Como minar a las instituciones (y sentirse institucionalista)

Domingo 13 de Marzo del 2016

Muchos peruanos se preocupan por la debilidad institucional. El sistema político ha sido marcado por la corrupción; todos parecen esquivar la ley. No sorprende, entonces, que mucha gente se muestre a favor de una aplicación rigurosa de las reglas en el caso Guzmán. Si su partido no cumplió con las reglas, que se le excluya. La ley es la ley. ¿Quiénes no estarían de acuerdo? De hecho, en el caso Guzmán, el coro “institucionalista” abarca fujimoristas (¡), apristas, ppcistas, PPKausas, e izquierdistas.

Pero si es tan obvio que había que aplicar las reglas en el caso Guzmán, ¿por qué la decisión generó tanta sorpresa—y escándalo— en la comunidad internacional? ¿Por qué las otras democracias del mundo no excluyen a candidatos presidenciales por faltas administrativas? ¿Será que el Perú tiene la democracia más institucional del mundo?

No. El caso Guzmán nos muestra algo importante: una ciega aplicación de las reglas no fortalece la institucionalidad. Y muchas veces, la mina. La frase “la ley es la ley”–utilizada por muchas dictaduras– es una falacia. Aún en las democracias más institucionalizadas, la aplicación de las reglas varía, dependiendo de la regla y del contexto. En algunos casos, una estricta aplicación de las reglas es contraproducente y hasta peligrosa.

Quiero señalar dos instancias donde una estricta aplicación de las reglas mina la institucionalidad. Las reglas incumplibles. Algunas reglas son incumplibles porque es imposible monitorearlas, como las leyes contra la sodomía. En otros casos, sus diseñadores son poco realistas, o no esperan que sean cumplidas, las reglas simplemente expresan deseos políticos o metas futuras. Entre 1976 y 1989, por ejemplo, la Constitución portuguesa obligaba al Estado a hacer una transición al socialismo. Las constituciones de Brasil, Colombia, y Kenia garantizan al derecho a un medio ambiente limpio y sano.

La aplicación de reglas no cumplibles puede causar serios problemas. Por ejemplo, la Constitución mexicana de 1917 contenía artículos (3, 27, y 130) que restringían severamente las actividades de la Iglesia. Su plena aplicación habría significado la destrucción de la Iglesia. Los primeros gobiernos revolucionarios fueron laxos, pero en 1926, el gobierno de Plutarco Calles decidió “aplicar la ley.” Provocó una guerra civil—La Cristiada—que dejó casi 100,000 muertos. La aplicación rigurosa de las leyes migratorias en los EEUU—expulsando 11 millones de personas, como propone Trump— también tendría consecuencias desastrosas.

Otro peligro de las reglas incumplibles es su aplicación selectiva. Si (casi) nadie cumple con las reglas, castigar a unos pocos pero no a otros genera la percepción de injusticia, sobre todo donde el sistema judicial carece de confianza pública (como en el Perú).

De hecho, la aplicación selectiva de la ley es común en los regímenes autoritarios. Donde nadie cumple con las reglas, el gobierno puede reprimir a sus rivales con la mera aplicación de la ley. El gobierno de Putin utiliza la ley para encarcelar a políticos y empresarios rivales por corrupción, mientras sus (igualmente corruptos) aliados están impunes. En Malasia, el principal líder opositor, Anwar Ibrahim, es uno de los pocos ciudadanos encarcelados por sodomía. Y en el sur norteamericano, existían en los años sesenta reglamentos altamente exigentes para registrarse a votar. Para los ciudadanos blancos, la aplicación de estos requisitos era laxa, pero para los negros las autoridades “aplicaron la ley.” Sin poder cumplir con los requisitos, muchos negros no podían votar. Todos estos actos antidemocráticos fueron “legales.” Se cumplió la ley.

La estricta aplicación de las reglas también mina a la institucionalidad cuando choca con otras normas o derechos fundamentales. Todo país tiene leyes que se contradicen, donde aplicar una ley implica violar a otra. En estos casos, las autoridades tienen que interpretar las leyes y evaluar: ¿cuál es la más importante?

La interpretación de las leyes contradictorias varía entre las democracias y las dictaduras. Por ejemplo, en muchos países, se necesita un permiso para llevar adelante una protesta pública. Pero muchas protestas son espontáneas, no hay tiempo para solicitar un permiso municipal. Estas protestas son técnicamente ilegales. Prohibirlas o reprimirlas, entonces, sería cumplir con la ley. Eso es lo que hacen gobiernos autoritarios como los de Pinochet, Putin, o Maduro. En las democracias, en cambio, prevalece el derecho a la libre asociación. Si las protestas son pacíficas, son toleradas, aun si carecen de los permisos necesarios. El énfasis se pone en los derechos, no en los papelitos.

Las leyes contra la difamación son otro ejemplo. En las democracias, las leyes antidifamación casi nunca se aplican contra medios que atacan a los políticos, porque prevalece el derecho a la libre expresión. Muchos gobiernos autoritarios, en cambio, optan por aplicar las leyes antidifamación, porque les permiten callar a la prensa de una manera “legal.” Rafael Correa es un fanático de “aplicar la ley” contra los medios.

Finalmente, en las democracias contemporáneas, cuando los candidatos presidenciales cometen faltas administrativas o violan reglas menores, las autoridades priorizan los derechos de participación y plena representación electoral. Multan en vez de excluir candidatos, porque creen que la exclusión es un remedio mucho peor que la enfermedad. Por eso, la exclusión de candidatos por faltas administrativas solo ocurre en regímenes autoritarios como Rusia, Bielorrusia, Azerbaijan, Burkina Faso, y Camerún.

En todos estos casos, una aplicación estricta de las reglas tiene consecuencias poco democráticas; y por eso los gobiernos democráticos optan por una aplicación limitada, meditada, y proporcional.

Las lecciones para el caso Guzmán son claras. Primero, la Ley de Partidos es incumplible. Las autoridades electorales no monitorean rigurosamente la colección de firmas, las afiliaciones, el funcionamiento de las comités provinciales y asambleas partidarias, o el proceso de democracia interna. Si lo hicieran, todos los partidos estarían en falta. Que partidos membretes como Perú Posible, Solidaridad Nacional, PPK, Orden, o el Partido Humanista puedan cumplir con todos los requisitos establecidos por las autoridades electorales es una ficción, y los políticos lo saben. Algunos falsifican bien, otros no. Pero nadie cumple de verdad.

