Domingo, 03 de noviembre de 2013 | 4:30 am A fines de los ochenta, el Perú sufría una crisis económica feroz. De manera conjunta con el terrorismo, ambos problemas eran señalados como los más graves en cuanta encuesta se hacía. Mientras que la economía se hundía, los mejores economistas peruanos desfilan por los medios advirtiendo la grave situación y señalando exactamente lo que debía hacerse. El gobierno de Alan García no quiso escuchar, atrasando cada vez más la dolorosa solución. Y no solamente no hizo las reformas que urgía hacer. García hizo campaña en 1990 con Fujimori asegurando que el programa económico de Vargas Llosa era demoniaco. La historia demostró que la brutal devaluación de agosto de 1990 era lo único que quedaba por hacerse.
Hoy día pasa lo mismo con la seguridad ciudadana. Sabemos que el problema número uno es la delincuencia y los expertos nos dicen lo que hay que hacer, lo que funciona en otros lugares y lo que no funciona. La diferencia con 1990 es que hay recursos para atacar el problema. Sin embargo, pese a todo el gasto público, el delito, sobre todo contra el patrimonio sigue creciendo para terror de ciudadanos cada vez mas enrejados y aislados unos de otros. Lima es hoy una ciudad donde todo y todos son sospechosos. Los limeños han gastado millones en asegurar físicamente sus propiedades. Si no lo hacen, la realidad dice que serán inevitablemente asaltados.
¿Qué no funciona en materia de seguridad? Como en la economía, donde se aprendió con dolor, no funciona el populismo y el circo. No funciona incrementar las penas, no funciona gastar en infraestructura y equipo por sí solos, no funciona llamar al Ejército, no funciona encarcelar primarios mientras esperan sentencia, no funciona tratar adolescentes como si fueran adultos, no funciona la pena de muerte, no funciona olvidarse del patrullaje preventivo y no funciona tener una Policía que la mitad del mes se la tiene que “buscar” en el mundo privado.
¿Qué funciona? Funciona lo que no tenemos. Funciona un buen sistema de información que permita procesarla y hacerla una herramienta útil. Funciona un sistema de prevención como los que los distritos ricos de Lima tienen con sus Serenazgos y que, estadísticamente, ha reducido la delincuencia solo con disuasión. Funciona la investigación criminal descentralizada, con apoyo científico –bases de datos, identificación dactilar, trabajo en escena de crimen– y no priorizada por la prensa sensacionalista. Funciona descongestionar las cárceles, hoy escuelas del delito –y abaratar radicalmente su costo– mandando a su casa y a trabajar a miles de no sentenciados primarios con grilletes electrónicos monitoreados. Funciona una policía a tiempo completo, purgada de malos elementos, reivindicada y con respeto social.
¿Qué se necesita? Liderazgo político, ideas probadas y buen equipo para ejecutarlas en un enfoque integral. Por años se ha priorizado solo uno o dos aspectos del problema. ¿El resultado? Iniciativas frustradas con cada cambio de ministro, compras de mucha pantalla y gasto –como helicópteros que sirven para muchas cosas buenas salvo para perseguir rateros– y una Policía cada vez más corrupta y más desprestigiada. Si a eso se le suma la explosión del sicariato que trae el narcotráfico, la situación es gravísima. Y no, no es histeria.
Por mezquindad política no se llama a buenos policías en retiro como el General Hernani, solo por citar un buen ejemplo, o a los buenos y pocos técnicos que tienen años estudiando el problema, entrevistados por mí tantas veces, como Lucía Dammert, Gino Costa, Carlos Basombrío o Fernando Rospigliosi. Espero que el nuevo Presidente del Consejo de Ministros, que se inicia con la promesa de atender el problema, lo haga sin esperar más. 1990 enseña que las decisiones postergadas solo son más dolorosas.
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