El Valor del Voto

Domingo 31 de Enero del 2016

Los peruanos detestan a sus políticos. Sus presidentes son los más impopulares de América Latina. Entre 2002 y 2013, la aprobación presidencial promedio en el Perú fue 28%, comparado con 47% en Ecuador, 49% en Bolivia, 52% en Argentina y México, 56% en Chile, 63% en Brasil, y 65% en Colombia (Latinobarómetro).

El repudio hacia los políticos tiene varias causas, pero quiero enfocarme en una: la ausencia de rendición de cuentas electorales. La democracia representativa se basa en un nexo entre el voto y el gobierno. No participamos directamente en el gobierno, pero seleccionamos a nuestros representantes, basados en sus propuestas. Ningún gobierno cumple con 100% de sus promesas. Pero la orientación del gobierno debe, de algún modo, reflejar las preferencias de sus electores. Debe haber una mínima relación entre los resultados electorales y el comportamiento de los gobiernos que surgen de las urnas. Si no, la democracia representativa no existe.

El nexo entre el voto y las políticas públicas se debilitó en América Latina en los años 1980 y 1990, cuando, ante la crisis económica, presidentes que habían prometido políticas más estatistas y redistributivas giraron hacia al neoliberalismo: Pérez en Venezuela, Menem en Argentina, Paz Estenssoro, Bucaram, Fujimori.

Pero en los 2000 se abrió más espacio, y los gobiernos latinoamericanos empezaron a cumplir con sus promesas. Chávez, Morales y Correa prometieron una “refundación” constitucional y cumplieron. Lula, Bachelet, y Tabaré Vásquez prometieron políticas redistributivas y cumplieron. Uribe prometió mano dura y cumplió.

En el Perú, en cambio, el nexo entre las promesas de campaña y las políticas de gobierno sigue siendo casi inexistente. Alan García ganó en 2006 con un programa de centro-izquierda (“cambio responsable”), pero giró tanto a la derecha que Lourdes Flores describió a su gobierno como “tremendamente conservador” y a él como el "presidente de los ricos". Ollanta Humala prometió un gran cambio pero terminó ofreciendo continuidad: a los cuatro meses su gabinete estaba lleno de gente que había votado por Fujimori. En las regiones, varios gobernadores elegidos con un discurso anticorrupción han sido denunciados por corrupción.

El establishment limeño no se preocupa mucho por el déficit de representación. De hecho, lo exige. Si un candidato, apoyado por gente descontenta con el statu quo, se elige con un programa que diverge del modelo económico ortodoxo, el establishment exige —casi a gritos— que abandone sus promesas. Para la elite limeña, el peligro es el estatismo, no las promesas electorales rotas.

Pero la repetida traición electoral es peligrosa para la democracia. Si la gente percibe que las políticas del gobierno no tienen nada que ver con los resultados electorales, va a concluir, tarde o temprano, que su voto vale poco. Que votar es inútil. ¿Para qué sirve el voto si el gobierno abandona sus promesas y hace lo que quiere? ¿Para qué sirve la democracia?

Si la gente cree que su voto no afecta nada ¿qué compromiso va a tener con la democracia? ¿Saldrá a la calle para defenderla? ¿Estará dispuesto a defender a la institucionalidad democrática ante un populista autoritario que promete tumbar a los políticos y la “partidocracia”? ¿Un Fujimori o Chávez? Es probable que no.

¿De dónde viene el nexo entre elecciones y gobierno? Los horizontes de tiempo son claves. Los políticos suelen cumplir con sus electores cuando están pensando en futuras elecciones. Un político que sabe que necesita su base en el futuro estará menos dispuesto a traicionarla.

Hay dos mecanismos que extienden los horizontes de tiempo. Uno son los partidos. Como organizaciones colectivas que duran en el tiempo, los partidos tienen que preocuparse por candidaturas en todo el país y, sobre todo, por futuras elecciones. La expectativa de competir en futuras elecciones genera horizontes de tiempo más largos.

