Una iglesia disminuida

Domingo, 29 de septiembre de 2013 | 4:30 am 

El matrimonio gay se viene. No sé precisamente cuándo, pero llegará al Perú. Solo 28% de los peruanos lo apoya (según LAPOP), pero la opinión pública cambia rápidamente. En 1996, solo 27% de los estadounidenses apoyaban el matrimonio gay. Hoy 54% lo apoya.
El cambio se viene al Perú porque la igualdad legal de los homosexuales ya es vista (con mucha razón, en mi opinión) como un derecho básico en el mundo Occidental, tal como los derechos de la mujer y de las minorías étnicas. Está al punto de consolidarse como norma internacional en el Occidente. Cuando un derecho de este tipo se establece, es poco probable que haya retroceso.
El debate sobre el matrimonio gay llegó en serio al Perú con el proyecto legislativo (de unión civil) de Carlos Bruce. Varios políticos (Alan García, Daniel Abugattás, Martha Chávez) y otras figuras públicas  (Phillip Butters) lo han apoyado, algo impensable hace pocos años.
El surgimiento del matrimonio gay en América Latina es otra señal de la creciente marginalidad política de la Iglesia Católica. Lejos del “poder fáctico” de décadas atrás, la Iglesia sigue perdiendo afiliados, influencia y poder político en la mayoría de los países latinoamericanos.
El debilitamiento de la Iglesia latinoamericana se ve en varios frentes. Primero, la población católica cae en casi toda la región. Mientras en 1970 96% de los mexicanos y 90% de los brasileños eran católicos, hoy solo 82% de los mexicanos y 65% de los brasileños son católicos. En Chile, Honduras, República Dominicana y Venezuela, menos del 70% de la población es católica, y en Uruguay, El Salvador y Guatemala, menos de 60% es católica. La caída es más fuerte entre los jóvenes. En Chile, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes (de 15 a 29 años) que se identifican como católicos bajó de 75% en 1996 a 66% en 2002. Si el patrón de los últimos años persiste, el catolicismo dejaría de ser mayoría en América Latina en las próximas décadas.
Segundo, la mayoría de los católicos en América Latina no son practicantes. En Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela, menos del 40% de los católicos van a la misa. Y hay poca matrícula en los colegios católicos. En Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, menos del 6% de los estudiantes de primaria están inscritos en colegios católicos.
Tercero, la Iglesia tiene cada vez menos influencia sobre la opinión pública. Según una encuesta hecha en 2000, el 73% de los católicos brasileños apoyan el uso de anticonceptivos y más del 60% apoyan el derecho al divorcio. Y los católicos latinoamericanos no solo divergen de la Iglesia en sus opiniones, sino también se oponen a la intromisión de la Iglesia en la vida pública. Por ejemplo, una sólida mayoría de los católicos brasileños dice que la Iglesia no debe imponer su visión en los temas del aborto (53%), la homosexualidad (55%), el divorcio (70%), y los anticonceptivos (80%). Y según la Encuesta Mundial de Valores de 2000, casi 60% de los venezolanos y más de 60% de los argentinos, chilenos y mexicanos creen que los líderes religiosos no deben influir sobre el voto o sobre los gobiernos.
La Iglesia Católica latinoamericana ya no es lo que era. América Latina ya no es una región plenamente católica, y la mayoría de los católicos no son practicantes, no comparten muchas de las posiciones públicas de la Iglesia, y prefieren que Iglesia no se meta en la política.
De hecho, fuera de América Central, la influencia de la Iglesia en la política latinoamericana ha sido escasa en los últimos años. Aun en temas morales, como el divorcio, la planificación familiar, el aborto y el matrimonio gay, la Iglesia va perdiendo la mayoría de sus batallas. En Chile, por ejemplo, se legalizó el divorcio en 2004, y el gobierno de Michelle Bachelet –una agnóstica– expandió la educación sexual y la distribución de anticonceptivos. En Argentina bajo los Kirchner, se promovió la educación sexual y la distribución de condones, el Poder Judicial promovió una liberalización del aborto, y los argentinos fueron los primeros latinoamericanos en legalizar el matrimonio gay. En Brasil, el gobierno distribuye condones en los colegios públicos, el Poder Judicial acaba de legalizar el matrimonio gay, y el Congreso debate una liberalización del aborto. En México, el Distrito Federal legalizó el aborto y el matrimonio gay, y en Uruguay el gobierno legalizó el matrimonio gay y liberalizó las leyes antiaborto. Finalmente, en Bolivia, la nueva Constitución de 2009 no reconoce al catolicismo como religión oficial del Estado (el arzobispo boliviano René Fernández describe la Constitución como “totalmente atea”). Son muchas las derrotas, y en una sola década.
En el Perú, la Iglesia mantiene privilegios que ya no existen en muchos países latinoamericanos. Los 52 obispos reciben un sueldo del Estado y son exentos de impuestos; todas las diócesis reciben un subsidio mensual del Estado; y todas las propiedades de la Iglesia son exentas de impuestos.
Los políticos peruanos siguen siendo renuentes a entrar en conflicto con la Iglesia. Pero la Iglesia peruana está muy debilitada. La población católica ha disminuido de 95% de los peruanos en 1981 a 72% en 2006. En la última Encuesta del Poder, solo uno de los 30 más poderosos (Cipriani, en el puesto número nueve) es de la Iglesia. La jerarquía católica ni siquiera pudo imponerse sobre la PUCP. Y los escándalos de pedofilia (Gabino Miranda y otros casos) destruyen su legitimidad moral. Una institución que no solo permite sino encubre crímenes como el abuso sexual de niños pierde toda autoridad para opinar sobre temas morales.
Juan Luis Cipriani, un buen político, ha podido sostener la imagen de la Iglesia Católica como un actor importante en la política peruana. Pero en realidad es un actor cada vez más marginal. Es un tigre de papel. Los políticos que meditan su apoyo para el proyecto de Bruce no deben temerlo.
Esta será mi última columna de 2013. Volveré en enero.

