Hasta Pronto

Termina el año 2013 y es obligado hacer un modesto balance de nuestra siempre modesta vida política. Desde la sesgada óptica limeña los personajes centrales del año han sido los ex presidentes García, Fujimori, Toledo y por cierto el presidente Humala. Ollanta Humala está bajo el fuego de los dos primeros y sometido a una alianza precaria con el último. Las relaciones de estos cuatro personajes son determinantes para lo que queda del gobierno, pero tal vez no para las elecciones del 2016.

El indulto frustrado a Fujimori y el juicio por los diarios chicha, el informe final de la Megacomisión que investiga a García y su gobierno, el caso Ecoteva y las inversiones inmobiliarias del amigo de Toledo, han desgastado –y en el caso de Toledo liquidado– a los potenciales candidatos del 2016, incluyendo a Keiko Fujimori como representante de su padre. La última “limpiada” a García por parte del Ministerio Público puede salvarlo de una acusación penal, pero no le suma un solo voto como tampoco el escándalo de haber conmutado penas de narcotraficantes que incluso ya estaban libres. Todo hace pensar, en este contexto, que la mesa está servida para caras nuevas y nuevos liderazgos.

Tenemos al frente un gobierno aislado, que se empantanó en el tema de Repsol, como lo hizo el año anterior en Conga. La relación delicada con la inversión privada se resquebrajó este año por culpa de la necedad y vaguedades inoportunas del propio Presidente. Las consecuencias en la caída de la confianza se vieron el resto del año. A ello se suma el escándalo López Meneses, cuyas hipótesis todavía no pueden ser correctamente contestadas desde el gobierno dejando la sensación del encubrimiento y la impunidad, tan comunes y tan frustrantes en la vida cotidiana de los peruanos.

Tampoco puede mostrar el gobierno resultados en temas críticos para los peruanos a los que supuestamente quiere incluir. Ni en educación, ni en seguridad, ni en justicia, ni en salud (es decir, en los servicios básicos universales para la población excluida) se pueden exhibir indicadores de logros relevantes. No es que no se haya hecho nada. Por el contrario. El gasto público es significativo en estos sectores y hay algunos programas nuevos que son exitosos para sus objetivos. El problema es que mientras los niños no aprendan, las calles no sean seguras, los juicios duren mil años y la espera para una consulta médica o una operación dure otros mil, nada se habrá avanzado en lo sustancial. Y esa fue la oferta de inclusión de Humala.

Una ilegal e inmoral postulación de Nadine Heredia, que no fue desmentida contundentemente a tiempo, agravó la caída de la popularidad del régimen. Y los dos primeros ministros en este año, a los que no se les deja juego propio, no contribuyen en nada en bajarle el perfil a la primera dama, la única persona en la que en realidad confía el Presidente. Todos los que lo ayudaron a llegar y eran de su confianza en el Ejecutivo, ya no están. A la gran mayoría, incluyendo su ministro de Economía, los conoció luego de electo.
La revocatoria en Lima también fue tema central este año. Susana Villarán –pese a sus bajos indicadores de aceptación y a la más salvaje y mentirosa campaña mediática que se haya visto contra funcionario elegido– salvó el puesto, pero perdió a sus regidores. El PPC jugó un papel central en su rescate y en el de las grandes obras de infraestructura vial y reformas de transporte y comercialización que veremos el 2015 o 2016, si quien venga no las arruina.

Y así termina el año. Y también, con pena y con gratitud termina mi participación en La República. Desde que en el 2011, gracias a la generosidad de Gustavo Mohme, colaboro en estas páginas he encontrado verdad, rigor y solidaridad. Los valores que toda redacción de prensa debe tener están aquí y los voy a recordar siempre con cariño. Emprendo un nuevo proyecto en unas semanas y desde ahí, por supuesto, continuaré con las luchas que nos unieron aquí. Muchas gracias a todos.

Universidad y reparto del poder

Domingo, 15 de diciembre de 2013 | 4:30 am

La creación, la libre transmisión de ideas y la investigación, por su propia naturaleza y para lograr su máximo potencial, tienen que desarrollarse en un entorno de libertad. La idea de que el Estado pueda restringir estas actividades o censurarlas repele a los derechos humanos fundamentales.

Por ello, la libertad de pensamiento, creación y cátedra son libertades consustanciales a la humanidad, garantizadas y consagradas en las constituciones del mundo. La autonomía universitaria es consecuencia natural de estos derechos, permitiendo que sus metodologías, contenidos y planes de enseñanza sean libres.

La discusión y objeción central en el debate de una nueva Ley Universitaria aprobada por la Comisión de Educación del Congreso, es que este proyecto acaba con las libertades fundamentales mencionadas. He leído todo el proyecto y, si bien puede tener muchos defectos, la acusación central es una mentira. Y bien grande.

Toda libertad acepta restricciones cuando hay fines superiores. La libertad de empresa o la de libre asociación, por cierto, tampoco son derechos ilimitados. El Estado puede crear algún arreglo institucional para regular las universidades sin que se afirme por ese solo hecho de que exista una violación constitucional. ¿Cuál es el arreglo institucional hoy para las Universidades? Que el nacimiento, la vida y el final de las universidades está regido por un conjunto de requisitos normativos que deben fiscalizar un conjunto de instituciones con funciones repartidas. El proyecto propone centralizar todas las funciones –exactamente las mismas– en una sola institución. ¿Cuál es la violación de la autonomía? ¿La centralización? Es absurdo.

