Roma locuta ¿causa finita?

Domingo, 27 de octubre de 2013 | 4:30 am 

 

El Grupo El Comercio ha fijado su posición editorial, después de dos meses de silencio, sobre las consecuencias de su compra en Epensa. Hay que alegrarnos que, por fin, así sea. Escuchar las ideas de un solo lado en un debate resulta, por decir lo menos, aburrido para los ciudadanos.
EC no ve problema alguno para el lector en su nuevo negocio. Por el contrario, considera que este beneficia al lector en su derecho a elegir, aun cuando sostenga, en el mismo texto, que este es un tema absolutamente empresarial que no atañe a la libertad de prensa. La contradicción no es poca cosa como veremos más adelante.
Sostiene, además, que cuando la Constitución en su artículo 61 prohíbe que la “prensa, radio, televisión y demás medios de expresión” sean objeto de monopolio, exclusividad o acaparamiento de privados o del Estado, solo se refiere a radio y televisión. “Prensa” es una palabra puesta ahí por gusto, de manera vana e inútil. No significa nada porque la norma constitucional no le aplica. Siguiendo ese razonamiento, la primera conclusión, es que no solo el acaparamiento, sino también el monopolio absoluto de la prensa escrita sería constitucional. ¿Y el monopolio del Estado en prensa? También ¿Por qué no?  Sería tan solo un premio al éxito. Como se ve, no parece ser lo que se dice en la Constitución ¿verdad?
EC construye su argumento señalando que la radio y televisión usa frecuencias finitas (lo cual dejará de ser cierto dentro de poco) y la prensa escrita es un bien infinito. Cualquiera puede fundar un periódico, señalan. Este argumento sería útil si la realidad tuviera otra cara. Juan Carlos Tafur –a quien nadie podrá acusar de no tener experiencia en fundar periódicos y revistas– ha señalado enérgicamente las enormes barreras de acceso que sufre toda nueva publicación. El cartel de los canillitas que cobra 25% de comisión a los diarios “viejos” y 30% a los “nuevos”; la imposibilidad de vender publicidad el primer año por el veto a la medición de lectoría o la falta de acceso a puntos de venta como grifos y supermercados, son solo algunos ejemplos. Señala Tafur que si el propietario no está dispuesto a perder (y no ver más) por lo menos un millón de dólares el primer año, que ni lo intente. La economía de escala que tiene un conglomerado deja fuera del mercado a cualquiera que trate de competir lealmente. Estas condiciones abusivas deberían ser evaluadas en algún momento
por Indecopi.
Sin embargo, el argumento central de EC es que este es un problema empresarial. Cualquiera que diga lo contrario es “chavista” porque encubiertamente está pidiendo regulación estatal en una seudodefensa de la libertad de expresión. Agradezco que citaran mi única columna en este tema en la SIP acusándome de estatista, lo cual no deja de ser sorprendente para quien se declara liberal y declara en esa misma columna que la ley de prensa no debe existir. No he cambiado de opinión. Mi preocupación es que la conducta empresarial de EC nos llevará a todos al Congreso inevitablemente si es que el mercado no corrige solo y pronto la distorsión actual.
Lo que creo, a diferencia de EC, es que sí hay un problema. ¿Cuál es la solución? No la sé, pero la respuesta nos la puede dar la línea de argumentación de EC. Si solo es un problema empresarial, entonces la consecuencia lógica es aplicar normas exclusivamente empresariales. Y las normas anti trust son exclusivamente empresariales y aplican a diversidad de giros, por ejemplo, en los Estados Unidos –que no es chavista, ¿no?–. En el Perú los únicos monopolios prohibidos en la Constitución son los de los medios. Entonces, ¿qué normas deben aplicarse? Normas antitrust. No cabe otra respuesta que sea consistente con la defensa de un libre mercado que es enemigo de los monopolios justamente porque la competencia desaparece y el consumidor pierde su derecho a elegir.
El debate continuará. Espero que cese el silencio unánime de los medios que agrupa EC. La mejor prueba de un control absoluto de la información que el lector recibe es la desaparición de un tema, un personaje, un debate o una historia en siete periódicos y un canal de TV. Eso no es justo para el 80% de los lectores.