El Autoritarismo y los Partidos de Derecha

Sabado, 14 de septiembre de 2013 | 9:21 pm 


  

Una derecha electoral fuerte es clave para la estabilidad democrática. Cuando la élite económica puede defender sus intereses dentro del juego democrático está más dispuesta a invertir en ello –y menos dispuesta a buscar alternativas autoritarias. Históricamente, las democracias latinoamericanas más estables (Chile, Colombia, Uruguay) han tenido partidos de derecha fuertes.
Donde la derecha política es débil, es más probable que la élite económica desconfíe en la democracia –y que termine apoyando los golpes militares. Argentina es un ejemplo clásico. Incapaz de ganar elecciones bajo la democracia, la elite económica se convirtió en su enemigo: apoyó cinco golpes militares entre 1930 y 1976.
A pesar del giro neoliberal de las últimas décadas, la derecha electoral no prospera en América Latina. La derecha tradicional se debilitó en Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay, y Venezuela, y nuevos proyectos de derecha fracasaron en Argentina, Bolivia, Guatemala y Perú. Muchas veces, este fracaso dejó la cancha libre para fuerzas populistas o de izquierda.
Hay varias causas de la debilidad de la derecha electoral latinoamericana. Una es la desigualdad. En un contexto de extrema desigualdad, es más difícil que un partido asociado con los ricos obtenga el voto de la gente más pobre. (Históricamente, los partidos conservadores lo hacían a través del clientelismo, pero ahora es más difícil). Y no obstante el sueño del “liberalismo popular”, el liberalismo económico no vende muy bien como programa electoral.
Otro problema es el cortoplacismo de muchos empresarios que, en vez de invertir en un partido, dependen de su capacidad de influir sobre los gobiernos electos. En los años ochenta y noventa, por ejemplo, la derecha perdió elecciones en Argentina, Bolivia, y Perú, pero los ganadores (Menem, Paz Estenssoro y Paz Zamora, Fujimori) giraron a la derecha. ¿Para qué invertir en un partido capaz de ganarle a los populistas si los populistas luego gobiernan con la derecha? Pero en muchos países esta estrategia de “gobernar sin ganar” dejó de funcionar. Morales y Kirchner no repitieron el giro de Paz Estenssoro y Menem. De hecho, los gobiernos no derechistas solo siguen girando a la derecha en el Perú.
Hay dos grandes excepciones al patrón del fracaso de los nuevos partidos de derecha latinoamericanos: la Unión Democrática Independiente (UDI) en Chile y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en El Salvador. ¿Cómo se explica el éxito de estos partidos? Según el politólogo James Loxton, la clave es que son partidos ex autoritarios, o partidos surgidos del antiguo régimen autoritario.
Según Loxton, los orígenes autoritarios generan ciertas ventajas en cuanto a la construcción partidaria. La primera es una marca partidaria sólida, sostenida por fuertes lealtades. Muchos regímenes autoritarios mantienen la simpatía de un sector importante (20-40%) del electorado. Sobre todo en sociedades polarizadas, como la chilena, mucha gente tiene recuerdos favorables del régimen. Esa gente que se convierte en la base electoral de la nueva derecha.
