Publicado: 2013-08-27
Recuerdo como si fuera hoy la mañana en que Salomón Lerner Febres presentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Dijo: “Le toca al Perú confrontar un tiempo de vergüenza nacional. Con anterioridad, nuestra historia ha registrado más de un trance difícil, penoso, de postración o deterioro social. Pero, con seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza y la deshonra como el que estamos obligados a relatar”. Tenía razón. Le tocó el difícil trabajo de presentar al país y al mundo el resultado de una larga investigación, que recogió el testimonio de miles de peruanos, que mostró la crueldad y el desprecio por la vida a la que pudimos llegar en el Perú. Más de 70 000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, de torturados, miles de mujeres violadas. Esta sin duda es la etapa más dolorosa de nuestra historia como nación independiente. Y algunos, irresponsablemente, quieren cubrirla con una alfombra de olvido e impunidad. No lo podemos permitir.
Construir una democracia sólida, con instituciones que generen confianza y donde nos reconozcamos como ciudadanos con igual valor, supone ser conscientes de nuestra historia, de los procesos políticos, sociales y culturales por los que tuvimos que pasar para ser quienes somos. Eso incluye mirar este penoso episodio de nuestro pasado reciente, asumirlo, tratar de entenderlo – con lo difícil que es entender la muerte y el dolor, peor aún en esta magnitud – sabernos capaces de tan maña atrocidad. Y aprender. Un pueblo con memoria, con historia compartida, es un pueblo que aprende, que se sobrepone, que se prepara para un futuro mejor. En cambio una sociedad sometida al olvido y a la impunidad, está condenada a cometer los mismos errores.
El conflicto armado interno – sí, fue un conflicto armado aunque algunos lo quieran negar – fue de los más violentos que se reportan en nuestra región. Fue un conflicto donde se aplicaron prácticas terroristas, que atentaron contra la vida e integridad de miles de peruanos y peruanas. Particularmente los que menos poder tenían, que eran “abrumadoramente quechua hablantes y ashánincas ” (1).
Sendero Luminoso, grupo violento, asesino, discriminador, fanático, llenó de sangre y dolor el país. Fue capaz de dinamitar a una mujer valiente como María Elena Moyano, que se atrevió a alzar la voz y decir que lo que hacía el PCP-SL no era revolución, sino terrorismo; la mataron porque se negó a vivir en un mundo de miedo. Fueron capaces de matar a comunidades enteras por negarse a ser soldados de una guerra sangrienta, y utilizaron a niños a quienes enseñaron a matar. Agredieron y asesinaron a cientos de dirigentes sociales y autoridades locales, entre regidores y alcaldes, muchos de ellos de las filas de la Izquierda, porque no estaban de acuerdo con la manera en que este grupo pretendía transformar el Perú. Atacaron a la clase a la que decían defender.
Y el Estado Peruano, en lugar de hacer frente a esta locura en el marco de nuestra incipiente democracia, le dio la espalda a miles de ciudadanos, aplicó terrorismo de Estado, permitió que en lugares del país, como Ayacucho, las fuerzas del orden aplicaran una práctica sistemática y generalizada de violación a los derechos humanos. Campesinos torturados, desaparecidos, asesinados. Comunidades enteras asesinadas porque se sospechaba que alguno de sus miembros era senderista, incluyendo el asesinato de niños. Se crearon grupos paramilitares como Rodrigo Franco y Colina, que actuaron impunemente con el soporte del Estado Peruano. Secuestraron, torturaron y asesinaron estudiantes y profesores como los de la Cantuta acusándolos de senderistas, acusación que se ha probado era falsa. Asesinaron a dirigentes sindicales que les resultaban incómodos como Saúl Cantoral y Pedro Huilca. Aplicaron una cultura del miedo y la represión a quienes se atrevieran a cuestionar las políticas de los gobiernos de turno y las violaciones de derechos humanos.
Nunca más.
No podemos permitir que vuelva a pasar. Nunca más. Y porque creemos en la vida, porque creemos que podemos ser una sociedad con un proyecto compartido, donde quepamos todos, necesitamos compartir nuestra Memoria. Necesitamos justicia. Reparación. No olvido. No impunidad.
Quienes en estos días, que se cumplen 10 años de la entrega del informe de la Comisión de La Verdad y Reconciliación, se atreven a pedir amnistía para el reo Abimael Guzmán o pedir que el reo Fujimori sea indultado injustificadamente o que se vaya a su casa nos insultan. Insultan nuestro dolor. Nuestra capacidad para recordar lo que vivimos. Los que violaron los derechos humanos deben cumplir sus condenas, en eso consiste la Justicia.
Los familiares de quienes sufrieron en carne propia el terror y la violencia de este conflicto armado merecen que el país exija justicia. Merecen que no olvidemos que aún hay miles de desaparecidos, que no pueden descansar en paz, porque aún hay fosas por exhumar y poco apoyo del Estado para esta dura labor. Merecen que el Estado los repare por su pérdida.