¿Quién quiere comerse la comida de los niños pobres?

Domingo, 20 de octubre de 2013 | 4:30 am 

 

El Estado Peruano ha servido un plato de desayuno o almuerzo 420´000,000 de veces a niños de la escuela pública inicial y primaria de marzo a la fecha. 120 días de escuela, más o menos hasta hoy, por 3´500,000 raciones por día, da ese resultado. Esta hazaña, que no tiene precedente alguno en la historia peruana por sus dimensiones, se llama Qali Warma.
Sin embargo, si nos guiamos por la prensa de las últimas cuatro semanas parecería que tal hazaña es una tragedia épica. Ya se habla de miles  (y a veces millones, como me dijo el Secretario General del Sutep) de niños intoxicados gravemente, muriendo por la incompetencia del Estado. Así que empecemos por las cifras frías. ¿Cuántos casos reportados hay este año de problemas de indigestión en niños? 13 casos. ¿Hay algún niño gravemente enfermo? Ninguno, la indigestión se cura en 24 horas, como sabe cualquier mamá. ¿Cuántos niños en total, sumando todas las indigestiones, tiene Qali Warma en lo que va del año? 400 indigestiones.
400 indigestiones en 420´000,000 de platos servidos. Menos de 1 en 1´000,000. No creo que el restaurante más caro de Lima pueda exhibir ese estándar. Bastaría pedir cifras al SIS para evaluar cuál es la prevalencia de la indigestión en la población infantil pobre por alimentos brindados por sus madres. Qali Warma ha tenido problemas con el 0.00009% de las raciones. ¿Eso merece el escándalo recibido? Es obvio que no. Entonces, ¿quién está detrás de esta campaña sucia?
La Ley General de Educación obliga al Estado peruano a brindar alimentación en toda escuela pública primaria e inicial, sin importar la condición económica del niño. Puede gustar o no gustar, pero esa es la ley incumplida por años. El objetivo de Qali Warma es cumplir con esa ley. No es entonces un programa de alivio a la pobreza. Hoy alimenta a los dos quintiles más pobres de la escuela pública pero el objetivo es hacer que el programa sea universal para que el niño mejore su atención en clase y se reduzca dramáticamente la inasistencia, sobre todo rural.
Qali Warma reparte el 30% de sus raciones en recetas ya preparadas y 70% en canastas de productos no perecibles para la preparación de recetas en zonas rurales. El programa introduce dos cambios sustanciales. El primero es la variedad de platos (antes el 50% de niños no consumía porque estaba harto de recibir lo mismo todos los días) y el segundo, la diversidad de proveedores que llegan a mas de 400. Clave es el trabajo del Comité de Alimentación Escolar.
Como se puede ver, la magnitud de la obra abre el apetito a varios. De un lado, proveedores relegados y de otro, políticos oportunistas. Con el PRONAA se compraba centralizadamente a pocos proveedores para repartir lo mismo sólo 90 días al año. Hoy los niños comen variado y por 160 días, pero los antiguos proveedores han perdido el negocio. Así como lo han perdido otros que quisieron entrar y no pudieron. Esa es la madre de todas las denuncias. Ese es el interés detrás. Y - Dios no lo quiera - la posibilidad de un boicot intencional. A eso súmele que el programa es un éxito en el área rural (donde le va a mejor a Humala en las encuestas) y tendrá políticos desesperados por traérselo abajo y periodistas pagados encantados de mantener el titular falso.
Si a esto se le puede sumar un estudio “académico” que acusa a 7 proveedores de Qali Warma de no tener RUC en primera plana - cuando el “investigador” cambió la ortografía de los nombres y por eso no le salía la respuesta de SUNAT – ya tienen el psicosocial listo.
Alguien quiere comerse un bocado bien grande y tiene socios para boicotear el programa y dejar a niños pobres, una vez más, sin comida. ¿Improbable? No lo creo. Con un gobierno que se defiende pésimo, sin voceros competentes y sin liderazgo, lo más probable es que los niños sean, al final, los únicos perdedores.