La aplicación de las reglas incumplibles en el caso Guzmán ha sido selectiva, algo claramente demostrado por recientes investigaciones periodísticas que revelan que el fujimorismo, Alianza Popular, y PPK cometieron faltas parecidas a las de Acuña y Guzmán. Eso genera una fuerte percepción de injusticia.

Las consecuencias pueden ser graves. La confianza pública en las autoridades electorales se erosiona, y el proceso electoral podría quedar deslegitimado. De hecho, el escenario de pesadilla —un resultado electoral no aceptado como legítimo— podría convertirse en realidad. Según la última encuesta de Ipsos, Guzmán empata a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, algo que ningún otro candidato había hecho. Si Fujimori gana, Guzmán podría decir que sí él no hubiera sido injustamente excluido, el resultado habría sido otro.

La aplicación estricta (pero selectiva) de unas reglas menores e incumplibles, sin tomar en cuenta sus consecuencias para otras normas y derechos fundamentales, ha minado a la institucionalidad democrática. Y podría provocar una crisis. Con pocas excepciones (como Verónika Mendoza), la elite política se ha callado ante este golpe a la democracia. Las consecuencias de su irresponsabilidad aún están por verse.

El Electorado Rebelde

Domingo 28 de Febrero del 2016

La tendencia electoral más marcada de las últimas semanas ha sido la caída, lenta pero segura, de los candidatos más experimentados. Desde que empezó la campaña, los “insiders” no paran de perder terreno. Según Ipsos, entre julio de 2015 y febrero de 2016, PPK cayó de 15% a 9%, Alan García cayó de 11% a 5%, y Alejandro Toledo cayó de 8% a 2%. En su conjunto, entonces, la intención de voto de los tres candidatos más experimentados —dos ex presidentes y un ex premier— se ha reducido de 34% a 16%. Y la intención de voto de Julio Guzmán, Verónika Mendoza, y Alfredo Barnechea— tres candidatos desconocidos hace pocos meses—creció de 3% en diciembre a 26% hoy.

Las campañas presidenciales basadas en la “experiencia” (García, PPK) no han funcionado. La alianza tan celebrada con el PPC no aportó nada a García. Solo reforzó su imagen de hombre del establishment. La unión de dos partidos históricos puede ofrecer “solidez” y “madurez,” como dice Lourdes Flores, pero no atrae votos. Hoy los dos partidos históricos están en un empate técnico con Verónika Mendoza, una candidata aún desconocida por gran parte del país. Los peruanos no quieren a sus ex gobernantes; de hecho, no quieren a nadie que está en el (o cerca del) poder.

Este patrón no es nuevo. Mientras los partidos de gobierno han sido reelegidos con cierta frecuencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y Uruguay, en el Perú post Fujimori, han quedado pulverizados en cada elección. Y tres de los últimos cuatro presidentes han sido novatos —no habían sido elegido a ningún cargo público antes de asumir la presidencia.

El electorado peruano está en rebelión permanente contra el establishment político. No es necesariamente antisistema, pero prefiere a los candidatos que vienen por afuera del sistema. Los candidatos exitosos se caracterizan no por su experiencia sino por su distancia del poder. Ninguno de los ganadores de las últimas tres elecciones presidenciales había ocupado un cargo público en la década anterior. Keiko Fujimori, que lidera las encuestas para 2016, viene por afuera del establishment democrático establecido. Y los tres candidatos en ascenso son outsiders (Guzmán) o políticos marginales (Mendoza, Barnechea).

Esta rebelión electoral incesante no tiene paralelo en América Latina. Mientras en otros países el sentimiento de “que se vayan todos” solo surge en momentos de crisis, en el Perú se ha convertido en una bandera permanente. No conozco otra democracia donde los políticos son tan detestados, los partidos de gobierno se castigan con tanta ferocidad, y los novatos políticos ganan con tanta frecuencia.

Un electorado rebelde es bastante democrático. En el Perú de hoy es imposible consolidar una oligarquía política, donde la competencia se limita a una pequeña elite, o una “partidocracia”, donde unos pocos partidos reparten el poder. Un candidato puede surgir de la nada –sin necesidad de tener cierto apellido, asistir a ciertos colegios, o pertenecer a ciertas redes sociales– y competir seriamente por la presidencia (Fujimori, Toledo, Humala, Guzmán). Y puede ganar aunque tenga casi todo el establishment en su contra (Fujimori 1990, Humala 2011). (Gobernar es otra cosa.)

Pero elegir a novatos también tiene costos. Los presidentes novatos carecen de experiencia y, en muchos casos, de capacidad política. Cometen muchos errores. Se aíslan. Se debilitan rápidamente. Y como consecuencia, sus gobiernos terminan siendo mediocres, si no malos. Peor aún, muchos outsiders no están comprometidos con las instituciones democráticas (Alberto Fujimori es un ejemplo). De hecho, todos los presidentes sudamericanos que cerraron el Congreso en las últimas tres décadas fueron outsiders (Fujimori, Chávez, Correa).

No sabemos muy bien por qué los peruanos detestan a sus políticos (el politólogo Carlos Meléndez es uno de los pocos que ha investigado el tema). Pero quiero señalar tres posibles factores.

El primero, la debilidad del Estado. El Perú tiene uno de los estados más disfuncionales de América Latina. Muchas instituciones estatales están plagadas por la ineficiencia y la corrupción. Y para muchos ciudadanos, los servicios públicos básicos –salud, seguridad, justicia– son inaccesibles o de mala calidad.

Donde el Estado no funciona, es casi imposible gobernar bien. Y aún los gobiernos mejor intencionados terminan desgastándose. La gente se frustra. Se siente indignada ante la injusticia de un Estado que beneficia a algunos y abandona (o maltrata) a otros. Los gobiernos son el blanco de esa indignación. Y cuando el pobre rendimiento persiste, gobierno tras gobierno, la gente termina desconfiando de todos los políticos.

Una segunda razón por la cual los peruanos detestan a sus políticos es la debilidad de los partidos. Sin partidos, es difícil sostener una carrerapolítica. Debido a la alta volatilidad electoral y frecuente colapso de los partidos, las carreras políticas se acaban rápidamente. Para sobrevivir, los políticos se convierten en tránsfugas permanentes, saltando de partido en partido. Pero el transfuguismo cae mal, y muchos políticos –Lay, Townsend, Villarán– terminan quemándose. Como consecuencia, el número de políticos profesionales exitosos se ha reducido. Y el número de novatos políticos —empresarios, periodistas, voleibolistas— crece. Con pocas excepciones, el rendimiento de estos novatos ha sido pésimo. Cometen muchos errores y caen en muchos escándalos. Una arena política dominada por tránsfugas y novatos solo refuerza la desconfianza pública.

