Narcotráfico y política, más allá del oportunismo

 

Domingo, 04 de agosto de 2013 | 4:30 am 

 

El narcotráfico en el Perú es un problema real  y grave que la sociedad peruana todavía no acepta como tal.  Casi no aparece en las encuestas de opinión pública como un asunto prioritario. El televidente cambia de canal cuando se trata el tema. No da rating, salvo que involucre a alguna señorita con poca ropa y muchas ganas de vivir mejor. El narcotráfico peruano vive, pues, en la sombra. Esa es su estrategia de sobrevivencia y la razón de su éxito. No estar, no ser notado, no mezclarse con nada que lo haga evidente. Mientras los sucesivos gobiernos concentren la acción policial en la delincuencia común y el terrorismo, mucho mejor.
Sin embargo, el narcotráfico peruano existe. Las colosales ganancias que genera van a parar ciertamente a carteles extranjeros, pero las “firmas” locales se llevan lo suyo y lo desaparecen sigilosamente a través de testaferros y negocios legítimos en todas las ramas de la actividad legal. A diferencia de sus pares extranjeros, los narcos peruanos son “caleta”,  “pasa piola” y desaparecen discretamente en la sociedad peruana. Solo conocemos de sus andanzas cuando algún sicario se agarra a tiros en ajustes de cuentas, explota un laboratorio, se captura un gran cargamento, se detectan activos imposibles de ser adquiridos legalmente o cuando, grave error para ellos, se meten en política.
Nancy Obregón no es la primera congresista acusada por narcotráfico (los apristas inauguraron la lista con el diputado Del Pomar), pero sí la primera después de 25 años. Una paciente investigación policial, que ha acumulado pruebas sobre una organización bien articulada, deja lugar a pocas dudas, las que serán probablemente terminadas de despejar en el proceso. Toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, pero Obregón ha estirado ese beneficio frente a muchos, incluyéndome, por muchos años. Ahora le toca afrontar a ella y a su organización las consecuencias de sus actos.
Sin embargo, ¿puede Alan García y sus aliados de circunstancia, los fujimoristas, desacreditar al presidente Humala por estos hechos? La investigación policial se ha desarrollado en los últimos dos años, exclusivamente bajo esta presidencia. El gobierno de García, periodo en el cual Obregón fue congresista, no realizó investigación policial alguna sobre esta mujer, tal vez por estar más entretenidos en sacar narcos de la cárcel que en meterlos adentro. Así pues el argumento “tuitero” de García preguntándose por la autoría mediata de Humala no tiene ninguna consistencia más allá de las bajezas a las que no escapan nuestros políticos, incluidos los de las más altas cualidades.
La posición de Obregón pro siembra de hoja de coca y contra la erradicación forzosa era pública y notoria, pero ella audazmente la vinculó siempre a un problema de pobreza endémica del campesino y su derecho a la sobrevivencia, como lo hacen otros especialistas no asociados al narcotráfico. Sabiéndose protegida en un argumento aceptable ¿pudo Obregón, durante su trabajo en el sector público, obtener información de interés para sus actividades delictivas? ¿Pudo haber influido en políticas públicas que le dieran ventaja o beneficio frente a la persecución del delito? ¿Pudo haber detenido acciones, investigaciones o políticas en relación al narcotráfico?
Las respuestas a estas preguntas son relevantes no solo en la investigación fiscal. El Congreso debe hacer un cuidadoso recuento de la actividad parlamentaria de la ex Congresista, así como de su función como asesora. Esta información puede resultar relevante no solo para aportar al proceso en el Poder Judicial sino también para que el Congreso pueda manejar eficazmente mecanismos que detecten el conflicto de interés cuando tal conflicto este vinculado al delito. Más allá del oportunismo político, esa es la tarea parlamentaria pendiente.