Una pelea que vale la pena dar sin miedo

Domingo, 13 de octubre de 2013 | 4:30 am 



 

Desde que el congresista Carlos Bruce presentó el Proyecto de Ley para promover la Unión Civil entre personas del mismo sexo, algunas iniciativas en su favor se han desarrollado.  He colaborado gustosa en firmar un pronunciamiento de apoyo y he asistido a una sesión de fotos en el mismo tenor. Creo que es un tema de derechos de minorías y que no es inconstitucional, ni ilegal, ni antinatural y, ni siquiera, poco cristiano dar una protección jurídica patrimonial, estrictamente por razones de justicia, a personas que han construido un patrimonio común de idéntica naturaleza al de los gananciales.
Sin embargo el 65% de los encuestados por Ipsos no piensa de esa manera. Mientras más desciende el nivel socioeconómico mayor es el rechazo. Habría que preguntarse ¿en qué puede afectar a personas heterosexuales el reconocimiento jurídico de una realidad que ya existe en la sociedad sabiendo, además, que es minoritaria? Pues creo que el rechazo se basa en dos problemas extendidos. El primero es la construcción de un único estereotipo del homosexual peruano. El homosexual masculino es una “loca” y se le atribuyen rasgos de travestismo, prostitución, histeria, traición y maldad. La lesbiana es una “machona” que asume características masculinas, es violenta y resentida por fea. Obviamente, el estereotipo se construye del modo más desagradable posible para que se aplique con toda naturalidad la segunda práctica extendida: la discriminación.
La única manera de liquidar un estereotipo y reducir la discriminación es acercando a la gente a la verdad. Miles de homosexuales en el Perú viven en la diversidad. Son abogados, médicos, economistas, empresarios, maestros, obreros, ministros, tecnócratas, militares, periodistas, en fin, gente respetable y seria que trabaja duro y paga sus impuestos como cualquier peruano y que no está vinculada a actos de violencia, prostitución o delito. Gente que, como cualquier heterosexual, tiene afectos, opiniones y vida propia. Y, por supuesto, como entre los heterosexuales, mujeres hermosas y hombres guapísimos, muy cultos y educados que solo se diferencian de millones de heterosexuales en que no pueden vivir su sexualidad de una forma distinta a la que su propia naturaleza les impone.
Estas personas, muchas rechazadas por sus propias familias, se han abierto paso en un clima social hostil y han declarado su homosexualidad con toda honestidad a parientes y amigos.  Otros, han revelado su conducta sexual a muy pocas personas y, otros más, la mantienen en secreto. Algunos han pagado un precio por su decisión, otros no. Sin embargo, parece que el miedo generalizado subsiste entre muchos de ellos.
¿Por qué lo digo? Si se fijan en el Pronunciamiento que firmamos varios peruanos a favor de la Unión Civil, la gran mayoría somos heterosexuales y esas son las voces que con más fuerza sostienen el debate a favor de la propuesta. El problema está en que, por más buena voluntad que tengamos, no ayudamos a quebrar el estereotipo y los prejuicios hundidos en el alma de ese 65% que se opone. Si la minoría homosexual quiere hacer valer sus derechos, tiene que salir a pelear por ella misma y sin miedo.
No pretendo forzar a nadie, ni mucho menos faltar el respeto a la intimidad personal. Tampoco me quejo de las organizaciones gremiales que han cumplido bien su rol. Lo que me sorprende es el poco activismo de homosexuales cuyo testimonio de vida, estabilidad afectiva y participación en la vida pública del Perú serían ideales para acabar con la falsa y tan extendida idea de lo que es ser homosexual. Entiendo el miedo al estigma, pero las grandes causas exigen grandes sacrificios y esta es, para los homosexuales del Perú, SU causa.
Si no hay quienes den la cara desde su realidad y hagan públicos sus problemas frente a la ausencia de legislación, poco es lo que podemos hacer los demás, de verdadero valor, por ellos.

