Indicadores de Gobernancia del Banco Mundial, los tres países mejoraron en términos de rendición de cuentas, estado de derecho, y corrupción.

El segundo legado de los gobiernos de izquierda son las políticas redistributivas. La redistribución desapareció de la agenda pública en América Latina en los años ochenta y noventa. Quedó fuera del Consenso de Washington. Los viejos estados de bienestar –casi todos disfuncionales– fueron desmantelados pero no reconstruido, y la política social se limitó a las políticas antipobreza focalizadas.

La izquierda colocó el tema de la redistribución en la agenda. En Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay, gobiernos izquierdistas aumentaron el salario mínimo, expandieron los sistemas salud y seguridad social, ofreciendo pensiones y seguro médico a millones de personas –informales, desempleados, y pobres rurales– que jamás los habían recibido, y mejoraron los ingresos de millones de familias a través de programas de transferencias condicionales. Las consecuencias de estos programas han sido enormes. En Brasil, 20 millones de personas salieron de la pobreza bajo el gobierno de Lula. Y el nivel de desigualdad cayó.

Aunque la pobreza disminuyó en toda America Latina, la economista Nora Lustig y sus colegas muestran que los gobiernos social democráticos en Brasil, Chile, y Uruguay lograron reducir la pobreza y la desigualdad más que en otros países.

El buen rendimiento de los gobiernos de izquierda se ve en los resultados electorales: entre 2000 y 2014, los gobiernos de izquierda fueron reelectos en 19 de 20 oportunidades (la única derrota fue en Chile en 2010, donde el candidato, Eduardo Frei, no era de izquierda). La izquierda ganó cuatro veces consecutivas en Brasil, tres veces en Argentina, Bolivia, Ecuador, y Uruguay, y dos veces en El Salvador.

Estos triunfos se deben, en parte, al boom económico. Pero también se deben a la democracia. Por la primera vez en la historia, la izquierda latinoamericana puede ganar y gobernar hoy sin golpes de Estado.

La izquierda no debe olvidar esta lección. El giro a la izquierda fue posible porque la consolidación de las instituciones democráticas abrió caminos al poder que no existían antes. Para la izquierda, apoyar a gobiernos (como el venezolano) que pisotean a estas instituciones sería sabotear a su propio futuro.

La izquierda y el desafío de Venezuela

Domingo, 01 de marzo de 2015 | 4:30 am 

El autoritarismo de los años setenta transformó en demócratas a una generación de izquierdistas latinoamericanos. Gran parte de la izquierda había descuidado a la democracia en los sesenta y setenta. Restaba importancia a las elecciones, los derechos liberales, y otras instituciones “burguesas,” justificaba el autoritarismo del régimen cubano, y apoyaba actos violentos que pusieron en riesgo la democracia en sus propios países.

Pero en vez de la esperada revolución, el colapso de la democracia trajo la noche más oscura: regímenes militares de derecha que mataron, desaparecieron, y torturaron a miles de jóvenes progresistas.

Vivir bajo la dictadura les ensenó a muchos izquierdistas el valor de la democracia. La brutal represión que sufrió la izquierda en países como Argentina, Brasil, Chile, México, y Uruguay convenció a muchos que los derechos humanos eran más que “burgueses.” Como consecuencia, gran parte de la izquierda se comprometió plenamente con la democracia liberal. Militantes de izquierda encabezaron la lucha por la democracia en muchos países latinoamericanos en los años setenta y ochenta. Y en los 90, se convirtieron en los principales defensores regionales de los derechos humanos.

El matrimonio entre la izquierda y la democracia fortaleció a los dos. Los últimos 25 años han sido el periodo más democrático de la historia latinoamericana. Y la izquierda ha tenido un éxito inédito. Reprimido en los 70, la izquierda llegó a gobernar en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, República Dominicana, y Uruguay.

Pero hoy el matrimonio entre izquierda y democracia enfrenta un desafío: el autoritarismo venezolano. Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela ha caído en un nivel de represión política no vista en America del Sur desde Pinochet y Stroessner. Hay presos políticos. Se mata con alarmante frecuencia a chicos que salen a la calle a protestar (la última víctima fue Kluiver Roa, de 14 años). Y el gobierno se ha vuelto golpista. Maduro tilda de “golpista” a sus opositores –algo que fue cierto en 2002, cuando muchos apoyaron al golpe contra Hugo Chávez. Pero últimamente el único golpista ha sido el gobierno, que ha removido (y en algunos casos, arrestado) a varios congresistas y alcaldes electos. El caso más notorio ocurrió el 19 de febrero, cuando el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue arrestado.

La izquierda latinoamericana tiene que luchar contra el creciente autoritarismo y represión estatal en Venezuela. Por obligación moral, pero también por su propio bien.

La derecha y la elite económica pueden vivir sin democracia. Los ricos no necesitan elecciones para ejercer su influencia. Si uno posee dinero, las puertas se abren en casi todos los regímenes.

