Mario Vargas Llosa desató una ola de críticas cuando declaró que hará campaña para evitar que Keiko Fujimori sea elegida presidenta en el 2016. Martha Meier lo criticó por trasladar su oposición a Alberto Fujimori a Keiko, que “nada tiene que ver en el asunto”. Encarnando bien la vieja derecha autoritaria, Meier dice no entender por qué Vargas Llosa se opone a Keiko si ella comparte su ideología económica liberal. Para Meier, priorizar la democracia sobre la promoción de la agenda económica liberal es una “contradicción.”
Cecilia Blume acusa a Vargas Llosa de nada menos que el “determinismo genético”. Para Blume, hacer campaña contra la hija de Fujimori sería un acto de “inmadurez política” porque Keiko “es una persona diferente que, hasta donde sabemos, nunca ha violado la ley y es respetada por muchos”.
Pero Vargas Llosa tiene razón. Su decisión de oponerse a Keiko no es un acto de “inmadurez”. Tampoco es producto del “rencor” de alguien que todavía no procesa la derrota de 1990 (una teoría de taxistas que, increíblemente, es repetido por columnistas como si fuera análisis político). Es una decisión bastante sana porque el fujimorismo todavía no es una fuerza democrática.
El argumento de “determinismo genético” —que los opositores a Alberto Fujimori no deberían oponerse a su hija porque Keiko “es una persona diferente” y “nada tiene que ver en el asunto”– es absurdo. No es el vínculo genético entre Alberto y Keiko Fujimori que importa. Es el vínculo político. Y Keiko no es una candidata independiente. Es la candidata del fujimorismo. Representa a una fuerza política cuya razón de ser siempre ha sido la defensa de Alberto Fujimori. Como partido político, el fujimorismo avaló un golpe de Estado y acompañó por casi una década un régimen autoritario que fue responsable de serias violaciones de derechos humanos y un altísimo nivel de corrupción. Fuerza Popular puede haber cambiado de nombre, pero su pasado autoritario es innegable. Su bancada incluye a ex ministros de Fujimori y políticos (como Martha Chávez) que durante muchos años se dedicaron a defender –y hasta facilitar– a los actos autoritarios de Fujimori y Montesinos.
Los críticos dicen que Vargas Llosa quiere condenar al fujimorismo a “cadena perpetua” por sus crímenes. No necesariamente. Muchos partidos autoritarios se adaptan a las reglas del juego democrático, ganan elecciones y regresan al poder en plena democracia. La derecha española, la derecha chilena y el peronismo argentino son ejemplos. Pero hay que renovarse primero. Los partidos autoritarios que buscan evitar la “cadena perpetua” tienen que romper con su pasado y comprometerse, en una manera creíble, con la democracia. El peronismo botó a su vieja guardia matón y abrazó, por primera vez, la bandera de los derechos humanos. La derecha chilena no volvió a ganar la presidencia hasta que postuló un candidato que había votado por el “No” en el plebiscito de 1988.
El fujimorismo no se ha renovado. Ha cambiado de nombre y reclutado caras nuevas, pero no ha roto con su pasado autoritario o abrazado algunos elementos claves de la democracia, como los derechos humanos. Como consecuencia, sufre un déficit de legitimidad democrática ante un sector importante de la población. Este déficit contribuyó a su derrota en el 2011. Keiko perdió en la segunda vuelta porque Humala captó el centro. Fue Humala, y no Keiko, que logró distanciarse de su pasado.
Keiko Fujimori necesita su propia Hoja de Ruta. Una Hoja de Ruta Democrática. Si quiere reducir su déficit de legitimidad democrática, ella y su partido tienen que demostrar un serio compromiso con la democracia liberal. ¿Cómo hacerlo? Primero, Keiko podría dar una serie de discursos y entrevistas de alto perfil en la cual rechaza sin ambigüedades el golpe de 1992, reconoce (y quizás denuncia) los abusos autoritarios y violaciones de derechos humanos cometidos por (y no solo bajo) el gobierno de Fujimori y se compromete plenamente a la defensa de las instituciones democráticas. Segundo, podría asegurar que ningún fujimorista que niega arrepentirse de su pasado autoritario sea candidato en el 2016 (o sea, chau Martha Chávez). Y tercero, podría dar unos pasos simbólicos para demostrar su compromiso con los derechos humanos: expresar su apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; reunirse con grupos de derechos humanos (peruanos e internacionales); y aún si sigue discrepando con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, apoyar la investigación y documentación de las violaciones de derechos humanos y mostrar interés en las víctimas.
Son pasos duros. Keiko pagaría costos personales y políticos. Enfrentaría conflictos dentro del fujimorismo y, muy posiblemente, la salida de algunas figuras históricas. Pero si Keiko quiere convencer a sus críticos (o por lo menos el centro democrático que terminó optando por Humala en la segunda vuelta del 2011) de que el fujimorismo se está transformando en un partido democrático, son pasos necesarios.
Algunos antifujimoristas creen que el fujimorismo es autoritario por naturaleza y no puede cambiar. No estoy de acuerdo. Si el franquismo, el peronismo y pinochetismo, y hasta el comunismo polaco pueden renovarse y gobernar de una manera democrática, ¿por qué no el fujimorismo?
Pero Keiko no puede seguir el camino del Mudo y buscar ganar sin hablar de nada. Antes de que empiece la campaña de 2016 debería romper –en una manera pública y creíble– con el pasado autoritario del fujimorismo. Si lo hace, este columnista será el primero en aplaudir.
Note aparte: abolir la reelección de presidentes regionales y alcaldes es una pésima idea.
Primero, combate un problema inexistente: la tasa de reelección en el Perú es bajísima. Pocos políticos logran ser reelegidos, y casi ninguno se atrinchera en el poder. César Álvarez y Augusto Miyashiro son excepciones, no la regla. Segundo, no hay evidencia de que la reelección fomenta la corrupción. De hecho, la no reelección sería peor. En vez de cuidar su imagen pensando en futuros elecciones, los políticos corruptos robarían todo que pueden en cinco años. Tercero, la no reelección minará aún más la calidad de los políticos. Sin partidos, es difícil sostener una carrera política en el Perú. Como consecuencia, el Perú está siendo gobernado por novatos. Y no va bien. Prohibir la reelección traerá más novatos, más cortoplacismo político y probablemente más corrupción.
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