Simpatía por el Tránsfuga

Domingo, 18 de agosto de 2013 | 4:30 am 


 

La última ola de transfuguismo –la fuga de varios congresistas de la Alianza por el Gran Cambio y Perú Posible– ha generado mucha indignación.  Han surgido, de nuevo, propuestas para legislar el fin del transfuguismo, castigando –hasta con la vacancia– a los que dejan sus bancadas.
No creo que funcione. No se puede legislar la existencia de partidos sólidos. Una ley antitránsfuga funcionaría como la prohibición del divorcio.  Habría lealtades artificiales y transfuguismo encubierto: congresistas sentándose formalmente con sus bancadas originales mientras en realidad andan con otras.  No cambiarían de bancada pero sí de discurso y voto.  (¿O acaso van a obligar a los congresistas a votar con su bancada?)
El transfuguismo es feo.  Mina la calidad de la representación legislativa.  Pero ya no es algo excepcional (ni necesariamente corrupto), como lo fue cuando Montesinos compró 18 congresistas.  Se ha vuelto una práctica generalizada en el Perú.
El transfuguismo es mucho más común de lo que se piensa.  La gran mayoría de los políticos peruanos han cambiado de partido por lo menos una vez, y muchos han cambiado dos, tres, o cuatro veces.  La salida de Enrique Wong de la bancada de PPK no es algo novedoso –es la sexta vez que ha cambiado de partido.  El presidente regional de Tacna, Tito Chocano, ha cambiado de partido cinco veces.  El campeón nacional del transfuguismo es Máximo San Román: ha sido candidato de Cambio 90 (1990), Obras (1995), UPP (2000), Solidaridad Nacional (2001), Restauración Nacional (2006), Movimiento Pachakutik (2006), Partido Alternativa Nacional (2010) y Alianza por el Gran Cambio (2011), 8 elecciones, 8 partidos.
San Román es un caso extremo, pero no es excepcional.  De los 43 alcaldes distritales en Lima, 31 han pertenecido a por los menos dos partidos, y casi la mitad han pertenecido a tres o más partidos. El alcalde de Lurigancho-Chosica, Luis Bueno, ha sido electo con AP, Somos Perú, Unidad Nacional y Cambio Radical.  El ex alcalde de Villa El Salvador Michel Azcueta ganó su fama como militante de Izquierda Unida, pero luego fue candidato por Somos Perú, Perú Posible, Confianza Perú, y APP.  Su ex compañero Jaime Zea saltó con él de IU a Somos Perú, pero luego pasó a UN y a Restauración Nacional. Hoy “milita” en el PPC.
En realidad, los tránsfugas no son militantes de los partidos que dejan.  Cinco de los seis congresistas que fugaron de PP entre 2011 y 2013 fueron invitados o recién afiliados. ¿Wuilian Monterola acaso traicionó a Perú Posible?  Se afilió en 2011.  En las elecciones anteriores, fue candidato del fujimorismo.  
El transfuguismo se ha convertido en una regla básica de la política peruana.  Fuera del APRA, la vieja guardia fujimorista, y un grupito de pepecistas, todos los políticos lo hacen.  Y lo hacen porque es la única manera de mantener una carrera política en una democracia sin partidos.  En otras palabras, el transfuguismo es una estrategia de sobrevivencia ante el colapso de los partidos.
Todos los políticos son ambiciosos, en el sentido de que buscan, sobre todo, ganar elecciones y mantenerse en el poder.  Son así no solo en el Perú sino también en Canadá, Estados Unidos y Suecia.  La diferencia es que los políticos gringos y suecos saben que pueden sostener una carrera dentro de un solo partido.  Saben que la marca partidaria tiene un valor que se mantendrá a través del tiempo.  El Partido Republicano gringo y el Partido Social Democrático sueco no van a desaparecer o caer de 40 a 2 congresistas en una sola elección.   Si sé que mi partido seguirá siendo una “locomotora” efectiva, no tengo que pensar en el transfuguismo. De hecho, la lealtad partidaria me conviene.
Los políticos peruanos no tienen ese lujo porque sus partidos no duran. La mayoría son listas personalistas que duran mientras su líder sea un candidato viable y luego desaparecen o se convierten en partidos marginales.  La vida efectiva de los partidos peruanos es muy corta.  ¿Cuánto duró la vida efectiva del FIM,  la UPP o Somos Perú?  ¿Por cuántos años más durarán Perú Posible, Solidaridad Nacional y Alianza Para el Progreso?
En un contexto así, donde los partidos surgen y caen con frecuencia, los políticos que quieren sostener una carrera no tienen alternativa que saltar con la misma frecuencia, dejando los partidos en caída para los que están en ascenso.
El transfuguismo, entonces, sigue una lógica clara. Para ser electos (objetivo que, vale la pena repetirlo, no es peruano sino universal), los políticos peruanos necesitan una locomotora, una lista encabezada por un candidato viable.  Cuando esa locomotora deja de ser viable, los políticos tienen que buscar alternativas.  Perú Posible sufrió una ola de transfuguismo entre 2001 y 2006 porque todo el mundo sabía que no iba a ser viable en 2006.  La UPP sufrió una fuga de congresistas entre 2006 y 2011 porque, al romper con Humala, perdió su locomotora. Ahora PP y el PPC sufren deserciones porque sus locomotoras se malograron (PP) o decidieron quedarse en la estación (PPC).  (El fujimorismo, en contraste, no sufre transfuguismo porque su locomotora lidera las encuestas.)
El problema de fondo, entonces, no son los tránsfugas sino la inexistencia de partidos.  Donde los partidos colapsan cada 5 o 10 años, la vida política se convierte en una búsqueda permanente de la próxima locomotora. Los políticos criollos no son más ambiciosos, traicioneros o vagos que los políticos suecos.  Pero como no tienen partidos estables, tienen que convertirse en tránsfugas para lograr el mismo objetivo que los suecos: una carrera política exitosa.
Guste o no, el transfuguismo es el “nuevo normal” en el Perú.  No hay ley que lo elimine. No se puede legislar la lealtad partidaria donde no hay partidos.  Y como los partidos son difíciles de construir, es probable que el transfuguismo –como la separación donde se prohíbe el divorcio– siga existiendo, de alguna forma u otra, para rato