Segundo, los partidos ex autoritarios son más cohesionados. Como bien saben los fundadores del Movimiento Libertad (o del nuevo Frente Amplio) en el Perú, juntar diversos políticos en un nuevo partido es difícil. Enfrenta serios problemas de acción colectiva. Los partidos ex autoritarios se forman con cuadros que ya se conocen, que han trabajado juntos, y que comparten una identidad política formada durante la dictadura. Muchas veces, estas redes incluyen empresarios cuyos aportes económicos son claves para la construcción partidaria.
Tercero, muchos partidos ex autoritarios se construyen sobre organizaciones y redes clientelistas de la época autoritaria. Como consecuencia, no tienen que construir una organización desde cero.
Según Loxton, el éxito de la UDI y ARENA se debe, en parte, a sus origines autoritarios. La UDI fue creada por un grupo de activistas derechistas que trabajaron con Pinochet. Varios eran alcaldes, que permitió la construcción de bases clientelistas; otros eran tecnócratas con fuertes vínculos con empresarios, que ayudó a convertir la UDI en el partido mejor financiado de Chile. La UDI también se benefició de la marca pinochetista, que mantenía el apoyo de un sector importante del electorado.
ARENA se formó sobre la base de ORDEN, una organización paramilitar con vínculos al ejército salvadoreño. Sus cuadros originales –muchos ex soldados y paramilitares– surgieron de la lucha contra la guerrilla. Forjaron fuertes vínculos con empresarios (que temían un triunfo del FMLN), cuyo financiamiento fue clave para el crecimiento del partido.
En el Perú, donde varios proyectos de derecha han fracasado, un partido ex autoritario, el fujimorismo, podría ser el más exitoso.
Aunque el pasado autoritario del fujimorismo tiene costos electorales, también genera ventajas. Primero, el fujimorismo tiene una marca sólida. A pesar de su autoritarismo y corrupción, Fujimori mantuvo una base de apoyo significativa después de su caída. Según una encuesta de GFK de hace pocos meses, 42% calificó su gobierno como bueno o muy bueno.
Carlos Meléndez estima que el “núcleo duro” del fujimorismo es 6% del electorado, mientras otro 10% se inclina hacia el fujimorismo. Una base de 6-16% no es masiva, pero supera cualquier otro partido peruano.
Segundo, el fujimorismo se reconstruyó sobre redes políticas (como los de Vamos Vecino) y clientelistas (comedores, asentamientos humanos) construidos en los años noventa. Estas redes se debilitaron con la caída de Fujimori, pero no desaparecieron. Y lo que quedó le dio al fujimorismo una infraestructura que no tienen otros partidos nuevos.
A diferencia de Chile, la elite económica peruana no ha apostado por el fujimorismo (salvo en su desesperación durante la segunda vuelta de 2011). Ha preferido a Lourdes Flores, PPK, y hasta Alan. En términos de sus propios intereses, podría ser un error. Entre las fuerzas de derecha existentes, el fujimorismo tiene las mejores posibilidades de consolidarse.
Paradojicamente, los partidos ex autoritarios pueden fortalecer la democracia. Si constituyen una derecha electoral fuerte, como en España, Chile, y El Salvador, la élite económica estaría más dispuesta a apostar por la democracia.
Pero esta fórmula solo funciona cuando los ex autoritarios se transforman en partidos plenamente comprometidos con la democracia. La derecha chilena (lentamente) se distanció de su pasado autoritario. Seguimos esperando semejante transformación en el fujimorismo.

