Dilma y las Crisis del Presidencialismo

Domingo 22 de Mayo del 2016

El lamentable impeachment de Dilma Rousseff (Dilma no ha sido acusada de corrupción, mientras los que organizaron su destitución sí) es una de las múltiples crisis asociadas con el presidencialismo latinoamericano. Según la politóloga Gretchen Helmke, 18 presidentes latinoamericanos han sido removidos antes de tiempo desde 1985. Y han surgido 91 choques entre el Ejecutivo y el Congreso o Poder Judicial, en los que cada uno busca cambiar la composición del otro de manera irregular.

Hace décadas, el politólogo español Juan Linz sostuvo que el presidencialismo era peligroso para la democracia latinoamericana por dos razones principales. Una era la propensión al choque de poderes generada por el gobierno dividido (situación en la cual un partido controla la presidencia y otro controla al Congreso). Según Linz, en una democracia nueva o frágil, el gobierno dividido aumenta el riesgo de un severo conflicto entre el Presidente y el Congreso, que termina en una guerra que desborda las normas constitucionales. El gobierno dividido es común en América Latina. Entre 1978 y 2002, el 70% de los presidentes latinoamericanos carecían de una mayoría legislativa.

Otro peligro del presidencialismo, según Linz, es su rigidez. El mandato presidencial es fijo. Salvo en casos excepcionales, el Presidente debe cumplirlo. Pero debido a la frecuencia de las crisis en América Latina, muchos presidentes sufren fuertes caídas de popularidad durante sus primeros años. Presidentes como Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Fernando de la Rúa (Argentina), y Alejandro Toledo cayeron por debajo de 10%; Dilma cayó a 11% Cuando el gobierno pierde el apoyo del 90% de la sociedad, se paraliza y, muchas veces, cae en crisis.

Para Linz, el presidencialismo no ofrece una salida institucional a las crisis generadas por los choques de poderes o los presidentes fallidos. Y eso fomenta la intervención militar.
Según Linz, un sistema parlamentario ayudaría a evitar estas crisis. No hay choques de poderes en una democracia parlamentaria, porque el Primer Ministro tiene que construir una mayoría parlamentaria para gobernar. Es imposible que el Parlamento esté en manos de la oposición. Y si el Primer Ministro pierde su mayoría parlamentaria, o si se vuelve muy impopular, puede ser removido a través de un voto de no confianza. No hay que esperar hasta el fin de su mandato. Y no hay que llamar a los militares.

Linz escribió su texto original durante la Guerra Fría, cuando los golpes militares eran frecuentes. El mundo ha cambiado. A partir de 1990 se volvió casi imposible sostener una dictadura militar en América Latina. Los golpes militares –estilo Velasco o Pinochet– casi desaparecieron. (Solo dos presidentes latinoamericanos han sido derrocados por golpes en los últimos 25 años: Jamil Mahuad en 2000 y Manuel Zelaya en 2009).

La (casi) desaparición de la intervención militar cambió la naturaleza de las crisis del presidencialismo. Ahora, con los militares en los cuarteles, el Presidente y el Congreso tienen que resolver sus conflictos entre ellos.

A veces gana el Presidente. Fujimori lo hizo con un autogolpe (apoyado por los militares). Chávez y Correa utilizaron mecanismos plebiscitarios para atacar, cerrar, y eventualmente dominar el Congreso.

Los autogolpes siempre terminan en autoritarismo. Al triunfar en un choque de poderes, el Presidente puede ejercer su control sobre todas las instituciones del Estado. Con el poder concentrado en sus manos, tiene un cheque en blanco. Puede cambiar o manipular las reglas para debilitar a sus rivales y perpetuarse en el poder. Pocos resisten esa tentación.

Los autogolpes no son nuevos en América Latina. Antes de Fujimori y Chávez estuvieron Perón, Vargas, y Velasco Ibarra. Más novedosa es la derrota del Presidente no por los militares sino por el Congreso o la protesta callejera.