Los Límites del Diseño Institucional

Domingo, 04 de agosto de 2013 | 4:30 am 

Muchas veces, las instituciones –las reglas que gobiernan la vida política– tienen consecuencias no anticipadas por sus diseñadores.
La ley que gobierna la selección de los miembros del Tribunal Constitucional es buena.  Se requiere una votación de dos tercios del Congreso para evitar que el gobierno imponga a sus amigos con fines de controlar el TC.  Los gobiernos raramente alcanzan –aún con sus aliados- dos tercios del Congreso.  Sin los dos tercios, no pueden imponer sus candidatos.
Tienen que negociar un acuerdo con la oposición. Lo ideal sería que el consenso multipartidario se forjara alrededor de gente intachable.  Si ningún partido puede imponer su candidato, una alternativa sería buscar un independiente tan probo y prestigioso que nadie pueda cuestionarlo. El resultado sería un TC independiente y de alta calidad.
Pero hay otra manera de forjar un consenso multipartidario: la repartija.  Si ningún partido puede imponer sus candidatos, se puede repartir la selección entre varios.  En vez de buscar independientes prestigiosos, cada partido pone lo suyo. Una repartija puede funcionar si los partidos proponen candidatos de calidad.  Pero en un Congreso marcado por la inexperiencia y la desconfianza mutua, como el peruano, el resultado puede ser un TC lleno de escuderos de segunda.  La repartija es un ejemplo, entonces, de cómo una regla que es buena en la teoría puede generar resultados lamentables en la práctica.
Otro ejemplo de una institución que produce efectos  no anticipados es la reelección presidencial.  Permitir la reelección tiene varias ventajas.  Extiende los horizontes de tiempo de los presidentes.  Genera más continuidad en las políticas públicas. Y en términos democráticos, genera más rendición de cuentas (o accountability).  Un presidente que piensa en su reelección debería atender más al electorado que un presidente que está en camino a casa. 
Pero en muchos casos, la reelección presidencial amenaza, y no fortalece, la democracia. En países como Perú bajo Fujimori, República Dominicana bajo Balaguer, Venezuela bajo Chávez, y Nicaragua bajo Ortega, los presidentes en búsqueda de la re-elección abusan del poder: utilizan la publicidad estatal y su influencia en el Poder Judicial para callar a los medios, movilizan a los empleados públicos y otros recursos del Estado para sus campañas, y corrompen a las autoridades electorales. Como consecuencia, la reelección no es democrática. 
Un tercer ejemplo es el referéndum revocatorio. La revocatoria fue diseñada para fomentar la participación y generar más rendición de cuentas.  Da a los ciudadanos el poder de remover a los gobiernos que cometan abusos o violen sus mandatos electorales.  En la teoría, entonces, la revocatoria empodera a los ciudadanos frente a sus gobiernos.
Pero en el Perú la revocatoria se utiliza de otra manera: en vez de fomentar la participación cívica, se ha convertido en un arma para tumbar rivales políticos. No son los ciudadanos que promueven la revocatoria, sino los políticos: rivales que perdieron la última elección y/o aspirantes que no quieren esperar hasta la próxima. La revocatoria criolla fomenta una especie de golpismo cívico que, en vez de profundizar la democracia, la desestabiliza.