Otra fuente de horizontes de tiempo largos es la carrera política. Un político de carrera —que dedica su vida profesional a la política— tiene que pensar no solo en el periodo actual sino en futuros periodos. Tiene que construir y mantener una imagen pública. Si se convierte en el 'come oro' o 'come pollo' en su primer periodo, peligra su carrera.

Los horizontes de tiempo no garantizan nada. Hay muchos políticos profesionales que mienten y roban. Pero los horizontes de tiempo por lo menos crean incentivos para no olvidarse del electorado. Un político estará menos dispuesto a desperdiciar sus votos si sabe que los necesita en el futuro.

En el Perú, lamentablemente, los políticos de carrera están en peligro de extinción. Hoy en día, la mayoría de los candidatos son políticos novatos o semiprofesionales —individuos que ganan dinero o fama en otra profesión (empresarios, militares, periodistas, curas, voleibolistas) y usan ese dinero o fama para saltar a la política. Según una investigación que hice con Mauricio Zavaleta, 57% de los congresistas elegidos en 2011 y 78% de los candidatos principales a gobernador en 2014 carecían de una carrera política.

Los nuevos políticos no sostienen carreras largas. La mayoría se queda por solo uno o dos periodos. Se va, en parte, porque tiene otra profesión —puede volver a su empresa, su radio, o su universidad. Pero también se va porque es muy difícil ser re-elegido. Las tasas de reelección peruanas son unas de las más bajas de América Latina. Según Tanaka y Barrenechea, entre 1995 y 2008, la tasa promedio de reelección legislativa peruana fue 20%, comparada con 51% en Brasil, 52% en Argentina, 63% en Chile, y 90% en EEUU. Solo el 20% de los presidentes regionales fueron reelegidos entre 2002 y 2014 —y ahora la reelección regional ha sido prohibida.

El surgimiento de políticos no profesionales, combinado con la baja o nula probabilidad de reelección, significa que las carreras políticas peruanas son cortas. Muchas no duran más de 5 o 10 años. Como consecuencia, muchos políticos operan con horizontes de tiempo reducidos: piensan menos en su futuro electoral (¿para qué pensar en futuras elecciones si probablemente no van a participar en ellas?) Dejan de preocuparse por su futura imagen y aprovechan al máximo su breve estancia en el poder. Una vez en el poder, entonces, un político sin carrera tiene poco incentivo para cumplir con sus promesas electorales. Puede olvidarse de su base y venderse al gobierno o a los lobbies. O robar. O no trabajar.
La democracia peruana ha caído en un círculo vicioso: los peruanos odian a sus políticos y no los reeligen. Y los políticos, sabiendo que no serán reelegidos, se olvidan de sus electores—y algunos se comportan de una manera detestable.

Qué hacer? Lo que no se debe hacer es prohibir la reelección. Eliminar la re-elección —como acaban de hacer en el caso de gobernadores y alcaldes— destruye los pocos incentivos existentes para representar al electorado. Hay que extender los horizontes de tiempo de los políticos; prohibir la reelección hace lo contrario, minando aún más su nexo con el electorado.

Más allá de lo institucional, es imprescindible que los ciudadanos castiguen a los políticos que no cumplen con su palabra. Están empezando a hacerlo. García y Humala pagaron caro por haber traicionado a su voto: sus carreras están gravemente heridas.

En la campaña actual, Keiko Fujimori ha hecho promesas importantes: dice que no repetirá la corrupción y autoritarismo (perdón, los “errores”) de su padre. Dice que no indultará a su padre. Keiko es joven y tiene futuro político. ¿Aprenderá de sus antecesores?