¿Por qué cae la aprobación presidencial?

Domingo, 01 de septiembre de 2013 | 4:30 am 

 

Ollanta Humala ha sufrido una prolongada caída en las encuestas. Y cada vez que se publica una nueva encuesta, varios columnistas salen a explicarnos–casi siempre sin evidencia– por qué ha caído. Fue la elección de Maduro. REPSOL. La candidatura de Nadine. La repartija.
Sin duda, los errores de un gobierno políticamente inexperto han afectado la aprobación presidencial. Pero Humala no está solo en su impopularidad. Alan García, un presidente mucho más experimentado, tenía una aprobación de 22% –peor que Humala– al cumplir 25 meses de su presidencia. Alejandro Toledo estaba en 14%. De hecho, desde 1997, ningún presidente peruano ha mantenido una aprobación superior a 50%.
¿Por qué los presidentes peruanos siempre andan mal en las encuestas? El problema va más allá de Repsol. Hay causas más profundas.
Una es la debilidad del Estado. Perú tiene uno de los Estados más débiles de América Latina. Las instituciones estatales funcionan mal, y en partes del interior, apenas existen. Las funciones básicas del Estado, como la seguridad y la justicia, no son ni mínimamente garantizadas. Y los servicios públicos claves (educación, salud, agua, infraestructura) o no llegan a la gente o son plagadas por la ineficiencia o la corrupción.
Un Estado disfuncional genera desgaste para cualquier gobierno que lo ocupa. Donde el Estado es débil, es difícil gobernar bien. Si la maquinaria del Estado no funciona –si carece de recursos y capacidad; si los burócratas no cumplen con sus obligaciones; si no hay control de la corrupción– aun las mejores políticas públicas terminan siendo inefectivas. Eso genera descontento.
Los problemas de corrupción e ineficiencia no son nuevos. Son deficiencias del Estado que existen desde hace décadas. Pero cuando la gente sufre las consecuencias de un Estado disfuncional (asaltos, mala atención médica, maltrato de burócratas), no culpan al Estado, sino al gobierno de turno. Según las encuestas, dos de las principales deficiencias de este gobierno son la delincuencia y la corrupción. Son productos de décadas de debilidad estatal, pero el que paga el costo político es el gobierno.
Una causa de la caída de Humala, entonces, es la baja calidad del Estado que heredó. Sin un Estado mínimamente capaz, aun los gobiernos bien intencionados terminan gobernando mal y se desgastan.
Otro factor que podría estar afectando la aprobación presidencial es la ultraortodoxia económica. Según el Índice de Libertad Económica de la ONG derechista Fundación Heritage, que califica a los países entre 0 (más estatista) y 100 (más libre mercado), el Perú recibe una calificación de 68,2, el número 4 entre los 30 países de América Latina y el Caribe. Solo Chile, Colombia, y Uruguay tienen economías más libres, y si no fuera por la corrupción (un componente del índice), el Perú estaría por encima de Uruguay.
Quiero enfocarme en una dimensión del índice que tiene relevancia política: el gasto público. En esa dimensión, Perú tiene una calificación de 89,1, la más alta de América del Sur. No solo supera a las economías más liberales de América Latina, como Chile y Colombia, sino también a Alemania, Nueva Zelanda, Suiza,e, increíblemente, Hong Kong, que, según Heritage, tiene la economía más libre del mundo.
¿Por qué una ONG derechista otorga una nota tan alta al Perú en gasto público? Porque el Perú se ha convertido en una de las democracias más tacañas del mundo.
El nivel de gasto social en Perú es bajísimo. En México, el gasto social representa el 13% del PBI; en Colombia, es 14%; en Chile, es 15%; en Uruguay, es 22%; en Brasil, es 26%. El promedio latinoamericano es 14%. En el Perú, el gasto social representa solo el 8% del PBI.
En 2009, México gastó US$ 889 per cápita en programas sociales; Chile gastó US$ 945 per cápita; Brasil gastó US$ 1165; Colombia, que invierte poco en lo social, gastó US$ 407 per cápita. El promedio latinoamericano fue US$ 697. El Perú gastó US$ 229.
El gasto público en salud y educación en el Perú está muy por debajo del promedio latinoamericano. En 2009, el gasto público en salud fue 1,2% del PBI, comparado con 1,9% en Colombia, 2,8% en México, 3,7% en Chile y 5% en Brasil (el promedio latinoamericano fue 3,2% del PBI). El gasto público en educación en el Perú fue 2,7% del PBI, comparado con 3,6% en Chile, 5,1% en Colombia, 5,3% en Brasil y 5,8% en México (el promedio latinoamericano fue 4,2% del PBI).
Las políticas antipobreza también son limitadas en el Perú. Mientras en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México los programas de transferencia condicional alcanzan entre 52% y 100% de los pobres, los programas peruanos solo benefician al 21% de los pobres.
Podría haber una relación entre el bajo nivel del gasto social y la baja aprobación presidencial. En un país donde los gobiernos son más austeros que Hong Kong, mantener el apoyo público será más difícil. Las políticas ultraortodoxas complacen a los De Althaus y los DuBois, pero no, al parecer, a la mayoría de los ciudadanos.
¿Por qué hay tan poco gasto social en el Perú? En otras democracias, el nivel del gasto público es producto de un tira y afloja entre políticos y tecnócratas. Por lo general, los políticos–que tienen que ganar elecciones–quieren gastar más. En las democracias más exitosas, el resultado del tira y afloja es un punto medio: un nivel de gasto suficientemente austero para mantener el equilibrio macroeconómico pero suficientemente generoso para mantener la legitimidad democrática. Pero en el Perú, como los políticos profesionales son (casi) extintos, no hay tira y afloja entre políticos y tecnócratas. Los tecnócratas se quedan con la soga y los peruanos con menos protección social.
El nivel de descontento en el Perú es alto. Ahora que vienen los tiempos de las vacas menos gordas, el establishment reclama medidas para aumentar la confianza empresarial. Debería pensar también en medidas para aumentar la protección social. La combinación de una democracia tacaña y un Estado débil parece minar la aprobación presidencial. Podría ser una receta para el populismo.