Una tercera razón por la que los peruanos detestan a sus políticos, sugerida por Alberto Vergara, es la desigualdad social. Hay una brecha enorme entre la élite política y gran parte del electorado. Los políticos operan en una pequeña burbuja, rodeada por gente cuyos valores, gustos, y prioridades son bastante ajenos de los de la mayoría del electorado. Aunque esta brecha exista en todos los países, es mucho más grande en sociedades desiguales.

Los partidos ayudan a reducir la brecha entre los políticos y el resto de la sociedad. La existencia de militantes, cuadros medios, líderes locales y regionales, y candidatos de peso en todo el territorio crea nexos importantes entre los líderes y la base. Son fuentes de información para los políticos, ayudándolos a conectarse con la realidad.

Pero en el Perú, donde no hay partidos fuertes, los nexos entre los políticos y la sociedad son pocos. Y como consecuencia, los políticos se alejan de la realidad. De hecho, García, Toledo, PPK, y Humala (y Nadine,) son percibidos por muchos peruanos como bastante alejados. Parecen haber perdido contacto con la gente, y que no les importan sus problemas.

Un político alejado de la realidad pierde capacidad. Confunde el mundo de su burbuja con el mundo real. Empieza a creer que se puede fortalecer un partido desde Stanford. O que la alianza APRA-PPC se parece a la concertación chilena. O que los periodistas puneños son ignorantes.

En una sociedad desigual, muchos políticos parecen marcianos en su propia tierra. Estarán bien informados sobre la economía o temas internacionales, pero no conocen a su propio electorado.

El electorado peruano no premia la experiencia en el poder sino la distancia del poder. No es producto de ignorancia o inmadurez, sino del pobre rendimiento de los propios políticos, en un contexto de un Estado débil, partidos débiles, y la tremenda desigualdad social. La gente no premia la experiencia de los políticos porque su experiencia con estos políticos ha sido mala.

La palabra de Keiko

Domingo 14 de Febrero del 2016

Keiko Fujimori busca renovar la imagen del fujimorismo, distanciándolo de su pasado corrupto y autoritario. Ha hecho varios gestos hacia ese fin: apoyó el “trabajo de diagnóstico” de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, removió de su lista parlamentaria a Martha Chávez y a otras figuras asociadas con el autoritarismo de los noventa, y declaró en una entrevista que “de ninguna manera hubiera cerrado el Congreso” como su padre.

La estrategia tiene sentido. Si quiere llegar al 50% del voto necesario para ganar la segunda vuelta, Keiko tiene que convencer a un sector del electorado no fujimorista que ella no representa un retorno a las prácticas mafiosas y autoritarias de los noventa. No lo logró en 2011 y perdió.
Renovar la imagen del fujimorismo no ha sido fácil. Hasta ahora, la estrategia de Keiko se basa en una promesa. Pide al electorado que confíe en su palabra cuando dice: “Sé mirar la historia y no voy a permitir que esta se repita” o que ha “cargado con una mochila muy grande” por el autoritarismo y la corrupción de los noventa y que jamás permitirá que sus hijas “carguen la mochila que yo he cargado durante tantos años.”

El problema es que muchos peruanos no le creen. No necesariamente por ser fujimorista (de hecho, según la última encuesta de GfK, Keiko es la candidata que da más confianza: 29% dice que cumplirá con su palabra, comparado con un 21% en el caso de PPK, 18% en el caso de Acuña, 13% en el caso de García, y 12% en el caso de Toledo), sino porque los peruanos no le creen a nadie. Según la encuesta de GfK, una mayoría abrumadora no cree que ningún candidato vaya a cumplir con sus promesas. Y no sin razón: en el Perú, pocos gobiernos (nacionales, regionales, provinciales) han cumplido con sus promesas electorales. ¿Por qué, entonces, creer en las promesas de Keiko?

Keiko no tiene que convencer a todos (hay gente –como muchos amigos míos– que no le van a creer aunque gane el Premio Nobel de la Paz), pero hay una franja del electorado independiente que necesita y que no ha logrado convencer. Por ejemplo, Rosa María Palacios escribió hace poco que “nunca creí en el cambio de Keiko Fujimori hacia posiciones más conciliadoras”. Y Enrique Pasquel, subdirector periodístico de El Comercio, escribió que la transformación de Keiko “no resulta creíble,” y que “la imagen de la Keiko realmente arrepentida de los 90 fue solo un papel que interpretó para su presentación de Harvard”. Palacios y Pasquel no son izquierdistas de Diario UNO. Si ellos no le creen a Keiko, el fujimorismo va a enfrentar dificultades en la segunda vuelta.

El problema con las promesas electorales es que son meras palabras (para los politólogos, el término es “cheap talk”). Son fáciles de incumplir. Si las promesas son fáciles de incumplir, no serán creíbles, sobre todo en una sociedad como la peruana, donde la confianza hacia los políticos está en el piso.

¿Cómo persuadir a un electorado desconfiado de que una promesa es sincera y será cumplida? Los grandes gestos públicos, como la “Carta al Pueblo Brasileño” de Lula o la Hoja de Ruta de Humala, ayudan un poco, porque romper con un compromiso ampliamente celebrado trae costos políticos. Así que la idea de firmar una promesa de no indultar a su padre –algo que Keiko ha estado contemplando– tiene cierto sentido.

Pero en el fondo, las promesas de cambio tienen credibilidad cuando el político paga un precio –real y público– por haberlas hecho (“señales costosas” en términos de ciencia política). Para un candidato controvertido que busca moderar su imagen, las señales costosas serían las que generan conflictos internos y hasta rupturas. Un ejemplo es Marine Le Pen, candidata presidencial del ultraderechista Frente Nacional en Francia, que impulsó la expulsión de su padre (y fundador del partido) por racismo y antisemitismo.

Hasta ahora, Keiko Fujimori no ha mandado señales muy costosas. Es cierto que sus palabras en Harvard provocaron la salida del congresista evangélico Julio Rosas y duras críticas de parte de Carlos Raffo, pero estos dos ya estaban por salir. También es cierto que la renovación de la lista parlamentaria contradijo la carta de Alberto (que no es poca cosa) y provocó resistencia en el interior del fujimorismo. Pero la pelea no fue muy pública. Alberto se calló y los fujimoristas históricos excluidos aceptaron su remoción sin declararle la guerra o provocar una ruptura. Como consecuencia, no pocos observadores concluyeron que la renovación había sido un “teatro” (una percepción que fue reforzada cuando Keiko no descartó la idea de incluir a Aguinaga y Cuculiza en su gobierno).

