Dos Caminos Opositores

Domingo 28 de Agosto de 2016

El Frente Amplio ha recibido una lluvia de consejos –desde el establishment– sobre cómo actuar frente al nuevo gobierno. Casi todos aconsejan la moderación. Según Juan Carlos Tafur, por ejemplo, el FA debe “construir una opción reformista plenamente creyente en los parámetros de la democracia formal y la economía de mercado”. Los editores de El Comercio criticaron a los congresistas frenteamplistas por “exigirle (a PPK) que cambie la orientación del modelo”. Muchos columnistas –entre ellos, algunos progresistas como yo– siguen jodiendo por el tema de Venezuela, pidiendo una ruptura con el autoritarismo chavista.

El FA no debería hacernos caso. La moderación no es la mejor receta para un partido recién nacido.

Construir un partido duradero es extremamente difícil. Casi todos los nuevos partidos mueren al poco tiempo. Según una investigación que hice con James Loxton y Brandon Van Dyck, solo 11 de los 307 partidos formados en América Latina entre 1978 y 2005 echaron raíces (ganaron por lo menos 10% del voto en cinco elecciones consecutivas).

Una lección que surgió de nuestra investigación es que la consolidación partidaria requiere una fuerte dosis de polarización y conflicto. Hay dos razones principales. Primero, los nuevos partidos tienen que construir identidades colectivas. Utilizando el término del politólogo Noam Lupu, necesitan establecer una marca, una imagen clara con la cual parte del electorado pueda identificarse. La mejor manera de construir una marca es polarizar, diferenciarse de los demás. Mantener una posición bien definida, apelando, quizá, a una minoría apasionada. Un programa moderado o borroso puede ser útil en tiempos electorales, pero no sirve para construir identidades colectivas. Un partido que no se distingue de los demás o que no parece representar nada no genera identidades fuertes (este es un problema que enfrenta el nuevo Partido Morado de Julio Guzmán. Guzmán puede ser un candidato atractivo, pero no sé si el partido, de perfil centrista, podrá establecer una marca).

Segundo, los nuevos partidos tienen que atraer militantes. Las organizaciones partidarias no se construyen solas. Son creadas y sostenidas por los militantes. Gente que se levanta temprano los fines de semana y hace proselitismo –sin sueldo– hasta que le duelen los pies. Pocos partidos nuevos tienen dinero para pagar a sus militantes. Y estando fuera del poder, tampoco pueden ofrecer puestos públicos. Lo que pueden ofrecer es una causa. Por lo general, las únicas personas dispuestas a hacer trabajo partidario sin sueldo o promesa de un puesto público son los creyentes, la gente motivada por una ideología. Nadie se levanta a las seis de la mañana, todos los fines de semana, para luchar por un proyecto moderado o pragmático.

Atraer militantes requiere, entonces, de una causa grande, de una lucha cuasi-religiosa: La revolución socialista en los años sesenta y setenta; la defensa de la Iglesia Católica en México en los años 1920 y 1930; el anticomunismo en Chile en los 70 o El Salvador en los 80. De hecho, muchos partidos duraderos nacen casi como sectas, compuesto por creyentes plenamente comprometidos con un proyecto muchas veces utópico.

Por lo general, entonces, los partidos ideológicos son más capaces de construir marcas y atraer militantes durante sus años formativos. No es casualidad que muchos de los partidos más fuertes de la historia latinoamericana surgieron de la guerra civil (Colorados y Blancos en Uruguay; Liberales y Conservadores en Colombia; PLN en Costa Rica, FMLN y ARENA en El Salvador), la revolución social (PRI mexicano; FSLN en Nicaragua), o periodos de movilización populista seguido por represión autoritaria (APRA, Peronismo, MNR en Bolivia, AD en Venezuela). O que casi todos los nuevos partidos que echaron raíces en América Latina en el periodo contemporáneo nacieran con un claro perfil de izquierda (FMLN, FSLN, PT, PRD mexicano) o derecha (ARENA, UDI).

El APRA, el partido más fuerte de la historia peruana, nació como una organización sectaria. Su surgimiento provocó una fuerte (y violenta) polarización en los años 30. El fujimorismo también surgió de la polarización. El fujimorismo no hizo ningún esfuerzo para moderarse o renovarse después de la caída de Fujimori. Se encerró en un gueto sectario, aferrándose a su líder exiliado y defendiendo lo indefendible: un régimen autoritario y extraordinariamente corrupto. Los fujimoristas se quedaron aislados bajo los gobiernos de Paniagua y Toledo, pero su lucha cuasi-sectaria ayudó a consolidar una fuerte identidad partidaria.

¿Cuáles son las lecciones para el FA? Siendo un partido recién nacido que busca consolidarse, tal vez no debe hacerle mucho caso a los que aconsejan la moderación. No es momento de moderarse. Es el momento de establecer una marca y construir una organización de base. La moderación no sirve para estos fines. Mejor sería hacer oposición. Principista. Radical. Luchar contra el modelo neoliberal. Pelearse con Cipriani. Y, por supuesto, hacerle la guerra al fujimorismo. ¿Y Venezuela? Muchos políticos y columnistas (entre ellos yo) seguirán pegando duro (¡Y con razón!) si el FA se niega a romper con el autoritarismo venezolano. Pero si el chavismo sigue inspirando a la militancia, tal vez le conviene mandarnos a la miércoles.

El Frente Amplio uruguayo, el PT brasileño, el FLMN salvadoreño, y el PRD mexicano siguieron una estrategia de oposición dura y principista durante sus años formativos. Perdieron elecciones pero echaron raíces, y eventualmente todos –menos el PRD– llegaron al poder. Se moderaron, pero después de consolidarse.

El fujimorismo también ha recibido una lluvia de consejos de moderación, de columnistas de izquierda, centro, y derecha. A diferencia del FA, debería hacerles caso. Fuerza Popular ya es un partido establecido. Tiene una sólida organización y una fuerte identidad colectiva. Ha echado raíces. El principal desafío de los fujimoristas no es construir una marca –ya la tienen– sino establecer su credibilidad, convencer a los peruanos de que no son matones o mafiosos, que pueden romper con su pasado y gobernar de una manera responsable y democrática. Han pasado 16 años y la mayoría de los peruanos todavía no les cree.

Para un partido de origen autoritario, la credibilidad no es fácil de generar. Los fujimoristas tendrán que salir de su gueto, mirar hacia afuera en vez de mirarse al ombligo, y empezar a actuar –todos los días– con moderación y responsabilidad. El banzerismo lo hizo en Bolivia en los años ochenta y noventa. El torrijismo lo hizo en Panamá. Pero al inicio del gobierno de PPK, los fujimoristas seguían en su gueto, exhibiendo la intransigencia –y la inseguridad– de un partido recién nacido. Se dispararon en el pie.

La autonomía de PPK: ¿es posible un gobierno de Centro?

Domingo 14 de Agosto de 2016

El Perú es en uno de los países más derechistas de América Latina. Cayó Fujimori hace 16 años, pero el modelo económico ortodoxo se mantuvo intacto. Tres veces los peruanos votaron por un candidato presidencial de centro o centro-izquierda, y tres veces ese candidato volcó hacia la derecha al asumir la presidencia. Como consecuencia, mientras otros gobiernos latinoamericanos (incluyendo Chile y Colombia) están diversificando sus economías e invirtiendo seriamente en las políticas sociales, en el Perú reina la ultra-ortodoxia de 1990.

Las causas del continuismo son varias. Algunos dicen que la transición de 2000-2001 fue incompleta, y que la Constitución de 1993—de origen autoritario—impide el cambio. No creo. El problema no es el régimen político, es el equilibro del poder.

La violencia y autoritarismo de los 80 y 90 generó un cambio profundo en el equilibrio del poder en el Perú. La izquierda electoral colapsó. Y la izquierda social —sindicatos, movimientos de campesinos, organizaciones estudiantiles, y otros movimiento sociales—se debilitó mucho.

La derecha, en cambio, se fortaleció en los 90 y 2000. La empresa privada creció dramáticamente, y como consecuencia, los empresarios lograron un nivel de auto-confianza e influencia no visto desde la época pre-Velasco. El grupo El Comercio y otros medios se convirtieron casi en voceros del sector privado: muchas veces parecen más interesados en defender a los empresarios que en informar al público. Y como muestran Alberto Vergara y Daniel Encinas, una generación de burócratas neoliberales que entraron al estado bajo Fujimori no solo se quedaron sino expandieron su presencia y su influencia en los 2000. Con el resurgimiento del fujimorismo y la derechización del aprismo y la Iglesia aumentó el poder político de la derecha.

Varios actores de derecha se convirtieron en una poderosa coalición de veto, utilizando una combinación de lobbying (presión informal) y bullying (rabietas públicas) para bloquear toda desviación del modelo ultra-ortodoxo. Toledo, García y Humala ganaron la presidencia con programas de centro o centro-izquierda, pero una vez en el poder, los tres giraron a la derecha. García se entregó a la derecha desde el principio, convirtiéndose en su mejor amigo. Humala era menos ortodoxo, y como consecuencia, sufrió más bullying. Enfrentó tremenda presión para mantener a Julio Velarde en el Banco Central y nombrar un ministro de Economía de derecha. Y Humala cedió. Desplazó a su propio equipo económico (mayoritariamente toledista) a favor de Miguel Castilla. Cuatro meses después, ante otra ronda de bullying, Humala optó por “Conga Va.” Y cuando Humala mostró interés en comprar activos de Repsol, la reacción de la derecha fue tan histérica y tan feroz—el presidente de CONFIEP dijo que el gobierno estaba encaminado hacia el modelo cubano—que el gobierno se rindió de inmediato.

El poder de veto de la derecha no es total, pero es impresionante. Comparado con otras democracias latinoamericanas, incluyendo países como Chile y Colombia, la influencia de la política—o sea, la preferencia del público —sobre la economía es mínima en el Perú. De hecho, la democracia peruana se aproxima al sueño de Pinochet: un régimen donde los tecnócratas manejan la economía sin tener que preocuparse mucho por las elecciones, la protesta, las demandas ciudadanas, u otros elementos de la democracia que “estorban” y causan “ineficiencia.”

Como consecuencia, el Perú mantiene una de las economías más ortodoxas de América Latina. En terminas de política social, por ejemplo, el Perú es una de las democracias más tacañas del mundo. El nivel de gasto público en salud, educación, y políticas anti-pobreza es uno de las más bajos de América Latina.

Ahora, después de 15 años de presidentes no derechistas que optaron—ante el poder de la derecha—por mantener el estatus quo económico, el Perú tiene un presidente propiamente de derecha.

¿Cómo gobernará PPK? Muchos esperan un giro a la derecha. Y de hecho hay señales de derechización en dos áreas importantes. En Producción, donde Piero Ghezzi creó el importante Plan Nacional de Diversificación Productiva, PPK ha nombrado a Bruno Giuffra, que no cree en la diversificación (en el clásico discurso noventista, lo describe como “dirigismo”). Y en el MIDIS, que hizo una inversión modesta pero significativa en políticas sociales, PPK ha nombrado a Cayetana Aljovín, amiga de Martha Meier (Villamarians rules!) que no cree en las políticas redistributivas.

Pero no tiene que ser así. Si PPK tiene la voluntad, su gobierno tendrá más capacidad que sus antecesores para implementar reformas que van más allá del neoliberalismo ortodoxo, reformas que aumenten el rol del Estado y el gasto público en educación, salud, infraestructura, seguridad, y política social.