Eva y Rosario

Domingo, 29 de septiembre de 2013 | 4:30 am
 

Por esos extraños juegos del destino, este viernes dos casos policiales tuvieron un desenlace simultáneo. Aunque no se parecen, ni en los hechos ni procesalmente, ambas historias han capturado al público durante años y son parte, hoy, de toda conversación banal. Todo peruano tiene su teoría de “lo que realmente pasó” y está dispuesto hasta al insulto para defenderla.
¿Qué une a Eva y Rosario? ¿Ser mujeres jóvenes, bellas e independientes? ¿El misterio? ¿El conflicto familiar? ¿El drama de la muerte? ¿Pertenecer a un nivel socioeconómico al que se aspira? ¿La fascinación por el morbo y el fisgoneo en la vida ajena? ¿El sexo en su detalle más íntimo? Probablemente un poco de todo esto, que revela mucho más de los prejuicios, estereotipos y vilezas de la sociedad peruana que sobre ellas. Pero, tal vez, es una sola cosa la que las une sobre todas las demás. Venden. Y  venden mucho más si no se las trata con respeto.
El fenómeno mediático, en cualquier plataforma, que generan ambas no tiene precedentes. No recuerdo caso similar de espectáculo tan repugnante por la utilización salvaje de la vida privada para hacer negocio.  Rosario Ponce llegó a la humillación de tener que ver hasta su pericia psicológica, protegida por el secreto profesional, proyectada en la televisión ante millones de televidentes que seguro se relamían de gusto. Eva Bracamonte tuvo que ver ventilada su vida sexual como si de eso dependiera su sanidad mental o mereciera una condena de cárcel por no estar enamorada de un hombre. Rosario ha tenido que ver, con espanto, cómo una turba le tiraba piedras o, entre risas, se vendía su muñeco para ser quemado en Año Nuevo. Eva ha tenido que sufrir una profunda depresión en la cárcel. Y podría seguir.
Sin embargo, lo que el Estado Peruano le ha hecho a estas dos mujeres, a través del sistema de justicia, no es menos indignante.  La Fiscalía de Arequipa ha mantenido el caso de Rosario vivo durante más de dos años. ¿Con qué propósito que no fuera dilatar para mantenerla acosada en un limbo jurídico? Ni una prueba, nada que no sea  “su cara no me gusta”. Salvo que cuenten como prueba los ataques de la familia del enamorado, muerto por un accidente,  que se dedicó a obtener atención para su proyecto político y que requiere tener vivo el caso para ese fin.
El caso de Eva Bracamonte es judicialmente peor. Cuatro años presa sin nada concluyente. Cuatro años. ¿Quién se los devuelve? Y ahora, sale libre pero a enfrentar un nuevo proceso que, si se siguiera la línea argumental de la Corte Suprema, tendría que archivarse de plano por carecer de toda probanza posible.  Nadie en la Corte Suprema la ha condenado. Tres vocales la absolvieron y cuatro pidieron la nulidad del proceso. ¿Cuánto más tendrá que pagar por la incompetencia de un sistema defectuoso?
Ambas han sido víctimas de la corrupción policial que vende pruebas y pedazos de expedientes a una prensa que quiere más sangre. Esa misma Policía que hizo pasar a Liliana Castro por un examen médico legista donde la gracia era desnudarla. Y ninguna se ha fugado ni ha pedido nada que no sea que se respeten sus derechos pisoteados.
Pero, a pesar del horror vivido, ambas tendrán que cargar con el estigma que produce la ignorancia sobre lo que es la inocencia. Un bárbaro llama a Rosario “culpable no probada”.
¿A esos niveles de incivilidad hemos descendido? Todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Esa es la civilización del Estado de Derecho.
Todo lo que ha pasado con Eva y Rosario nos ha mostrado la peor cara del periodismo, del Estado y de la sociedad peruana. A ellas, todo el Perú les debe más que una disculpa.