Adiós a la música

 

Domingo, 06 de octubre de 2013 | 4:30 am 




 

La imagen no puede ser más triste. Un sombrío Papá Noel habla a la cámara sobre su deber inconcluso de llevar alegría a los niños mientras que lo rodea un espacio vacío con mesas preparadas y juguetes sin entregar. La Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc)  canceló la fiestita de Navidad (de caridad) para niños muy pobres porque primero había que pagarles por el uso de la música, que, supuestamente, es de los autores que ellos representan. Y digo supuestamente porque la verdad es que nadie lo sabe.
Marco Sifuentes, a través de utero.pe ha venido revelando tantos hechos irregulares sobre esta asociación privada de gestión colectiva que me sorprende que ni un solo congresista diga nada. Esta asociación, recalquemos que privada, se comporta como si tuviera el imperio del Estado y amenaza in situ con cerrar desde establecimientos comerciales hasta nidos infantiles. Me cuentan que hasta los niños con síndrome de Down son sus víctimas. Sí, como lo lee. El señor Armando Massé, su directivo cuasi perpetuo, me aseguró que si quisiera podría cobrar en misa. Gracias a Dios, que nos debe haber estado escuchando, otro miembro de la directiva lo corrigió. Pero queda la amenaza.
Los autores musicales tienen derechos y está muy bien que se les pague por su esfuerzo. Nadie se opone a ello como pretende hacer creer Apdayc. Pero en la forma debida.  Yo puedo ser una inmensa ignorante como me lo garantizó el mismo señor Massé, en la entrevista que le hice en Radio Exitosa, pero hay cosas que, desde mi ignorancia, son, por decirlo suave, abusivas.
Lo primero es que Apdayc no permite a un autor cantar sus propias canciones si este no le pide permiso y no se inscribe en su asociación. Esto, violando varios derechos constitucionales, está en la ley. Y esa ley, que es la madre del cordero, tiene que ser modificada de inmediato, en beneficio de los autores. La ley no puede amparar el abuso del derecho.
Lo segundo es que el Estatuto, aprobado por Indecopi, está diseñado de tal manera que una asociación de más 8.000 miembros solo puede elegir su directiva entre 14 personas. Hasta ahora no entiendo como Registros Públicos no ha tachado ese Estatuto.
Lo tercero es que la cobranza debería hacerse a través del sistema bancario con los documentos exigidos por la Sunat y no a la mano del cobrador. Si esto no se corrige pronto, las extorsiones de Construcción Civil serán un chiste en comparación. Se están armando verdaderas mafias que invaden desde bodeguitas hasta eventos masivos y sacan plata in situ a los promotores. La Policía debe intervenir antes de que esto se salga de control.
Lo cuarto es que Apdayc no tiene facultades para cerrar un local, una radio o un canal de TV. Eso es falso. Si no se le paga un requerimiento de cobranza debe ir al Poder Judicial, como todos los peruanos. Lamentablemente, por desconocimiento, las municipalidades se han estado prestando a esta farsa que es el antecedente de la extorsión. Esperemos que las municipalidades se liberen y no condicionen permisos al pago a una asociación tan privada como cualquier otro proveedor.
Lo quinto es que debe hacerse una excepción para reuniones sin fines de lucro y pequeños establecimientos que escuchan radio (que ya hizo su pago). Porque, aunque usted no lo crea, Apdayc le cobra a la bodeguita y a la peluquería si los encuentra con el radio prendido. Y son fijos en matrimonios donde su cobranza se fija en relación ¡al buffet! A más combo, ¿más música?
Finalmente el concepto “conflicto de interés” no está institucionalizado en Apdayc. Ahora compra radios para controlar toda la cadena del negocio (en abierta competencia desleal) y tiene una puerta giratoria que permite que funcionarios del Indecopi (ente regulador) terminen, vencido el plazo de ley, siendo sus empleados.
¿Alguien hará algo al respecto? #IntervenganAPDAYC