PPK goza de un grado de autonomía que no tenían sus antecesores. A diferencia de Toledo, García y, sobre todo, Humala, no es vulnerable al bullying de la derecha. PPK es un economista distinguido con prestigio internacional. La comunidad internacional financiera y los inversionistas más importantes confían en él. Ni los burócratas neoliberales dentro del Estado ni los columnistas hayekianos que abundan en los medios tendrán un mínimo de credibilidad debatiendo con PPK. Los gritos histéricos sobre el chavismo y el modelo cubano, que funcionaron tan bien con Humala, ya no sirven. Protegido por su credibilidad como economista ortodoxo, PPK es poco vulnerable a las críticas de El Comercio, Jaime D’Althaus u Aldo Mariátegui. Contra PPK, los ataques ultra-liberales de Federico Salazar o Alfredo Bullard serán payasadas.

PPK, entonces, tiene la autonomía para adoptar políticas menos ortodoxas que las de sus antecesores—políticas que Humala no se atrevía a adoptar por temor de un linchamiento político. Podría extender el Estado. Aumentar el gasto público. Sería un poco como el Presidente estadounidense Richard Nixon cuando estableció relaciones diplomáticos con China. Mientras un presidente demócrata hubiera sido atacado por su “debilidad” ante el comunismo, Nixon, que gozaba de buenas credenciales anti-comunistas, era menos vulnerable a las críticas derechistas.

¿Pero PPK tiene la voluntad de adoptar políticas más “estatistas”? Es posible. Varios tecnócratas peruanos han concluido que son necesarias. Un ministro de alto perfil me dijo: “Soy economista ortodoxo. Pero estoy convencido de que el Perú necesita más Estado”. Y el propio PPK ha dicho —en público y en privado— que el Estado peruano tiene que gastar más.

El nuevo gobierno aún no decide qué camino seguirá. El camino de la derecha será mejor recibido por sus amigos. Pero si PPK opta por el camino del centro, la coalición derechista que emasculó el gobierno de Humala podría tener más dificultades con su viejo amigo. Si PPK tiene la voluntad, su gobierno tendrá más capacidad que sus antecesores para implementar reformas que van más allá del neoliberalismo ortodoxo, reformas que aumenten el rol del Estado”.

¿Juegos infantiles o juegos internos?

El comportamiento del fujimorismo desde el 5 de junio ha sido una desgracia. Algunos actos, como negarse a saludar a PPK tras su triunfo, negarse a aplaudir tras su juramentación, y exigir –como condición para el diálogo– un pedido de disculpas por lo ocurrido en la campaña, han sido verdaderamente infantiles (durante mis 30 años como politólogo, jamás he visto un pedido de disculpas por cosas dichas en campaña). Parecen rabietas de un niño de primaria.

Peor que la intransigencia infantil del fujimorismo ha sido su macartismo. Calificar a los líderes del Frente Amplio de “terroristas” es un acto tan reprensible que merece atención especial. Todos saben que Verónika Mendoza, Marisa Glave, Marco Arana, y los demás líderes del FA no tuvieron nada que ver con la violencia de los años ochenta y noventa (Mendoza y Glave eran niñas), y que jamás en sus vidas han apoyado el uso de la violencia. Son militantes de izquierda, pero su militancia siempre ha sido pacífica y democrática. Seamos muy claros: ser militante de izquierda o tener ideas socioeconómicas radicales no es terrorismo. Es un derecho constitucional, aún bajo la Constitución impuesta por el fujimorismo. Llamar "terrorista" a gente que (obviamente) no promueve la violencia, sino ideas izquierdistas, es mentir de una manera deliberada.

Pero no es solo una mentira. Asociar el FA con el terrorismo, en una democracia precaria, con una historia reciente de terrorismo real es un acto de tremenda irresponsabilidad. Es, además, bastante antidemocrático. Si uno tilda a su rival político de “terrorista” está diciendo que no es un actor político legítimo. Los terroristas –los que usan la violencia contra civiles con fines políticos– son criminales. Deben ser encarcelados. Asociar a los frenteamplistas con el terrorismo, podría legitimar medidas antidemocráticas tomadas con fines de impedir su llegada al poder. Podría justificar la represión.

La intransigencia del fujimorismo parece poco racional. Ha erosionado su imagen pública. Según Ipsos, la aprobación de Keiko Fujimori cayó a 38% en julio, mientras su desaprobación subió al 53%. Entre un PPK conciliador (aprobación 56%) y un fujimorismo agresivo e intransigente, la mayoría claramente opta por el Presidente. Mientras tanto, los esfuerzos de Keiko para crear una imagen más seria, moderada y democrática están siendo aniquilados. El comportamiento de Fuerza Popular (FP) ha sido rechazado no solo por la izquierda sino por gran parte del establishment. La página editorial de El Comercio –bastión de la derecha– critica casi diariamente la irresponsabilidad de los líderes fujimoristas. Y Augusto Álvarez Rodrich escribió hace poco que el fujimorismo ha caído al “abismo del ridículo”.

¿Qué pasa? Gracias a nuestra ignorancia colectiva de la organización fujimorista (pocos científicos sociales hablan con frecuencia con fujimoristas), nuestra capacidad para explicar su comportamiento es limitada. Pero quiero proponer una posible explicación: con su intransigencia, los fujimoristas buscan mantener la unidad ante la crisis partidaria generada por su derrota.

FP entró en una severa crisis el 5 de junio. Demasiado confiados en su triunfo, los fujimoristas quedaron en shock tras su derrota. Perdieron en los últimos minutos del partido, gracias a sus propios autogoles (los líderes de FP culpan al gobierno, los medios, y a medio mundo, pero saben bien que ellos mismos perdieron la elección). Y no tenían un Plan B.
La derrota abrió varias heridas en el fujimorismo. Acabó con el sueño del regreso político de Alberto Fujimori, dejando al fujimorismo sin su principal razón de ser. Pero también les hizo cuestionar la estrategia renovadora de Keiko: Joaquín Ramírez y José Chlimper, dos líderes principales del fujimorismo keikista, se convirtieron en los malos de la película. La derrota produjo un cuestionamiento del liderazgo de Keiko y destapó conflictos internos que habían sido embotellados durante la campaña (el reciente pedido de indulto, por ejemplo, surgió por afuera de FP, y parece haber sorprendido a varios de sus líderes).

En un ambiente de crisis interna, los fujimoristas buscaron cerrar filas. Y la mejor receta para la cohesión partidaria es un enemigo común, una amenaza externa. Para FP, las amenazas y los enemigos no son difíciles de encontrar: el fujimorismo nació del conflicto violento con Sendero, y su resurgimiento durante los años 2000 fue acompañado por la creación de un poderoso mito de persecución (según el fujimorista Jorge Morelli, los fujimoristas eran “como los cristianos en Roma” bajo los gobiernos de Paniagua y Toledo), en otras palabras, el anti-izquierdismo y la victimización ante la “persecución” de los caviares son elementos fundamentales de la cultura fujimorista.

Priorizando la unidad partidaria, entonces, el fujimorismo se encerró en sí mismo. Volvió a sus raíces culturales. La lucha contra la izquierda y la victimización ante la “persecución” son sus fuentes principales de cohesión interna. Ayudan a reforzar la identidad fujimorista y reanimar una militancia que quedó golpeada y decepcionada tras la derrota.

Muchos partidos se encierran en sí mismos ante las crisis. Lo hizo, por ejemplo, el PRD mexicano tras la durísima derrota de López Obrador en 2006. Pero a diferencia de otros partidos derrotados, el fujimorismo controla el Congreso. Tiene responsabilidades reales. Las consecuencias de sus rabietas, entonces, son mayores. Está en juego la gobernabilidad democrática. Un fujimorismo intransigente, sumergido en sus propios mitos, podría hacer mucho daño. Podría paralizar al país, dañando la economía y el bien público. Podría hasta provocar una crisis institucional que ponga en riesgo la estabilidad democrática.

Los liderazgos partidarios operan simultáneamente en dos frentes: el interno y el externo. Si descuidan al frente interno, pueden perder la base o sufrir divisiones. Pero si descuidan al frente externo, o si no distinguen bien entre los mitos de la subcultura partidaria y la realidad, pueden cometer serios errores de juicio y terminar comportándose de una manera bastante irresponsable.

El fujimorismo, encerrado en sí mismo, está descuidando el frente externo. La estrategia podría ayudar a unificar el partido. Pero si se mantiene, haría daño al país. Algunos exabruptos infantiles eran de esperarse tras una dura derrota. Pero ya es hora de crecer. La democracia está en juego. 

Nota aparte: Se acabó la presidencia de Ollanta Humala. Contra todos los pronósticos histéricos de la derecha, el gobierno de Humala respetó las reglas del juego democrático. No hubo golpe, ni autogolpe, ni reelección conyugal. Antauro se quedó en la cárcel. Los medios –muchas veces injustos con Humala– no fueron tocados. No llegó nunca el chavismo, el velasquismo, o la dominación cubana tan esperada por Cecilia Valenzuela. Varios periodistas nos aseguraron diariamente, por casi cinco años, que estas cosas iban a ocurrir. Por qué sus opiniones todavía son tomadas en serio es, para mí, un misterio.

El Populismo Gringo

Domingo 17 de Julio de 2016

El surgimiento de Donald Trump sorprendió a casi todos los analistas políticos norteamericanos. Trump es un outsider y, salvo unos pocos héroes militares, ningún outsider ha ganado la presidencia norteamericana. Más estrella de reality que político, Trump es visto como payaso por el establishment estadounidense. Pero venció a 16 rivales en las primarias republicanas y se acerca a Hillary Clinton en las encuestas. La élite está en shock.

Para muchos latinoamericanos, sin embargo, el fenómeno Trump no es novedoso. Trump es un populista. Como Perón, Chávez, Fujimori, Bucaram, Correa, y Humala en 2006 (pero no en 2011), es un outsider personalista que moviliza a la masa con un discurso antielite y antiestablishment.

Primero, Trump es un outsider. No ha ocupado ningún cargo público. Nunca ha sido candidato a nada. En un país donde cada presidente elegido en los últimos 60 años ha sido gobernador, senador, o vicepresidente, un candidato novato es una rareza.

Segundo, Trump es personalista. No tiene propuestas claras. El programa republicano tiene tres elementos básicos: (1) mercado libre; (2) política exterior agresiva y militarista; y (3) defensa de los valores conservadores (pro-religión, antiaborto, antigay). Trump rompe con todos. No adhiere ni al libre mercado (es proteccionista), ni a una política exterior intervencionista (se opuso a la invasión de Irak). Tampoco se asocia con valores religiosos. El programa de Trump es muy ambiguo. Sus posiciones sobre el aborto, Irak, los impuestos, la reforma del sistema de salud, y la inmigración han cambiado dramáticamente. Pero eso importa poco, porque la campaña de Trump se enfoca en su persona, no en su programa. ¿Cómo resolver el conflicto con Rusia? Según Trump, basta que él hable con Putin. ¿El surgimiento de China? Él negociaría relaciones comerciales más favorables. ¿Cómo? Hay que confiar en Trump.

Finalmente, Trump es antiestablishment. Como Fujimori en 1990, Trump se peleó con casi todo el establishment. La élite republicana no lo quería. Los empresarios que financian al Partido Republicano tampoco. La derechista Fox News trató de derrotarlo. Pero el desprecio del establishment solo benefició a Trump. Se posicionó como el defensor del hombre común luchando contra una élite distante y corrupta. Y atacó a los políticos y los medios del establishment con una dureza poco vista. Los insultó. Los humilló. Y así conquistó el electorado republicano.