Lo segundo que se afirma es que esta nueva institución, llamada Superintendencia, al estar adscrita como OPD del MED no tendrá autonomía. Bueno, exactamente lo mismo sucede con la Asamblea Nacional de Rectores que no es un organismo constitucional autónomo y que obligadamente tiene que estar adscrito a un Ministerio para que un Ministro asuma responsabilidad política frente al Congreso. ¿Y cuál es ese Ministerio? Pues es el mismo: el MED. La ANR es una OPD del MED, les guste o no.

¿Qué ha cambiado entonces? Lo que cambia es el reparto del poder. Es ese y no otro el tema central de la pelea. En el actual sistema el poder de sancionar se encuentra repartido y disminuido. ¿El poder de acreditar? casi no existe porque el sometimiento es voluntario. ¿El poder de crear una universidad? Flexibilizado para que la valla de entrada sea la más baja posible. ¿El resultado? 35% de egresados profesionales en el sub empleo en una situación económica de prosperidad y crecimiento del empleo con carreras en donde la demanda no está satisfecha. ¿Eso es justo?

El proyecto propone centralizar todo el poder en un directorio en donde rectores y promotores universitarios no tendrán mayoría. Tampoco el Estado. Se incorporan representantes de gremios como los colegios profesionales y la Confiep, más conectados con el mercado laboral y sus necesidades urgentes. Es decir, los rectores pierden poder.

¿Es esto violatorio de alguna norma constitucional? No. El proyecto garantiza la libertad de cátedra y la libertad para formular planes académicos y metodologías. Conserva exactamente el mismo modelo de gobierno interno que hoy tienen las universidades: Asamblea, Consejo, Facultades, etc. Pero coloca requisitos de grados académicos mínimos para ser docentes (con lo que discrepo), características básicas de infraestructura y otros asuntos que parecen excesivamente reglamentaristas pero que responden, probablemente, a la situación de espanto que la Comisión ha encontrado en sus visitas a campus en Lima y en el interior del país. Estos detalles deben ser debatidos, eliminados o mejorados.

La mejor y tal vez única forma de movilidad social que tiene un joven en situación de pobreza es su educación. Millones de padres en todo el país, que no tuvieron educación superior, tienen la esperanza de un futuro mejor para sus hijos y hacen sacrificios extraordinarios para mantener a un hijo estudiando. ¿Puede un país serio defraudar esa esperanza?

Pisa pesa

Domingo, 08 de diciembre de 2013 | 4:30 am 

Me contaban amigos panameños que fue su país el último en la encuesta Pisa del 2009. Ante la ola de críticas, su ministra de Educación tomó una de esas decisiones real-maravillosas propias de nuestro continente. Solucionaron el problema no volviendo a participar el 2012. Asunto arreglado. ¿Mejoró la educación pública panameña? ¡Vaya uno a saber!

El Perú pudo haber hecho lo mismo y no lo hizo. Y aunque sea esta vez el último de 65 países tuvo el coraje, con solo 8 países latinoamericanos, de dejarse medir. Por eso decir que ha bajado 2 puestos –no 3 como algunos periodistas repetían en un acto involuntario de comprobación fáctica de los resultados de la prueba– no es del todo cierto. Habría que agregar que siendo nuestro resultado muy malo, todos los países han avanzado. El Perú también, sobre todo en lectura y comprensión de textos. Lo que sucede, dicen los que saben, es que el avance peruano es más lento y muy inequitativo. El área rural sigue estando muy atrás de la urbana.

Conversé esta semana con un maestro de matemáticas de escuela pública en Lima para primero y segundo de secundaria. También con un director de otra escuela pública. Las cifras Pisa no les sorprendían. Lo que les sorprendía es que no se conocieran las causas de esos resultados. Causas con las que ellos conviven día a día.

Si bien hay convención en que la aproximación a la matemática, desde el aprestamiento en inicial, debe ser lúdica no hay ni capacitación humana ni material para el objetivo. Las matemáticas para la vida cotidiana son las más fáciles de aprehender porque parten de la naturaleza concreta de los bienes. Luego, es más fácil pasar a la abstracción. ¿Qué sucede en la primaria pública peruana? El profesor es “todista”. Hay un solo profesor de aula para casi todos los cursos, sobre todo los más importantes: matemáticas, ciencias, personal social y comunicación. Así es imposible que se logre el avance. Por el contrario, ¿qué hacen los colegios privados de elite? Tienen especialización desde primaria. Allí está toda la diferencia.
Entonces, a secundaria llega un niño con aversión a las matemáticas que ha fracasado y volverá a fracasar. Y lo espera un maestro de matemáticas que hoy tiene tres metodologías diferentes, todas promovidas por el Ministerio de Educación. Si el maestro es conservador –lo que suele ser frecuente– las innovaciones las dejará pasar. Primero, porque las percibe como moda pasajera, segundo porque cambiar implica un enorme esfuerzo, y tercero por la falta de empoderamiento de los directores.

Le pregunte al director con qué periodicidad se reunía con sus profesores de matemáticas para tomar decisiones pedagógicas y resolver, por ejemplo, el problema de las diversas metodologías que proponía el Ministerio. Ingenuamente creía que en una escuela de mil alumnos había por lo menos un departamento de matemáticas, otro de ciencias y otro de comunicación que agrupaban a los maestros por especialidad. Con tristeza me explicó que no solo no podía promover políticas pedagógicas uniformes –su deber según la ley– sino que se arriesgaba a que uno o más profesores lo denunciaran y le abrieran proceso administrativo. “¿Por qué cree que los colegios de Fe y Alegría, que son públicos, funcionan?”– me dijo– porque los directores tienen poder para hacer cumplir una propuesta pedagógica y la participación de los padres es obligatoria.