Pero la izquierda necesita la democracia. Como los pobres no tienen recursos económicos, dependen de sus números para influir sobre la política. Los números pueden convertirse en poder en las urnas (elecciones) o en la calle (la protesta). Por eso, los sectores populares dependen de las instituciones democráticas: más que nadie, necesitan elecciones y libertades básicas (como las de asociación y protesta) para defenderse. Cuando desaparecen las garantías democráticas, tarde o temprano, son los pobres los que sufren. Los sectores populares siempre han sido las principales víctimas de la violación de los derechos humanos en América Latina.

Pero las instituciones democráticas son difíciles de construir. Por eso, la democracia plena y estable ha sido la excepción, y no la regla, en la historia latinoamericana. Si van a consolidarse, las instituciones democráticas se tienen que cuidar. Se tienen que defender en toda circunstancia. Como señala Eduardo Dargent en su libro Demócratas Precarios, es fácil defender los derechos democráticos cuando nuestros rivales están en el poder.

Pero la clave para la consolidación democrática es la situación contraria. Si queremos instituciones democráticas fuertes, tenemos que respetarlas –y defenderlas– aun cuando no nos conviene. Tenemos que defender los derechos de nuestros peores enemigos políticos. Si no lo hacemos, estos derechos serán siempre precarios. Si no lucho por los derechos básicos de mi rival, no puedo esperar que estos derechos estén cuando los necesito.

Los derechos democráticos son universales o no son nada. Solo echan raíces cuando estamos dispuestos a defenderlos ante todos los gobiernos: amigos y enemigos; izquierda y derecha.

Es hora, entonces, de salir a defender los derechos democráticos de Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma y otros líderes antichavistas que están siendo perseguidos. Que quede claro: no me gustan López, Machado, y Ledezma. Me caen mal. No comparto sus ideas. Cuando hay elecciones libres y justas, espero que pierdan. Pero hay que defender sus derechos.
Es cierto que en el 2002, estos mismos opositores fueron golpistas y que Hugo Chávez fue la víctima. Felizmente, casi todos los gobiernos latinoamericanos (incluyendo antichavistas como Cardoso, Fox, y Toledo) condenaron al golpe y se negaron a reconocer al nuevo gobierno. (El gobierno norteamericano –bruto y antidemocrático– apoyó al golpe).

Trece años después, la situación se ha revertido. El gobierno de Maduro ha perdido la legitimidad democrática. Ningún gobierno tiene el derecho de encarcelar y matar a sus opositores. Electo o no, un gobierno que viola sistemáticamente a los derechos democráticos pierde el derecho de llamarse democrático. Se convierte en autoritario.

Si el gobierno de Maduro ha perdido legitimidad democrática, hay que reconocer como legítima la protesta que busca su caída. La movilización (pacífica) en contra de un régimen caracterizado por presos políticos, violencia paramilitar, y la criminalización de la protesta no es golpista. No es más golpista que las movilizaciones contra Morales Bermúdez en 1977-1978. O la protesta contra Fujimori el 2000. Fujimori tildó de golpista a Toledo y a los demás organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos. No lo fueron. Y tampoco serán los que salgan a la calle contra Maduro en los días que vienen.

La izquierda latinoamericana –desde el PT brasileño hasta el Frente Amplio peruano– debe apoyar a estas protestas. No solo porque callarse sería hipócrita e inmoral, sino porque haría daño a la izquierda. El tremendo éxito de la izquierda latinoamericana de los últimos años se debe a la democracia. Abandonarla ahora sería suicidio.

Poder, contrapesos y el futuro de Urresti

Domingo, 01 de febrero de 2015 | 4:30 am

El abuso del poder sigue siendo demasiado común en América Latina. Cuarenta y tres estudiantes desaparecidos en México. Presos políticos en Venezuela. La reelección indefinida en Nicaragua y quizás en Ecuador. El reglaje en el Perú.

Cuando hay abusos, solemos enfocarnos en las personas que los cometen. El problema son los fujimoristas, los chavistas, los Kirchner. Pero el problema principal no son las personas sino el poder. Ningún político es un ángel. Si nuestros gobernantes tienen demasiado poder, sin contrapesos, tarde o temprano van a abusar de ello.

Fujimori es un ejemplo. En medio de una severa crisis, los peruanos le dieron un cheque en blanco: aplaudieron cuando cerró el Congreso y disolvió la Constitución. Fujimori dijo que actuaba por el bien del país, pero terminó encabezando un gobierno criminal.
Los Kirchner son otro ejemplo. Néstor Kirchner fue elegido durante una profunda crisis que destruyó a sus principales rivales partidarios. Gracias a un boom económico, su aprobación superó el 70%. Ese apoyo, junto con el colapso de la oposición, le permitieron concentrar el poder. Los Kirchner utilizaron ese poder para varios fines progresistas (matrimonio gay, derechos laborales, políticas sociales), pero también politizaron al Poder Judicial, los servicios de inteligencia y los medios –con graves consecuencias–.