Para Keiko, una verdadera señal costosa sería una pelea pública con su padre y la vieja guardia fujimorista (si Luisa María Cuculiza hubiera sido la candidata presidencial de Solidaridad Nacional, como se rumoreó, esa habría sido una señal costosa). Enfrentarse públicamente con su padre sería la única manera de convencer a los independientes escépticos de que el fujimorismo se renueva en serio, que un gobierno keikista sería distinto que la versión autoritaria y corrupta de su padre. Sería, para Keiko, su momento Le Pen.

Keiko quiere evitar un momento Le Pen. Busca equilibrar la moderación de su discurso, por un lado, con la unidad partidaria (y familiar) por el otro. Es una estrategia razonable: ningún candidato quiere conflictos internos o rupturas partidarias. Y Keiko no quiere una pelea pública con el hombre que (además de ser su padre) es el fundador del fujimorismo y su principal razón de ser. Además, una estrategia equilibrada –moderación sin llegar al parricidio; quedarse bien con Dios (el fujimorismo histórico) y el Diablo (Harvard)– podría funcionar, gracias a la extraordinaria debilidad de los demás candidatos.

Pero también podría ser fatal. Si Keiko no manda señales más costosas, corre el riesgo de no persuadir al electorado de que su promesa renovadora es sincera. Y el efecto de eso se sentiría en la segunda vuelta. Hoy los otros candidatos se están matando entre ellos en la pelea por el segundo lugar. Mientras nos enfocamos en el transfuguismo de Susana y Anel, el fenómeno Guzmán, y el plagio del siglo, los errores (mala lista parlamentaria), escándalos (“offshore electoral”, cóctel de 700,000 soles) y serias limitaciones (incapacidad de reconocer los delitos cometidos por su padre) de Keiko pasan casi desapercibidos.

Pero la dinámica cambiará el 10 de abril. Aunque no parezca hoy, es probable que la segunda vuelta sea reñida. Con la excepción de Acuña, el candidato que salga segundo en la primera vuelta se convertirá en un foco para gran parte del electorado no fujimorista, hoy disperso. Y sin el cuco de Humala, los medios serán mucho más duros con Keiko. En una segunda vuelta reñida, probablemente contra un rival con menos anticuerpos que Humala, Keiko va a necesitar más votos no fujimoristas. Va a necesitar su momento Le Pen.

Pelearse con su padre sería arriesgado para Keiko, con serios costos. Nadie sabe si Keiko está dispuesta a pagarlos. Pero estos costos son el precio de la credibilidad. Si Keiko no logra persuadir al electorado independiente de que su renovación es real y no teatro, podría sufrir una repetición de 2011.

Es un dilema difícil. Pero nadie dijo que iba a ser fácil.

El Valor del Voto

Domingo 31 de Enero del 2016

Los peruanos detestan a sus políticos. Sus presidentes son los más impopulares de América Latina. Entre 2002 y 2013, la aprobación presidencial promedio en el Perú fue 28%, comparado con 47% en Ecuador, 49% en Bolivia, 52% en Argentina y México, 56% en Chile, 63% en Brasil, y 65% en Colombia (Latinobarómetro).

El repudio hacia los políticos tiene varias causas, pero quiero enfocarme en una: la ausencia de rendición de cuentas electorales. La democracia representativa se basa en un nexo entre el voto y el gobierno. No participamos directamente en el gobierno, pero seleccionamos a nuestros representantes, basados en sus propuestas. Ningún gobierno cumple con 100% de sus promesas. Pero la orientación del gobierno debe, de algún modo, reflejar las preferencias de sus electores. Debe haber una mínima relación entre los resultados electorales y el comportamiento de los gobiernos que surgen de las urnas. Si no, la democracia representativa no existe.

El nexo entre el voto y las políticas públicas se debilitó en América Latina en los años 1980 y 1990, cuando, ante la crisis económica, presidentes que habían prometido políticas más estatistas y redistributivas giraron hacia al neoliberalismo: Pérez en Venezuela, Menem en Argentina, Paz Estenssoro, Bucaram, Fujimori.

Pero en los 2000 se abrió más espacio, y los gobiernos latinoamericanos empezaron a cumplir con sus promesas. Chávez, Morales y Correa prometieron una “refundación” constitucional y cumplieron. Lula, Bachelet, y Tabaré Vásquez prometieron políticas redistributivas y cumplieron. Uribe prometió mano dura y cumplió.

En el Perú, en cambio, el nexo entre las promesas de campaña y las políticas de gobierno sigue siendo casi inexistente. Alan García ganó en 2006 con un programa de centro-izquierda (“cambio responsable”), pero giró tanto a la derecha que Lourdes Flores describió a su gobierno como “tremendamente conservador” y a él como el "presidente de los ricos". Ollanta Humala prometió un gran cambio pero terminó ofreciendo continuidad: a los cuatro meses su gabinete estaba lleno de gente que había votado por Fujimori. En las regiones, varios gobernadores elegidos con un discurso anticorrupción han sido denunciados por corrupción.

El establishment limeño no se preocupa mucho por el déficit de representación. De hecho, lo exige. Si un candidato, apoyado por gente descontenta con el statu quo, se elige con un programa que diverge del modelo económico ortodoxo, el establishment exige —casi a gritos— que abandone sus promesas. Para la elite limeña, el peligro es el estatismo, no las promesas electorales rotas.

Pero la repetida traición electoral es peligrosa para la democracia. Si la gente percibe que las políticas del gobierno no tienen nada que ver con los resultados electorales, va a concluir, tarde o temprano, que su voto vale poco. Que votar es inútil. ¿Para qué sirve el voto si el gobierno abandona sus promesas y hace lo que quiere? ¿Para qué sirve la democracia?

Si la gente cree que su voto no afecta nada ¿qué compromiso va a tener con la democracia? ¿Saldrá a la calle para defenderla? ¿Estará dispuesto a defender a la institucionalidad democrática ante un populista autoritario que promete tumbar a los políticos y la “partidocracia”? ¿Un Fujimori o Chávez? Es probable que no.

¿De dónde viene el nexo entre elecciones y gobierno? Los horizontes de tiempo son claves. Los políticos suelen cumplir con sus electores cuando están pensando en futuras elecciones. Un político que sabe que necesita su base en el futuro estará menos dispuesto a traicionarla.

Hay dos mecanismos que extienden los horizontes de tiempo. Uno son los partidos. Como organizaciones colectivas que duran en el tiempo, los partidos tienen que preocuparse por candidaturas en todo el país y, sobre todo, por futuras elecciones. La expectativa de competir en futuras elecciones genera horizontes de tiempo más largos.

