Tronó la voz de un pueblo harto: #todosalcongreso

Domingo, 21 de julio de 2013 | 4:30 am

  

Algo bueno debe sacarse siempre de los días difíciles. La hoy tristemente célebre repartija unió a un país en contra del abuso de un poder del Estado. Y nuestro desconcertado país, a estas horas, ha triunfado. Celebremos pues una victoria. Twitter, Facebook, formularios de peticiones por Google, todo sirvió para hacer ver al presidente Humala y a sus aliados de ocasión que este abuso le iba a costar políticamente muy caro. Todos los medios de comunicación no estatales, con diferentes ángulos y énfasis, recogieron esta crítica y la hicieron propia. Y si al principio fueron miles en la plaza San Martín, en días podrían haber sido millones, canalizando otros hartazgos contenidos.
Cuatro fuerzas en el Congreso –fujimorismo, Gana Perú, PP y PPC– creyeron que podían escoger magistrados del TC y Defensora propios, a su personal servicio, en este reparto a la bruta impuesto con los votos. No pudieron con la reacción imprevista de la calle que vio el negociado político desde el instante en que concluyó la votación.
La Constitución ordena establecer consensos al pedir altas votaciones para la elección de determinados funcionarios públicos. El consenso puede lograrse de muchas formas, y una de ellas es la de dar mayor capacidad de propuesta a los grupos más numerosos. Pero una cosa es capacidad de propuesta y otra muy diferente canjear cupos partidarios por personajes que no tendrán ninguna autonomía frente a los intereses particulares de Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo. Porque eso es lo que se ha estado jugando aquí. Ni siquiera intereses partidarios. Tanto es así que son estos mismos líderes los que han tenido que salir a salvar la cara en medio de la protesta.
¿Humala, Toledo, Flores unidos con el fujimorismo? ¿A cambio de qué? Es fácil imaginarlo. Humala, frenar toda acción de inconstitucionalidad contra sus leyes con sus tres votos, así como conseguir una acción de amparo para la postulación de su esposa. Toledo, utilizar el despliegue nacional de la Defensoría para hacer proselitismo. Fujimori, conseguir el hábeas corpus que abra la prisión del padre. ¿Y lo del PPC? Es francamente inexplicable y decepcionante.
El modelo constitucional de buscar consensos para el TC y la Defensoría está basado en buscar personas, que aún teniendo un pasado político estén más allá de los vaivenes de la coyuntura. Deben tener vida académica o experiencia profesional que acredite su solvencia jurídica y su independencia de criterio. Nada de eso se respetó. Se mezclaron corrección e incorrección, y en ese cambalache de “doy para que des” se quiso pasar por autónomo lo que no lo era.
Hay que añadir que el triunfo popular de este viernes no es de los partidos que se mantuvieron al margen. Si están cosechando algo, es el no haberse sancochado con el resto. La cuádruple alianza les regaló esta semana superioridad moral pero no por mucho tiempo. El desprestigio del Congreso y de la política asociada a la inmoralidad los afecta a todos. Bien sabemos que el cuoteo en el TC lo inventó el Apra, aunque con más discreción y salvando los requisitos básicos.
El lunes debe cerrarse este capítulo negro. Debe salvarse la elección del BCR que requiere una mayoría de 66 votos y que no estuvo en la discusión pública. Y tal vez, si hubiera alguna generosidad, votar los nombramientos, uno por uno (como debió hacerse) de Eguiguren, Sardón y Blume que, al fin y al cabo, reúnen todos los requisitos necesarios para ser magistrados. Para la Defensoría y el resto del TC se puede pensar en mejores candidatos en la próxima legislatura. Ojalá, esta vez, escuchen.

Simplemente, no va

Domingo, 07 de julio de 2013 | 4:30 am 


 