Finalmente, hablamos del número de horas en la escuela. Mientras la escuela pública termine su primer turno a la 1 p.m. tampoco se avanzará. Es mejor suprimir el turno de tarde y dejar a los niños en clases hasta por lo menos las 3 p.m. que mantener la situación de hoy.

Aunque la cobertura de secundaria ha crecido –un gran logro de esta década–, el decrecimiento demográfico puede permitir hacerlo y lograr para la escuela pública el mismo horario que el de la escuela privada.

El ministro ha anunciado cambios dramáticos. Los expertos y miles de maestros saben cuál es el camino. Los costos serán grandes, pero los beneficios inimaginables. Cambiar la vida de una generación no es poca cosa.

Nelson Mandela

 

La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré por toda la eternidad.
Si tengo que morir, declaro para todos los que quieran saberlo que iré al encuentro de mi destino como un hombre.
Una prensa crítica, independiente y de investigación es el elemento vital de cualquier democracia. La prensa debe ser libre de la interferencia del Estado. Debe tener la capacidad económica para hacer frente a las lisonjas de los gobiernos. Debe tener la suficiente independencia de los intereses creados para ser audaz y preguntar sin miedo ni ningún trato de favor. Debe gozar de la protección de la Constitución, de manera que pueda proteger nuestros derechos como ciudadanos.
La mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. No me juzgues por mis éxitos, júzgame por las veces que me caí y volví a levantarme.
Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo.
Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes, porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos.
Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario.
Yo no nací con hambre de ser libre, yo nací libre, libre en cualquier sentido que yo pueda entender.
Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás.
El arma más potente no es la violencia, sino hablar con la gente.
La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.
Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.
Si quieres hacer las paces con tu enemigo, debes trabajar con tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero.
Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades.
Una buena cabeza y un buen corazón es una combinación formidable.
No puede haber revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños.
Lo más difícil no es cambiar la sociedad sino cambiarse a uno mismo.
Si esperas las condiciones ideales, nunca se darán.
Cuando el agua empezó a hervir, apagar el fuego ya no sirve de nada.

¿Familia o contrato?

Domingo, 01 de diciembre de 2013 | 4:30 am


En 1988 una mujer en los Estados Unidos firmó un contrato con una pareja de esposos para alquilar su vientre y aceptar ser inseminada con el esperma del marido. El contrato establecía que ni bien naciera la niña ella renunciaría a todo derecho de patria potestad. La niña nació y la mujer se negó a entregarla. El caso llegó a la Corte y fue conocido como el famoso caso “Baby M”.
La pregunta central para los jueces fue esta: ¿Qué reglas debemos aplicar? ¿Las de contratos o las de familia? Si se aplican las reglas de contratos es claro que “una venta es una venta” y que las partes pueden acordar empeñar su palabra de la manera que más les convenga. Incumplir la palabra empeñada en un contrato es sancionable y por tanto la madre que alquiló su vientre debía entregar a la niña.
Pero, por otro lado, si se aplican las reglas de familia el resultado puede ser muy diferente. Estas imponen un conjunto de derechos y obligaciones contra las que no se puede pactar en un contrato. La Corte de Nueva Jersey decidió que en este caso las reglas de contratos eran inaplicables a relaciones humanas de esta naturaleza. Aplicando reglas de familia, decidió por el principio del “mejor interés del niño” y concedió la custodia al padre y derechos de visita a la madre.
¿Por qué es importante este debate jurídico para nosotros? Porque a propósito de la próxima discusión de la ley de Unión Civil –que permite a parejas del mismo sexo tener los mismos derechos y obligaciones generados por un matrimonio– el debate está yendo insospechadamente para las partes, por el mismo camino. ¿Qué reglas deben aplicarse? ¿Reglas de familia o reglas de contratos?
Curiosamente – y a la inversa que en el caso Baby M– los sectores más conservadores peruanos no se oponen a que existan contratos entre homosexuales para regular situaciones de manifiesta injusticia sobre su patrimonio. A lo que se oponen, en el fondo, es a que se aplique reglas del derecho de familia y de sucesiones, que son de orden público y contra las que no se puede pactar en protección de ese bien jurídico llamado “familia”. Es decir, mientras las relaciones humanas y afectivas de los homosexuales puedan reducirse a un ámbito meramente comercial, no hay mayor rechazo. Por el contrario. Pero, si se conceden derechos conyugales, la cosa cambia dramáticamente.
El derecho no es inmutable. Por el contrario, debe buscar, utilizando los principios que lo nutren, soluciones nuevas a problemas nuevos. Y las soluciones deben ser justas y consistentes con un sistema jurídico. Veamos un antecedente. Las reglas de familia son las que establecen la sociedad de gananciales. Es eso y no otra cosa lo que se crea con la convivencia continua de dos personas libres de impedimento para contraer matrimonio. El derecho peruano de familia reconoció esa realidad y la Constituyente de 1979 le dio rango constitucional. Cuando se reconoció la sociedad de hecho, a nadie se le ocurrió aplicar reglas de contratos. Se reconoció que parejas que no habían contraído matrimonio civil, por un sinnúmero de razones, tenían los mismos gananciales, si se cumplían ciertos requisitos, que los que tenía una pareja casada.
Es un avance que a los homosexuales se les reconozca la posibilidad de utilizar todos los artilugios jurídicos que concede el derecho de contratos para salvar su patrimonio de terceros indeseables, pero la verdad es que no hay coherencia en el sistema jurídico si las cosas quedan ahí. No se estaría reconociendo una realidad evidente que puede generar rechazo –por ser marginal, desconocida y cargada de estereotipos– pero que existe y seguirá existiendo. Las parejas del mismo sexo conviven como familia y muchas de ellas tienen consigo a sus hijos biológicos. Ya sucede. Ya está aquí.
¿Familia o contratos? ¿Cuál será el camino del Congreso?

