Domingo, 08 de septiembre de 2013 | 4:30 am
“En la actualidad, los medios de comunicación están en propiedad de
unas pocas manos (incluso la propiedad de varios tipos de medios) lo
que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el
derecho a la libertad de expresión y el de una información adecuada para
la población”.
El párrafo citado pertenece al famoso y descartado Plan de Gobierno de Ollanta Humala. En su página 57, dedicada a los medios de comunicación, anunciaba la elaboración de una “ley de comunicaciones audiovisuales” para que esta “establezca un reparto equitativo y plural” y constituya un mecanismo de “regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios”. Más claro a quién iba dirigido, ni el agua.
La advertencia, recordarán, generó una reacción inmediata de los medios y obligó al entonces candidato a realizar una ronda de conversaciones para calmar los naturales temores a una intervención política. El Plan de Gobierno fue, en los hechos, rechazado y sustituido por la Hoja de Ruta, que no dice una palabra al respecto.
Pero lo cierto es que el problema existe. La libertad de expresión es esencialmente una libertad política que sirve de contrapeso al poder político. Si el poder, en un Estado de derecho, no admite concentración, su contrapeso tampoco puede admitirlo. Así se entendió en la Constitución de 1979 y la de 1993 que tienen idéntico texto: “La prensa, la radio y la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa o indirectamente, por parte del Estado ni particulares”.
La Constitución de 1993 ni siquiera prohíbe el monopolio, sino el abuso de posición de dominio, salvo en una única excepción: la de los medios. Y noten que la Constitución no solo prohíbe el monopolio. Va más allá, utilizando la palabra “acaparamiento”. Así de grave es el asunto.
La televisión y la radio ya tienen regulación que establece límites al número de frecuencias y tamaño del mercado al que un grupo familiar puede acceder. Puede discutirse si esto es eficaz o no pero, por ahora, los límites están puestos. Sin embargo, no hay regulación del artículo constitucional en dos casos: prensa escrita y propiedad cruzada de medios (conglomerados de prensa, televisión, internet, radio).
En un mundo feliz, la mejor regulación es la que no existe para la prensa. ¿Es posible que la defensa de la diversidad informativa dentro de una misma corporación se realice con prácticas éticas de independencia editorial donde existan verdaderas murallas chinas entre empresas de un mismo propietario? Es posible. Yo misma soy testigo de que eso sucedió en algún momento. Lamentablemente el despido el 2011 de los periodistas independientes de América Televisión por orden directa de los directores de El Comercio dejó claro que ese mundo feliz dejó de existir.
Entonces, sobre una situación ya frágil, la compra, directa o indirecta, como dice la Constitución, del Grupo Epensa por parte del Grupo El Comercio va a obligar
irremediablemente a discutir en el Congreso un tema que estaba en el olvido. Ahí, con una mayoría simple se puede definir qué cosa es “acaparamiento” y las consecuencias serán imprevisibles. Los responsables se han puesto la soga al cuello solitos por no leer la Constitución y desconocer la historia de la humanidad. Ya deberían saber que nadie puede crecer tanto sin consecuencias y que la competencia, de muchos actores, es el único camino.
Lo peor es que a esa caldera parlamentaria de venganzas políticas llevarán, irresponsablemente, a toda la prensa peruana, solo por el apetito desbocado de unos pocos. Quedemos advertidos de nuestra actual fragilidad.
El párrafo citado pertenece al famoso y descartado Plan de Gobierno de Ollanta Humala. En su página 57, dedicada a los medios de comunicación, anunciaba la elaboración de una “ley de comunicaciones audiovisuales” para que esta “establezca un reparto equitativo y plural” y constituya un mecanismo de “regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios”. Más claro a quién iba dirigido, ni el agua.
La advertencia, recordarán, generó una reacción inmediata de los medios y obligó al entonces candidato a realizar una ronda de conversaciones para calmar los naturales temores a una intervención política. El Plan de Gobierno fue, en los hechos, rechazado y sustituido por la Hoja de Ruta, que no dice una palabra al respecto.
Pero lo cierto es que el problema existe. La libertad de expresión es esencialmente una libertad política que sirve de contrapeso al poder político. Si el poder, en un Estado de derecho, no admite concentración, su contrapeso tampoco puede admitirlo. Así se entendió en la Constitución de 1979 y la de 1993 que tienen idéntico texto: “La prensa, la radio y la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa o indirectamente, por parte del Estado ni particulares”.
La Constitución de 1993 ni siquiera prohíbe el monopolio, sino el abuso de posición de dominio, salvo en una única excepción: la de los medios. Y noten que la Constitución no solo prohíbe el monopolio. Va más allá, utilizando la palabra “acaparamiento”. Así de grave es el asunto.
La televisión y la radio ya tienen regulación que establece límites al número de frecuencias y tamaño del mercado al que un grupo familiar puede acceder. Puede discutirse si esto es eficaz o no pero, por ahora, los límites están puestos. Sin embargo, no hay regulación del artículo constitucional en dos casos: prensa escrita y propiedad cruzada de medios (conglomerados de prensa, televisión, internet, radio).
En un mundo feliz, la mejor regulación es la que no existe para la prensa. ¿Es posible que la defensa de la diversidad informativa dentro de una misma corporación se realice con prácticas éticas de independencia editorial donde existan verdaderas murallas chinas entre empresas de un mismo propietario? Es posible. Yo misma soy testigo de que eso sucedió en algún momento. Lamentablemente el despido el 2011 de los periodistas independientes de América Televisión por orden directa de los directores de El Comercio dejó claro que ese mundo feliz dejó de existir.
Entonces, sobre una situación ya frágil, la compra, directa o indirecta, como dice la Constitución, del Grupo Epensa por parte del Grupo El Comercio va a obligar
irremediablemente a discutir en el Congreso un tema que estaba en el olvido. Ahí, con una mayoría simple se puede definir qué cosa es “acaparamiento” y las consecuencias serán imprevisibles. Los responsables se han puesto la soga al cuello solitos por no leer la Constitución y desconocer la historia de la humanidad. Ya deberían saber que nadie puede crecer tanto sin consecuencias y que la competencia, de muchos actores, es el único camino.
Lo peor es que a esa caldera parlamentaria de venganzas políticas llevarán, irresponsablemente, a toda la prensa peruana, solo por el apetito desbocado de unos pocos. Quedemos advertidos de nuestra actual fragilidad.
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