Las cosas no vienen bien para los Humala en el poder. En el plano económico, desconfianza empresarial en alza, enfriamiento del consumo interno, falta de gran inversión por obstáculos burocráticos y sociales, una –no tan dramática– caída de precios de metales así como el alza de algunos precios sensibles para el ama de casa. En el plano político, dos sectores con gran capacidad de movilización en la protesta callejera: servidores públicos y estudiantes universitarios. Una oposición en guerra con apristas batallando contra la megacomisión y fujimoristas vengando un indulto no concedido. A esto, añádase unos aliados hundidos en una denuncia de corrupción y unos ex aliados formando un frente, que no será hábil para ganar votos pero sí para agitar socialmente.
Era obvio que el tema de la postulación a la presidencia el 2016 de Nadine Heredia (o la “reelección conyugal” como astutamente la calificó Alan García) se estaba convirtiendo en el principal flanco de ataque y por tanto motivo de debilidad del régimen. Durante el último año el tema se mantuvo en debate por expreso deseo de la pareja presidencial, la que con su ambigüedad y medias tintas gozaba burlándose de quienes les requerían por respuestas. Hace pocos meses, en la desastrosa entrevista, para Ollanta Humala, que dio a Nicolás Lúcar y David Rivera, su respuesta sobre este tema fue “que sufran”. Igual que en la ambigüedad de Repsol, la arrogancia lo ganó. Quienes han terminado sufriendo son él y su gobierno.
“Ni un minuto antes ni un minuto después”, frase favorita de Humala para crear lo que él cree es un suspenso dramático que le permite un alarde de poder, ha resultado una evidencia de su pésimo sentido de la oportunidad para tomar decisiones. Llegó tarde en lo de Repsol, llegó tarde con lo del indulto a Fujimori y, este viernes, llegó tarde con la postulación de Nadine.
Estas tardanzas no son gratuitas. Causan daño. Las consecuencias en política económica están a la vista. La creciente desconfianza en un régimen que aspira, inmoral e ilegalmente, a perpetuarse en el poder genera retracción de inversiones, depreciación de papeles peruanos, desaceleración del consumo interno y, por consecuencia, caídas en bolsa que afectan fondos de inversión de miles de peruanos.
Aposté que Nadine Heredia no postularía. No porque no fuera ambiciosa políticamente, que lo es, sino porque siempre he creído que primaría su inteligencia y lealtad con su esposo. En un primer momento pudo haberle convenido regodearse en su alta popularidad y explotar su habilidad en comunicación popular para apostar por la ambigüedad. Creía yo que de esa forma alineaba lealtades internas que empezaban a dispersarse. Sin embargo, la estrategia, en manos de apristas y fujimoristas, resultó un boomerang con el paso de los meses. Ollanta Humala y su esposa no han hecho sino caer en aceptación popular porque el pueblo está escaldado con las reelecciones desde Fujimori y porque el tema ha copado todo debate y toda capacidad de propuesta en cualquier otro aspecto de las poquísimas reformas serias de este gobierno.
Hoy, aislados de otros grupos políticos, agrediendo a la prensa, con un partido cascarón conformado casi solo por un conjunto reducido de congresistas (algunos más interesados en sobar que en aportar), su salvación está en un grupo de buenos tecnócratas. ¿Sobre qué base social podría tener éxito una futura candidatura de Heredia?
Toledo, a pesar del salvavidas king-size que le acaba de arrojar Maimann, su amigo y ahora empleador, seguirá en problemas. Alan García, demostrando terror de ser investigado, está arruinando sus posibilidades presidenciales. Keiko tiene que cargar la pesada mochila del padre preso. Nadine no postula, y bien por ello. ¿Quién jugará en el 2016?

El Gobierno de Humala a los Dos Años

Domingo, 21 de julio de 2013 | 4:30 am 



 