Según los politólogos Aníbal Pérez Liñan y Kathryn Hochstetler, los presidentes caen cuando: (1) Hay un escándalo de corrupción muy público; (2) hay una crisis económica que genera protesta; y (3) el Presidente pierde su coalición legislativa. El Presidente puede soportar un escándalo o una crisis si tiene aliados en el Congreso (Samper, Lula), y puede soportar la pérdida del apoyo legislativo si no hay crisis y protesta (Toledo). Pero la combinación de escándalo, crisis económica, y aislamiento legislativo es fatal (Collor, De la Rúa, y ahora Rousseff).

En cierto sentido, el impeachment funciona como sustituto de los golpes militares. Es un mecanismo alternativo para remover un Presidente (percibido como) fallido. Pero no es equivalente a un golpe. Los golpes militares destruyen a la democracia, los impeachment no. Un impeachment no es acompañado por un “estado de excepción” que suspende la Constitución y los derechos civiles. No provoca el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, la cancelación de elecciones, o la represión de la oposición y la sociedad civil.

De hecho, el impeachment del Presidente hace menos daño a la democracia que un autogolpe o una “revolución bolivariana”, porque genera una concentración del poder. A diferencia del Ejecutivo, un Congreso representa múltiples fuerzas políticas que tienen que compartir el poder. Después de un impeachment, no surge un presidente fuerte capaz de perpetuarse en el poder, sino un presidente transicional, basado en una coalición multipartidaria, que solo gobierna hasta la próxima elección. De hecho, en casos como Brasil (1992), Guatemala (1993, 2015), Venezuela (1993), Ecuador (1997, 2005), Paraguay (1999), Argentina (2001), y Bolivia (2003), el impeachment o la renuncia forzada del Presidente no debilitó seriamente al régimen. (El impeachment de Lugo en Paraguay, un acto bastante irregular promovido por una elite cohesionada y ligada a los militares, fue más parecido a un golpe.)

Algunos politólogos ven el surgimiento del impeachment en América Latina con optimismo. Para ellos sería una solución institucional al problema de los presidentes fallidos. Funcionaría como el voto de no confianza en los sistemas parlamentarios, y ayudaría a “flexibilizar” lademocracia presidencialista.

No soy tan optimista. Muchos impeachment latinoamericanos (incluyendo, en mi opinión, el de Dilma), son procesos politizados promovidos muchas veces por políticos que han sido derrotados en las urnas. El uso del impeachment de una manera politizada debilitaría, y no fortalecería, las instituciones democráticas. Ecuador (donde cayeron tres presidentes consecutivos entre 1997 y 2005) es un caso ejemplar.

El impeachment es bastante preferible al golpe militar, pero debe ser una solución de última instancia contra presidentes corruptos o abusivos (como Fujimori), y no presidentes débiles e impopulares (como Dilma).

El Perú no ha sufrido una crisis presidencial desde la caída de Fujimori. Bajo una presidencia de PPK, un político poco hábil que enfrentaría un Congreso fujimorista, el riesgo de crisis aumentaría. Lamentablemente, la alternativa –una presidencia fujimorista, con mayoría legislativa– es aún más peligrosa.

Cuando vuelven los autoritarios

Domingo 08 de Mayo del 2016

De nuevo, el fujimorismo se acerca a la presidencia. ¿Cómo puede una fuerza responsable por tantos crímenes y abusos volver a ganar elecciones?

El regreso del fujimorismo sería lamentable. Pero no sería un caso único. La elección de partidos de origen autoritario es común en las nuevas democracias. Según el politólogo James Loxton, hubo 65 transiciones democráticas en el mundo entre 1974 y 2010. En 47 de ellas surgieron partidos de origen autoritario. Y 37 de estos 47 partidos volvieron al poder a través de elecciones. En otras palabras, los exautoritarios ganaron elecciones en casi el 60% de las nuevas democracias. Ocurrió en Albania, Corea del Sur, Croacia, Ghana, Hungría, Polonia, Taiwán, e Ucrania. En América Latina, ocurrió en Bolivia (Banzer), Chile (pinochetismo), Nicaragua (sandinismo), México (PRI), Panamá (torrejismo), y la República Dominicana (Balaguer). Aunque el regreso de un partido autoritario parezca una aberración, entonces, no lo es. En las nuevas democracias, es más la regla que la excepción.