El encanto de las causas perdidas

Domingo, 24 de noviembre de 2013 | 4:30 am


El viernes 15 de noviembre, 8 periodistas peruanos firmaron una acción de amparo pidiendo a la justicia constitucional que se pronuncie sobre un hecho público que amenaza el esquema de libertad de expresión diseñado en la Constitución del Perú y, por tanto, las libertades democráticas de todos los peruanos. Yo soy una de ellos.

La pregunta planteada es bien simple. ¿Constituye la adquisición de Epensa por parte del Grupo EC un acto de acaparamiento prohibido en el artículo 61 de la Constitución? La adquisición otorga al Grupo EC casi el 80% del mercado publicitario y de la lectoría de prensa escrita. Hoy no existe ley de desarrollo constitucional que establezca cuál es el límite para considerar que una empresa privada o pública acapara en prensa escrita. Por tanto, son los jueces constitucionales los que deben decirlo. Así de sencillo.

Si deciden, como señaló editorialmente EC, que esos límites son inaplicables, pues así será. EC podrá adquirir el 100% de la prensa escrita sin limitación alguna. Si, por el contrario, los jueces deciden que sí hay un límite, deberán fijarlo. Como consecuencia emergente, se obligaría a resolver el contrato de venta de Epensa a EC para volver las cosas al estado anterior al hecho que provocó el acto de concentración. Pero los jueces pueden ir más allá y fijar el límite donde crean conveniente. Ese es el riesgo de llevar esta discusión a la justicia.

Los hechos se parecen mucho al diferendo que el Perú tiene con Chile en la Corte de La Haya. Perú pidió a Chile discutir los límites marítimos de forma bilateral. Chile se negó al debate y dijo que no había nada que discutir. El Perú, que no tiene nada que perder ante una situación de facto, llevó la causa donde corresponde, es decir a la justicia internacional. ¿Qué es lo que quiere el Perú? Que le digan dónde está el límite. Nada más. Hoy, el riesgo para Chile es que pierda mucho más de lo que hubiera cedido en una solución bilateral.

De idéntica manera, lo que queremos de la justicia constitucional es que nos digan dónde está el límite. Eso es todo. Esto no es piconería, ni odio, ni revancha, ni un mero conflicto empresarial. Mucho menos un caso de injerencia política en un asunto de libertad. Por el contrario, como con los hermanos chilenos, esta es una controversia legítima sobre un derecho. Una cuestión de principio. Y ¿quién lo decide? Los jueces constitucionales y, de ser el caso, el Tribunal Constitucional. Tal vez, podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nunca se sabe qué camino toman estas causas. Esto es el Estado de Derecho en acción.

Chile y Perú llevan su controversia jurídica con la elegancia que impone la civilización. Durante los años del proceso jurídico se han realizado múltiples encuentros presidenciales, diplomáticos y empresariales. Comerciamos, invertimos, migramos, hacemos turismo de la forma más integrada posible. La política de cuerdas separadas, con sus altos y bajos, ha funcionado para bien de las dos partes y ambos países se han comprometido a acatar el fallo, pase lo que pase. En nuestro caso, este es un proceso que puede constituir un “leading case” constitucional para América Latina. De ahí su importancia. Venganzas menudas como ignorar, vetar, insultar periodistas –o coaccionar a sus empleadores– por actuar de acuerdo a principios dice más de quien lo hace que de quien lo sufre. Yo espero que al igual que Perú y Chile, esta encantadora causa perdida se mantenga dentro de los cauces que la elegancia civilizada impone. Por parte de esta orgullosa “tonta útil” así será.

Ajedrez borgiano

Domingo, 17 de noviembre de 2013 | 4:30 am


¿Qué sabemos con certeza en el caso López? Que se ordenó vigilancia policial desde mayo del 2012 en la casa de propiedad (embargada) de Oscar López Meneses en la calle Batallón Libres de Trujillo 209, Surco. Asimismo, que se ordenó vigilancia en la casa del padre del mismo sujeto. La orden verbal del general PNP Raúl Salazar y el oficio del general PNP Aldo Miranda señalaban que ahí domiciliaba el almirante Jose Cueto Aservi, Jefe del CCFFAA. Se asignaron personal y vehículos de la comisaría de Chacarilla, SUAT y UDEX. También el alcalde de Surco señala que en mayo del 2012 el general Howell, saliente Jefe de CCFFAA, le pidió lo mismo y se asignó patrullaje de serenazgo.

