¿Qué sabemos con certeza en el caso López? Que se ordenó vigilancia policial desde mayo del 2012 en la casa de propiedad (embargada) de Oscar López Meneses en la calle Batallón Libres de Trujillo 209, Surco. Asimismo, que se ordenó vigilancia en la casa del padre del mismo sujeto. La orden verbal del general PNP Raúl Salazar y el oficio del general PNP Aldo Miranda señalaban que ahí domiciliaba el almirante Jose Cueto Aservi, Jefe del CCFFAA. Se asignaron personal y vehículos de la comisaría de Chacarilla, SUAT y UDEX. También el alcalde de Surco señala que en mayo del 2012 el general Howell, saliente Jefe de CCFFAA, le pidió lo mismo y se asignó patrullaje de serenazgo.
López Meneses está sentenciado por delitos cometidos durante su asociación con los condenados Montesinos y Fujimori. Fue deportado de los Estados Unidos el 2003. Estuvo preso en San Jorge y fue sentenciado el 2012 a 4 años de prisión suspendida. Su asistencia a un reciente evento policial está confirmada en fotografías.
¿Cuáles son los hechos controvertidos? El general Salazar señala que el mismo almirante pidió el servicio. Tres generales de la Policía lo confirman, Carlos Gómez, Luis Praeli y el propio Miranda, con idéntica coartada, afirman que trataron personalmente con Cueto. El almirante lo niega y acusa a estos de un montaje concertado para librarse de responsabilidad y asociarlo a un delincuente. Señala que pidió un solo patrullero para su calle hace pocos meses. El cuenta con resguardo, visible y notorio, provisto por la Marina y vive desde hace años en San Borja. Por otro lado, Howell asegura que jamás llamó al alcalde y que se hizo desde un teléfono que no le pertenece.
Algunos hechos son manifiestamente inusuales. El general Miranda no recibió orden escrita de su superior, el general Salazar. Este, a su vez, no recibió oficio alguno del CCFFAA formalizando el pedido. La dotación policial, durante 18 meses, jamás se percató o informó sobre los verdaderos habitantes de las viviendas que cuidaban, lo cual no es creíble. La permanencia de unidades de elite como SUAT y UDEX en vigilancia domiciliaria es irregular, por no decir ilícita.
¿Qué hay detrás de esto? En la primera y más grave hipótesis, una estructura de poder paralela al Estado que compromete criminalmente a oficiales de la Policía y Fuerzas Armadas, en actividad y en retiro, cuyas redes podrían llegar hasta el mismo presidente –o muy cerca de él– que se organiza con el propósito de traficar con información obtenida ilícitamente con instrumentos del Estado (chuponeo), presionar para ascensos o posiciones ventajosas en el reparto de poder y obtener dinero extraído de actividades ilícitas tales como protección policial indebida, desalojos irregulares o reglajes a adversarios. De ser cierto, la situación de corrupción es gravísima. La reacción presidencial, las renuncias y algunos hechos relatados por Ángel Páez abonan a esta hipótesis. Sin embargo, esta requiere de clandestinidad y secreto, cosa que aquí no existió.
En otro extremo, la segunda hipótesis, benigna, coloca a López Meneses cómo centro de la operación. Un sujeto mitómano, que se ha inventado una herencia fabulosa (como aseguró a un periodista) y una intima amistad con el presidente –a quien asegura conocer desde los noventa– y que, como buen vendedor de influencias, ha logrado convencer a oficiales de la Policía y las FFAA que con él pueden conseguir “llegada” al “número uno” gracias a sus servicios en inteligencia. Estos le creen y montan en ofrenda el “Operativo Franela”. La farsa cae y aparece la coartada pactada.
¿Dónde está la verdad? Aún no lo sabemos. ¿Quiénes están cosechando de la crisis? Apristas y fujimoristas que hoy, agresivamente, niegan sus manifiestos vínculos históricos con López. ¿Quién va perdiendo? El presidente. En tres días descabezó a la Policía, perdió a su ministro del Interior y al cuestionado asesor Villafuerte. Además, tiene bajo sospecha al jefe del CCFFAA. Y lo peor es que da la impresión de no tener la más remota idea de lo que está sucediéndole.
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