¿Cómo evaluar los primeros dos años de la presidencia de Ollanta Humala? Hay que empezar con un poco de perspectiva. Durante la campaña de 2011, varios comentaristas de los medios más influyentes del país nos dijeron que un gobierno de Humala sería chavista o velasquista. Bajo Humala, nos aseguraron, el Perú caería en dictadura y la economía se volvería estatista.
Se equivocaron. Según varios índices internacionales, el Perú ha cambiado poco en los últimos dos años. Por ejemplo, la ONG estadounidense Freedom House califica a los países en términos de derechos políticos y libertades civiles (1 es el más libre; 7 el más autoritario). En 2010 y 2011, el Perú recibió una calificación de 2,5 (2 por derechos políticos; 3 por libertades civiles). En 2013, la calificación fue igual. Según Freedom House, el Perú sigue siendo “libre.” En términos del régimen político, entonces, el Perú no ha cambiado bajo Humala.
En términos del modelo económico, la Fundación Heritage, una ONG estadounidense de derecha, publica un índice anual de “libertad económica”, que califica a los países de 0 (estatista) a 100 (libre mercado). En 2010, el último año completo de García, Perú recibió una calificación general de 67,7. En 2013, su calificación fue 68,2. En términos más específicos, la calificación peruana por “libertad para la inversión” se mantuvo en 70,0 entre 2010 y 2013, mientras su calificación por “libertad empresarial” subió de 65,8 a 72,3. En otras palabras, según la Fundación Heritage, una institución pro mercado, la economía peruana se volvió ligeramente más libre bajo Humala.
¿Y la corrupción? Transparencia Internacional publica un índice anual de “percepciones de corrupción,” que califica a los países de 0 (más corrupto) a 100 (menos corrupto). Entre 2010 y 2012 (el último informe publicado), la calificación del Perú mejoró ligeramente, de 35 a 38.
Contra los pronósticos histéricos de algunos comentaristas, entonces, el Perú cambió muy poco durante los primeros dos años del gobierno de Humala. Para bien o mal, los niveles de democracia, capitalismo, y corrupción se mantienen más o menos iguales.
Bajando al terreno político, el rendimiento del gobierno ha sido, hasta ahora, regular. Según los estándares peruanos, una aprobación presidencial de 35-40% no está mal. Perú es un país difícil de gobernar. El Estado peruano es muy débil. Nunca ha sido capaz de brindar servicios públicos –seguridad, educación, salud– de calidad. Cuando el Estado no funciona bien, todos los gobiernos terminan gobernando mal. El desgaste es casi inevitable. Desde 1997, ningún presidente peruano ha podido mantener una aprobación superior a 50%. Al cumplir dos años de su segunda presidencia, García estaba en 26%. Toledo estaba peor. Para un presidente novato y sin equipo, cumplir el segundo año cerca de 40% no está nada mal.
Sin embargo, hay razones para preocuparse. La situación económica se empeora (gracias a condiciones internacionales, no al caso Repsol), algo que, junto con el inevitable desgaste, debilitaría más al gobierno. Si la aprobación de Humala baja a los niveles de García, podría haber una crisis de gobernabilidad. García pudo gobernar con 25% de aprobación porque era un político experimentado, tenía un partido disciplinado que lo defendía bien, mantenía alianzas informales con otras fuerzas importantes (fujimorismo, Castañeda Lossio), y gozaba del fuerte apoyo del establishment conservador.
Humala no tiene estas cosas. Políticamente, está cada vez más aislado. La derecha no lo quiere, y el APRA y gran parte del fujimorismo están en pie de guerra. Por otro lado, la coalición construida por Humala en 2011 se ha disuelto. La izquierda está en oposición y Perú Posible está en crisis. Además, las relaciones entre el gobierno y el ala moderada del establishment –Álvarez Rodrich, Tafur, Palacios, Vargas Llosa– se han deteriorado. Humala cumple dos años, entonces, con pocos aliados políticos. Tiene aliados militares, pero los militares no sirven de mucho en democracia.
Aunque Humala no parezca reconocerlo, el aislamiento político tiene costos. El gobierno carece de figuras de peso capaces de defender sus políticas en público (en el Congreso o en los medios), de influir en la opinión pública, o de ganarle a Mauricio Mulder o a Rosa María Palacios en un debate. Tampoco tiene gente con capacidad política para negociar con los empresarios, con los sindicalistas y los movimientos sociales que protestan, o con el propio MEF. Los militares y los servicios de inteligencia ayudan muy poco en estas tareas.
Si Humala sigue aislándose políticamente, el mejor escenario sería un gobierno mediocre, sin demasiados logros, que llegará cojeando hasta 2016.
El peor escenario sería un destino parecido al de Lucio Gutiérrez en Ecuador. Como Humala, Gutiérrez fue un rebelde militar convertido en candidato populista. Ganó la presidencia en alianza con la izquierda y grupos indígenas. Una vez instalado en el poder, hizo un giro a la derecha y rompió con sus aliados originales. Forjó una alianza con la derecha, pero la alianza no duró. Quedó aislado, y terminó derrocado por una ola de protesta.
No estoy diciendo que Humala va a terminar como Gutiérrez; solo que el aislamiento político es peligroso y que es mejor evitarlo. Reconozco que construir coaliciones es difícil en el Perú, porque casi no hay partidos con los que negociar. Pero Humala podría buscar figuras con más peso, experiencia y representatividad política. Tendría que ofrecerles no solo puestos y responsabilidades sino espacio para trabajar, porque nadie de valor quiere un puesto sin poder real. En otras palabras, tendría que delegar.
No sería fácil. Para delegar, hay que confiar, y Humala desconfía mucho. Pero la desconfianza resta, y no suma, aliados. Y Humala necesita aliados. Un presidente novato necesita ministros fuertes, no débiles.
En una entrevista la semana pasada, Milagros Leiva me preguntó si el Presidente quiere ser el Llanero Solitario (yo, tonto, no sabía qué cosa era el Llanero Solitario). No creo. El Llanero Solitario solo existe en las películas y las dictaduras. En democracia, nadie puede gobernar solo. Los Llaneros Solitarios terminan aislados.  Y tarde o temprano, los gobiernos aislados terminan mal.