López Meneses está sentenciado por delitos cometidos durante su asociación con los condenados Montesinos y Fujimori. Fue deportado de los Estados Unidos el 2003. Estuvo preso en San Jorge y fue sentenciado el 2012 a 4 años de prisión suspendida. Su asistencia a un reciente evento policial está confirmada en fotografías.

¿Cuáles son los hechos controvertidos? El general Salazar señala que el mismo almirante pidió el servicio. Tres generales de la Policía lo confirman, Carlos Gómez, Luis Praeli y el propio Miranda, con idéntica coartada, afirman que trataron personalmente con Cueto. El almirante lo niega y acusa a estos de un montaje concertado para librarse de responsabilidad y asociarlo a un delincuente. Señala que pidió un solo patrullero para su calle hace pocos meses. El cuenta con resguardo, visible y notorio, provisto por la Marina y vive desde hace años en San Borja. Por otro lado, Howell asegura que jamás llamó al alcalde y que se hizo desde un teléfono que no le pertenece.

Algunos hechos son manifiestamente inusuales. El general Miranda no recibió orden escrita de su superior, el general Salazar. Este, a su vez, no recibió oficio alguno del CCFFAA formalizando el pedido. La dotación policial, durante 18 meses, jamás se percató o informó sobre los verdaderos habitantes de las viviendas que cuidaban, lo cual no es creíble. La permanencia de unidades de elite como SUAT y UDEX en vigilancia domiciliaria es irregular, por no decir ilícita.

¿Qué hay detrás de esto? En la primera y más grave hipótesis, una estructura de poder paralela al Estado que compromete criminalmente a oficiales de la Policía y Fuerzas Armadas, en actividad y en retiro, cuyas redes podrían llegar hasta el mismo presidente –o muy cerca de él– que se organiza con el propósito de traficar con información obtenida ilícitamente con instrumentos del Estado (chuponeo), presionar para ascensos o posiciones ventajosas en el reparto de poder y obtener dinero extraído de actividades ilícitas tales como protección policial indebida, desalojos irregulares o reglajes a adversarios. De ser cierto, la situación de corrupción es gravísima. La reacción presidencial, las renuncias y algunos hechos relatados por Ángel Páez abonan a esta hipótesis. Sin embargo, esta requiere de clandestinidad y secreto, cosa que aquí no existió.

En otro extremo, la segunda hipótesis, benigna, coloca a López Meneses cómo centro de la operación. Un sujeto mitómano, que se ha inventado una herencia fabulosa (como aseguró a un periodista) y una intima amistad con el presidente –a quien asegura conocer desde los noventa– y que, como buen vendedor de influencias, ha logrado convencer a oficiales de la Policía y las FFAA que con él pueden conseguir “llegada” al “número uno” gracias a sus servicios en inteligencia. Estos le creen y montan en ofrenda el “Operativo Franela”. La farsa cae y aparece la coartada pactada.

¿Dónde está la verdad? Aún no lo sabemos. ¿Quiénes están cosechando de la crisis? Apristas y fujimoristas que hoy, agresivamente, niegan sus manifiestos vínculos históricos con López. ¿Quién va perdiendo? El presidente. En tres días descabezó a la Policía, perdió a su ministro del Interior y al cuestionado asesor Villafuerte. Además, tiene bajo sospecha al jefe del CCFFAA. Y lo peor es que da la impresión de no tener la más remota idea de lo que está sucediéndole.

Al atarante

Domingo, 10 de noviembre de 2013 | 4:30 am


El congresista Gagó grita en conferencia de prensa en el Congreso que no hay ley que le prohíba a Alberto Fujimori dar entrevistas por teléfono. Sabe que es falso porque estudió Derecho y debe recordar que existe algo llamado Código de Ejecución Penal. Esta ley establece que el reo tiene derecho a comunicarse con familiares, amigos, su defensa y funcionarios de organismos consulares o internacionales de defensa de derechos penitenciarios. La lista no incluye a nadie más, sin permiso especial. Lo sabe el abogado de Fujimori, lo sabe su hija y lo sabe el mismo reo. Pero todos mienten en coro y al grito. Al atarante, a ver si ganan alguito mareando al auditorio. A ver si así generan al menos la duda entre millones de personas que no conocen la ley.

Pero no es todo. Los congresistas Fujimori y Gagó convierten sus cuerpos en el obstáculo físico suficiente para que Fujimori padre se despache por teléfono. Su conducta frente al personal del INPE es la misma. Al atarante.

El congresista Mulder y el congresista Velásquez Quesquén insisten en que Antauro Humala va a obtener beneficios penitenciarios por una ley hecha solo para él. Saben, porque de leyes sí conocen, que si algún día Humala recibe algún beneficio será por aquellos que regían en tiempos de Alan García (y desde mucho tiempo atrás). No hay ninguna Ley Antauro, ninguna flexibilización, ningún beneficio nuevo. Solo una ley mal derogada –por unos dos meses– que se restituye para no quitar lo ganado en trabajo y estudio a 40.000 reos. Se les explica, despacito y saben la verdad, pero continúan reiterando la misma mentira. Y lo hacen coordinadamente con Alan García que “tuitea” lo mismo, diciendo que el presidente Humala “concederá beneficios” como si no supiera que hacerlo es función exclusiva de un juez. Cree que al atarante, también, va a poder homologar su desastroso desempeño como conmutador de narcotraficantes, esa sí, competencia exclusivamente suya.