Una cuarta institución que no funciona como se esperaba es el voto preferencial. El objetivo del voto preferencial es mejorar la calidad de la representación legislativa.  En vez de votar por candidatos impuestos por los partidos, los votantes pueden identificar a los congresistas más honestos, más trabajadores, o más representativos y reelegirlos. En la teoría, entonces, el voto preferencial genera incentivos para que los congresistas trabajen bien.
 
Pero no siempre funciona así.  En el Perú, los beneficiados del voto preferencial no son los congresistas más trabajadores o representativos sino los más conocidos, porque gastaron más plata (Luna, Espinoza, Gagó) o porque ya eran famosos (Kenji, Beingolea, Tait).  La elección de ricos y famosos no mejora la calidad de la representación legislativa.
Tenemos demasiada fe en el diseño institucional. Ante el descontento generado por el pobre rendimiento de los políticos, muchos peruanos están pidiendo más reformas institucionales: nuevas reglas para seleccionar los miembros del TC; nuevo sistema electoral; Asamblea Constituyente y nueva Constitución.
Pero las reformas no siempre generan los efectos deseados.  La izquierda busca una Asamblea Constituyente.   Pero ¿quiénes ganarían las elecciones para tal Asamblea?  Según las últimas encuestas, ganaría el fujimorismo, seguido por PPK.  Una Asamblea Constituyente dominada por el fujimorismo y la derecha produciría la Constitución deseada por la izquierda?  
Debemos enfocarnos menos en reformar las instituciones y más en fortalecerlas. Que los políticos cumplan –y cumplan bien– con las reglas existentes.  ¿Cómo lograr eso?
Haciéndoles saber que si maltratan a las instituciones pagarán un costo político. Mientras los políticos crean que pueden maltratar a las instituciones sin castigo, lo harán cada vez que les conviene.  Pero si saben que al no respetar a la institucionalidad pueden destruir sus carreras, los políticos se volverán institucionalistas.
Existen varios mecanismos para castigar a los políticos que maltratan a las instituciones.
Uno es el voto. Otro es la protesta.  La reacción ante la repartija es un buen ejemplo. La movilización del 22 de julio no fue muy grande.   Pero junto con la reacción de los medios, ayudó a mandar un mensaje clarísimo a los políticos: que su comportamiento era inaceptable.  Después del 22 de julio, los políticos pensarán un poco más antes de descuidar tan descaradamente las instituciones.
Los mejores diseños institucionales no valen un pito si no son reforzados por la sociedad. El 22 de julio, una parte de la sociedad salió a defender al TC y la Defensoría del Pueblo.  Y los fortaleció. Es fácil criticar a la gente que “toma la calle” en defensa de las instituciones.  Pero la indiferencia ante el abuso (decir que, como el Perú de hoy es “Disneylandia” comparado con los ochenta, no hay que luchar para mejorarlo) nos condena a la debilidad institucional.
Entre los “quejumbrosos” en la calle exigiendo una mejor democracia y los autocomplacientes que se dedican a limpiar las imágenes de Laura Bozzo y Kenji Fujimori, prefiero los quejumbrosos.