Como muchos populistas, Trump es autoritario. Viola las normas de la decencia. Insulta a sus rivales. Se burla hasta de sus características físicas. No se adhiere a las normas democráticas. Amenaza a los periodistas. Propone medidas anti-constitucionales. Alaba a dictadores como Mussolini, Putin, y Hussein. Y tolera, justifica, y hasta fomenta actos de violencia, incluyendo ataques físicos contra manifestantes en sus mitines de campaña.

Trump, entonces, es el candidato presidencial más populista que ha surgido en EEUU desde William Jennings Bryan en 1908. ¿Cómo explicar su éxito?

Algunas de las causas del populismo gringo son parecidas a las del populismo latinoamericano. Una es la desigualdad. El populismo es producto de la desigualdad, sobre todo cuando genera una amplia percepción de exclusión. El nivel de desigualdad en EEUU aumentó mucho en las últimas décadas. El índice GINI, que mide la distribución de ingresos, aumentó de 0,39 en 1968 a 0,48 en 2012. Esto se debe a políticas socioeconómicas derechistas y cambios estructurales que eliminaron progresivamente el trabajo manual bien remunerado. Se ha vuelto muy difícil mantenerse en la clase media sin estudios universitarios. Y la brecha entre la gente con y sin educación es cada vez más grande.

La nueva desigualdad ha generado un sector de clase media/media baja –sobre todo, hombres que antes trabajaban en el sector manufacturero– que se siente excluido. Muchos creen que la inmigración y el libre comercio les quitan trabajo y están destruyendo a su calidad de vida. Y como los republicanos y demócratas igual apoyan a la inmigración y el libre comercio, perciben (no sin razón) que la élite política los ignora. Esta es la base electoral de Trump (que, además de tirar bombas a los políticos, se opone a la inmigración y el libre comercio)

Pero el populismo de Trump también tiene características bien gringas. Se basa en dos nostalgias importantes. La primera es una nostalgia racista. Hace un tiempo, EEUU era un país dominado por blancos protestantes. Los blancos constituían la gran mayoría de la población y, gracias a la discriminación contra los negros y otras minorías, ocupaban casi todos los puestos políticos, económicos, y culturales más importantes. Ese mundo dejó de existir. Los blancos tradicionales, que eran casi 90% de la población en 1950, bajaron a 80% en 1980, 69% en 2000, y 62% en 2015. Dentro de tres décadas, las minorías serán mayoría. Y gracias a la lucha contra la discriminación, las minorías ocupan más posiciones de poder. Hoy, por ejemplo, el presidente es negro y no hay un solo blanco protestante en la Corte Suprema (hay 3 católicos; 3 judíos, una latina, y un negro).

Estos cambios han generado una reacción racista, sobre todo entre los blancos que viven en el interior y en pueblos pequeños. Como dijo el “trumpista” Jared Taylor, “los blancos tradicionales no quieren que sus barrios se vuelvan mexicanos”. Para muchos trumpistas, el eslogan “Take our country back” (Recuperemos a Nuestra Patria) significa recuperar a la patria de los negros, los judíos, y los inmigrantes.

El discurso populista de Trump apela a la nostalgia por un Estados Unidos blanco y protestante ya desparecido. Este elemento racista es la razón por la cual el populismo norteamericano es más derechista que el populismo latinoamericano.

La segunda nostalgia que fomenta el populismo de Trump es la nostalgia nacionalista. Hace medio siglo, los EEUU eran un poder (militar, económico, cultural) hegemónico. Volvieron a serlo brevemente en los años 90, con el colapso soviético. Pero en el mundo multipolar de hoy, EEUU se ha vuelto menos dominante. Sigue siendo una potencia militar y económica, pero ya no ejerce –ni volverá a ejercer– la influencia hegemónica que tenía décadas atrás.

Muchos gringos no aceptan este cambio. Crecieron con la idea de que EEUU debe imponerse al resto del mundo. Para ellos, la hegemonía gringa es el estado natural de las cosas. Cualquier desviación –no poder imponerse en el Medio Oriente o en China, por ejemplo– genera una sensación de pérdida y crisis. Y en una sociedad acostumbrada a exportar su cultura al mundo, los cambios culturales traídos por la globalización –nuevos idiomas, cine internacional, fútbol de verdad– son difíciles de digerir. Cuando Trump dice que los gringos “ya no ganamos”, y que bajo su presidencia EEUU “volverá a ganar”, apela a la nostalgia por un pasado hegemónico que no regresará más.

Subestimamos a Trump, porque no nos fijábamos seriamente en las fuentes del populismo estadounidense. Ahora enfrentamos el momento político más peligroso del último medio siglo. Los costos de un gobierno de Trump –para nuestra democracia, para nuestra sociedad, y para el mundo– serían altísimos.

¿Partidos en el horizonte?

Domingo 03 de Julio del 2016

Perú carece de partidos políticos desde hace casi una generación. Un partido es una organización colectiva, un equipo de políticos que busca el poder a través de elecciones. Como muestra Mauricio Zavaleta, las organizaciones electorales que predominan hoy en el Perú no son partidos. Son listas electorales efímeras creadas por y para candidatos individuales. Son fachadas.

En el modelo de organización electoral predominante en el Perú, el líder es el dueño y el único candidato. El partido no es un equipo, sino una herramienta personal del candidato. Los “cuadros” partidarios son sus escuderos. Y cuando el líder no es candidato, su “partido” muchas veces no participa en elecciones. 

El modelo partidario actual surgió bajo Alberto Fujimori. Pero fue reproducido por sus sucesores. Perú Posible fue la herramienta personal de Alejandro Toledo. Cuando Toledo no era candidato, dejaba de existir (mientras él vivía en Stanford). PP no tuvo candidato presidencial en 2006 y no participó seriamente en las elecciones regionales en 2010 o 2014. Y con el fin de la carrera política de Toledo, se extinguió. 

El PNP es igual. Humala y Nadine Heredia son los dueños. Los demás nacionalistas solo sirven como escuderos, y como consecuencia, los mejores cuadros se fueron. El PNP no participó en las elecciones regionales de 2014 o en las presidenciales de 2016. Como PP, está camino a extinguirse.

Hasta el APRA empezó a aproximarse al modelo fujimorista bajo la segunda presidencia de García. Alan se transformó en (casi) el dueño del partido, y los demás apristas se convirtieron en sus escuderos. El APRA dejó de participar seriamente en las elecciones regionales y no tuvo candidato presidencial el 2011.

En la época pos-Fujimori, todos los partidos gobernantes dejaron de cumplir con su función más básica: postular candidatos en elecciones. Ni PP, ni el APRA, ni el PNP participaron en las elecciones presidenciales cuando su líder era presidente. Y PP y PNP dejaron de competir en las elecciones provinciales y regionales. 

A primera vista, la elección de 2016 parece haber generado más de lo mismo. El nuevo partido gobernante, Peruanos Por el Kambio (PPK) es una fachada creada para apoyar la candidatura de Kuczynski.

Pero surgieron importantes desviaciones del modelo fujimorista. El caso más claro es el Frente Amplio (FA). El FA es una organización colectiva. No tiene dueño. De hecho, su líder principal, Marco Arana (fundador de Tierra y Libertad, la base legal del FA), perdió una elección primaria, algo impensable en PP o el PNP. Los cuadros del FA no son escuderos sino políticos con voz propia. El FA no es un partido de masas. Pero es un equipo de políticos, y no la herramienta de uno solo. En otras palabras, es un partido de verdad. 

Las otras dos fuerzas que se desviaron del modelo fujimorista son Alianza para el Progreso (APP) y el propio fujimorismo (Fuerza Popular). APP y FP siguen siendo personalistas. Pero a diferencia de otros partidos, sus líderes construyeron organizaciones que van más allá de sus propias candidaturas. En vez de pasar los últimos cinco años en Stanford, César Acuña y Keiko Fujimori se dedicaron a abrir comités, reclutar a candidatos, y apoyarlos en sus campañas. 

A diferencia de sus rivales, APP y FP participan en elecciones en las que sus líderes no son candidatos. En 2014, APP postuló candidatos en 84% de las plazas provinciales, superando a todos los demás partidos. FP postuló candidatos en 55% de las provincias y 80% de las regiones. 

Esta inversión partidaria rindió frutos. En 2014, FP y APP fueron los únicos partidos nacionales que ganaron elecciones regionales (FP ganó tres regiones; APP ganó dos). Y en 2016, APP ganó nueve escaños en el Congreso sin candidato presidencial. Fuerza Popular tuvo un extraordinario resultado: 73 escaños. Algo que se debe, en parte, a su presencia en todo el territorio nacional. FP logró elegir por lo menos un congresista en cada región del país.

Paradójicamente, el fujimorismo podría generar un modelo partidario alternativo al modelo (también fujimorista) que predomina desde hace 25 años. El pobre rendimiento de Toledo, García, y el PNP sugiere que descuidar al partido tiene costos. Y el éxito de APP y FP sugiere que la organización genera beneficios. De hecho, varios futuros candidatos presidenciales -Barnechea, Guzmán, Mendoza- están pensando en construir organizaciones territoriales y participar en las elecciones regionales de 2018. Parafraseando al politólogo francés, Maurice Duverger, hay una especie de contagio desde la naranja.

De las tres fuerzas que se desviaron del modelo electoral fujimorista, el FA y FP tienen mayores posibilidades de consolidarse como partidos. Tienen militantes y cierta identidad colectiva. Pero sobre todo, sus candidatos principales son jóvenes y electoralmente viables. Los candidatos son claves, sobre todo en un sistema presidencialista. Ningún partido tiene éxito sin votos, y en el Perú, son los candidatos, y no los programas, que atraen votos. En términos de capacidad electoral, la diferencia entre Keiko Fujimori y Martha Chávez, o entre Verónika Mendoza y Marco Arana, es enorme. Con los primeros como candidatos, FP y FA compiten seriamente por la presidencia. Con los segundos, serían partidos marginales. 

Segundo, Keiko Fujimori y Mendoza son fuerzas unificadoras en sus partidos. Dada la historia de la izquierda desde 1989, muchos observadores esperan que el FA caiga víctima de conflictos internos en el futuro próximo. Lo dudo. Pueden haber rivalidades y conflictos, eso ocurre en todo partido. Pero el 19% del voto que ganó Mendoza la ha convertido en la cabeza indiscutida del FA y (casi) todos los frenteamplistas lo saben. Con Mendoza, el FA puede soñar con la presidencia. Sin ella, la izquierda podría volver sin dificultad al 2% de siempre. Ante eso, es muy probable que el FA se mantenga unido detrás de Mendoza. La situación de Keiko es parecida. Su capacidad electoral la hace imprescindible, y esto la convierte en una fuerza de cohesión partidaria.

Los líderes juegan un papel enorme en el destino de los nuevos partidos, sobre todo en un sistema presidencialista. Muchos de los partidos latinoamericanos más importantes tuvieron un líder dominante durante sus años formativos: APRA y AP en el Perú; AD (Betancourt) y COPEI (Caldera) en Venezuela; el PLD (Bosch) en la República Dominicana; el PLN (Figueres) en Costa Rica; el PT (Lula) y PSDB (Cardoso) en Brasil. 

A pesar de sus enormes diferencias, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza son dos jóvenes políticas que combinan la capacidad electoral y la voluntad de construir un partido. Todavía no son Haya y Belaunde. De hecho, FP y el FA siguen siendo organizaciones bastante precarias. Pero son los proyectos partidarios más viables que han surgido en el Perú desde hace muchos años.