El fujimorismo y el Apra hablan de millones de niños gravemente enfermos o abandonados por programas de alimentación con comida supuestamente podrida. Cualquiera que sepa algo de matemáticas y estadística se da cuenta del malsano ejercicio de usar la comida de los niños para hacer política con el miedo de los padres y el beneplácito del bolsillo de los proveedores desplazados. Nuevamente, atarantar con números y encima falsos. Presentar imágenes (las mismas) de niños llorando (lo que prohíbe la ley) para asustar y demoler.

La congresista Martha Chávez llama adúltera a una periodista. A un obispo emérito, chofer. A un abogado defensor de DDHH, proterruco y amigo de Sendero Luminoso. Pero pide que no le cuestionen su inexistente experiencia en materia de defensa de derechos de todos, ni su escasa compasión por las víctimas de la violencia ni su extraña concepción de los “costos” y la “inercia” de la “guerra”. Para ella, el único ser que merece una defensa ciega es Alberto Fujimori. Los demás son caviares, marxistas, comunistas, proterrucos. Y a insultos y amenazas quiere atarantar e imponerse donde no cabían sus servicios.

La señora Eliane Karp de Toledo va al Congreso. Hace desplantes, es soberbia, se pasea ante congresistas débiles e inconsistentes y ningunea las preguntas que no quiere contestar. Finalmente, habla mucho y no dice nada. Salvo repetir una y otra vez “la plata es de Maiman”. Atarantando, convencida de que confundiendo y obviando lo evidente habrá ganancia.

La prensa que se traga el cuento de la Ley Antauro, de Qali Warma o de Martha Chávez defensora de DDHH también quiere dar sus palizas. Ahora ataranta a ministros con juicios de pureza de sangre, buscando manchas en el linaje, como ¡oh pecado indigno!, haber cobrado por trabajar honestamente en el Poder Judicial en los noventa.

¿No les da vergüenza? ¿Creer que la gente es estúpida como para que con verborrea y pachotadas impongan mentiras como si fueran verdades? Se pueden turbar los sentidos de algunos por largo tiempo o de muchos por poco tiempo. Pero no se puede hacerlo con todos, todo el tiempo. Pregunten a Montesinos.

¿Por qué no hacemos lo que sí funciona?

Domingo, 03 de noviembre de 2013 | 4:30 am
 

A fines de los ochenta, el Perú sufría una crisis económica feroz. De manera conjunta con el terrorismo, ambos problemas eran señalados como los más graves en cuanta encuesta se hacía. Mientras que la economía se hundía, los mejores economistas peruanos desfilan por los medios advirtiendo la grave situación y señalando exactamente lo que debía hacerse. El gobierno de Alan García no quiso escuchar, atrasando cada vez más la dolorosa solución. Y no solamente no hizo las reformas que urgía hacer. García hizo campaña en 1990 con Fujimori asegurando que el programa económico de Vargas Llosa era demoniaco. La historia demostró que la brutal devaluación de agosto de 1990 era lo único que quedaba por hacerse.

Hoy día pasa lo mismo con la seguridad ciudadana. Sabemos que el problema número uno es la delincuencia y los expertos nos dicen lo que hay que hacer, lo que funciona en otros lugares y lo que no funciona. La diferencia con 1990 es que hay recursos para atacar el problema. Sin embargo, pese a todo el gasto público, el delito, sobre todo contra el patrimonio sigue creciendo para terror de ciudadanos cada vez mas enrejados y aislados unos de otros. Lima es hoy una ciudad donde todo y todos son sospechosos. Los limeños han gastado millones en asegurar físicamente sus propiedades. Si no lo hacen, la realidad dice que serán inevitablemente asaltados.

¿Qué no funciona en materia de seguridad? Como en la economía, donde se aprendió con dolor, no funciona el populismo y el circo. No funciona incrementar las penas, no funciona gastar en infraestructura y equipo por sí solos, no funciona llamar al Ejército, no funciona encarcelar primarios mientras esperan sentencia, no funciona tratar adolescentes como si fueran adultos, no funciona la pena de muerte, no funciona olvidarse del patrullaje preventivo y no funciona tener una Policía que la mitad del mes se la tiene que “buscar” en el mundo privado.

¿Qué funciona? Funciona lo que no tenemos. Funciona un buen sistema de información que permita procesarla y hacerla una herramienta útil. Funciona un sistema de prevención como los que los distritos ricos de Lima tienen con sus Serenazgos y que, estadísticamente, ha reducido la delincuencia solo con disuasión. Funciona la investigación criminal descentralizada, con apoyo científico –bases de datos, identificación dactilar, trabajo en escena de crimen– y no priorizada por la prensa sensacionalista. Funciona descongestionar las cárceles, hoy escuelas del delito –y abaratar radicalmente su costo– mandando a su casa y a trabajar a miles de no sentenciados primarios con grilletes electrónicos monitoreados. Funciona una policía a tiempo completo, purgada de malos elementos, reivindicada y con respeto social.
¿Qué se necesita? Liderazgo político, ideas probadas y buen equipo para ejecutarlas en un enfoque integral. Por años se ha priorizado solo uno o dos aspectos del problema. ¿El resultado? Iniciativas frustradas con cada cambio de ministro, compras de mucha pantalla y gasto –como helicópteros que sirven para muchas cosas buenas salvo para perseguir rateros– y una Policía cada vez más corrupta y más desprestigiada. Si a eso se le suma la explosión del sicariato que trae el narcotráfico, la situación es gravísima. Y no, no es histeria.