¿Cómo explicar el regreso de los autoritarios? Según Loxton, los exautoritarios gozan de varias ventajas en el momento de (re)construir un partido. Primero, tienen una sólida base de apoyo. Aún los regímenes autoritarios más controvertidos mantienen el apoyo de un sector de la sociedad, muchas veces entre 20% y 40% del electorado. No es una mayoría, pero sí un piso importante.

Los exautoritarios también se benefician de legados organizativos del viejo régimen. Pueden movilizar a sus viejos cuadros y burócratas, y a sus viejas redes clientelistas. Y pueden aprovechar de sus vínculos con empresarios que prosperaron bajo el viejo régimen para financiarse.

Construir un nuevo partido es difícil. Una fuerza que empieza con un electorado sólido, cuadros en todo el país, y amigos financistas tiene unas ventajas enormes.

Estas ventajas son evidentes en el caso peruano. Gracias a la persistente popularidad de Alberto Fujimori, el fujimorismo inició su reconstrucción con una sólida base de apoyo. Según una encuesta de Ipsos de 2006, el 48% del electorado tenía una imagen positiva del gobierno de Fujimori. Y según una encuesta de GfK de 2013, 42% de los peruanos lo calificaban como “bueno” o “muy bueno”. Según una investigación hecha por Carlos Meléndez, hace algunos años, entre 6% y 16% del electorado tenía una identidad fujimorista. No es una base masiva, pero es la más grande del Perú.

Fuerza Popular heredó redes de militantes y simpatizantes del viejo régimen. Decenas de comedores populares y clubes de madres liderados por fujimoristas seguían operando, prestando una infraestructura en las zonas urbanas populares. Y el fujimorismo mantenía vínculos con varios empresarios que financiaron las campañas de Keiko.

¿La elección de un partido de origen autoritario amenaza a la democracia? Muchas veces sí. En la República Dominicana, Balaguer volvió a sus prácticas autoritarias y robó las elecciones de 1994. En Nicaragua, Daniel Ortega ha construido un régimen ‘sultanista’ parecido al de Somoza. También hubo regresión autoritaria en Bangladesh, Madagascar, Rumania, e Ucrania.

Pero en otros casos, como España, Taiwán, Corea del Sur, Hungría, Polonia, y Ghana, los ex autoritarios gobernaron democráticamente. En América Latina, el regreso de Banzer, el pinochetismo, el torrejismo, y el PRI no afectó seriamente a la democracia. De hecho, solo 2 de los 9 exautoritarios latinoamericanos elegidos en los últimos 30 años atentaron contra la democracia: Balaguer y Ortega.

Tres factores parecen afectar la suerte de la democracia cuando ganan los ex autoritarios. El más importante es la fortaleza de las instituciones democráticas. Donde las instituciones son fuertes, como en Chile, España, Polonia, o Taiwán, ex autoritarios son más fáciles de constreñir. Donde las instituciones son débiles, como en Albania, Bangladesh, Ucrania, o Nicaragua, los ex autoritarios hacen más daño.

Otro factor es la institucionalización del partido. Los partidos exautoritarios más institucionalizados –como el PRI y el nacionalismo en Taiwán– tienen horizontes de tiempo más largos. Sus líderes saben que si pierden hoy, pueden volver a ganar en 4 o 5 años. Por eso, no suelen arriesgarse en una aventura autoritaria. Un partido dominado por el viejo líder y su familia, en cambio, tiene menos futuro y estará más dispuesto a jugárselo todo –como Balaguer y Ortega.

Un tercer factor es la integración de los exautoritarios en el sistema democrático. Un partido que ha sido plenamente integrado, como en España, Chile, México, y Polonia, tiene menos incentivo para atacar a (o desde su perspectiva “defenderse de”) sus rivales si regresa al poder. Un partido que sigue en pie de guerra porque se siente excluido o perseguido estará más dispuesto a violar las normas democráticas y caer en el revanchismo, como en Albania, Bangladesh, e Ucrania.