Lo merecen, no sólo por lo que les tocó vivir. Lo merecen porque su fuerza, su coraje, su incansable lucha por justicia nos ha permitido a todos como sociedad avanzar en la lucha contra la impunidad. A ellos y a ellas les debemos mucho. A ellos y a ellas nuestro homenaje y compromiso siempre. (1)Carlos Iván Degregori al recibir el premio de derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Construir una democracia sólida, con instituciones que generen confianza y donde nos reconozcamos como ciudadanos con igual valor, supone ser conscientes de nuestra historia, de los procesos políticos, sociales y culturales por los que tuvimos que pasar para ser quienes somos. Eso incluye mirar este penoso episodio de nuestro pasado reciente, asumirlo, tratar de entenderlo – con lo difícil que es entender la muerte y el dolor, peor aún en esta magnitud – sabernos capaces de tan maña atrocidad. Y aprender. Un pueblo con memoria, con historia compartida, es un pueblo que aprende, que se sobrepone, que se prepara para un futuro mejor. En cambio una sociedad sometida al olvido y a la impunidad, está condenada a cometer los mismos errores.
El conflicto armado interno – sí, fue un conflicto armado aunque algunos lo quieran negar – fue de los más violentos que se reportan en nuestra región. Fue un conflicto donde se aplicaron prácticas terroristas, que atentaron contra la vida e integridad de miles de peruanos y peruanas. Particularmente los que menos poder tenían, que eran “abrumadoramente quechua hablantes y ashánincas ” (1).
Sendero Luminoso, grupo violento, asesino, discriminador, fanático, llenó de sangre y dolor el país. Fue capaz de dinamitar a una mujer valiente como María Elena Moyano, que se atrevió a alzar la voz y decir que lo que hacía el PCP-SL no era revolución, sino terrorismo; la mataron porque se negó a vivir en un mundo de miedo. Fueron capaces de matar a comunidades enteras por negarse a ser soldados de una guerra sangrienta, y utilizaron a niños a quienes enseñaron a matar. Agredieron y asesinaron a cientos de dirigentes sociales y autoridades locales, entre regidores y alcaldes, muchos de ellos de las filas de la Izquierda, porque no estaban de acuerdo con la manera en que este grupo pretendía transformar el Perú. Atacaron a la clase a la que decían defender.
Y el Estado Peruano, en lugar de hacer frente a esta locura en el marco de nuestra incipiente democracia, le dio la espalda a miles de ciudadanos, aplicó terrorismo de Estado, permitió que en lugares del país, como Ayacucho, las fuerzas del orden aplicaran una práctica sistemática y generalizada de violación a los derechos humanos. Campesinos torturados, desaparecidos, asesinados. Comunidades enteras asesinadas porque se sospechaba que alguno de sus miembros era senderista, incluyendo el asesinato de niños. Se crearon grupos paramilitares como Rodrigo Franco y Colina, que actuaron impunemente con el soporte del Estado Peruano. Secuestraron, torturaron y asesinaron estudiantes y profesores como los de la Cantuta acusándolos de senderistas, acusación que se ha probado era falsa. Asesinaron a dirigentes sindicales que les resultaban incómodos como Saúl Cantoral y Pedro Huilca. Aplicaron una cultura del miedo y la represión a quienes se atrevieran a cuestionar las políticas de los gobiernos de turno y las violaciones de derechos humanos.
Nunca más.
No podemos permitir que vuelva a pasar. Nunca más. Y porque creemos en la vida, porque creemos que podemos ser una sociedad con un proyecto compartido, donde quepamos todos, necesitamos compartir nuestra Memoria. Necesitamos justicia. Reparación. No olvido. No impunidad.
Quienes en estos días, que se cumplen 10 años de la entrega del informe de la Comisión de La Verdad y Reconciliación, se atreven a pedir amnistía para el reo Abimael Guzmán o pedir que el reo Fujimori sea indultado injustificadamente o que se vaya a su casa nos insultan. Insultan nuestro dolor. Nuestra capacidad para recordar lo que vivimos. Los que violaron los derechos humanos deben cumplir sus condenas, en eso consiste la Justicia.
Los familiares de quienes sufrieron en carne propia el terror y la violencia de este conflicto armado merecen que el país exija justicia. Merecen que no olvidemos que aún hay miles de desaparecidos, que no pueden descansar en paz, porque aún hay fosas por exhumar y poco apoyo del Estado para esta dura labor. Merecen que el Estado los repare por su pérdida.
Lo merecen, no sólo por lo que les tocó vivir. Lo merecen porque su fuerza, su coraje, su incansable lucha por justicia nos ha permitido a todos como sociedad avanzar en la lucha contra la impunidad. A ellos y a ellas les debemos mucho. A ellos y a ellas nuestro homenaje y compromiso siempre. (1)Carlos Iván Degregori al recibir el premio de derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