Miedo

Domingo, 11 de agosto de 2013 | 4:30 am  




En mis entrevistas sobre la injerencia indebida de funcionarios del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, a raíz del caso Chavín de Huántar, he preguntado ¿por qué los jueces no denuncian en el acto cualquier presión y, en especial, las que vienen del propio Estado? La respuesta ha sido la  misma: porque tienen miedo.
¿De qué podría tener miedo un juez que actúa con rectitud? Pues parece que la respuesta es compleja. Va desde el temor a la injerencia del poder político en el CNM para impedir un ascenso o detener, a veces por meses, una ratificación. Miedo de la respuesta mediática y política cuya persecución acaba no solo con el honor y la buena reputación, que ya es enorme carga, sino también con el ahorro y la salud. Miedo al desempleo, al ostracismo y a la discriminación de los pares que aguantan en silencio.
Conversé hace unos días con Gustavo Gorriti. IDL Reporteros, el portal web que dirige, ha realizado una prolija investigación sobre una compra de libros para colegios estatales realizada por el Ministerio de Educación. La compra, sin licitación, terminó favoreciendo a una distribuidora cuyo financista y proveedor de libros, según testimonio del propio ganador, resultó siendo la Librería Crisol, de propiedad del entonces ministro de Educación. El daño al Estado, al vender el intermediario a precio de tapa lo que se compró con descuento, podría ser considerable. Siendo este hecho sorprendente y posible materia de una investigación penal, lo que más ha llamado la atención de Gustavo es el miedo de editoriales y libreros competidores a denunciar.
¿Qué podría temer un empresario, editorial o librería si actúa con corrección? Miedo a ser vetado en una cadena de librerías que maneja el 50% del mercado. Miedo a ser expulsado de la Cámara Peruana del Libro. Miedo a no estar en una próxima feria. Miedo a ser excluido por los pares.
¿Por qué jueces y libreros, las personas más venerables que una sociedad pueda tener, viven en el miedo? Porque como millones de peruanos ven las cosas que les pasan a los que, siendo menos, se atreven a denunciar, a dar la cara y a levantar la voz. Vivimos en una sociedad en donde pasar por el Poder Judicial es causar al inocente un ataque de pánico y un agujero gigantesco en el bolsillo. Donde la Comisión Investigadora se usa como una chaveta y el periodicazo se emplea para callar al colega periodista. Donde la coima es un medio de sobrevivencia en una jungla de construcción civil lumpenesca, transporte matón o invasión salvaje. Donde manda el más fuerte y el justo se esconde en el murmullo, el mirar de lado, la denuncia anónima y la grabación clandestina.
El miedo es un mecanismo de defensa que nos pone alertas para adaptarnos y sobrevivir respondiendo a la amenaza.  Sentir miedo es natural.  Y para algunos congelarse y callar es el único camino posible. Cada uno es dueño de sus miedos, es verdad. Pero ninguna civilización y mucho menos una sociedad democrática puede construirse sobre la base del miedo. Solo las mafias prosperan en comunidades paralizadas por el temor.
Ningún periodista, que se precie de serlo, ningún juez, ningún empresario o padre de familia, en fin, ninguna persona justa debería callar frente a la injusticia. ¿Que tiene un precio? ¿Y qué cosa que vale la pena en la vida no lo tiene?
Ahí está la tarea pendiente. Hagamos que valga la pena vencer el miedo para tener una sociedad más vivible y menos cobarde. Bajemos el costo que pocos héroes valientes hoy cargan y salgamos todos a denunciar lo que es denunciable, a defender al inocente y a rescatar, finalmente, a nuestro país del miedo.