Donde las instituciones democráticas son fuertes y el partido exautoritario se institucionaliza y se integra al sistema democrático, su regreso es lamentable pero no necesariamente peligroso. Este fue el caso de Chile, España, Ghana, México, Panamá, Polonia, y Taiwán. Cuando la democracia es débil y el partido exautoritario no se institucionaliza y se queda al margen del sistema, como en Albania, Bangladesh, e Ucrania, el peligro autoritario es mayor.
El Perú es un caso intermedio. Sus instituciones democráticas no son tan fuertes como en Chile, Polonia, o Taiwán, pero son más fuertes que en Nicaragua, Albania, o Ucrania.

El fujimorismo no se ha institucionalizado. A pesar de los esfuerzos renovadores de Keiko, sigue siendo un partido familiar: el fantasma de Alberto persiste, y Kenji cree que está en la línea de sucesión.

Pero el fujimorismo se está integrando al sistema democrático. Se ha transformado de un paria en la época de Toledo (con sus líderes exiliados, encarcelados, o expulsados del Congreso), en una fuerza que muchos perciben como un partido más. Se alineó con el APRA en el Congreso en 2006-2011, y muchas figuras del stablishment apoyaron a Keiko en 2011. Hoy forma parte de la coalición que controla al Congreso.

En términos comparativos, entonces, el peligro autoritario en el Perú es mayor que en España, Chile, o Taiwán y menor que en Albania, Bangladesh, Nicaragua, o Ucrania.

Pero hay otro factor que preocupa en el Perú: la mayoría legislativa. Cuando los exautoritarios volvieron en Bolivia, Chile, México, y Panamá, carecían de mayorías legislativas. El fujimorismo no sería constreñido por el Congreso.

La experiencia de otros países muestra que una regresión autoritaria no es inevitable. Pero el fujimorismo –con su renovación a medias, discursos contradictorios, y persistente negativa a demostrar que Alberto se ha jubilado– genera demasiadas dudas. Cuando volvió el PRI en México, escribí una columna (La República, 8-7-12) diciendo que su gobierno sería constreñido por las instituciones democráticas. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo sobre el Perú.

Dos elecciones

Domingo 24 de Abril del 2016

La segunda vuelta no será un conflicto polarizado entre izquierda y derecha como muchos esperaban (o temían) en los últimos días de la primera vuelta. Hay dos candidatos de derecha. Pero eso no significa que no existan diferencias importantes entre ellos. Izquierda versus derecha es una dimensión importante, pero no es la única. Y en el Perú Pos Fujimori, no es la más prominente. Existen otras dos dimensiones claves en las cuales Keiko y PPK difieren: (1) la dimensión fujimorista/antifujimorista y (2) la dimensión elite limeña versus antielite limeña. Cada candidato tiene un flanco débil en uno de estos ejes.

Keiko es vulnerable en la dimensión fujimorista/antifujimorista. La principal debilidad del fujimorismo sigue siendo su pasado autoritario y corrupto. Keiko se esforzó mucho en moderar su imagen en 2016. Pero lo hizo a medias. Poner a Cecilia Chacón primera en la lista parlamentaria y no descartar la participación de la vieja guardia en un futuro gobierno minó la imagen de un fujimorismo renovado. Y la intolerancia mostrada por varios líderes fujimoristas (Pier Figari y sus gritos de “¡Terrorismo nunca más!” ante una manifestación en Arequipa, Héctor Becerril llamando “primos hermanos de terroristas” a los chicos de No a Keiko) demuestra que, más allá de los gestos renovadores de Keiko, el partido mantiene una cultura autoritaria. Keiko no cayó en un discurso autoritario pero toleró la intolerancia de sus partidarios. Su antivoto, que había bajado a 34% en enero, subió a 50% en abril.

PPK es vulnerable en la dimensión elite limeña/antielite limeña. No ha podido revertir la imagen de un técnico gringo ligado a la elite limeña. Gran parte del electorado lo ve como el representante de los grandes empresarios, sin mucha empatía por la gente más pobre o provinciana. Como consecuencia, su base electoral no se extiende mucho más allá de la clase media urbana. En la primera vuelta, PPK consiguió su mejor resultado en San Isidro (65%). De hecho, PPK no merece estar en la segunda vuelta. Hizo una mala campaña y fue desplazado por Julio Guzmán (que caía mejor entre los sectores populares). Sin la exclusión de Guzmán, PPK no hubiera llegado a la segunda vuelta. El JNE lo salvó.