El Nuevo Anti-Fujimorismo

Domingo 17 de Enero de 2016

En 2011 la coalición antifujimorista era estrecha. Fuera de Vargas Llosa, La República, pequeños grupos de izquierda y progresistas (universitarios, gestores de derechos humanos), y un puñado de toledistas, el establishment limeño –histérico ante el fantasma de Humala– apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. La coalición pro-Keiko incluyó a la Confiep, el Grupo Comercio, los principales canales de televisión, periodistas influyentes (Aldo Mariátegui, Juan Paredes Castro, Fritz DuBois, Jaime Bayly), y figuras políticas de peso como PPK, Luis Castañeda Lossio, Lourdes Flores, Mercedes Aráoz, Hernando de Soto, y —sin decirlo públicamente– el presidente García y el cardenal Cipriani.

Al apoyar un fujimorismo poco renovado o distanciado de Alberto, el establishment limeño optó por defender el modelo económico ortodoxo en vez de la democracia. Demostró, de nuevo, que su compromiso con el liberalismo económico era más fuerte que su compromiso con el liberalismo político.

Los grandes medios se comportaron de una manera poco democrática en el 2011. El Grupo Comercio no solo apoyó a Keiko sino que adoptó prácticas propias del régimen fujimorista. La autocensura de El Comercio y otros medios minó el derecho ciudadano a la información. Se negaron a investigar o tocar temas claves, como el rol de Alberto Fujimori en la campaña. Hablaron poco o nada de los crímenes del gobierno de Fujimori o de la persistencia en las filas fujimoristas de políticos abiertamente autoritarios. Lanzaron una guerra sucia contra Humala –incluyendo la vergonzosa contratación de Jaime Bayly– que nos hizo recordar a los diarios chicha de los noventa. Y despidieron a periodistas que se negaron a cerrar filas detrás de Keiko o que parecían “humanizar” a Humala.

La fujimorización del establishment limeño en el 2011 constituyó una amenaza a la democracia. Ante el fantasma de Humala, los medios, empresarios, políticos, economistas, y líderes religiosos más influyentes –casi la lista entera de la Encuesta del Poder– abrazaron al fujimorismo sin exigir su renovación o un compromiso democrático. Si el fujimorismo la liberaba del lobo feroz, la élite limeña parecía dispuesta a darle un cheque en blanco. Por suerte, el electorado peruano optó por otro camino.

En 2016, la alianza fujimorismo-establishment es más precaria. El abrazo del establishment a Keiko en el 2011 no fue un acto de amor sino de desesperación. Con pocas excepciones, la élite limeña hubiera preferido a alguien más afín, como Lourdes Flores, PPK, o Meche Aráoz (como me dijo un fujimorista en el 2011, la élite "nos mira y ve muchos cholos") Keiko fue su último bastión de defensa.

Hoy el escenario es distinto. A diferencia de 2006 y 2011, la élite limeña no percibe una amenaza antisistema o izquierdista. Ninguno de los candidatos viables le da miedo. La candidata más seria de la izquierda, Veronika Mendoza, carece de recursos y se dirige más a los conversos que al electorado general. Lamentablemente, no logra despegar.

Sin amenaza antimodelo en el horizonte, el establishment tiene el lujo de volverse “demócrata.” El Director de Perú21 —el diario que llegó a la bajeza de comparar el voto por Humala con el suicidio en 2011—dice que esta vez su diario mantendrá una “línea imparcial y objetiva respecto de los distintos candidatos”. Promete “informar de manera equilibrada” y “reportar los sondeos de manera imparcial, objetiva y completa” (algo que Perú21 no hizo en 2011).

El Comercio (ahora bajo Fernando Berckemeyer y Enrique Pasquel y no Martha Meier y Juan Paredes Castro) se ha vuelto mucho menos fujimorista que el 2011. Pasquel, por ejemplo, escribió que la renovación de la lista fujimorista fue insuficiente, recordándonos que un “exorcismo a medias” es “poco útil,” y que lo único que asegura es que “el demonio, eventualmente regrese a seguir haciendo de las suyas”. Y mientras que en el 2011 El Comercio se hizo el loco con respecto al rol de Alberto en la campaña (fue Edmundo Cruz, de La República, quien lo hizo público), en el 2015 fue la unidad de investigación de El Comercio que nos informó que Fujimori había recibido 650 visitas —incluyendo varios empresarios y políticos— en tres meses.