Narcotráfico y política, más allá del oportunismo

 

Domingo, 04 de agosto de 2013 | 4:30 am 

 

El narcotráfico en el Perú es un problema real  y grave que la sociedad peruana todavía no acepta como tal.  Casi no aparece en las encuestas de opinión pública como un asunto prioritario. El televidente cambia de canal cuando se trata el tema. No da rating, salvo que involucre a alguna señorita con poca ropa y muchas ganas de vivir mejor. El narcotráfico peruano vive, pues, en la sombra. Esa es su estrategia de sobrevivencia y la razón de su éxito. No estar, no ser notado, no mezclarse con nada que lo haga evidente. Mientras los sucesivos gobiernos concentren la acción policial en la delincuencia común y el terrorismo, mucho mejor.
Sin embargo, el narcotráfico peruano existe. Las colosales ganancias que genera van a parar ciertamente a carteles extranjeros, pero las “firmas” locales se llevan lo suyo y lo desaparecen sigilosamente a través de testaferros y negocios legítimos en todas las ramas de la actividad legal. A diferencia de sus pares extranjeros, los narcos peruanos son “caleta”,  “pasa piola” y desaparecen discretamente en la sociedad peruana. Solo conocemos de sus andanzas cuando algún sicario se agarra a tiros en ajustes de cuentas, explota un laboratorio, se captura un gran cargamento, se detectan activos imposibles de ser adquiridos legalmente o cuando, grave error para ellos, se meten en política.
Nancy Obregón no es la primera congresista acusada por narcotráfico (los apristas inauguraron la lista con el diputado Del Pomar), pero sí la primera después de 25 años. Una paciente investigación policial, que ha acumulado pruebas sobre una organización bien articulada, deja lugar a pocas dudas, las que serán probablemente terminadas de despejar en el proceso. Toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, pero Obregón ha estirado ese beneficio frente a muchos, incluyéndome, por muchos años. Ahora le toca afrontar a ella y a su organización las consecuencias de sus actos.
Sin embargo, ¿puede Alan García y sus aliados de circunstancia, los fujimoristas, desacreditar al presidente Humala por estos hechos? La investigación policial se ha desarrollado en los últimos dos años, exclusivamente bajo esta presidencia. El gobierno de García, periodo en el cual Obregón fue congresista, no realizó investigación policial alguna sobre esta mujer, tal vez por estar más entretenidos en sacar narcos de la cárcel que en meterlos adentro. Así pues el argumento “tuitero” de García preguntándose por la autoría mediata de Humala no tiene ninguna consistencia más allá de las bajezas a las que no escapan nuestros políticos, incluidos los de las más altas cualidades.
La posición de Obregón pro siembra de hoja de coca y contra la erradicación forzosa era pública y notoria, pero ella audazmente la vinculó siempre a un problema de pobreza endémica del campesino y su derecho a la sobrevivencia, como lo hacen otros especialistas no asociados al narcotráfico. Sabiéndose protegida en un argumento aceptable ¿pudo Obregón, durante su trabajo en el sector público, obtener información de interés para sus actividades delictivas? ¿Pudo haber influido en políticas públicas que le dieran ventaja o beneficio frente a la persecución del delito? ¿Pudo haber detenido acciones, investigaciones o políticas en relación al narcotráfico?
Las respuestas a estas preguntas son relevantes no solo en la investigación fiscal. El Congreso debe hacer un cuidadoso recuento de la actividad parlamentaria de la ex Congresista, así como de su función como asesora. Esta información puede resultar relevante no solo para aportar al proceso en el Poder Judicial sino también para que el Congreso pueda manejar eficazmente mecanismos que detecten el conflicto de interés cuando tal conflicto este vinculado al delito. Más allá del oportunismo político, esa es la tarea parlamentaria pendiente.