Para atarse una rueda de molino

Domingo, 22 de septiembre de 2013 | 4:30 am 
 

Mientras el mundo católico leía una inusual entrevista del papa Francisco llena de esperanza y vientos de renovación, en Lima se destapaba uno de los peores casos de pedofilia conocidos en nuestro país porque, por primera vez, involucraba directamente a un Obispo.
En su columna semanal, y sin mencionar nombres, Diego García Sayan detalló la destitución desde el Vaticano, del Obispo Auxiliar de Ayacucho, Gabino Miranda, por un caso de abuso sexual. No se conocieron más detalles hasta la confirmación de Monseñor Bambarén de la expulsión, incluso del sacerdocio, de este ahora laico.
Con gran pesar, la Iglesia Católica en el mundo ha tenido que reconocer y reparar a las víctimas de estos casos, cada vez en más ocasiones, en los últimos años. Tal vez, lo peor de este proceso ha sido tener que aceptar que por tapar el escándalo se movió a verdaderos delincuentes, sujetos que tuvieron a su merced una y otra vez a niños inocentes, de diócesis en diócesis y de parroquia en parroquia. Muchos niños y jóvenes pudieron haberse salvado del trauma que les impusieron de por vida si es que se hubiera hablado con la verdad tanto de los pecados ante Dios como de los crímenes ante la justicia al instante de comprobarse la veracidad de las denuncias. Lamentablemente, el miedo al escándalo siempre empeora todo para la desgracia de tantos inocentes que hoy siguen sufriendo.
Sufriendo porque no pudieron o no supieron cómo resistir los deseos de personas que llegaron a admirar y con las que construyeron una relación de sometimiento jerárquico. Dolor, rabia, ira, vergüenza y culpa a veces reprimidas por décadas, que afectan todas sus relaciones de por vida.
Lo primero, entonces, que tiene que hacer nuestra Iglesia es reparar a las víctimas. Escuchar, indemnizar, pagar tratamientos psicológicos, lo que haga falta, aun cuando sabemos que nada de eso será finalmente suficiente porque el daño suele ser irreparable. Los padres entregan a sus hijos muchas horas al día al cuidado de religiosos con la plena confianza que inspira un hombre de Dios. Por ello la Iglesia tiene una labor de vigilancia que no puede rehuir. Es verdad que pedófilos hay en todas partes, pero cuando usan una institución que los forma y los somete jerárquicamente, se crean mayores responsabilidades de prevención. Más aún, en este caso, cuando el ex Obispo tenía como encargo de la Conferencia Episcopal Peruana el trabajo, nada menos que, con los jóvenes.
Lo segundo, como hoy ordena la Iglesia, es denunciar los crímenes. Al margen de la sanción eclesiástica que viene de rigor, un pedófilo debe ser expuesto a la sociedad para advertir y alejar a sus potenciales víctimas y para que quienes ya lo fueron puedan encontrar verdad y justicia. Sorprende, pues, que tratándose de un caso tan grave como el que involucra a un Obispo la denuncia no exista y sea el Ministerio Público, al conocer los hechos, el que recién la inicie de oficio.
Lo tercero, no temer a la verdad. Si Cristo es la Verdad, ¿a qué se le teme? Nadie abandona su fe por los actos de un pecador por repugnantes que estos sean. Se abandona a la Iglesia cuando esta no se pone del lado del débil, de la víctima, del que nos clama auxilio. Se abandona a un Iglesia indiferente ante el dolor. Y esa no es nuestra Iglesia.
La nuestra es la que recuerda la única condena que Jesús hace a un pecador: “Al que escandalice a uno de estos pequeños, que cree en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar”.  ¿Se necesita más claridad?