La derecha política también se vuelve más antifujimorista. Varios políticos que se pusieron el polo naranja hace cinco años han redescubierto su antifujimorismo. PPK dice que fue un “error” apoyar a Keiko en el 2011; su partido la llama la “candidata de las esterilizaciones forzadas y la violación de derechos humanos”. Fernando Rospigliosi, quien no se quejó por el autoritarismo del fujimorismo no renovado en el 2011 (según él, Montesinos, el verdadero cerebro del régimen, estaba en la cárcel y nadie en el entorno de Keiko podía jugar el papel de Montesinos), se volvió más exigente este año. Calificó la salida de la vieja guardia fujimorista como un “teatro” y declaró que Keiko tiene un “nuevo Montesinos”. Y Mercedes Aráoz, quien dijo en el 2011 que Keiko ya había deslindado del autoritarismo de su padre, dice el 2016 que es “bien difícil que ella pueda desmarcarse de eso”.

Con la (re)incorporación de sectores importantes de la derecha, la coalición antifujimorista se amplía. Preocupación por la vuelta del fujimorismo ya no es solo una cosa de caviares. El debate sobre las violaciones de derechos humanos, las esterilizaciones forzadas, la persistencia de elementos autoritarios en el fujimorismo, y el futuro rol de Alberto no se limita a las páginas de La República, se extiende a El Comercio.

Paradójicamente, entonces, Keiko enfrenta más resistencia en el establishment hoy, cuando busca renovar su partido y construir un perfil más moderado, que en el 2011, cuando el fujimorismo era más duro y albertista.

La situación puede cambiar. Si Mendoza u otro candidato de izquierda sube en las encuestas, es probable que la “imparcialidad” del Grupo Comercio se vaya por la ventana y volvamos a un escenario más parecido a lo del 2006 y 2011. Pero mientras no haya lobo “chavista” en el horizonte, muchas figuras de derecha levantarán las banderas antifujimoristas que guardaron en el closet (y que tildaron a Vargas Llosa de traidor por haber levantado) en el 2011.

El surgimiento de este nuevo anti-fujimorismo me parece muy bien. Si gran parte del establishment –y no solo La República— adopta una orientación más crítica y exigente, Keiko tendrá que tratar seriamente algunos temas que esquivó en el 2011. Tendría que reconocer que el gobierno de Alberto cometió crímenes y no solo errores; asegurarnos que ningún defensor del autoritarismo de los noventa (como Martha Chávez) tendrá lugar en su gobierno; y quizás hacer algo para convencernos de que su padre no tendrá influencia sobre su gobierno. Tendría que demostrar un compromiso serio con la democracia liberal y no con la democracia “delegativa” o de “mano dura” de su hermano Kenji.

¿El nuevo antifujimorismo tendrá efectos electorales? Posiblemente. Más discusión en los medios sobre las violaciones de los derechos humanos, esterilizaciones forzadas, corrupción y narcotráfico bajo el gobierno de Alberto podría afectar la imagen pública de Keiko (que hoy está mejor que las de todos sus rivales).

Pero la capacidad del establishment de influir sobre el voto es limitada. El abrazo de la élite limeña no ayudó a Keiko en el 2011, de hecho, parece haberle costado votos. La deserción del establishment el 2016 es, entonces, una espada de doble filo: Keiko enfrentará una campaña más dura, pero al mismo tiempo, divorciarse de la élite limeña podría beneficiarla en términos electorales. La desfujimorización del establishment es, sin duda, positiva. ¿Pero cuándo fue la última vez que el Grupo Comercio ganó una elección?