En Defensa del Frente Amplio

Domingo, 07 de julio de 2013 | 4:30 am 

 

La formación del Frente Amplio de izquierda (FA) ha generado más escepticismo que entusiasmo. Después de casi 25 años de fracaso e irrelevancia electoral, otro relanzamiento de la izquierda parece una película ya vista varias veces.
De hecho, el FA nació débil. La idea de la unidad como solución es un mito. Juntar seis partidos chiquititos no garantiza más que un frente chico. Ningún miembro del FA tiene más de 1% del voto. Unidos, no representan más de 4 o 5%.
En comparación con otras nuevas fuerzas de izquierda en América Latina, como el Frente Amplio uruguayo, el PT brasileño, el FMLN salvadoreño, y el PRD mexicano, el FA carece de dos cosas importantes. La primera es una base social. Los demás partidos tenían vínculos a organizaciones sociales fuertes (sindicatos, la iglesia progresista, movimientos sociales) que les permitieron construir una sólida base popular. El FA peruano no los tiene. Los sindicatos son muy débiles, y aunque el FA tiene vínculos a movimientos de protesta en algunas provincias, son muy localizados. De hecho, los aliados sociales del FA son poco representativos de los sectores populares en el Perú actual.
Segunda, el FA carece de líderes con capacidad electoral. Guste o no, en una democracia presidencialista (y sobre todo una sin partidos como la peruana), los buenos candidatos son imprescindibles. Todas las nuevas izquierdas exitosas en América Latina tenían candidatos nacionales con amplio apoyo popular (Lula en Brasil, Cárdenas y López Obrador en México, Vásquez en Uruguay). El FA peruano no tiene una figura ni remotamente parecida.
Además de estas deficiencias, el FA enfrenta otro desafío que no existe en los demás países: un poderoso antizquierdismo, sobre todo en Lima. Gracias a la violencia senderista, parte de la sociedad peruana tiene una fuerte alergia a los símbolos, discurso, y prácticas (incluyendo la protesta) de la izquierda tradicional.
En una sociedad sin demasiada simpatía hacia la izquierda, y sin candidatos viables o mucha presencia en los sectores populares, las perspectivas del FA no son muy buenas.
Pero me parece un esfuerzo valioso. Primero, en un país (casi) sin partidos, donde el hiperindividualismo político está haciendo daño a la democracia, cualquier esfuerzo para construir un proyecto partidario–y no solo una carrera personal– debe ser aplaudido.
Segundo, una izquierda sana haría bien a la democracia. Donde existe una izquierda sólida, no hay populismo. El electorado percibe diferencias reales entre los partidos, lo cual aumenta la legitimidad del sistema. Hoy, la oferta electoral para 2016–Alan, Keiko, PPK– solo ofrece distintos sabores de derecha. Una izquierda viable generaría más debate programático y serviría como contrapeso a la derecha, cosas que me parecen sanas.
Aunque nació débil, el FA no está condenado al fracaso. Primero, hay espacio electoral. Según una encuesta de GfK, 10% del electorado se identifica como izquierdista. Un porcentaje mayor–hasta un tercio– quiere cambios radicales en la política económica. Estos últimos eran votos humalistas, pero habrá nacionalistas descontentos en 2016, y muchos estarán disponibles. Por otro lado, el colapso del toledismo dejaría un espacio vacío en el centro democrático.
Segundo, algunas de las deficiencias del FA no son tan destructivas como se cree. Por ejemplo, el FA es, sin duda, muy heterogéneo: contiene marxistas y socialdemócratas; antimineros y extractivistas; defensores y críticos de los regímenes en Cuba y Venezuela. Pero había semejante diversidad ideológica en el PRD, el PT, el FMLN, y el FA uruguayo. Las diferencias internas son un desafío –se necesitan mecanismos para contenerlas– pero no tienen que ser fatales.
Tampoco sería fatal si inicialmente, el FA se posicionara demasiado a la izquierda. Es cierto que ideas como la “recuperación del socialismo” (Marco Arana, demostrando en una entrevista en El Comercio que no está listo para las grandes ligas) son una receta para la derrota electoral. Pero perder las primeras elecciones no es la peor cosa del mundo. Y puede tener ciertas ventajas. Según el politólogo Noam Lupu, para crear identidades partidarias fuertes, los nuevos partidos deberían diferenciarse de los demás, estableciendo un perfil claro y consistente. Correr a la izquierda y perder, después convertirse en una oposición seria, ayudaría a consolidar una marca partidaria, como ocurrió en Brasil, El Salvador, México y Uruguay en los años noventa.
Eventualmente, el FA tendrá que escoger entre ser un partido testimonial, fiel a sus principios pero irrelevante en términos electorales, y ser un partido capaz de ganar elecciones. El primer camino ya es muy conocido por la izquierda peruana. Para seguir el segundo camino, el FA tendría que encontrar un candidato viable (que probablemente no esté entre sus filas), construir un perfil mucho más amplio (que apela a la nueva clase media, que no parece muy atraída por el perfil tradicional de la izquierda), y, probablemente, moderarse. En otras palabras, la izquierda tendría que recurrir a un camino parecido al del humalismo en 2011 (una experiencia que pocos en la izquierda quieren repetir).
Pero existe un camino intermedio entre el partido testimonial y la “gran transformación” que sufrió Humala en 2011. El FA puede buscar establecerse, por ahora, como un partido de oposición serio. Podría mantener un perfil más izquierdista en 2016, apuntando al 10% del electorado que tiene una orientación izquierdista (No sería fácil. La izquierda no supera 2% del voto desde 1990. Necesitaría un candidato mucho mejor que los que tiene hoy.) Un rendimiento electoral de 8-10% no ganaría la presidencia, pero sí permitiría la elección de algunas caras nuevas al Congreso. Si los nuevos congresistas hicieran una oposición creativa, capaz y honesta, ayudaría a establecer al FA, poco a poco, como un partido de oposición serio.
Probablemente habría otra derrota en 2021. Pero una década en la oposición, como una fuerza legislativa seria, haría posible la formación de una identidad partidaria, el surgimiento de una nueva generación de líderes (algo imprescindible para la izquierda), y la acumulación de experiencia y, quizás, credibilidad.
En 2026, tal vez el FA estaría en condiciones de competir con Alan, que solo tendría 77 años.