El Futuro del Fujimorismo

Domingo 19 de Junio del 2016

Para Keiko Fujimori, la derrota del 5 de junio debe haber sido un shock. Keiko había dedicado diez años de su vida a la campaña presidencial y confiaba en triunfar. Subestimó el alcance del antifujimorismo y no entendió que su comportamiento –y el de sus aliados– ayudó a fomentarlo en la segunda vuelta. Con sus propios autogoles (y una asistencia de la DEA), el fujimorismo regaló el partido a PPK.

Según varios comentaristas, la derrota sería el inicio del fin del fujimorismo. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa espera que el fujimorismo caiga en un “proceso de descomposición”, siguiendo el camino del sanchecerrismo, el odriísmo, y el velasquismo, que “se extinguieron sin pena ni gloria.”

Eso es fantasía. Como señala el politólogo Paolo Sosa, Fuerza Popular sigue siendo el partido más sólido del Perú. La identidad fujimorista es fuerte, y Keiko ha construido una organización extensiva en todo el país. El fujimorismo ha echado raíces. Es poco probable que desaparezca en el futuro próximo.

Otros analistas prevén una crisis interna y la posible fragmentación del fujimorismo. Algunos esperaban que Kenji –apoyado por Alberto– disputara el liderazgo de Keiko. Otra fantasía. Keiko tiene una carta clave bajo la manga: es la única candidata viable que tiene el fujimorismo. Kenji y los fujimoristas históricos son queridos por la base, pero no por el electorado general (500,000 votos del núcleo duro fujimorista te convierte en el congresista más votado, pero es una mera gota en un electorado de 20 millones). Keiko es la única fujimorista capaz de llegar a 50%, y los fujimoristas lo saben. Los fujimoristas quieren ganar. Mientras Keiko sea el único camino a una posible victoria, mantendrá su liderazgo.

Muchos analistas señalan que el bloque de Fuerza Popular podría romperse. La mayoría de sus congresistas no son fujimoristas, sino políticos locales jalados por Keiko. Sin lealtades fujimoristas, podrían convertirse en tránsfugas y fragmentar el bloque, como ocurrió con Perú Posible y el PNP. Tampoco me parece probable. Lo que busca la mayoría de los congresistas es un futuro político —la reelección o un puesto en un futuro gobierno. Keiko ofrece eso. Si Keiko señala que sigue en carrera para 2021, y si mantiene una buena posición en las encuestas, el bloque de FP se mantendrá más o menos intacto.

Otros sostienen que con su segunda derrota, Keiko se convirtió en la nueva Lourdes Flores —una eterna perdedora. No creo. Muchos políticos latinoamericanos han perdido dos y hasta tres elecciones antes de ganar la presidencia. Rafael Calderón perdió dos veces antes de ganar la presidencia en Costa Rica. Rafael Caldera, Salvador Allende y Lula perdieron tres veces antes de ganar. Entre los exautoritarios, Daniel Ortega perdió tres elecciones consecutivas antes de volver a la presidencia en Nicaragua, y Hugo Banzer perdió cuatro veces antes de volver en Bolivia.

Lo más probable, entonces, es que el fujimorismo se mantenga unido bajo el liderazgo de Keiko, y que Keiko sea una seria candidata en 2021. Los congresistas de Fuerza Popular, sabiendo que su futuro político depende de Keiko, cerrarán filas detrás de ella.

Pero si Keiko vuelve a postular, enfrentará varios desafíos. Uno es el persistente problema de la segunda vuelta. Para superar al 50%, Keiko tendría que moderarse de una manera más creíble. Sus esfuerzos en 2016 fueron insuficientes. Quiso mejorar su imagen sin enfrentarse con su padre y la vieja guardia. Como consecuencia, muchos peruanos concluyeron que los cambios fueron puro maquillaje.

Keiko puede culpar al “odio” o el “fanatismo” antifujimorista por su derrota —y tiene razón. Ese odio existe. ¿Pero de dónde viene? No fue inventado por La Republica, la izquierda o “No a Keiko”. Surgió como reacción al régimen criminal de su padre. A Montesinos. El Grupo Colina. Barrios Altos. La Cantuta. Los asesinatos de Huilca y Barreto. Las esterilizaciones forzadas. La compra de medios y los ataques contra los periodistas que no querían venderse. La “interpretación auténtica” y la serie de abusos institucionales que terminó en la vergonzosa elección de 2000. Y el robo de una extraordinaria cantidad de dinero.

El antifujimorismo sigue siendo un obstáculo electoral para Keiko. Si quiere ganar, será su responsabilidad, no la de sus rivales, combatirlo. Eso requiere una ruptura más creíble con el pasado —y posiblemente con su padre.

Pero los desafíos de Keiko van más allá de la mochila del viejo fujimorismo. Keiko ya tiene su propia mochila —la de Ramírez, Chlimper, y otros nuevos fujimoristas cuyo comportamiento ha reforzado la imagen del fujimorismo como una mafia autoritaria. En 2021, entonces, Keiko tendrá que distanciarse no solo del fujimorismo de 1990 sino también de varios fujimoristas de 2016.

Otro gran desafío para Keiko serán sus rivales. En 2011 y 2016, Keiko perdió ante rivales bastante débiles. Humala y PPK fueron malos candidatos. El 2021 no será tan fácil. Verónika Mendoza –novata, desconocida, y sin recursos en 2016– será más fuerte. Julio Guzmán –que podría haber ganado en 2016 si no hubiera sido injustamente excluido– estará de vuelta. Hasta el APRA podría presentar un candidato más serio (Cornejo). Es probable, entonces, que la segunda vuelta de 2021 sea mucho más difícil para Keiko que las anteriores.

Para ganar en 2021, entonces, el fujimorismo 3.0 tendrá que ser bastante superior al fujimorismo 2.0 (cuyo “bugs” son evidentes). Mucho depende de su rendimiento en el Congreso. La mayoría fujimorista podría hacerle la vida imposible a PPK, pero la necesidad de convencer a los peruanos de que no es una banda de delincuentes y matones crea incentivos para la cooperación. Con pocos aliados legislativos y poca capacidad política, PPK será un Presidente vulnerable. Pero al fujimorismo no le conviene tumbarlo. Para un partido que busca romper con su pasado autoritario, ser tildado como “golpista” sería un desastre.

Por eso, la línea dura adoptada por Fuerza Popular me parece un grave error. No saludar al nuevo Presidente y condicionar al diálogo en algo tan infantil como un pedido de disculpas (en mis 30 años de investigación sobre las democracias latinoamericanas, jamás he visto un partido exigir un pedido de disculpas de su rival por cosas dichas en la campaña) no son pasos hacia un fujimorismo 3.0. Son pasos hacia una crisis institucional que solo reforzará la imagen del fujimorismo como un grupo de matones que todavía no asimila las normas democráticas. Los fujimoristas necesitan unos días de descanso –ha sido una durísima elección. Deben salir de su trinchera y tomar aire. Van por mal camino –camino que no solo mina cualquier esfuerzo para construir una nueva imagen sino que también podría llevarlos a una crisis institucional que seguramente quieren evitar.

Fuerza Popular ha mostrado tremenda inmadurez política. Pero todavía hay tiempo. La oposición fujimorista que surge a partir del 28 de julio debe ser más pragmática y abierta al diálogo y la negociación. El destino político de Keiko depende de ello.

Anatomía de una renovación fallida

Domingo 05 de Junio del 2016 

Después de su derrota en 2011, Keiko Fujimori reconstruyó su partido, fortaleciendo su organización y renovando su liderazgo. Percibió que el fujimorismo de 2011–representado todavía por “históricos” como Aguinaga, Chávez, y Cuculiza– estaba demasiado ligado al autoritarismo de su padre. Y decidió –aparentemente contra la voluntad de Alberto– excluir a la vieja guardia de la lista parlamentaria de Fuerza Popular. Reclutó a varias figuras sin pasado fujimorista (Galarreta, Alcorta, Huaroc, Vilcatoma) que, junto con los reclutas de 2011 (Becerril, Spadaro, Juan José Díaz, Joaquín Ramírez) y algunos viejos fujimoristas marginales (Chlimper), cambiaron el rostro del fujimorismo. De hecho, casi todos los miembros del actual Comité Ejecutivo de FP entraron al fujimorismo después de la caída de Alberto.

En términos de personal, entonces, Fuerza Popular se ha renovado. Comparado con el fujimorismo de 2006 y 2011, su dirigencia tiene menos vínculos con Alberto Fujimori, el régimen de los noventa, y los militares. Y como la mayoría de los partidos peruanos, está cada vez más compuesto por jales, tránsfugas, y novatos. 

Renovarse no necesariamente significa mejorar. Un cambio de personal genera la oportunidad de crear un partido más moderado o democrático, pero no garantiza nada. Mucho depende del carácter de las nuevas caras y de la estructura de poder interna.

La renovación fujimorista no iba a producir un partido plenamente desvinculado de su pasado. No iba a producir un partido liberal o progresista. Las transformaciones partidarias no son así: son lentas y siempre parciales. Siempre persisten rasgos del pasado. Sería absurdo, entonces, esperar un fujimorismo caviar. En el mejor de los casos, una renovación generaría un partido menos anclado a Alberto Fujimori y al autoritarismo de los 90. Menos revanchista e intolerante. Un partido que quizás nos disgusta, pero que no nos aterroriza. 

Aun tomando en cuenta estas advertencias, la renovación fujimorista ha sido un desastre. Las caras nuevas no mejoraron la imagen del partido. Siguen siendo asociados con la criminalidad. La lista parlamentaria–encabezada por Cecilia Chacon– incluía 18 candidatos con antecedentes judiciales y procesos en curso. Y según medios creíbles, el Secretario General de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, está siendo investigado por la DEA por lavado de dinero y narcotráfico. Hay fuertes sospechas, entonces, de que el principal financista del fujimorismo keikista es un criminal. 

Los nuevos fujimoristas tampoco son demócratas. Los líderes del fujimorismo renovado han mostrado reflejos bastante autoritarios. El personero legal de FP, Pier Figari, y el congresista Héctor Becerril llamaron “terroristas” o “primos hermanos de terroristas” a manifestantes antiKeiko. Estos reflejos –típicos del viejo fujimorismo– muestran claramente que la intolerancia persiste en FP. Peor aún fue el comportamiento montesinista (no hay otra manera de describirlo) de José Chlimper cuando buscó manipular a los medios con un audio adulterado. 

El fujimorismo de 2016, entonces, tiene muchas caras nuevas pero pocas manos limpias. Está menos vinculado al régimen de los noventa, pero no se ha purgado de elementos criminales, intolerantes, e irrespetuosos de las reglas del juego democrático. Como consecuencia, sigue siendo un peligro para la democracia.

Keiko podría haber limitado el daño de su fallida renovación. Como líder indiscutida de un partido personalista, podría haber intervenido para castigar y purgar a los nuevos fujimoristas que exhibían la mismas tendencias hacia la criminalidad (Chacón, Ramírez), la intolerancia (Becerril, Figari), y la manipulación montesinista (Chlimper) que la vieja guardia. Pero no lo hizo. Sea por debilidad o porque confiaba en ganar igual, dejó florecer la bestialidad del “nuevo” fujimorismo a la vista de todos. 

¿Cómo explicar esta renovación tan accidentada? Para muchos, el fujimorismo nunca cambió. La versión dura de esta perspectiva es que la vieja estructura del poder fujimorista sigue intacto: Alberto sigue mandando; no hay diferencia entre albertistas y keikistas; la renovación fue puro teatro. Otra versión es que la renovación de personal importa poco, porque la esencia del fujimorismo no cambia. La corrupción y el autoritarismo están en su ADN. (El fujimorismo ha hecho poco para desmentir este razonamiento.)