Políticos Calatos

Domingo 03 de Enero de 2016

Para muchos, el juego de alianzas políticas de las últimas semanas se parece a una película de horror: Susana Villarán, defensora de los derechos humanos, se alinea con Daniel Urresti, procesado por el asesinato de un periodista; Vladimiro Huaroc, político de izquierda, está en la plancha fujimorista; Anel Townsend va con Acuña; Nano Guerra García con Yehude Sim.., perdón, con Solidaridad Nacional. La lista de tránsfugas parece interminable.

Estos políticos han sido repudiados por su “oportunismo” y “promiscuidad”. Las columnas y las redes sociales se inundan con palabras como “traición”, “decepción”, “vergüenza” y “asco”. El Comercio criticó a los “acomodos, giros y contorsiones de última hora” y lamentó el peso del “apetito de poder”. Según Rosa María Palacios, “la política está enferma”. y la “promiscuidad y el oportunismo es la única ley que se respeta”.

Los ciudadanos tienen todo el derecho de repudiar al transfuguismo. Pero concuerdo con Sinesio López, indignarse ante el transfuguismo no basta: hay que entender de dónde viene.

Explicar la lógica del transfuguismo no es justificarlo. Escandalizarnos ante la política contemporánea es fácil. Pero si queremos cambiarla, tenemos que entenderla.

En el fondo, los políticos peruanos no son tan diferentes de sus pares de Suecia, Canadá, o EEUU. No tienen menos principios o más apetito de poder. En todo el mundo los políticos son ambiciosos. Buscan el poder. Desean una larga carrera política, porque es su profesión. En democracia, eso requiere que ganen elecciones.

La imperativa de ganar elecciones genera pragmatismo. Casi todos los políticos tienen objetivos programáticos, pero pocos están dispuestos a luchar hasta la muerte (política) por ellos. Aun los políticos más comprometidos son reacios a sacrificar su carrera. Hay políticos excepcionales que se aferran a sus ideales a todo costo. Pero son pocos. Y casi siempre son marginales.

La mayoría de los políticos –peruanos, canadienses, suecos– actúan con una mezcla de principios y ambición. No renuncian por completo a sus ideales. Pero están dispuestos a subordinarlos, por lo menos un poco, para asegurar su sobrevivencia política. Los políticos no son mártires. Los que carecen de un mínimo de pragmatismo pierden. Y tarde o temprano, los políticos que siempre pierden se convierten en desempleados (o figuras marginales).

Tanto en Suecia como en el Perú, entonces, los políticos son pragmáticos. Buscan ganar y mantener el poder. Pero los suecos lo hacen dentro de partidos sólidos que (1) tienen un programa más o menos coherente y (2) duran en el tiempo.

Para un político, un partido programático fuerte ofrece una especie de ropaje que encubre su ambición. El político trabaja por un bien colectivo —la socialdemocracia, la democracia cristiana, el liberalismo— que va más allá de su propia carrera. Busca el poder, pero detrás de un proyecto más grande —una lucha por la redistribución, la reducción del Estado, los valores tradicionales. Y como los partidos son duraderos, políticos ambiciosos como Hillary Clinton (Demócrata por 50 años), Francois Hollande (Socialista por 40 años), y Angela Merkel (Demócrata Cristiana desde la caída del comunismo) pueden sostener sus carreras sin transfuguismo. Su “apetito del poder” se esconde detrás del ropaje de la lealtad partidaria.

El político peruano, en cambio, está calato. Sin ropaje partidario, sus ambiciones están al aire libre. Fuera del APRA, las fuerzas capaces de ganar elecciones nacionales no son partidos estables: son listas de candidatos fugaces construidas por candidatos presidenciales (o para alquilar). En su excelente libro sobre las reglas no escritas de la política electoral peruana, el politólogo Mauricio Zavaleta los llama “coaliciones de independientes”.