El candidato que mejor explote la vulnerabilidad de su rival, convirtiéndola en el eje principal de la campaña, ganará la segunda vuelta. Si el eje principal es elite limeña/anti-elite limeña, ganará Keiko. A Keiko le conviene una dinámica electoral parecida a la de 1990, cuando su padre derrotó a Vargas Llosa con un discurso populista. Bajo esa estrategia, Keiko definiría a PPK como el candidato pituco, que representa a la elite económica, social, y cultural limeña. El objetivo sería atraer gran parte del voto de Mendoza, sobre todo en el sur andino. El electorado del sur suele ser anti-Lima y anti-establishment. Y el principal candidato del establishment limeño es PPK.

Keiko no tiene los reflejos populistas de su padre; su orientación es más bien tecnocrática. Pero su triunfo en 2016 depende de su capacidad de construir una coalición populista en oposición al establishment limeño. Ya empezó: declaró que Conga no va; abrazó la propuesta de Barnechea de renegociar los contratos de gas; y describió a PPK como un “banquero internacional” que “gobernará para los grandes empresarios”, mientras que ella haría “un gobierno para los pequeños empresarios, los pobres, para el pueblo”. Si Keiko sigue la receta original de su padre, podría ganar.

En cambio, si el eje principal de la campaña es fujimorismo/antifujimorismo, PPK tendrá la ventaja. Existe todavía una mayoría antifujimorista. Pero no es una mayoría automática. Hay dos tipos de antifujimorismo: duro y blando. Los duros (alrededor del 35% del electorado) se oponen a Keiko bajo cualquier circunstancia. Votarían por el diablo si estuviera en la segunda vuelta con Keiko. Ellos están con PPK.

El antifujimorista blando (o “light”, según Sinesio López) es diferente. Se opone a Keiko, pero no bajo cualquier circunstancia. Tiene otras prioridades que pesan más que su antifujimorismo. Por ejemplo, mucha gente de derecha “liberal” que no simpatiza con el fujimorismo votó por Keiko en 2011 porque su compromiso con el liberalismo económico pesaba más que su preocupación por la instituciones democráticas. El propio PPK fue uno de ellos. También existen antifujimoristas blandos en los sectores populares. Por ejemplo, el electorado sureño que votó por Mendoza es antifujimorista, pero también es anti-elite limeña. Entre Keiko y el candidato favorito de San Isidro, cuyos mejores amigos tienen apellidos como De la Puente o Wiese, muchos optarían por Keiko.

La mayoría antifujimorista no se va a movilizar sola. PPK tiene que movilizarla y motivarla. Tiene que construir un frente democrático, con figuras de derecha, centro, e izquierda que nos recuerden diariamente el pasado corrupto y autoritario del fujimorismo. PPK también necesita que grupos como No a Keiko manifiesten su repudio al fujimorismo en la calle y en las redes sociales. Solo un coro amplio y diverso de voces –en columnas, programas de radio y televisión, redes sociales, y la calle– mantendría la prominencia del eje antifujimorista.

Eso es clave. Si PPK no convence al electorado –sobre todo a los que quedaron huérfanos en la segunda vuelta– de que existen diferencias importantes entre él y Keiko, muchos se quedarán en casa, votarán en blanco o viciado, o hasta votarán por Keiko. Y ganará Keiko.

Para evitar eso, PPK tiene que tirar por la ventana los consejos de Enrique Pasquel y El Comercio: tendrá que lanzar una lucha frontal contra el fujimorismo (según Pasquel, no debe pelearse con los fujimoristas porque son futuros aliados) y extender una mano a la izquierda (Pasquel prefiere que se quede entre los amigos sanisidrinos).