Otra fuente de horizontes de tiempo largos es la carrera política. Un político de carrera —que dedica su vida profesional a la política— tiene que pensar no solo en el periodo actual sino en futuros periodos. Tiene que construir y mantener una imagen pública. Si se convierte en el 'come oro' o 'come pollo' en su primer periodo, peligra su carrera.

Los horizontes de tiempo no garantizan nada. Hay muchos políticos profesionales que mienten y roban. Pero los horizontes de tiempo por lo menos crean incentivos para no olvidarse del electorado. Un político estará menos dispuesto a desperdiciar sus votos si sabe que los necesita en el futuro.

En el Perú, lamentablemente, los políticos de carrera están en peligro de extinción. Hoy en día, la mayoría de los candidatos son políticos novatos o semiprofesionales —individuos que ganan dinero o fama en otra profesión (empresarios, militares, periodistas, curas, voleibolistas) y usan ese dinero o fama para saltar a la política. Según una investigación que hice con Mauricio Zavaleta, 57% de los congresistas elegidos en 2011 y 78% de los candidatos principales a gobernador en 2014 carecían de una carrera política.

Los nuevos políticos no sostienen carreras largas. La mayoría se queda por solo uno o dos periodos. Se va, en parte, porque tiene otra profesión —puede volver a su empresa, su radio, o su universidad. Pero también se va porque es muy difícil ser re-elegido. Las tasas de reelección peruanas son unas de las más bajas de América Latina. Según Tanaka y Barrenechea, entre 1995 y 2008, la tasa promedio de reelección legislativa peruana fue 20%, comparada con 51% en Brasil, 52% en Argentina, 63% en Chile, y 90% en EEUU. Solo el 20% de los presidentes regionales fueron reelegidos entre 2002 y 2014 —y ahora la reelección regional ha sido prohibida.

El surgimiento de políticos no profesionales, combinado con la baja o nula probabilidad de reelección, significa que las carreras políticas peruanas son cortas. Muchas no duran más de 5 o 10 años. Como consecuencia, muchos políticos operan con horizontes de tiempo reducidos: piensan menos en su futuro electoral (¿para qué pensar en futuras elecciones si probablemente no van a participar en ellas?) Dejan de preocuparse por su futura imagen y aprovechan al máximo su breve estancia en el poder. Una vez en el poder, entonces, un político sin carrera tiene poco incentivo para cumplir con sus promesas electorales. Puede olvidarse de su base y venderse al gobierno o a los lobbies. O robar. O no trabajar.
La democracia peruana ha caído en un círculo vicioso: los peruanos odian a sus políticos y no los reeligen. Y los políticos, sabiendo que no serán reelegidos, se olvidan de sus electores—y algunos se comportan de una manera detestable.

Qué hacer? Lo que no se debe hacer es prohibir la reelección. Eliminar la re-elección —como acaban de hacer en el caso de gobernadores y alcaldes— destruye los pocos incentivos existentes para representar al electorado. Hay que extender los horizontes de tiempo de los políticos; prohibir la reelección hace lo contrario, minando aún más su nexo con el electorado.

Más allá de lo institucional, es imprescindible que los ciudadanos castiguen a los políticos que no cumplen con su palabra. Están empezando a hacerlo. García y Humala pagaron caro por haber traicionado a su voto: sus carreras están gravemente heridas.

En la campaña actual, Keiko Fujimori ha hecho promesas importantes: dice que no repetirá la corrupción y autoritarismo (perdón, los “errores”) de su padre. Dice que no indultará a su padre. Keiko es joven y tiene futuro político. ¿Aprenderá de sus antecesores?

El Nuevo Anti-Fujimorismo

Domingo 17 de Enero de 2016

En 2011 la coalición antifujimorista era estrecha. Fuera de Vargas Llosa, La República, pequeños grupos de izquierda y progresistas (universitarios, gestores de derechos humanos), y un puñado de toledistas, el establishment limeño –histérico ante el fantasma de Humala– apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. La coalición pro-Keiko incluyó a la Confiep, el Grupo Comercio, los principales canales de televisión, periodistas influyentes (Aldo Mariátegui, Juan Paredes Castro, Fritz DuBois, Jaime Bayly), y figuras políticas de peso como PPK, Luis Castañeda Lossio, Lourdes Flores, Mercedes Aráoz, Hernando de Soto, y —sin decirlo públicamente– el presidente García y el cardenal Cipriani.

Al apoyar un fujimorismo poco renovado o distanciado de Alberto, el establishment limeño optó por defender el modelo económico ortodoxo en vez de la democracia. Demostró, de nuevo, que su compromiso con el liberalismo económico era más fuerte que su compromiso con el liberalismo político.

Los grandes medios se comportaron de una manera poco democrática en el 2011. El Grupo Comercio no solo apoyó a Keiko sino que adoptó prácticas propias del régimen fujimorista. La autocensura de El Comercio y otros medios minó el derecho ciudadano a la información. Se negaron a investigar o tocar temas claves, como el rol de Alberto Fujimori en la campaña. Hablaron poco o nada de los crímenes del gobierno de Fujimori o de la persistencia en las filas fujimoristas de políticos abiertamente autoritarios. Lanzaron una guerra sucia contra Humala –incluyendo la vergonzosa contratación de Jaime Bayly– que nos hizo recordar a los diarios chicha de los noventa. Y despidieron a periodistas que se negaron a cerrar filas detrás de Keiko o que parecían “humanizar” a Humala.

La fujimorización del establishment limeño en el 2011 constituyó una amenaza a la democracia. Ante el fantasma de Humala, los medios, empresarios, políticos, economistas, y líderes religiosos más influyentes –casi la lista entera de la Encuesta del Poder– abrazaron al fujimorismo sin exigir su renovación o un compromiso democrático. Si el fujimorismo la liberaba del lobo feroz, la élite limeña parecía dispuesta a darle un cheque en blanco. Por suerte, el electorado peruano optó por otro camino.

En 2016, la alianza fujimorismo-establishment es más precaria. El abrazo del establishment a Keiko en el 2011 no fue un acto de amor sino de desesperación. Con pocas excepciones, la élite limeña hubiera preferido a alguien más afín, como Lourdes Flores, PPK, o Meche Aráoz (como me dijo un fujimorista en el 2011, la élite "nos mira y ve muchos cholos") Keiko fue su último bastión de defensa.