Las coaliciones de independientes tienen dos características importantes. Primero, más allá del círculo íntimo del líder, no tienen cuadros. Las listas partidarias se construyen más o menos de nuevo en cada elección, conformadas por independientes que compran sus lugares y “jales” de otros partidos. (En este sentido, el fujimorismo keikista, basado más en jales e independientes que en cuadros históricos, se parece cada vez más a los demás partidos peruanos. Se está “normalizando.”)

Segundo, las coaliciones de independientes son fugaces. Nacen con una candidatura fuerte (Pérez de Cuéllar, Andrade, Toledo, Castañeda, Humala), duran por dos o tres elecciones, y luego colapsan o se convierten en cascos vacíos cuando su líder deja el escenario electoral. Una expectativa de vida muy baja.

Donde los “partidos” son listas de candidatos efímeros que se arman y se desarman cada cinco años, los políticos tienen que convertirse en agentes libres: “independientes” que negocian su lugar en una lista distinta en cada elección.

Saltar de partido a partido puede ser visto como oportunismo, pero también es un acto de desesperación. O se convierten en tránsfugas o terminan desempleados. Anel Townsend fue congresista por la UPP y PP—dos partidos en camino a la extinción. Con ellos, no volvería nunca al Congreso. Huaroc y Villarán fueron líderes de Fuerza Social, otro barco hundiéndose. Quedarse a bordo les garantizaba una derrota electoral. Sergio Tejada es un joven político con talento. Pero su partido (Nacionalista) naufragó.

Quizás el caso más ilustrativo es Juan Sheput. Sheput es un hombre de partido. Cree en los partidos. Como dirigente de Perú Posible, intentó -por 16 años– construir un partido de verdad. Pero Toledo aniquiló a PP y su fracaso electoral del 2016 será su tiro de gracia. Para Sheput, entonces, más lealtad partidaria le hubiera condenado al suicidio político. Si Juan Sheput no puede sostener una carrera partidaria en el Perú post-Fujimori, muy pocos podrán hacerlo.

El transfuguismo ya es una regla no escrita de la política peruana. Muchos políticos contemporáneos han postulado por seis o siete partidos distintos. Máximo San Román ha pasado por ocho partidos. El gobernador de Moquegua, Jaime Rodríguez, y el ex gobernador de Tacna, Tito Chocano, han pasado por seis.

No son casos excepcionales. Dos tercios (35 de 50) de los candidatos que ganaron o terminaron segundos en las últimas elecciones regionales habían sido tránsfugas por lo menos una vez, y un tercio (18) había sido tránsfuga dos veces o más. La mayoría (102 de 195) de los alcaldes provinciales elegidos en 2014 habían cambiado de partido por lo menos dos veces, y 48 de ellos habían cambiado tres veces o más. En Lima, más del 80% de los alcaldes distritales han postulado por dos o más partidos, y casi la mitad ha pasado por tres o más.

El transfuguismo es una estrategia de sobrevivencia política que surge donde no existen organizaciones partidarias sólidas. Se puede echar la culpa a los políticos individuales, pero en realidad la culpa la tiene un sistema que no les permite sostener una carrera de otra manera.

El problema es que el transfuguismo es feo. Los políticos calatos dan asco. Y como consecuencia, la clase política peruana está cada vez más desprestigiada. El creciente repudio hacía los políticos es peligroso, porque crea tierra fértil para un populista que prometa acabar con ellos. Y el populismo “antipolítica” siempre termina en el autoritarismo. No se puede tumbar a los políticos sin tumbar a la democracia.

Paradójicamente, quizás, varios políticos hoy repudiados por su “oportunismo” encabezaron la lucha democrática contra Fujimori –el último autoritarismo basado en la antipolítica.

¡Feliz Año Nuevo! Que sea un año sin presos políticos en Venezuela (y en toda América Latina).