La verdadera inclusión social

 

Domingo, 23 de junio de 2013 | 4:30 am
 

La “inclusión social” fue el eje de la campaña electoral de Ollanta Humala. Al abandonar la Gran Transformación, una promesa de mayor inclusión social le permitió mantener cierto perfil centroizquierdista sin chocar con la ortodoxia económica que reinaba en Lima. Hoy en día, muchos peruanos dirían que es una frase vacía de contenido. Pero en otros países latinoamericanos, se están dando pasos importantes hacia la inclusión social: varios gobiernos en la región están extendiendo la protección social a sectores –sobre todo, los informales– tradicionalmente excluidos.
Históricamente, los sistemas de protección social en América Latina han sido excluyentes. Las políticas sociales más importantes, como las pensiones, seguro médico, y salario mínimo, beneficiaban a un grupo minoritario: los asalariados del sector formal urbano (los que la politóloga Candelaria Garay llama los “insiders”). Los trabajadores informales, desempleados, y rurales–los “outsiders”– se quedaban sin protección social. En muchos países, la clase obrera sindicalizada gozaba de pensiones, seguro médico y otras protecciones sociales generosas, pero los “outsiders,” que representaban entre 40% y 60% de la población, estaban excluidos. Sin alternativas, muchos buscaban la protección a través del clientelismo.
Pero en los últimos años, varios gobiernos latinoamericanos –muchos, aunque no todos, de izquierda–han reformado sus políticas sociales para hacerlas más inclusivas. Las reformas se basan en dos principios del “universalismo básico:” (1) que todo ciudadano debe tener acceso a la protección social; y (2) que las políticas sociales deben ser transparentes y no politizadas o utilizadas para fines clientelistas. En otras palabras, el Estado debe garantizar cierta protección social (seguro médico, pensión, ingreso mínimo para familias con hijos) a todos los ciudadanos, y sin clientelismo u otro tipo de presión política.
Hasta hace poco, el universalismo básico casi no existía en América Latina. Pero está llegando. Según Garay, la nueva inclusión social se ve en tres áreas:
Pensiones. Hace 20 años en Argentina, Brasil, y Chile, pocos “outsiders” tenían una pensión mínima. Hoy la tienen casi todos. En Chile, el gobierno de Bachelet creó una pensión mínima de US$ 150 que beneficia a todos menos a la gente de altos ingresos. En Argentina, una expansión del sistema de pensiones que acompañó la renacionalización de 2008 aumentó el porcentaje de “outsiders” mayores de edad con pensiones de 10% a 97%. Y en Brasil, el porcentaje de “outsiders” mayores de edad con pensiones ha aumentado de 32% en 1980 a 79% en 2009.
Salud. La inclusión social también llega a la salud pública. En Brasil, donde la Constitución establece la atención médica como un derecho ciudadano, el Sistema Único de Salud (SUS), creado en 1990, ha mejorado el acceso sanitario de una manera dramática. Mientras en 1988 el 50% de los brasileños no tenían acceso a la asistencia médica, hoy unos 145 millones de personas –75% de la población– acceden al SUS (los demás tienen seguro privado). En México, Seguro Popular (creado en 2003) ofrece seguro médico a más de 52 millones de personas que no lo tenían antes. En 2012, México se convirtió en uno de los pocos países de ingreso medio con cobertura médica universal. En Chile, el gobierno de Ricardo Lagos lanzó el Plan Auge, que establece 69 enfermedades para las cuales el gobierno garantiza atención médica –rápida y de alta calidad– a todos.