Por mezquindad política no se llama a buenos policías en retiro como el General Hernani, solo por citar un buen ejemplo, o a los buenos y pocos técnicos que tienen años estudiando el problema, entrevistados por mí tantas veces, como Lucía Dammert, Gino Costa, Carlos Basombrío o Fernando Rospigliosi. Espero que el nuevo Presidente del Consejo de Ministros, que se inicia con la promesa de atender el problema, lo haga sin esperar más. 1990 enseña que las decisiones postergadas solo son más dolorosas.

¡Aquí estamos!

Publicado: 2013-12-04


Leí a Antonio Zapata, y discrepo, no porque una apreciación externa del proceso del Frente Amplio como esa no pueda existir, sino porque está escrita desde alguien que estando afuera del proceso de construcción cree saber qué es lo que está realmente ocurriendo. En este caso, el de los fantasmas de los 80 creo que es él.

Veamos los argumentos. Primero la izquierda no tiene bases sociales y lo peor, no busca organizarlas. Falso. El surgimiento del FA plantea, EXPRESAMENTE, que este proceso no sea de las cúpulas y que incluya a organizaciones sociales y a ciudadanos y ciudadanas no partidarizadas. ¿Qué se está haciendo para eso? En algunos distritos de Lima Sur por ejemplo se vienen constituyendo comités del FA en coordinación con la militancia de los partidos, pero sobre todo con organizaciones sociales como el Movimiento Sin Techo. Lo mismo empieza a germinar en Junín, Iquitos, Cusco, donde también se están construyendo comités promotores del frente. Y esta semana tenemos reuniones preparatorias con mujeres, jóvenes, organizaciones sociales, trabajadores, intelectuales y artistas rumbo al encuentro del 15 de diciembre.

¿Ya logramos culminar el proceso? No, falta mucho, pero está en camino. ¿Hay tensiones? Por su puesto, somos de izquierda y la tendencia a la crítica desmedida muchas veces genera escepticismo más que nuevos caminos de construcción y nos hace ver más la paja en el ojo ajeno. Pero andamos. Parafraseando a Mariátegui (el abuelo obviamente) espero que la historia no le dé razón a esa gente negativa y escéptica, sino a la gente afirmativa…que piensa que son aptos para la libertad todos los pueblos que saben adquirirla. Creo que el Perú es un sueño posible y que sabremos ir avanzando en nuestra emancipación, sin calco ni copia.

Segundo “no hay programa”. Tampoco es del todo cierto. Ya se iniciaron los debates programáticos y hemos elaborado primero lineamientos que serán debatidos el 15 de diciembre, reunión a la que espero Tony nos puedas acompañar porque tus sugerencias son bienvenidas. La idea no es que unos iluminados nos digan a “las bases” qué se debe hacer, sino por el contrario se pueda promover un verdadero debate, de abajo para arriba, que recoja las miradas, preocupaciones y planteamientos de solución que desde los distintos lugares del país se vienen gestando. Esto es algo que los partidos de la derecha no hacen, no lo necesitan. Tienen muy claro su modelo de exclusión y saben al servicio de quien están. Construir un país justo requiere debate crítico no sumisión, y eso es un proceso que requiere tiempo

Tercero, que en la negativa de varios (no sólo unos) de hacer una alianza con el partido humanista pesó el pasado más que una visión de futuro. Te equivocas. Varios de los que nos opusimos lo hicimos precisamente pensando en el futuro. En que la izquierda que vamos a construir no sea un simple reciclaje de todo. Yehude no sólo fue el Premier del Baguazo, fue alguien que pasó de la izquierda radical, al centro progresista, a la defensa de la versión neoliberal de Alan García y luego a sumarse a las filas de PPK, uno de los principales lobbistas de la historia del país. ¿Eso te parece renovador? ¿Mínimamente ético? A mí no, y lo que me alegra, es que en la asamblea en la que decidimos no hacer esta alianza, quienes gritaron su oposición no fueron “las cúpulas” que la verdad estaban muy tranquilas con esta posibilidad, sino la gente joven de los partidos y los que no siendo de los partidos se sintieron convocados como ciudadanos a opinar sobre el camino a seguir. Aún recuerdo una posible definición ambigua de la mesa que conducía esa asamblea – donde también había un representante de mi partido – y frente a la cual la juventud reaccionó amargamente. Recuerdo a una chica muy joven, que fue candidata en la lista de regidores de estas últimas elecciones, subida en una silla, exigiendo acuerdos claros y que “la cúpula” respete a las bases. La verdad Tony, yo prefiero respetarla a ella y la renovación que representa.

Hay riesgos en la construcción del frente. Varios. Algunos internos y que pueden terminar estallando el proceso, sí. Y que debemos estar atentos, sí. Un reto grande es mantener el proceso unitario pese a las diferencias y eso se logra precisamente con acuerdos programáticos claros. Otro es definir la estrategia electoral, donde pensemos ¿qué queremos lograr, ganar por ganar? ¿Iniciar un proceso de construcción de un referente nacional? ¿Cómo lo haremos? ¿Sólo la izquierda? ¿Nos aliaremos con el centro? ¿Querrá el centro? ¿Querremos nosotros? ¿En qué condiciones? Son preguntas que deberemos responder, no desde las cúpulas, insisto, sino desde un debate con la militancia. Y las decisiones de fondo, desde las estrategias de alianza hasta quienes serán nuestros candidatos deberán pasar por el principio de UN MILITANTE UN VOTO. Hay quienes, hoy en las cúpulas de los partidos de izquierda, no están del todo cómodos con aplicar este principio, pese a que lo repiten hasta el cansancio. Pero estará en la terquedad de las nuevas generaciones que exijamos que se cumplan.