Pero hay otra explicación. Sin negar que la cultura fujimorista sigue siendo intolerante y abierta a la criminalidad, la renovación fujimorista enfrentó un problema adicional: una pobre oferta de nuevos políticos. 

La pobre oferta de políticos es un problema generalizado en el Perú. Gracias al colapso de los partidos, los políticos profesionales están desapareciendo. Los nuevos políticos no son militantes con experiencia y vocación pública. Son novatos, muchos de los cuales buscan fines particulares (como enriquecerse). El déficit de buenos políticos afecta a todos los partidos. FP no fue el único partido plagado con candidatos cuestionados: las listas de PPK, Guzmán, y Acuña eran iguales o peores.

Pero el problema de reclutamiento es mucho más grave para el fujimorismo, gracias al antifujimorismo. Todavía hay muchos políticos, tecnócratas, y empresarios peruanos que no quieren tener nada con el fujimorismo. Keiko ha trabajado de una manera incesante para reclutar políticos de buena imagen (según Martín Vizcarra, él fue uno de ellos). Pero ha tenido poco éxito. Para muchos, es cuestión de principios. Para otros, es cuestión de imagen. En el ámbito internacional, y en una parte del establishment peruano, pintarse naranja sigue siendo mal visto. 

Esto es un fenómeno importante. Los políticos peruanos se han convertido en tránsfugas permanentes, dispuestos a jugar con casi cualquier equipo. Pero aun en este contexto de promiscuidad partidaria, el fujimorismo sigue siendo una línea roja que pocos están dispuestos a cruzar. Varios políticos de peso buscaron nuevos hogares partidarios en 2016: Vizcarra, Villarán, Townsend, Bruce, Mora, Sheput, Villanueva, Tejada. Pero con la excepción de Vladimiro Huaroc (que quedó aislado y desprestigiado), solo los ultraderechistas (Alcorta) y los ultraoportunistas (De Soto) cruzaron la línea fujimorista

Ocurrió algo parecido con los empresarios. Los fujimoristas se quejan de que muchos empresarios no quieren financiarlos, que siempre prefieren a políticos más pitucos como Lourdes Flores o PPK. Por eso, tuvieron que buscar otras fuentes de financiamiento, incluyendo empresarios (como Ramírez) sospechosos de actividades ilícitas y con empresas “offshore” revelados por los Panama Papers.

La persistencia del antifujimorismo, entonces, ha tenido un efecto paradójico: pone límites al fujimorismo (que es clave para la democracia) pero al mismo tiempo inhibe su transformación. Esta “guetización” podría costarle la elección a Keiko. Pero si gana, el costo lo pagaría la democracia peruana.

Dilma y las Crisis del Presidencialismo

Domingo 22 de Mayo del 2016

El lamentable impeachment de Dilma Rousseff (Dilma no ha sido acusada de corrupción, mientras los que organizaron su destitución sí) es una de las múltiples crisis asociadas con el presidencialismo latinoamericano. Según la politóloga Gretchen Helmke, 18 presidentes latinoamericanos han sido removidos antes de tiempo desde 1985. Y han surgido 91 choques entre el Ejecutivo y el Congreso o Poder Judicial, en los que cada uno busca cambiar la composición del otro de manera irregular.

Hace décadas, el politólogo español Juan Linz sostuvo que el presidencialismo era peligroso para la democracia latinoamericana por dos razones principales. Una era la propensión al choque de poderes generada por el gobierno dividido (situación en la cual un partido controla la presidencia y otro controla al Congreso). Según Linz, en una democracia nueva o frágil, el gobierno dividido aumenta el riesgo de un severo conflicto entre el Presidente y el Congreso, que termina en una guerra que desborda las normas constitucionales. El gobierno dividido es común en América Latina. Entre 1978 y 2002, el 70% de los presidentes latinoamericanos carecían de una mayoría legislativa.

Otro peligro del presidencialismo, según Linz, es su rigidez. El mandato presidencial es fijo. Salvo en casos excepcionales, el Presidente debe cumplirlo. Pero debido a la frecuencia de las crisis en América Latina, muchos presidentes sufren fuertes caídas de popularidad durante sus primeros años. Presidentes como Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Fernando de la Rúa (Argentina), y Alejandro Toledo cayeron por debajo de 10%; Dilma cayó a 11% Cuando el gobierno pierde el apoyo del 90% de la sociedad, se paraliza y, muchas veces, cae en crisis.

Para Linz, el presidencialismo no ofrece una salida institucional a las crisis generadas por los choques de poderes o los presidentes fallidos. Y eso fomenta la intervención militar.
Según Linz, un sistema parlamentario ayudaría a evitar estas crisis. No hay choques de poderes en una democracia parlamentaria, porque el Primer Ministro tiene que construir una mayoría parlamentaria para gobernar. Es imposible que el Parlamento esté en manos de la oposición. Y si el Primer Ministro pierde su mayoría parlamentaria, o si se vuelve muy impopular, puede ser removido a través de un voto de no confianza. No hay que esperar hasta el fin de su mandato. Y no hay que llamar a los militares.

Linz escribió su texto original durante la Guerra Fría, cuando los golpes militares eran frecuentes. El mundo ha cambiado. A partir de 1990 se volvió casi imposible sostener una dictadura militar en América Latina. Los golpes militares –estilo Velasco o Pinochet– casi desaparecieron. (Solo dos presidentes latinoamericanos han sido derrocados por golpes en los últimos 25 años: Jamil Mahuad en 2000 y Manuel Zelaya en 2009).

La (casi) desaparición de la intervención militar cambió la naturaleza de las crisis del presidencialismo. Ahora, con los militares en los cuarteles, el Presidente y el Congreso tienen que resolver sus conflictos entre ellos.

A veces gana el Presidente. Fujimori lo hizo con un autogolpe (apoyado por los militares). Chávez y Correa utilizaron mecanismos plebiscitarios para atacar, cerrar, y eventualmente dominar el Congreso.

Los autogolpes siempre terminan en autoritarismo. Al triunfar en un choque de poderes, el Presidente puede ejercer su control sobre todas las instituciones del Estado. Con el poder concentrado en sus manos, tiene un cheque en blanco. Puede cambiar o manipular las reglas para debilitar a sus rivales y perpetuarse en el poder. Pocos resisten esa tentación.

Los autogolpes no son nuevos en América Latina. Antes de Fujimori y Chávez estuvieron Perón, Vargas, y Velasco Ibarra. Más novedosa es la derrota del Presidente no por los militares sino por el Congreso o la protesta callejera.

Según los politólogos Aníbal Pérez Liñan y Kathryn Hochstetler, los presidentes caen cuando: (1) Hay un escándalo de corrupción muy público; (2) hay una crisis económica que genera protesta; y (3) el Presidente pierde su coalición legislativa. El Presidente puede soportar un escándalo o una crisis si tiene aliados en el Congreso (Samper, Lula), y puede soportar la pérdida del apoyo legislativo si no hay crisis y protesta (Toledo). Pero la combinación de escándalo, crisis económica, y aislamiento legislativo es fatal (Collor, De la Rúa, y ahora Rousseff).

En cierto sentido, el impeachment funciona como sustituto de los golpes militares. Es un mecanismo alternativo para remover un Presidente (percibido como) fallido. Pero no es equivalente a un golpe. Los golpes militares destruyen a la democracia, los impeachment no. Un impeachment no es acompañado por un “estado de excepción” que suspende la Constitución y los derechos civiles. No provoca el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, la cancelación de elecciones, o la represión de la oposición y la sociedad civil.

De hecho, el impeachment del Presidente hace menos daño a la democracia que un autogolpe o una “revolución bolivariana”, porque genera una concentración del poder. A diferencia del Ejecutivo, un Congreso representa múltiples fuerzas políticas que tienen que compartir el poder. Después de un impeachment, no surge un presidente fuerte capaz de perpetuarse en el poder, sino un presidente transicional, basado en una coalición multipartidaria, que solo gobierna hasta la próxima elección. De hecho, en casos como Brasil (1992), Guatemala (1993, 2015), Venezuela (1993), Ecuador (1997, 2005), Paraguay (1999), Argentina (2001), y Bolivia (2003), el impeachment o la renuncia forzada del Presidente no debilitó seriamente al régimen. (El impeachment de Lugo en Paraguay, un acto bastante irregular promovido por una elite cohesionada y ligada a los militares, fue más parecido a un golpe.)

Algunos politólogos ven el surgimiento del impeachment en América Latina con optimismo. Para ellos sería una solución institucional al problema de los presidentes fallidos. Funcionaría como el voto de no confianza en los sistemas parlamentarios, y ayudaría a “flexibilizar” lademocracia presidencialista.

No soy tan optimista. Muchos impeachment latinoamericanos (incluyendo, en mi opinión, el de Dilma), son procesos politizados promovidos muchas veces por políticos que han sido derrotados en las urnas. El uso del impeachment de una manera politizada debilitaría, y no fortalecería, las instituciones democráticas. Ecuador (donde cayeron tres presidentes consecutivos entre 1997 y 2005) es un caso ejemplar.

El impeachment es bastante preferible al golpe militar, pero debe ser una solución de última instancia contra presidentes corruptos o abusivos (como Fujimori), y no presidentes débiles e impopulares (como Dilma).

El Perú no ha sufrido una crisis presidencial desde la caída de Fujimori. Bajo una presidencia de PPK, un político poco hábil que enfrentaría un Congreso fujimorista, el riesgo de crisis aumentaría. Lamentablemente, la alternativa –una presidencia fujimorista, con mayoría legislativa– es aún más peligrosa.

Cuando vuelven los autoritarios

Domingo 08 de Mayo del 2016

De nuevo, el fujimorismo se acerca a la presidencia. ¿Cómo puede una fuerza responsable por tantos crímenes y abusos volver a ganar elecciones?

El regreso del fujimorismo sería lamentable. Pero no sería un caso único. La elección de partidos de origen autoritario es común en las nuevas democracias. Según el politólogo James Loxton, hubo 65 transiciones democráticas en el mundo entre 1974 y 2010. En 47 de ellas surgieron partidos de origen autoritario. Y 37 de estos 47 partidos volvieron al poder a través de elecciones. En otras palabras, los exautoritarios ganaron elecciones en casi el 60% de las nuevas democracias. Ocurrió en Albania, Corea del Sur, Croacia, Ghana, Hungría, Polonia, Taiwán, e Ucrania. En América Latina, ocurrió en Bolivia (Banzer), Chile (pinochetismo), Nicaragua (sandinismo), México (PRI), Panamá (torrejismo), y la República Dominicana (Balaguer). Aunque el regreso de un partido autoritario parezca una aberración, entonces, no lo es. En las nuevas democracias, es más la regla que la excepción.

¿Cómo explicar el regreso de los autoritarios? Según Loxton, los exautoritarios gozan de varias ventajas en el momento de (re)construir un partido. Primero, tienen una sólida base de apoyo. Aún los regímenes autoritarios más controvertidos mantienen el apoyo de un sector de la sociedad, muchas veces entre 20% y 40% del electorado. No es una mayoría, pero sí un piso importante.

Los exautoritarios también se benefician de legados organizativos del viejo régimen. Pueden movilizar a sus viejos cuadros y burócratas, y a sus viejas redes clientelistas. Y pueden aprovechar de sus vínculos con empresarios que prosperaron bajo el viejo régimen para financiarse.