La inclusión sanitaria no es barata. En Brasil, se duplicó el gasto público en salud entre 2003 y 2011. En México, el gasto sanitario aumentó de 4,4% del PBI en 1990 a 6,3% del PBI en 2010. En Chile, ha aumentado de 2% del PBI a 3,5% del PBI. Pero gracias al crecimiento económico de la última década, los recursos existen.
Ingresos familiares. Varios gobiernos latinoamericanos garantizan, por primera vez, un ingreso mínimo para las familias con hijos. Se hace a través de programas de “transferencias condicionadas,” por los cuales las familias de bajos ingresos reciben un subsidio mensual si mandan a sus hijos al colegio y al médico. En Brasil, la Bolsa Familia provee un ingreso mínimo a 12.5 millones de familias. Llega –sin clientelismo– a más de 70% de los niños de bajos ingresos. En Argentina, la Asignación Universal por Hijo, creada por Cristina Kirchner, ofrece un pago mensual, por hijo, a toda familia de bajo ingreso. El programa alcanza a 3.5 millones de niños, y a diferencia de otros programas sociales argentinos, es transparente y no clientelista. En México, el programa Oportunidades ofrece un subsidio mensual a 5.5 millones de familias de bajo ingreso. Y en Uruguay, el Plan de Equidad, creado por el Frente Amplio, provee un subsidio mensual a toda familia de bajo ingreso. Beneficia a 50% de los niños uruguayos.
En términos de inclusión social, el Perú no avanza como sus vecinos. Antes de 2011, hubo poco esfuerzo para extender la protección social a los “outsiders.” El gobierno de Toledo creó Juntos, un programa de transferencia condicionada, pero su alcance era mucho menor que los de semejantes programas en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Brasil, y México.
El gobierno de Humala, a través de MIDIS, ha invertido más en la protección social. Pero comparadas con otros gobiernos latinoamericanos, estas medidas han sido muy limitadas. Pensión 65 solo llegó a 168.000 beneficiarios en 2012. Juntos benefició a 723.000 personas. En comparación, el programa Bono Juancito Pinto/Juana Azurduy en Bolivia tiene casi cuatro veces más beneficiarios, y Familias en Acción en Colombia tiene casi seis veces más beneficiarios. Queda mucho, entonces, por hacer.
La izquierda peruana atraviesa más de 20 años en el desierto, alejada del voto popular. Quizás un programa centrado en el universalismo básico, que propone extender la protección social a los “outsiders” a través de políticas públicas transparentes, sería útil para las izquierdas que buscan volver a ser relevantes.
Nota aparte: el sorteo para el servicio militar propuesto por el gobierno choca fuertemente con los principios de la inclusión social. Permitir que se evite el servicio militar con el pago de casi 2.000 soles discrimina de una manera brutal contra la gente de bajos ingresos. Parece algo del siglo XIX.