Quiero recordarte, a ti y a quienes leen estas líneas, que el FA se lanza como iniciativa en junio de este año. No hemos cumplido ni 6 meses de iniciar el trabajo. Las exigencias que varios nos piden, están cargadas del peso de la historia pues parecen creer que la “Izquierda Unida” de los ochenta ha revivido. No es así. Esa izquierda murió. Y ahora nace otra, donde estamos varios que menos mal nunca estuvimos en Huampaní, ni en ninguna otra mítica reunión de esa IU. Que recoge mucho de lo que se vivió, por supuesto, pero que tiene un nuevo proceso y que espera que sea medida por lo que ahora empezamos a hacer. Somos continuidad, pero somos también ruptura.

Sería interesante que empezáramos a preguntarnos ¿por qué le molesta a tantos y en particular a los opinólogos que la izquierda intente juntarse? Insisto, en este proceso llevamos apenas seis meses y seguiremos trabajando.

Como diría Vallejo,

"Otro poco de calma, camarada;

un mucho inmenso, septentrional, completo,

feroz, de calma chica,

al servicio menor de cada triunfo

y en la audaz servidumbre del fracaso."

Dónde está la izquierda

Miercoles, 04 de diciembre de 2013 | 4:30 am

 

Los resultados electorales de Lima han sido desalentadores para las fuerzas de izquierda. Tierra y Dignidad quedó quinto de seis participantes y el Partido Humanista fue el último.

Nuevamente divididas, esta vez entre izquierda y centro-izquierda, las fuerzas progresistas han ocupado la cola de las opciones políticas. ¿A qué se debe tan triste situación?

En primer lugar a la falta de bases organizadas. Los partidos existentes han hecho poco trabajo de organización de la sociedad civil. Apenas son unos cuantos militantes que se reúnen para hablar de política sin hacer realmente nada trascendente. No participan de la acción concreta cotidiana ni tampoco de los debates de fondo sobre el destino del país.

Los congresos son decepcionantes. Se discute vaguedades y se arman peleas tremendas alrededor de puntos menores y bastante obvios. Un reciente congreso ha pasado horas debatiendo su puesto en el espectro, cuando hasta el más despistado lo ubica en la izquierda radical y ecologista. Así estamos.

Pero, lo más grave es que no estamos organizados. El llamado Frente Amplio, FA, no ha creado ninguna base territorial o funcional. No existe comité en alguna provincia o distrito, ni tampoco en organizaciones gremiales o profesionales. El FA es una reunión de las cúpulas de esos micropartidos casi ausentes de las organizaciones sociales. Cuando las bases han querido formar comités del FA, han sido frenadas por los propios partidos, aduciendo que falta algo por resolver en las alturas.

Así, constituye una repetición de los vicios de Izquierda Unida de los 1980, solo que los partidos de esa época eran de mayores dimensiones. Pero, el razonamiento base es el mismo y lleva a la derrota, no se organiza la base popular del frente único, sino que se fortalecen los partidos que lo integran. Ellos compiten entre sí y no dan paso a personas independientes, que podrían darle un carácter menos sectario al proyecto.

El segundo tema es que carecemos de un programa. No hay una Gran Transformación ni siquiera una Hoja de Ruta. Es decir, la izquierda es un sentimiento, pero los líderes no plantean una idea concreta sobre el Perú de hoy y por dónde conducirlo. No hay una plataforma que desarrolle con sencillez las propuestas de justicia social, respeto a la naturaleza, fortalecimiento de la nación y defensa de la democracia. Por ello es tan difícil hacer alianzas. No se sabe alrededor de qué.

En las últimas elecciones se bloqueó la posible alianza entre Tierra y Dignidad y el Partido Humanista. Como no había plataforma política para armar un entendimiento, discutieron sobre el pasado. Entonces, era imposible la alianza entre el ecologismo radical con el primer ministro de Bagua. Pero, ese es el ayer y nos importa a los historiadores. Mientras que, las alianzas políticas se hacen pensando en el presente y orientadas al mañana. Lo único que puede orientar al político es poseer un programa, un diseño de país ideal y un camino para lograrlo.

Un tercer punto es definir candidato(as). No se puede insistir en figuras gastadas de otras épocas. Necesitamos jóvenes que hablen el lenguaje de hoy y conozcan los nuevos métodos de comunicación masivos. Otro asunto es la capacidad de gestión. Nuestros líderes deben mostrar conocimiento del Estado y de sus herramientas. Inútil insistir en personalidades protagonistas de gestiones poco eficientes, que más bien serán la pesada mochila a cargar.

Aunque, aún hay razones para un moderado optimismo. Al fin y al cabo por Tierra y Dignidad han votado 300.000 ciudadanos y si se suman los del Partido Humanista alcanzan medio millón. Si se lograra organizar al 1%, se tendría una coalición electoral respaldada por 5.000 militantes en Lima. No es imposible de conseguir, basta animarse a formar comités y apostar por la renovación desde abajo.

Si me permiten tres recomendaciones para el próximo año diría: organización de bases, programa político y llamamiento a una coalición amplia, de la izquierda hacia el centro.