Construir un nuevo partido es difícil. Una fuerza que empieza con un electorado sólido, cuadros en todo el país, y amigos financistas tiene unas ventajas enormes.

Estas ventajas son evidentes en el caso peruano. Gracias a la persistente popularidad de Alberto Fujimori, el fujimorismo inició su reconstrucción con una sólida base de apoyo. Según una encuesta de Ipsos de 2006, el 48% del electorado tenía una imagen positiva del gobierno de Fujimori. Y según una encuesta de GfK de 2013, 42% de los peruanos lo calificaban como “bueno” o “muy bueno”. Según una investigación hecha por Carlos Meléndez, hace algunos años, entre 6% y 16% del electorado tenía una identidad fujimorista. No es una base masiva, pero es la más grande del Perú.

Fuerza Popular heredó redes de militantes y simpatizantes del viejo régimen. Decenas de comedores populares y clubes de madres liderados por fujimoristas seguían operando, prestando una infraestructura en las zonas urbanas populares. Y el fujimorismo mantenía vínculos con varios empresarios que financiaron las campañas de Keiko.

¿La elección de un partido de origen autoritario amenaza a la democracia? Muchas veces sí. En la República Dominicana, Balaguer volvió a sus prácticas autoritarias y robó las elecciones de 1994. En Nicaragua, Daniel Ortega ha construido un régimen ‘sultanista’ parecido al de Somoza. También hubo regresión autoritaria en Bangladesh, Madagascar, Rumania, e Ucrania.

Pero en otros casos, como España, Taiwán, Corea del Sur, Hungría, Polonia, y Ghana, los ex autoritarios gobernaron democráticamente. En América Latina, el regreso de Banzer, el pinochetismo, el torrejismo, y el PRI no afectó seriamente a la democracia. De hecho, solo 2 de los 9 exautoritarios latinoamericanos elegidos en los últimos 30 años atentaron contra la democracia: Balaguer y Ortega.

Tres factores parecen afectar la suerte de la democracia cuando ganan los ex autoritarios. El más importante es la fortaleza de las instituciones democráticas. Donde las instituciones son fuertes, como en Chile, España, Polonia, o Taiwán, ex autoritarios son más fáciles de constreñir. Donde las instituciones son débiles, como en Albania, Bangladesh, Ucrania, o Nicaragua, los ex autoritarios hacen más daño.

Otro factor es la institucionalización del partido. Los partidos exautoritarios más institucionalizados –como el PRI y el nacionalismo en Taiwán– tienen horizontes de tiempo más largos. Sus líderes saben que si pierden hoy, pueden volver a ganar en 4 o 5 años. Por eso, no suelen arriesgarse en una aventura autoritaria. Un partido dominado por el viejo líder y su familia, en cambio, tiene menos futuro y estará más dispuesto a jugárselo todo –como Balaguer y Ortega.

Un tercer factor es la integración de los exautoritarios en el sistema democrático. Un partido que ha sido plenamente integrado, como en España, Chile, México, y Polonia, tiene menos incentivo para atacar a (o desde su perspectiva “defenderse de”) sus rivales si regresa al poder. Un partido que sigue en pie de guerra porque se siente excluido o perseguido estará más dispuesto a violar las normas democráticas y caer en el revanchismo, como en Albania, Bangladesh, e Ucrania.

Donde las instituciones democráticas son fuertes y el partido exautoritario se institucionaliza y se integra al sistema democrático, su regreso es lamentable pero no necesariamente peligroso. Este fue el caso de Chile, España, Ghana, México, Panamá, Polonia, y Taiwán. Cuando la democracia es débil y el partido exautoritario no se institucionaliza y se queda al margen del sistema, como en Albania, Bangladesh, e Ucrania, el peligro autoritario es mayor.
El Perú es un caso intermedio. Sus instituciones democráticas no son tan fuertes como en Chile, Polonia, o Taiwán, pero son más fuertes que en Nicaragua, Albania, o Ucrania.

El fujimorismo no se ha institucionalizado. A pesar de los esfuerzos renovadores de Keiko, sigue siendo un partido familiar: el fantasma de Alberto persiste, y Kenji cree que está en la línea de sucesión.

Pero el fujimorismo se está integrando al sistema democrático. Se ha transformado de un paria en la época de Toledo (con sus líderes exiliados, encarcelados, o expulsados del Congreso), en una fuerza que muchos perciben como un partido más. Se alineó con el APRA en el Congreso en 2006-2011, y muchas figuras del stablishment apoyaron a Keiko en 2011. Hoy forma parte de la coalición que controla al Congreso.

En términos comparativos, entonces, el peligro autoritario en el Perú es mayor que en España, Chile, o Taiwán y menor que en Albania, Bangladesh, Nicaragua, o Ucrania.

Pero hay otro factor que preocupa en el Perú: la mayoría legislativa. Cuando los exautoritarios volvieron en Bolivia, Chile, México, y Panamá, carecían de mayorías legislativas. El fujimorismo no sería constreñido por el Congreso.

La experiencia de otros países muestra que una regresión autoritaria no es inevitable. Pero el fujimorismo –con su renovación a medias, discursos contradictorios, y persistente negativa a demostrar que Alberto se ha jubilado– genera demasiadas dudas. Cuando volvió el PRI en México, escribí una columna (La República, 8-7-12) diciendo que su gobierno sería constreñido por las instituciones democráticas. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo sobre el Perú.

Dos elecciones

Domingo 24 de Abril del 2016

La segunda vuelta no será un conflicto polarizado entre izquierda y derecha como muchos esperaban (o temían) en los últimos días de la primera vuelta. Hay dos candidatos de derecha. Pero eso no significa que no existan diferencias importantes entre ellos. Izquierda versus derecha es una dimensión importante, pero no es la única. Y en el Perú Pos Fujimori, no es la más prominente. Existen otras dos dimensiones claves en las cuales Keiko y PPK difieren: (1) la dimensión fujimorista/antifujimorista y (2) la dimensión elite limeña versus antielite limeña. Cada candidato tiene un flanco débil en uno de estos ejes.

Keiko es vulnerable en la dimensión fujimorista/antifujimorista. La principal debilidad del fujimorismo sigue siendo su pasado autoritario y corrupto. Keiko se esforzó mucho en moderar su imagen en 2016. Pero lo hizo a medias. Poner a Cecilia Chacón primera en la lista parlamentaria y no descartar la participación de la vieja guardia en un futuro gobierno minó la imagen de un fujimorismo renovado. Y la intolerancia mostrada por varios líderes fujimoristas (Pier Figari y sus gritos de “¡Terrorismo nunca más!” ante una manifestación en Arequipa, Héctor Becerril llamando “primos hermanos de terroristas” a los chicos de No a Keiko) demuestra que, más allá de los gestos renovadores de Keiko, el partido mantiene una cultura autoritaria. Keiko no cayó en un discurso autoritario pero toleró la intolerancia de sus partidarios. Su antivoto, que había bajado a 34% en enero, subió a 50% en abril.

PPK es vulnerable en la dimensión elite limeña/antielite limeña. No ha podido revertir la imagen de un técnico gringo ligado a la elite limeña. Gran parte del electorado lo ve como el representante de los grandes empresarios, sin mucha empatía por la gente más pobre o provinciana. Como consecuencia, su base electoral no se extiende mucho más allá de la clase media urbana. En la primera vuelta, PPK consiguió su mejor resultado en San Isidro (65%). De hecho, PPK no merece estar en la segunda vuelta. Hizo una mala campaña y fue desplazado por Julio Guzmán (que caía mejor entre los sectores populares). Sin la exclusión de Guzmán, PPK no hubiera llegado a la segunda vuelta. El JNE lo salvó.

El candidato que mejor explote la vulnerabilidad de su rival, convirtiéndola en el eje principal de la campaña, ganará la segunda vuelta. Si el eje principal es elite limeña/anti-elite limeña, ganará Keiko. A Keiko le conviene una dinámica electoral parecida a la de 1990, cuando su padre derrotó a Vargas Llosa con un discurso populista. Bajo esa estrategia, Keiko definiría a PPK como el candidato pituco, que representa a la elite económica, social, y cultural limeña. El objetivo sería atraer gran parte del voto de Mendoza, sobre todo en el sur andino. El electorado del sur suele ser anti-Lima y anti-establishment. Y el principal candidato del establishment limeño es PPK.

Keiko no tiene los reflejos populistas de su padre; su orientación es más bien tecnocrática. Pero su triunfo en 2016 depende de su capacidad de construir una coalición populista en oposición al establishment limeño. Ya empezó: declaró que Conga no va; abrazó la propuesta de Barnechea de renegociar los contratos de gas; y describió a PPK como un “banquero internacional” que “gobernará para los grandes empresarios”, mientras que ella haría “un gobierno para los pequeños empresarios, los pobres, para el pueblo”. Si Keiko sigue la receta original de su padre, podría ganar.

En cambio, si el eje principal de la campaña es fujimorismo/antifujimorismo, PPK tendrá la ventaja. Existe todavía una mayoría antifujimorista. Pero no es una mayoría automática. Hay dos tipos de antifujimorismo: duro y blando. Los duros (alrededor del 35% del electorado) se oponen a Keiko bajo cualquier circunstancia. Votarían por el diablo si estuviera en la segunda vuelta con Keiko. Ellos están con PPK.

El antifujimorista blando (o “light”, según Sinesio López) es diferente. Se opone a Keiko, pero no bajo cualquier circunstancia. Tiene otras prioridades que pesan más que su antifujimorismo. Por ejemplo, mucha gente de derecha “liberal” que no simpatiza con el fujimorismo votó por Keiko en 2011 porque su compromiso con el liberalismo económico pesaba más que su preocupación por la instituciones democráticas. El propio PPK fue uno de ellos. También existen antifujimoristas blandos en los sectores populares. Por ejemplo, el electorado sureño que votó por Mendoza es antifujimorista, pero también es anti-elite limeña. Entre Keiko y el candidato favorito de San Isidro, cuyos mejores amigos tienen apellidos como De la Puente o Wiese, muchos optarían por Keiko.

La mayoría antifujimorista no se va a movilizar sola. PPK tiene que movilizarla y motivarla. Tiene que construir un frente democrático, con figuras de derecha, centro, e izquierda que nos recuerden diariamente el pasado corrupto y autoritario del fujimorismo. PPK también necesita que grupos como No a Keiko manifiesten su repudio al fujimorismo en la calle y en las redes sociales. Solo un coro amplio y diverso de voces –en columnas, programas de radio y televisión, redes sociales, y la calle– mantendría la prominencia del eje antifujimorista.

Eso es clave. Si PPK no convence al electorado –sobre todo a los que quedaron huérfanos en la segunda vuelta– de que existen diferencias importantes entre él y Keiko, muchos se quedarán en casa, votarán en blanco o viciado, o hasta votarán por Keiko. Y ganará Keiko.

Para evitar eso, PPK tiene que tirar por la ventana los consejos de Enrique Pasquel y El Comercio: tendrá que lanzar una lucha frontal contra el fujimorismo (según Pasquel, no debe pelearse con los fujimoristas porque son futuros aliados) y extender una mano a la izquierda (Pasquel prefiere que se quede entre los amigos sanisidrinos).

Si quiere ganar, PPK tiene que convertir la segunda vuelta en un referendo sobre el fujimorismo. Y tiene que forjar una amplia coalición antifujimorista que abarque desde la derecha liberal hasta la izquierda, algo parecido a la coalición que construyó Humala (con la ayuda de Vargas Llosa) en 2011. No tiene muchas alternativas. Keiko tiene más carisma y mejor organización. Y una campaña basada en la “experiencia” no funciona porque la mayoría detesta a su elite política (pregunten a Alan García).