Los extremos que se unen

 






Sabado, 14 de septiembre de 2013 | 9:20 pm 
 

21 años después de la captura de Abimael Guzmán existen aun crímenes por los que él y su cúpula no han respondido ante la justicia. Crímenes horrendos como la matanza de Soras que permitiría alargar la permanencia de los condenados cuyas sentencias están próximas a vencer y cuya excarcelación puede constituir un riesgo para la seguridad de la nación.
Es en este contexto y en el del aniversario de la ejemplar captura de Guzmán, que este viernes entrevisté al abogado Alfredo Crespo, ex convicto por terrorismo, dirigente del Movadef y, por si esto no bastara, abogado de Abimael Guzmán y su círculo íntimo.
El discurso de Crespo puede no tener mayores sorpresas para quienes seguimos sus andanzas. Sin embargo, lo que sí fue sorprendente es la exacta identidad que sus declaraciones tienen con las tesis del fujimorismo, las de algunos militares en retiro y las de la derecha más mercantilista y escasa de valores morales que existe en Lima, conocida hoy popularmente como la DBA. Juzguen ustedes.
Según Crespo, todo ha prescrito. Todas las violaciones graves a los derechos humanos, asesinatos, lesiones, violaciones, destrucción de propiedad pública y privada cometidas en las décadas de los ochenta y noventa prescribieron porque los crímenes de lesa humanidad no existen en el Perú. ¿Alguien dijo El Frontón?
Lo segundo es que la tesis de la autoría mediata tampoco existe en el Perú y que es un invento ilegal de los jueces, traído de fuera. Así, como nadie ha podido probar una orden verbal o escrita de Guzmán a sus huestes, entonces, él no puede ser imputado porque no ha matado a nadie. Tal cual lo leen. ¿Alguien dijo Fujimori y el Grupo Colina?
Lo tercero es que la Comisión de la Verdad, faltaba más, es la comisión de la mentira, que les imputa muchas más muertes de las reales y que los defensores de los derechos humanos son la “izquierda caviar” que trafica con cadáveres a cambio de millones de dólares de las ONG imperialistas ante una Corte Interamericana que, claro, también es imperialista. Salvo lo de “imperialistas”, digamos que ese es el discurso entusiasta de la DBA que cree que el único derecho que existe es el de propiedad. Crespo, al igual que sus pares en el discurso, no perdió oportunidad de difamar e insultar a Salomón Lerner Febres, lo que constituye un homenaje a su persona idéntico a los que suele recibir del otro extremo.
Lo cuarto es que lo que hubo en el Perú fue una guerra y no un conflicto armado interno. Y al ser una guerra y aplicarse las normas internacionales del derecho de guerra, Sendero Luminoso fue un una fuerza beligerante derrotada que tiene derecho a que se liberen a sus prisioneros de guerra o prisioneros políticos. Las tesis de la guerra, descartada desde los ochentas por el Estado Peruano porque daría un status jurídico inaceptable a Sendero es hoy entusiastamente defendida en las redes sociales por los que creen ilusamente que así se exculparían las graves violaciones de derechos humanos que también cometió el Estado, como dice la CVR, en algunos momentos y en algunos lugares.
Lo quinto es que habiendo prescrito todo porque no existen los crímenes de lesa humanidad, no habiendo autoría mediata, siendo los derechos humanos inexistentes y la CVR una farsa de la “caviarada”, se debe proceder a otorgar indultos o amnistía a todos los condenados.
Impunidad para todos. Ese el discurso de un grupo terrorista derrotado que quiso aprovechar las debilidades de una democracia frágil para destruirla en un baño de sangre. ¿Puede serlo el de cualquier persona que se diga ciudadano y que afirme creer en la democracia y el Estado de Derecho? ¿Puede el vencedor hacer suyo el discurso del vencido?