Hoy el escenario es distinto. A diferencia de 2006 y 2011, la élite limeña no percibe una amenaza antisistema o izquierdista. Ninguno de los candidatos viables le da miedo. La candidata más seria de la izquierda, Veronika Mendoza, carece de recursos y se dirige más a los conversos que al electorado general. Lamentablemente, no logra despegar.

Sin amenaza antimodelo en el horizonte, el establishment tiene el lujo de volverse “demócrata.” El Director de Perú21 —el diario que llegó a la bajeza de comparar el voto por Humala con el suicidio en 2011—dice que esta vez su diario mantendrá una “línea imparcial y objetiva respecto de los distintos candidatos”. Promete “informar de manera equilibrada” y “reportar los sondeos de manera imparcial, objetiva y completa” (algo que Perú21 no hizo en 2011).

El Comercio (ahora bajo Fernando Berckemeyer y Enrique Pasquel y no Martha Meier y Juan Paredes Castro) se ha vuelto mucho menos fujimorista que el 2011. Pasquel, por ejemplo, escribió que la renovación de la lista fujimorista fue insuficiente, recordándonos que un “exorcismo a medias” es “poco útil,” y que lo único que asegura es que “el demonio, eventualmente regrese a seguir haciendo de las suyas”. Y mientras que en el 2011 El Comercio se hizo el loco con respecto al rol de Alberto en la campaña (fue Edmundo Cruz, de La República, quien lo hizo público), en el 2015 fue la unidad de investigación de El Comercio que nos informó que Fujimori había recibido 650 visitas —incluyendo varios empresarios y políticos— en tres meses.

La derecha política también se vuelve más antifujimorista. Varios políticos que se pusieron el polo naranja hace cinco años han redescubierto su antifujimorismo. PPK dice que fue un “error” apoyar a Keiko en el 2011; su partido la llama la “candidata de las esterilizaciones forzadas y la violación de derechos humanos”. Fernando Rospigliosi, quien no se quejó por el autoritarismo del fujimorismo no renovado en el 2011 (según él, Montesinos, el verdadero cerebro del régimen, estaba en la cárcel y nadie en el entorno de Keiko podía jugar el papel de Montesinos), se volvió más exigente este año. Calificó la salida de la vieja guardia fujimorista como un “teatro” y declaró que Keiko tiene un “nuevo Montesinos”. Y Mercedes Aráoz, quien dijo en el 2011 que Keiko ya había deslindado del autoritarismo de su padre, dice el 2016 que es “bien difícil que ella pueda desmarcarse de eso”.

Con la (re)incorporación de sectores importantes de la derecha, la coalición antifujimorista se amplía. Preocupación por la vuelta del fujimorismo ya no es solo una cosa de caviares. El debate sobre las violaciones de derechos humanos, las esterilizaciones forzadas, la persistencia de elementos autoritarios en el fujimorismo, y el futuro rol de Alberto no se limita a las páginas de La República, se extiende a El Comercio.

Paradójicamente, entonces, Keiko enfrenta más resistencia en el establishment hoy, cuando busca renovar su partido y construir un perfil más moderado, que en el 2011, cuando el fujimorismo era más duro y albertista.

La situación puede cambiar. Si Mendoza u otro candidato de izquierda sube en las encuestas, es probable que la “imparcialidad” del Grupo Comercio se vaya por la ventana y volvamos a un escenario más parecido a lo del 2006 y 2011. Pero mientras no haya lobo “chavista” en el horizonte, muchas figuras de derecha levantarán las banderas antifujimoristas que guardaron en el closet (y que tildaron a Vargas Llosa de traidor por haber levantado) en el 2011.

El surgimiento de este nuevo anti-fujimorismo me parece muy bien. Si gran parte del establishment –y no solo La República— adopta una orientación más crítica y exigente, Keiko tendrá que tratar seriamente algunos temas que esquivó en el 2011. Tendría que reconocer que el gobierno de Alberto cometió crímenes y no solo errores; asegurarnos que ningún defensor del autoritarismo de los noventa (como Martha Chávez) tendrá lugar en su gobierno; y quizás hacer algo para convencernos de que su padre no tendrá influencia sobre su gobierno. Tendría que demostrar un compromiso serio con la democracia liberal y no con la democracia “delegativa” o de “mano dura” de su hermano Kenji.

¿El nuevo antifujimorismo tendrá efectos electorales? Posiblemente. Más discusión en los medios sobre las violaciones de los derechos humanos, esterilizaciones forzadas, corrupción y narcotráfico bajo el gobierno de Alberto podría afectar la imagen pública de Keiko (que hoy está mejor que las de todos sus rivales).

Pero la capacidad del establishment de influir sobre el voto es limitada. El abrazo de la élite limeña no ayudó a Keiko en el 2011, de hecho, parece haberle costado votos. La deserción del establishment el 2016 es, entonces, una espada de doble filo: Keiko enfrentará una campaña más dura, pero al mismo tiempo, divorciarse de la élite limeña podría beneficiarla en términos electorales. La desfujimorización del establishment es, sin duda, positiva. ¿Pero cuándo fue la última vez que el Grupo Comercio ganó una elección?

Políticos Calatos

Domingo 03 de Enero de 2016

Para muchos, el juego de alianzas políticas de las últimas semanas se parece a una película de horror: Susana Villarán, defensora de los derechos humanos, se alinea con Daniel Urresti, procesado por el asesinato de un periodista; Vladimiro Huaroc, político de izquierda, está en la plancha fujimorista; Anel Townsend va con Acuña; Nano Guerra García con Yehude Sim.., perdón, con Solidaridad Nacional. La lista de tránsfugas parece interminable.

Estos políticos han sido repudiados por su “oportunismo” y “promiscuidad”. Las columnas y las redes sociales se inundan con palabras como “traición”, “decepción”, “vergüenza” y “asco”. El Comercio criticó a los “acomodos, giros y contorsiones de última hora” y lamentó el peso del “apetito de poder”. Según Rosa María Palacios, “la política está enferma”. y la “promiscuidad y el oportunismo es la única ley que se respeta”.

Los ciudadanos tienen todo el derecho de repudiar al transfuguismo. Pero concuerdo con Sinesio López, indignarse ante el transfuguismo no basta: hay que entender de dónde viene.

Explicar la lógica del transfuguismo no es justificarlo. Escandalizarnos ante la política contemporánea es fácil. Pero si queremos cambiarla, tenemos que entenderla.

En el fondo, los políticos peruanos no son tan diferentes de sus pares de Suecia, Canadá, o EEUU. No tienen menos principios o más apetito de poder. En todo el mundo los políticos son ambiciosos. Buscan el poder. Desean una larga carrera política, porque es su profesión. En democracia, eso requiere que ganen elecciones.