¿Un 28 más?

Domingo, 28 de julio de 2013 | 4:30 am 

Los mensajes presidenciales solían generar expectativa y sobresalto. Sobre todo en presidencias erráticas en lo económico o herméticas y autoritarias en lo político. Esos días parecen estar felizmente lejanos. Sin embargo, este encuentro anual se ha tornado en una costumbre demasiado sosa. Y, en el caso de Ollanta Humala, el mal se ha agravado. Pésimo lector, al Presidente le encantan los discursos largos y aburridos repletos de enumeraciones de proyectos que nadie recuerda y que supuestamente, sumados, han beneficiado a millones de peruanos. Amparado en la inmodestia, quiere convencerse y convencer sobre sus dotes de gran reformador. Encima, su corte le recomienda que se esfuerce en comunicar sus estupendos logros. Así que, previsiblemente, este 28 de julio tendremos más de lo mismo.
Es bueno que un país no escuche a su Presidente aterrorizado, con los ahorros debajo del colchón y la casa trancada. Claro que sí. Un rumbo económico claro y firme es indispensable.
Pero eso no significa que un líder renuncie a liderar un sueño compartido. Por tener todo tranquilo, la única paz que vamos a ganar es la paz de los cementerios. Esa no sirve de nada cuando las carencias son enormes en tantos campos que corresponden a la acción directa del Estado. Ese Estado que miles pagamos para que sirva a millones con tan poco éxito.
A medida que la población mejora su propia situación económica, tiene mayor capacidad de exigencia. Salud, educación, justicia, seguridad e infraestructura pública. Ahí está el eje de un Estado que no llega con lo básico. ¿Qué paz puede tener un país donde el 87% de sus niños no puede resolver un problema matemático simple? ¿Qué tranquilidad se puede ofrecer si el 72% de esos mismos niños peruanos no entiende lo que lee? ¿Se ha dado una vuelta el Presidente por las emergencias de los hospitales públicos en estas madrugadas? ¿Cree que lo que se vive ahí es digno? ¿No ve el Presidente cómo la sangre de cientos de inocentes se derrama en asaltos feroces y accidentes de tránsito en vías de espanto? ¿No ve cómo millones de peruanos que no tienen agua potable y desagüe se enferman por esa carencia elemental?
Si a esta inoperancia se suma la corrupción política, la repartija del poder y la repartija del botín, ¿cómo quiere que el pueblo responda al presidente Humala este 28? ¿Con alegría? Un gobierno boyante, como nunca lo ha tenido el Perú en los últimos 50 años, no puede hacer, por su propia incompetencia, las reformas institucionales y de gestión imprescindibles para dar el gran salto al progreso que nuestro país está dando con pasitos de bebé en lugar de saltos de atleta. Es verdad que no hay atajos ni recetas fáciles, pero tampoco es admisible la falta de metas ambiciosas, de retos nacionales, de amplitud de mirada. ¿Qué proyecto de nación compartimos hoy? ¿No hay un líder que pueda hacernos soñar? ¿Ofrecernos un futuro?
Administrar el statu quo no es motivo de júbilo. Se hace frente a las grandes crisis. No en los momentos de bonanza. Y, como bien sabemos, las vacas gordas solo duran bíblicamente siete años. Después vienen las flacas y se las comen. Este momento económico no va a durar para siempre. Hemos aprendido con dureza del terrorismo y del mal manejo económico y hemos sobrevivido como un pueblo más fuerte. Hoy le toca a Ollanta Humala construir un Perú mejor sobre ese cimiento. Si no lo hace, Dios y la Patria se lo van a demandar.  Dios en el cielo, pero la Patria en la calle, a gritos, harta de ser gobernada por políticos que no dan la talla.