¿Y qué hacemos con la Constitución?

Domingo, 08 de septiembre de 2013 | 4:30 am 

 

“En la actualidad, los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos (incluso la propiedad de varios tipos de medios) lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y el de una información adecuada para la población”.
El párrafo citado pertenece al  famoso y descartado Plan de Gobierno de Ollanta Humala. En su página 57, dedicada a los medios de comunicación, anunciaba la elaboración de una “ley de comunicaciones audiovisuales” para que esta “establezca un reparto equitativo y plural” y constituya un mecanismo de “regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios”. Más claro a quién iba dirigido, ni el agua.
La advertencia, recordarán, generó una reacción inmediata de los medios y obligó al entonces candidato a realizar una ronda de conversaciones para calmar los naturales temores a una intervención política. El Plan de Gobierno fue, en los hechos, rechazado y sustituido por la Hoja de Ruta, que no dice una palabra al respecto.
Pero lo cierto es que el problema existe. La libertad de expresión es esencialmente una libertad política que sirve de contrapeso al poder político. Si el poder, en un Estado de derecho, no admite concentración, su contrapeso tampoco puede admitirlo. Así se entendió en la Constitución de 1979 y la de 1993 que tienen idéntico texto: “La prensa, la radio y la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa o indirectamente, por parte del Estado ni particulares”.
La Constitución de 1993 ni siquiera prohíbe el monopolio, sino el abuso de posición de dominio, salvo en una única excepción: la de los medios. Y noten que la Constitución no solo prohíbe el monopolio. Va más allá, utilizando la palabra “acaparamiento”. Así de grave es el asunto.
La televisión y la radio ya tienen regulación que establece límites al número de frecuencias y tamaño del mercado al que un grupo familiar puede acceder. Puede discutirse si esto es eficaz o no pero, por ahora, los límites están puestos. Sin embargo, no hay regulación del artículo constitucional en dos casos: prensa escrita y propiedad cruzada de medios (conglomerados de prensa, televisión, internet, radio).
En un mundo feliz, la mejor regulación es la que no existe para la prensa. ¿Es posible que la defensa de la diversidad informativa dentro de una misma corporación se realice con prácticas éticas de independencia editorial donde existan verdaderas murallas chinas entre empresas de un mismo propietario? Es posible. Yo misma soy testigo de que eso sucedió en algún momento. Lamentablemente el despido el 2011 de los periodistas independientes de América Televisión por orden directa de los directores de El Comercio dejó claro que ese mundo feliz dejó de existir.
Entonces, sobre una situación ya frágil, la compra, directa o indirecta, como dice la Constitución, del Grupo Epensa por parte del Grupo El Comercio va a obligar
irremediablemente a discutir en el Congreso un tema que estaba en el olvido. Ahí, con una mayoría simple se puede definir qué cosa es “acaparamiento” y las consecuencias serán imprevisibles. Los responsables se han puesto la soga al cuello solitos por no leer la Constitución y desconocer la historia de la humanidad. Ya deberían saber que nadie puede crecer tanto sin consecuencias y que la competencia, de muchos actores, es el único camino.
Lo peor es que a esa caldera parlamentaria de venganzas políticas llevarán, irresponsablemente, a toda la prensa peruana, solo por el apetito desbocado de unos pocos. Quedemos advertidos de nuestra actual fragilidad.