El mejor mecanismo para controlar a los gobiernos son las instituciones fuertes. Un Congreso fuerte. Un Poder Judicial independiente. Agencias (Contraloría, Defensoría del Pueblo) con capacidad de investigar y denunciar los actos ilícitos del gobierno. Estos contrapesos institucionales existen en Chile, Costa Rica, y Uruguay. Se han fortalecido en Brasil y Colombia (donde Uribe no pudo conseguir la “re-reelección” a pesar de su apoyo popular). Donde no existen contrapesos institucionales, como en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, el riesgo del abuso presidencial es mayor.

Los peruanos han inventado otro mecanismo para controlar a sus gobiernos: no quererlos. Desde la caída de Fujimori, los peruanos desconfían de todos sus gobiernos. Toledo, García, y Humala pasaron la gran parte de sus presidencias cerca o debajo de 30% de aprobación. Según el Latinobarómetro, la aprobación promedio de los gobiernos peruanos entre 2002 y 2011 fue la más baja de América Latina: 26.5%, comparado con 52% en Argentina y México, 59% en Chile, 63% en Brasil y 66% en Colombia.

El descontento (casi) permanente mina la capacidad de los gobiernos (un gobierno muy impopular difícilmente logra implementar reformas importantes), pero ayuda a controlarlos. Un presidente con 26% de aprobación no puede seguir el modelo de Fujimori, Chávez o Correa, utilizando mecanismos plebiscitarios para manipular a las instituciones y concentrar el poder. Si lo intentara, terminaría como Lucio Gutiérrez.

Pero los gobiernos débiles son un pobre sustituto por los contrapesos institucionales. Ecuador pasó por casi dos décadas de gobiernos impopulares y débiles. Cayeron tres presidentes. Pero Rafael Correa se aprovechó del descontento para movilizar a las mayorías detrás de un proyecto populista que vulnera la institucionalidad democrática.

Si una ciudadanía desconfiada y descontenta puede servir como contrapeso, entonces, también puede convertirse en la base de un proyecto populista. El populismo –la movilización de las masas en contra del establishment, a través de un fuerte discurso antisistema– siempre surge en un contexto de amplio descontento público.

El populismo facilita el abuso del poder. Para un presidente populista, haber vencido a la odiada “clase política” es una gran fuente de apoyo popular. Y, por otro lado, una clase política deslegitimada que acaba de ser derrotada por un outsider no es un buen contrapeso. La combinación de un presidente apoyado por 70%-80% del electorado y una oposición débil es una receta para el abuso. Le permite al gobierno esquivar, debilitar o eliminar a los contrapesos institucionales –muchas veces “democráticamente” a través de elecciones o referendo–. Es lo que ocurrió con Fujimori, Chávez y Correa.

¿Podría ocurrir de nuevo en el Perú? Sin duda. Como los contrapesos institucionales siguen siendo débiles, otro Fujimori sigue siendo una posibilidad.

Paradójicamente, si hay un Fujimori en 2016, no será Keiko (que no es populista), sino Daniel Urresti. Como Alberto Fujimori, Urresti tiene un estilo personalista y antiinstitucional. Se presenta como alguien que soluciona los problemas de la gente, sin intermediarios institucionales. Y ataca –achoradamente– a los políticos.

Pero un populismo encabezada por Urresti enfrentaría varios problemas. Primero, Urresti forma parte del gobierno. Los populistas movilizan a la gente en contra del establishment. Pero Urresti es ministro. Es difícil ser antisistema y a la vez estar encargado de la policía que reprime las protestas.

Formar parte del gobierno también implica pagar los costos políticos de un gobierno abrumado por sus propios escándalos e errores. Defender al gobierno ante políticas fracasadas como la ‘Ley Pulpín’ y escándalos como los de Martín Belaunde y el reglaje genera desgaste. Uno puede ser un ministro popular en un gobierno impopular por un tiempo, pero tarde o temprano el desgaste afecta a todos.

Si Urresti quiere ser un candidato populista exitoso, entonces tendrá que dejar al gobierno. Pero sin partido o movimiento, salir del gobierno podría ser un salto al desierto.

Otro problema es que Urresti carece de una base. Los populistas atacan a la clase política en nombre de alguien –algún movimiento (aunque sea ficticio)–. Urresti ataca solo. Sus tuits pueden caer bien, pero no movilizan a nadie. Dicen que la base de Urresti es el antifujimorismo y el antiaprismo, pero no creo. Los votantes más fervorosamente antifujimoristas y anti-Alan son los paniagüistas. Son los cívicos/liberales/caviares que defienden los derechos humanos y la institucionalidad. Los paniagüistas están esperando a Gastón, no a Urresti. Urresti tendría que disputar el voto popular con Keiko. Y Keiko tiene más experiencia, mejor organización, y la ventaja de no estar en el gobierno.

Existe todavía un espacio populista en el Perú. Según GfK, la mitad del electorado no quiere ni a Keiko ni a Alan ni a PPK. Aunque Urresti no sea candidato populista exitoso en 2016, el actual liberalismo por default no durará para siempre. Hay que construir contrapesos institucionales.