La imperativa de ganar elecciones genera pragmatismo. Casi todos los políticos tienen objetivos programáticos, pero pocos están dispuestos a luchar hasta la muerte (política) por ellos. Aun los políticos más comprometidos son reacios a sacrificar su carrera. Hay políticos excepcionales que se aferran a sus ideales a todo costo. Pero son pocos. Y casi siempre son marginales.

La mayoría de los políticos –peruanos, canadienses, suecos– actúan con una mezcla de principios y ambición. No renuncian por completo a sus ideales. Pero están dispuestos a subordinarlos, por lo menos un poco, para asegurar su sobrevivencia política. Los políticos no son mártires. Los que carecen de un mínimo de pragmatismo pierden. Y tarde o temprano, los políticos que siempre pierden se convierten en desempleados (o figuras marginales).

Tanto en Suecia como en el Perú, entonces, los políticos son pragmáticos. Buscan ganar y mantener el poder. Pero los suecos lo hacen dentro de partidos sólidos que (1) tienen un programa más o menos coherente y (2) duran en el tiempo.

Para un político, un partido programático fuerte ofrece una especie de ropaje que encubre su ambición. El político trabaja por un bien colectivo —la socialdemocracia, la democracia cristiana, el liberalismo— que va más allá de su propia carrera. Busca el poder, pero detrás de un proyecto más grande —una lucha por la redistribución, la reducción del Estado, los valores tradicionales. Y como los partidos son duraderos, políticos ambiciosos como Hillary Clinton (Demócrata por 50 años), Francois Hollande (Socialista por 40 años), y Angela Merkel (Demócrata Cristiana desde la caída del comunismo) pueden sostener sus carreras sin transfuguismo. Su “apetito del poder” se esconde detrás del ropaje de la lealtad partidaria.

El político peruano, en cambio, está calato. Sin ropaje partidario, sus ambiciones están al aire libre. Fuera del APRA, las fuerzas capaces de ganar elecciones nacionales no son partidos estables: son listas de candidatos fugaces construidas por candidatos presidenciales (o para alquilar). En su excelente libro sobre las reglas no escritas de la política electoral peruana, el politólogo Mauricio Zavaleta los llama “coaliciones de independientes”.

Las coaliciones de independientes tienen dos características importantes. Primero, más allá del círculo íntimo del líder, no tienen cuadros. Las listas partidarias se construyen más o menos de nuevo en cada elección, conformadas por independientes que compran sus lugares y “jales” de otros partidos. (En este sentido, el fujimorismo keikista, basado más en jales e independientes que en cuadros históricos, se parece cada vez más a los demás partidos peruanos. Se está “normalizando.”)

Segundo, las coaliciones de independientes son fugaces. Nacen con una candidatura fuerte (Pérez de Cuéllar, Andrade, Toledo, Castañeda, Humala), duran por dos o tres elecciones, y luego colapsan o se convierten en cascos vacíos cuando su líder deja el escenario electoral. Una expectativa de vida muy baja.

Donde los “partidos” son listas de candidatos efímeros que se arman y se desarman cada cinco años, los políticos tienen que convertirse en agentes libres: “independientes” que negocian su lugar en una lista distinta en cada elección.

Saltar de partido a partido puede ser visto como oportunismo, pero también es un acto de desesperación. O se convierten en tránsfugas o terminan desempleados. Anel Townsend fue congresista por la UPP y PP—dos partidos en camino a la extinción. Con ellos, no volvería nunca al Congreso. Huaroc y Villarán fueron líderes de Fuerza Social, otro barco hundiéndose. Quedarse a bordo les garantizaba una derrota electoral. Sergio Tejada es un joven político con talento. Pero su partido (Nacionalista) naufragó.

Quizás el caso más ilustrativo es Juan Sheput. Sheput es un hombre de partido. Cree en los partidos. Como dirigente de Perú Posible, intentó -por 16 años– construir un partido de verdad. Pero Toledo aniquiló a PP y su fracaso electoral del 2016 será su tiro de gracia. Para Sheput, entonces, más lealtad partidaria le hubiera condenado al suicidio político. Si Juan Sheput no puede sostener una carrera partidaria en el Perú post-Fujimori, muy pocos podrán hacerlo.

El transfuguismo ya es una regla no escrita de la política peruana. Muchos políticos contemporáneos han postulado por seis o siete partidos distintos. Máximo San Román ha pasado por ocho partidos. El gobernador de Moquegua, Jaime Rodríguez, y el ex gobernador de Tacna, Tito Chocano, han pasado por seis.

No son casos excepcionales. Dos tercios (35 de 50) de los candidatos que ganaron o terminaron segundos en las últimas elecciones regionales habían sido tránsfugas por lo menos una vez, y un tercio (18) había sido tránsfuga dos veces o más. La mayoría (102 de 195) de los alcaldes provinciales elegidos en 2014 habían cambiado de partido por lo menos dos veces, y 48 de ellos habían cambiado tres veces o más. En Lima, más del 80% de los alcaldes distritales han postulado por dos o más partidos, y casi la mitad ha pasado por tres o más.

El transfuguismo es una estrategia de sobrevivencia política que surge donde no existen organizaciones partidarias sólidas. Se puede echar la culpa a los políticos individuales, pero en realidad la culpa la tiene un sistema que no les permite sostener una carrera de otra manera.

El problema es que el transfuguismo es feo. Los políticos calatos dan asco. Y como consecuencia, la clase política peruana está cada vez más desprestigiada. El creciente repudio hacía los políticos es peligroso, porque crea tierra fértil para un populista que prometa acabar con ellos. Y el populismo “antipolítica” siempre termina en el autoritarismo. No se puede tumbar a los políticos sin tumbar a la democracia.

Paradójicamente, quizás, varios políticos hoy repudiados por su “oportunismo” encabezaron la lucha democrática contra Fujimori –el último autoritarismo basado en la antipolítica.

¡Feliz Año Nuevo! Que sea un año sin presos políticos en Venezuela (y en toda América Latina).

Dos elecciones

Domingo 06 de Diciembre de 2015

Dos recientes elecciones —la de Mauricio Macri en Argentina y las legislativas que se realizan hoy en Venezuela— han generado mucha expectativa, porque son vistas como el inicio de una contraofensiva contra el “socialismo” o “autoritarismo” bolivariano.