Construir una coalición antifujimorista no será fácil para PPK. Ha hecho poco para ganar la confianza de los sectores populares y progresistas. Apoyar a Keiko en 2011 fue fatal. Y los insultos a Mendoza y a la gente andina (falta de oxígeno, periodistas puneños ignorantes) no ayudan. Además, entre los PPKausas hay muchos antifujimoristas blandos, que, ahora que el modelo económico está asegurado, no quieren hacerle la guerra a Keiko.

PPK todavía no moviliza a la tropa antifujimorista. Su rival sigue trabajando sin recreo.

El resurgimiento de la izquierda

Domingo 10 de Abril del 2016

Sean cuales sean los resultados hoy, el desempeño del Frente Amplio ha sido extraordinario. Luego de 25 años en los márgenes políticos, la izquierda compite seriamente por la presidencia. Aun si pierde, el FA tendrá una bancada importante en el Congreso y una candidata fuerte para 2021. Son pasos importantes hacia la reconstrucción de una izquierda viable.

Aunque la derecha se vuelva histérica (otra vez), el fortalecimiento de la izquierda beneficia a la democracia. Una izquierda sólida mejora la calidad de la representación, fomenta el debate programático, reduce el espacio para el populismo, y da impulso a las políticas redistributivas necesarias para combatir a la desigualdad social. (Varias investigaciones muestran que la democracia es menos viable en un contexto de extrema desigualdad.)
El ascenso electoral de Verónika Mendoza ha sido espectacular. Subió de 1% a 20% en las encuestas sin muchos recursos, organización partidaria, o amigos en los medios. No tiene ni una fracción del financiamiento que tienen Keiko, PPK, y Alan.

Sin duda, Mendoza tuvo buena suerte. Su ascenso se debe, en parte, a la lamentable exclusión de Acuña y Guzmán (gracias a la cual la revista británica The Economist describe la elección peruana como una “farsa peligrosa”).
Pero el éxito de Mendoza no es pura casualidad. De hecho, hay tres lecciones de ese éxito que quiero resaltar. Primero, el espacio electoral se llena. Los que pensábamos hace un año que la elección terminaría siendo una competencia entre varios sabores de derecha nos equivocamos. Gran parte del electorado se quedaba sin representación. Muchos peruanos buscaban a un candidato más alejado del poder –alguien que no era del establishment limeño. Alguien como Acuña, Guzmán, o Mendoza.

Y existía un espacio en la izquierda. De hecho, una encuesta publicada en marzo por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP sugiere que este espacio ha crecido desde 2011. Según la encuesta, el 40% del electorado quiere un gobierno que realice “cambios radicales” en la política económica, comparado con el 33% en 2011. Y una sólida mayoría (52%) cree que “Promover una mayor intervención del Estado es la única forma en que el Perú puede desarrollarse”, comparado con 42% en 2011. Solo el 36% de los encuestados cree que el mejor camino es “promover una economía privada de mercado”.
Existía entonces una brecha entre la oferta conservadora del trío Keiko-PPK-Alan y la demanda electoral. Gran parte del electorado buscaba a un candidato más estatista y más alejado del poder. No necesariamente Mendoza, pero la candidata del FA tenía el perfil correcto.

Una segunda lección del éxito de Mendoza es que la unidad de la izquierda no es necesaria. El mito de la unidad –basado en la experiencia de la IU en los 1980– se ha roto. El Frente Amplio nació como proyecto de unidad pero rápidamente dejó de serlo. La mayoría de las organizaciones de izquierda lo abandonaron. Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, Partido Humanista Patria Roja, PC formaron UNETE por la Democracia, que naufragó y quedó marginado. Goyo Santos y Vladimir Cerrón no entraron al frente. Y muchas figuras progresistas, como Susana Villarán, Vladimiro Huaroc, César Villanueva, Susel Paredes, Rosa Mávila, Sergio Tejada, y Julio Arbizu quedaron afuera.
En el inicio de la campaña, entonces, el Frente Amplio ya se había reducido a un frente bastante estrecho. Casi todas las organizaciones y figuras de izquierda más conocidas estaban afuera del FA, y la izquierda en su conjunto estaba más fragmentada que nunca. Se perfilaban cinco candidaturas: Mendoza, Santos, Cerrón, Simon, y la de UNETE.

Y Mendoza despegó igual. Hoy, el grueso de la izquierda apoya a la candidata del FA, pero esa unidad es la consecuencia y no la causa del éxito de Mendoza.

El ascenso de Mendoza demuestra que la unidad importa poco. En una democracia presidencialista sin partidos, la que importa es la candidata. Y Verónika Mendoza ha sido una buena candidata.

Mendoza no arrancó bien. Carecía de experiencia. Hablaba a la militancia y no al electorado. Pero trabajó duro y aprendió rápido. Aprendió a defenderse bien en la televisión, muchas veces en un ambiente hostil. Enfrentó ataques disfrazados como entrevistas –jamás pidió su Víctor Andrés Ponce– y salió bien parada.

Mendoza viajó de manera incesante por todo el país. Y a diferencia de sus rivales, se veía cómoda hablando con peruanos de todo tipo. Escuchándolos. Tocándolos. Comiendo su comida. Mostraba más empatía con la gente y más interés en sus problemas que sus rivales. Gracias a ese trabajo (y un nocaut inolvidable a Aldo Mariátegui), pasó de ser una candidata desconocida a ser una candidata que generaba simpatía, sobre todo en los sectores pobres y rurales. (En la última encuesta publicada por GfK, Mendoza tenía mayor intención de voto que PPK y Barnechea juntos en los sectores D y E y en el sector rural).

Verónika Mendoza, mucho más que su partido o su programa, ha sido la fuente principal del éxito de la izquierda. Sin ella, el FA probablemente no hubiera superado la valla de 5%.

Una tercera lección del éxito de Mendoza es que la izquierda no tenía que moderarse mucho. Al principio de la campaña, muchos analistas –yo entre ellos– sugeríamos que la mejor manera de superar la valla y entrar al Congreso (porque nadie pensaba seriamente en la presidencia) era moderarse y buscar al voto de la clase media progresista, con un discurso centrado más en la anticorrupción que en el estatismo. Y marcar distancias con el autoritarismo venezolano. El FA no nos hizo caso. Mendoza mantuvo un discurso principista. Descartó una Hoja de Ruta. Y se negó –a toda costa– a utilizar palabras como “dictadura” o “preso político” en referencia a Venezuela. Aunque el programa del FA está (muy) lejos de ser “socialista” o “chavista”, es mucho más ecologista, estatista, y defensor de los derechos de las minorías que el ultraortodoxo Consenso de Lima que impera desde 1990.

Y Mendoza despegó igual. Una campaña principista tiene varios beneficios. Primero, genera militancia. Poca gente se dedica a trabajar día y noche por varios meses sin sueldo por una causa moderada y pragmática. Los militantes necesitan creer en algo. Los militantes del FA no solo buscan puestos. Creen en su proyecto. Y eso fortalece a su partido y su campaña. Segundo, al mantener su discurso principista Mendoza se ha diferenciado de los demás candidatos. En una sociedad donde la gente detesta a los políticos, por su corrupción, sus mentiras, sus traiciones ideológicas, y su transfuguismo, un discurso principista puede ser un activo. Mendoza es percibida como más auténtica. Nadie duda que ella cree lo que dice. ¿Se puede decir lo mismo de Keiko, PPK, Alan, o Toledo?

El FA apostó por un proyecto menos amplio y más ideológico que muchos esperábamos—y le salió bien. Las consecuencias de esta apuesta para una posible segunda vuelta (o para un posible gobierno frenteamplista) son temas para futuras columnas. Por ahora, el desempeño electoral del FA ha sido espectacular. Aun si pierde, ha convertido la izquierda peruana en una fuerza electoral viable por la primera vez en una generación. No es poca cosa.

Una Elección Semidemocrática

Domingo 27 de Marzo del 2016

Por primera vez desde el 2000, las elecciones presidenciales peruanas no serán plenamente democráticas. La desastrosa legislación electoral –aplicada de una manera desigual– ha asegurado que el proceso electoral viole los principios básicos de la libre competencia y la igualdad ante la ley.

Con su decisión de excluir a dos candidatos presidenciales por razones burocráticas (Julio Guzmán) o faltas menores (César Acuña), el JNE se metió en un callejón sin salida democrática. Era de esperar que surgieran evidencias de semejantes faltas cometidas por otros candidatos. Y de hecho, las investigaciones de IDL-Reporteros, Poder, y otros medios–reforzadas por videos ampliamente difundidos– revelaron que Keiko Fujimori, PPK, y Alan García también violaron las reglas. Ante estas denuncias, las autoridades electorales enfrentaban un dilema: o aplicar ley a todos, y así matar por completo una elección que ya habían herido seriamente (porque una elección que excluye a candidatos que representan 60% o más del electorado ya no es ni mínimamente democrática) o aplicar la ley de una manera descaradamente desigual.

El 24 de marzo (a medianoche, demostrando una cobardía digna de la época fujimorista), el Jurado Electoral Especial optó por el segundo camino. Excluir a Acuña y Guzmán pero no a Keiko (y quizás PPK y García) viola claramente el principio de igualdad ante la ley. Ahora, no solo se excluyen candidatos, que ya es un golpe a la democracia, sino se excluyen en un proceso desigual e injusto, que es peor. Como en los tiempos de Fujimori (o en la Venezuela actual), las autoridades electorales no han sido árbitros neutrales. Intervinieron de una manera parcializada. Y afectaron seriamente los resultados. Si Keiko gana, su gobierno será percibido como ilegítimo.

¿Se puede gritar fraude? No es precisamente fraude, pero sí una violación democrática seria. Una elección puede ser no democrática de varias maneras. Una es con fraude, o la manipulación del voto o conteo de votos. Otra es una restricción al sufragio, como en EEUU antes de 1965 y Sudáfrica antes de 1994. Otra es la manipulación sistemática del Estado para inclinar la cancha contra la oposición, como en el Perú de Fujimori o la Venezuela chavista. Y otra es la exclusión de partidos o candidatos.

La plena competencia –basada en los derechos a ser elegido y tener representación electoral– es un elemento básico de la democracia. Según las normas internacionales (y la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la exclusión de candidatos por razones que no sean requisitos básicos (como edad y nacionalidad) o la prohibición de la reelección viola la norma de la plena competencia. Y excluir algunos candidatos y no otros que cometieron faltas parecidas significa trato desigual, lo cual mina la libre competencia. Sin libre competencia, no hay plena democracia.

No hay muchos casos contemporáneos de exclusión de candidatos presidenciales bajo regímenes aparentemente democráticos, pero sí los hubo en el pasado: Colombia bajo el Frente Nacional (1958-74); Argentina con la proscripción del Peronismo (1957-66); Turquía en los años ochenta y noventa con la proscripción del Partido Islámico). Estos regímenes –más o menos democráticos, salvo por la exclusión electoral– suelen ser clasificados como “semidemocráticos”.
Las elecciones peruanas de 2016 serán semidemocráticas. El problema principal es que la valla para la exclusión de candidatos –siempre alta en las democracias– es muy baja. Se excluye candidatos presidenciales por faltas burocráticas (Guzmán) y por clientelismo (Acuña) algo inédito en el mundo.