Pero las dos elecciones son distintas. El triunfo de Macri es significativo (por primera vez en la historia argentina que la derecha ganó una elección democrática), pero no afecta al régimen político —porque no existe un “régimen bolivariano” en Argentina. Los Kirchner tenían un estilo combativo, pero no violaron la institucionalidad democrática. La Constitución y el Congreso se mantuvieron intactos. Ningún medio fue cerrado; ningún periodista o político arrestado o exiliado; ninguna manifestación reprimida. Y las elecciones fueron limpias: no hubo exclusión de candidatos, intimidación, o limitaciones en acceso a los medios. De hecho, la ONG norteamericana Freedom House califica a Argentina como “Libre” (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela son calificados como “Parcialmente Libres.) Las medidas económicas estatistas implementadas por los Kirchner no deben confundirse con medidas autoritarias. La Argentina kirchnerista pertenece al grupo de plenas democracias latinoamericanas (con Brasil, Chile, y Uruguay), no al grupo bolivariano. 

Macri ganó las elecciones argentinas por dos razones principales. Primero, la economía argentina está mal. No crece desde 2013. Segundo, el kirchnerismo sufre el desgaste de 12 años en el poder. Gobernar por tres periodos quita reflejos políticos. Corrompe. Eventualmente, la gente se cansa. En Argentina, gran parte de la clase media apoyó al kirchnerismo hace una década, pero lo abandonó ante la creciente percepción de mal manejo económico, corrupción, y abuso del poder. Y Macri, que supo construir una amplia coalición opositora, la captó. 

Dada la mala situación económica, el buen rendimiento (49%) del candidato oficialista, Daniel Scioli, es llamativo. Se debe, en parte, a la popularidad del gobierno. La aprobación de Cristina Kirchner—entre 40 y 50 por ciento— era una de las más altas en la región en los últimos meses: menos que Evo y Correa, pero más que Bachelet, Rousseff, Tabaré, Santos, Peña Nieto, Cartes, Maduro, y, por supuesto, Humala. 

La popularidad de Cristina se debe, en parte, a las políticas redistributivas de su gobierno. Bajo el kirchnerismo, el salario mínimo se duplicó, todos los argentinos (formales e informales) tuvieron acceso a una pensión, y dos millones de familias pobres tuvieron acceso a un ingreso mínimo (gracias al programa Asignación Universal por Hijo). La tasa de pobreza cayó de 45% a 16%, el desempleo cayó de 17% a 7%, y el índice GINI (que mide desigualdad) cayó de 53.5 a 42.3. Estos avances ayudan a explicar por qué, mientras la elite liberal latinoamericana fue casi unánime en su apoyo a Macri, el 49% de los argentinos votaron por Scioli. 

Las elecciones venezolanas sí podrían golpear al modelo bolivariano. El gobierno de Nicolás Maduro está arrinconado. Ante la desastrosa situación económica (recesión, escasez, inflación más alta del mundo), su aprobación cayó a 25% en noviembre (aunque parece que aumentó un poco en las últimas semanas). Y según las encuestas, la oposición ganaría hoy por una brecha significativa (entre 15 y 30 puntos), con lo cual obtendría —a pesar de la sobrerrepresentación de distritos chavistas— una sólida mayoría legislativa. 

Para el chavismo, cuya legitimidad se basa en los triunfos electorales, una derrota aplastante —que revela al mundo su condición minoritaria— sería un golpe duro. Debilitaría a Maduro, alentaría la oposición, y podría provocar una crisis del régimen. 

Pero Maduro no pudo cancelar las elecciones. Y tampoco podrá robarlas. El fraude es raro en América Latina. Solo es factible cuando la brecha entre gobierno y oposición es mínima, y aun así, puede fracasar (como en la República Dominicana en 1994). A pesar de todos sus abusos autoritarios, el chavismo no ha cometido grandes fraudes electorales, y con una brecha de 15-30 puntos, intentar hacerlo sería un suicidio político como en Serbia (2000) o Ucrania (2004). 

Si el chavismo no puede cancelar o robar las elecciones, tendrá que perderlas. No sabemos qué haría después. Algunos creen que el régimen se caería a pedazos, con políticos y militares saltando del barco en masa. Otros creen que los líderes chavistas se volverían pragmáticos. Saben que el chavismo tiene futuro político más allá de Maduro (Chávez sigue siendo bastante popular). En vez de lanzar una guerra suicida, entonces, podrían negociar una convivencia con la oposición que incluye cierta liberalización política y quizás un referendo revocatorio que pone fin a Maduro (pero no al chavismo). 

Tampoco sabemos cómo responderá la oposición. Algunos estarán dispuestos a negociar con el chavismo y seguir trabajando a través de los mecanismos institucionales. Pero otros buscarían la caída inmediata del gobierno, en una especie de “revolución democrática”. Eso sería peligroso, porque el chavismo cerraría filas ante una amenaza que —después de haber aceptado una derrota electoral— podría caracterizarse como golpista. Para el chavismo, sería su salvación. 

Hasta antes que voten los venezolanos, todo es especulación, y si el repunte de Maduro en las encuestas es real, el gobierno podría salir de las elecciones mejor parado que esperábamos. Pero el fantasma de la derrota atormenta al chavismo. 

¿La derrota del kirchnerismo (y posiblemente del chavismo) significa un giro a la derecha en América Latina? No necesariamente. Es un giro antioficialista. Durante la década del boom, con tasas de crecimiento de 7 u 8 por ciento, el oficialismo ganaba elecciones como nunca antes en América Latina. El partido de gobierno fue reelegido una vez en El Salvador y Nicaragua, dos veces en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, y la República Dominicana, y tres veces en Brasil, Colombia, y Venezuela. 

Pero cuando las economías dejan de crecer, como ocurre hoy en América Latina, los gobiernos pierden apoyo. Y en países como Argentina, Brasil, y Venezuela, donde el oficialismo lleva más de una década en el poder, la caída es reforzada por el desgaste. 

El efecto combinado de la crisis económica y el desgaste golpeará fuertemente a los oficialismos latinoamericanos en los próximos años. Y como la izquierda está en el poder en muchos países, será la victima principal. Pero pierde por ser oficialista, no por ser de izquierda. Los gobiernos no izquierdistas en Colombia, Guatemala, México, y Paraguay sufren tanto como sus pares izquierdistas. 

El fin del boom no va a acabar con la izquierda latinoamericana. La izquierda seguirá siendo un actor político importante, capaz de ganar elecciones y gobernar. Pero si pone fin a los sueños hegemónicos de un sector de la izquierda. Para algunos, el boom generó la ilusión de poder gobernar para siempre. Pero los boom no duran. Y donde hay elecciones, tarde o temprano, todos pierden.