La ley que prohíbe la entrega de dinero o dádivas con la finalidad de obtener votos es muy problemática. La idea era eliminar la vieja práctica del clientelismo, que había sido muy antidemocrática. En épocas anteriores existían fuertes relaciones de dependencia entre ciudadanos pobres y gamonales locales. Si el elector depende del gamonal por su bien material o su seguridad, y si el voto no es (o no parece) secreto, el clientelismo –el cambio de favores o dádivas por el voto– es coercitivo y antidemocrático.

Pero como muestra la politóloga Paula Muñoz (en una tesis de doctorado premiada por la Asociación Americana de Ciencias Políticas), el viejo clientelismo ya (casi) no existe en el Perú. Fuera de los pocos distritos donde persisten máquinas políticas autoritarias (Callao, Áncash bajo Álvarez), no hay relación de dependencia entre electores y políticos. Los partidos no tienen la capacidad para monitorear el voto. El nivel de control que ejercen sobre el elector es casi nulo. Los peruanos reciben dádivas de todos los candidatos y después votan como quieren.

Muñoz muestra que la entrega de dádivas en el Perú contemporáneo no es compra de votos: se compra la asistencia a los mítines. Dado el desprestigio de los políticos, pocos quieren ir a escucharlos. Con pocas excepciones, si los candidatos no ofrecen regalos, concursos, o rifas, nadie va a sus actos electorales. Los políticos ya no son capaces de comprar votos; regalan cosas simplemente para ser escuchados. Fuera de los casos de mafias establecidas en el poder (Callao, Áncash), la entrega de dádivas no es coercitiva. La gente va a los mítines, recibe sus regalos, y después vota por la candidata o candidato que quiere.

La entrega de dádivas en las campañas actuales puede ser fea, pero no es un acto coercitivo o autoritario como el clientelismo del pasado. Ni siquiera es compra de votos. Por eso, excluir a un candidato presidencial por esta “violación” es un remedio mucho peor que la enfermedad.

El precedente generado por las autoridades con la exclusión de Guzmán y Acuña ha envenenado el proceso electoral. La elección descendió a una guerra de tachas. Hay una obsesión colectiva con la exclusión. Los medios se dedican casi exclusivamente a la guerra de tachas. Un ejemplo: El 23 de marzo todos los artículos principales (4 de 4) en la sección Elecciones 2016 del sitio de web de Peru21 tuvieron que ver con la exclusión de candidatos; 4 de los 5 artículos principales en la sección Elecciones del sitio de web de El Comercio tuvieron que ver con la exclusión; y 8 de los 10 artículos principales en la sección Elecciones del sitio de web de La República tuvieron que ver con la exclusión.

Quizás la peor consecuencia de la guerra de tachas generada por el JNE ha sido la promoción del comportamiento poco democrático. En vez de ser participantes en un proceso democrático, los políticos y sus seguidores buscan la exclusión de sus rivales. Hay movilizaciones para exigir la exclusión de candidatos. ¡Salen a la calle para exigir menos democracia! Yo no tengo problema con las manifestaciones No a Keiko, pero manifestarse contra una candidata que representa a una fuerza autoritaria y corrupta es una cosa; pedir su exclusión es otra. “No a Keiko” es un movimiento democrático; hace campaña contra Keiko. Pero un movimiento “No a la candidatura de Keiko” sería antidemocrático. Buscar excluir a los rivales y así minar la competencia choca con los principios básicos de la democracia. Pero la democracia peruana ha llegado a eso.

El carácter semidemocrático de las elecciones no pasará desapercibido por la comunidad internacional. Es probable que la calificación de Perú en el índice de Freedom House empeore. Desde 2002, Perú recibe una calificación de 2 (1=más democrático; 7=más autoritario) en la dimensión de “derechos políticos”, que es igual a democracias como Argentina y Brasil. Es probable que ahora suba a 3, como Bolivia y Ecuador.

Aunque los responsables principales de este fiasco son las autoridades electorales y el Congreso, los demás candidatos y sus seguidores son cómplices. Creyéndose beneficiados por la salida de sus rivales, han hecho poco o nada para combatir a las injusticias cometidas. Prefieren ganar una elección semidemocrática que perder una elección democrática. Su actitud egoísta y cortoplacista debilita la democracia.

Como minar a las instituciones (y sentirse institucionalista)

Domingo 13 de Marzo del 2016

Muchos peruanos se preocupan por la debilidad institucional. El sistema político ha sido marcado por la corrupción; todos parecen esquivar la ley. No sorprende, entonces, que mucha gente se muestre a favor de una aplicación rigurosa de las reglas en el caso Guzmán. Si su partido no cumplió con las reglas, que se le excluya. La ley es la ley. ¿Quiénes no estarían de acuerdo? De hecho, en el caso Guzmán, el coro “institucionalista” abarca fujimoristas (¡), apristas, ppcistas, PPKausas, e izquierdistas.

Pero si es tan obvio que había que aplicar las reglas en el caso Guzmán, ¿por qué la decisión generó tanta sorpresa—y escándalo— en la comunidad internacional? ¿Por qué las otras democracias del mundo no excluyen a candidatos presidenciales por faltas administrativas? ¿Será que el Perú tiene la democracia más institucional del mundo?

No. El caso Guzmán nos muestra algo importante: una ciega aplicación de las reglas no fortalece la institucionalidad. Y muchas veces, la mina. La frase “la ley es la ley”–utilizada por muchas dictaduras– es una falacia. Aún en las democracias más institucionalizadas, la aplicación de las reglas varía, dependiendo de la regla y del contexto. En algunos casos, una estricta aplicación de las reglas es contraproducente y hasta peligrosa.

Quiero señalar dos instancias donde una estricta aplicación de las reglas mina la institucionalidad. Las reglas incumplibles. Algunas reglas son incumplibles porque es imposible monitorearlas, como las leyes contra la sodomía. En otros casos, sus diseñadores son poco realistas, o no esperan que sean cumplidas, las reglas simplemente expresan deseos políticos o metas futuras. Entre 1976 y 1989, por ejemplo, la Constitución portuguesa obligaba al Estado a hacer una transición al socialismo. Las constituciones de Brasil, Colombia, y Kenia garantizan al derecho a un medio ambiente limpio y sano.

La aplicación de reglas no cumplibles puede causar serios problemas. Por ejemplo, la Constitución mexicana de 1917 contenía artículos (3, 27, y 130) que restringían severamente las actividades de la Iglesia. Su plena aplicación habría significado la destrucción de la Iglesia. Los primeros gobiernos revolucionarios fueron laxos, pero en 1926, el gobierno de Plutarco Calles decidió “aplicar la ley.” Provocó una guerra civil—La Cristiada—que dejó casi 100,000 muertos. La aplicación rigurosa de las leyes migratorias en los EEUU—expulsando 11 millones de personas, como propone Trump— también tendría consecuencias desastrosas.

Otro peligro de las reglas incumplibles es su aplicación selectiva. Si (casi) nadie cumple con las reglas, castigar a unos pocos pero no a otros genera la percepción de injusticia, sobre todo donde el sistema judicial carece de confianza pública (como en el Perú).

De hecho, la aplicación selectiva de la ley es común en los regímenes autoritarios. Donde nadie cumple con las reglas, el gobierno puede reprimir a sus rivales con la mera aplicación de la ley. El gobierno de Putin utiliza la ley para encarcelar a políticos y empresarios rivales por corrupción, mientras sus (igualmente corruptos) aliados están impunes. En Malasia, el principal líder opositor, Anwar Ibrahim, es uno de los pocos ciudadanos encarcelados por sodomía. Y en el sur norteamericano, existían en los años sesenta reglamentos altamente exigentes para registrarse a votar. Para los ciudadanos blancos, la aplicación de estos requisitos era laxa, pero para los negros las autoridades “aplicaron la ley.” Sin poder cumplir con los requisitos, muchos negros no podían votar. Todos estos actos antidemocráticos fueron “legales.” Se cumplió la ley.

La estricta aplicación de las reglas también mina a la institucionalidad cuando choca con otras normas o derechos fundamentales. Todo país tiene leyes que se contradicen, donde aplicar una ley implica violar a otra. En estos casos, las autoridades tienen que interpretar las leyes y evaluar: ¿cuál es la más importante?

La interpretación de las leyes contradictorias varía entre las democracias y las dictaduras. Por ejemplo, en muchos países, se necesita un permiso para llevar adelante una protesta pública. Pero muchas protestas son espontáneas, no hay tiempo para solicitar un permiso municipal. Estas protestas son técnicamente ilegales. Prohibirlas o reprimirlas, entonces, sería cumplir con la ley. Eso es lo que hacen gobiernos autoritarios como los de Pinochet, Putin, o Maduro. En las democracias, en cambio, prevalece el derecho a la libre asociación. Si las protestas son pacíficas, son toleradas, aun si carecen de los permisos necesarios. El énfasis se pone en los derechos, no en los papelitos.

Las leyes contra la difamación son otro ejemplo. En las democracias, las leyes antidifamación casi nunca se aplican contra medios que atacan a los políticos, porque prevalece el derecho a la libre expresión. Muchos gobiernos autoritarios, en cambio, optan por aplicar las leyes antidifamación, porque les permiten callar a la prensa de una manera “legal.” Rafael Correa es un fanático de “aplicar la ley” contra los medios.

Finalmente, en las democracias contemporáneas, cuando los candidatos presidenciales cometen faltas administrativas o violan reglas menores, las autoridades priorizan los derechos de participación y plena representación electoral. Multan en vez de excluir candidatos, porque creen que la exclusión es un remedio mucho peor que la enfermedad. Por eso, la exclusión de candidatos por faltas administrativas solo ocurre en regímenes autoritarios como Rusia, Bielorrusia, Azerbaijan, Burkina Faso, y Camerún.

En todos estos casos, una aplicación estricta de las reglas tiene consecuencias poco democráticas; y por eso los gobiernos democráticos optan por una aplicación limitada, meditada, y proporcional.

Las lecciones para el caso Guzmán son claras. Primero, la Ley de Partidos es incumplible. Las autoridades electorales no monitorean rigurosamente la colección de firmas, las afiliaciones, el funcionamiento de las comités provinciales y asambleas partidarias, o el proceso de democracia interna. Si lo hicieran, todos los partidos estarían en falta. Que partidos membretes como Perú Posible, Solidaridad Nacional, PPK, Orden, o el Partido Humanista puedan cumplir con todos los requisitos establecidos por las autoridades electorales es una ficción, y los políticos lo saben. Algunos falsifican bien, otros no. Pero nadie cumple de verdad.

La aplicación de las reglas incumplibles en el caso Guzmán ha sido selectiva, algo claramente demostrado por recientes investigaciones periodísticas que revelan que el fujimorismo, Alianza Popular, y PPK cometieron faltas parecidas a las de Acuña y Guzmán. Eso genera una fuerte percepción de injusticia.

Las consecuencias pueden ser graves. La confianza pública en las autoridades electorales se erosiona, y el proceso electoral podría quedar deslegitimado. De hecho, el escenario de pesadilla —un resultado electoral no aceptado como legítimo— podría convertirse en realidad. Según la última encuesta de Ipsos, Guzmán empata a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, algo que ningún otro candidato había hecho. Si Fujimori gana, Guzmán podría decir que sí él no hubiera sido injustamente excluido, el resultado habría sido otro.

La aplicación estricta (pero selectiva) de unas reglas menores e incumplibles, sin tomar en cuenta sus consecuencias para otras normas y derechos fundamentales, ha minado a la institucionalidad democrática. Y podría provocar una crisis. Con pocas excepciones (como Verónika Mendoza), la elite política se ha callado ante este golpe a la democracia. Las consecuencias de su irresponsabilidad aún están por verse.