Si quiere ganar, PPK tiene que convertir la segunda vuelta en un referendo sobre el fujimorismo. Y tiene que forjar una amplia coalición antifujimorista que abarque desde la derecha liberal hasta la izquierda, algo parecido a la coalición que construyó Humala (con la ayuda de Vargas Llosa) en 2011. No tiene muchas alternativas. Keiko tiene más carisma y mejor organización. Y una campaña basada en la “experiencia” no funciona porque la mayoría detesta a su elite política (pregunten a Alan García).

Construir una coalición antifujimorista no será fácil para PPK. Ha hecho poco para ganar la confianza de los sectores populares y progresistas. Apoyar a Keiko en 2011 fue fatal. Y los insultos a Mendoza y a la gente andina (falta de oxígeno, periodistas puneños ignorantes) no ayudan. Además, entre los PPKausas hay muchos antifujimoristas blandos, que, ahora que el modelo económico está asegurado, no quieren hacerle la guerra a Keiko.

PPK todavía no moviliza a la tropa antifujimorista. Su rival sigue trabajando sin recreo.

El resurgimiento de la izquierda

Domingo 10 de Abril del 2016

Sean cuales sean los resultados hoy, el desempeño del Frente Amplio ha sido extraordinario. Luego de 25 años en los márgenes políticos, la izquierda compite seriamente por la presidencia. Aun si pierde, el FA tendrá una bancada importante en el Congreso y una candidata fuerte para 2021. Son pasos importantes hacia la reconstrucción de una izquierda viable.

Aunque la derecha se vuelva histérica (otra vez), el fortalecimiento de la izquierda beneficia a la democracia. Una izquierda sólida mejora la calidad de la representación, fomenta el debate programático, reduce el espacio para el populismo, y da impulso a las políticas redistributivas necesarias para combatir a la desigualdad social. (Varias investigaciones muestran que la democracia es menos viable en un contexto de extrema desigualdad.)
El ascenso electoral de Verónika Mendoza ha sido espectacular. Subió de 1% a 20% en las encuestas sin muchos recursos, organización partidaria, o amigos en los medios. No tiene ni una fracción del financiamiento que tienen Keiko, PPK, y Alan.

Sin duda, Mendoza tuvo buena suerte. Su ascenso se debe, en parte, a la lamentable exclusión de Acuña y Guzmán (gracias a la cual la revista británica The Economist describe la elección peruana como una “farsa peligrosa”).
Pero el éxito de Mendoza no es pura casualidad. De hecho, hay tres lecciones de ese éxito que quiero resaltar. Primero, el espacio electoral se llena. Los que pensábamos hace un año que la elección terminaría siendo una competencia entre varios sabores de derecha nos equivocamos. Gran parte del electorado se quedaba sin representación. Muchos peruanos buscaban a un candidato más alejado del poder –alguien que no era del establishment limeño. Alguien como Acuña, Guzmán, o Mendoza.

Y existía un espacio en la izquierda. De hecho, una encuesta publicada en marzo por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP sugiere que este espacio ha crecido desde 2011. Según la encuesta, el 40% del electorado quiere un gobierno que realice “cambios radicales” en la política económica, comparado con el 33% en 2011. Y una sólida mayoría (52%) cree que “Promover una mayor intervención del Estado es la única forma en que el Perú puede desarrollarse”, comparado con 42% en 2011. Solo el 36% de los encuestados cree que el mejor camino es “promover una economía privada de mercado”.
Existía entonces una brecha entre la oferta conservadora del trío Keiko-PPK-Alan y la demanda electoral. Gran parte del electorado buscaba a un candidato más estatista y más alejado del poder. No necesariamente Mendoza, pero la candidata del FA tenía el perfil correcto.

Una segunda lección del éxito de Mendoza es que la unidad de la izquierda no es necesaria. El mito de la unidad –basado en la experiencia de la IU en los 1980– se ha roto. El Frente Amplio nació como proyecto de unidad pero rápidamente dejó de serlo. La mayoría de las organizaciones de izquierda lo abandonaron. Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, Partido Humanista Patria Roja, PC formaron UNETE por la Democracia, que naufragó y quedó marginado. Goyo Santos y Vladimir Cerrón no entraron al frente. Y muchas figuras progresistas, como Susana Villarán, Vladimiro Huaroc, César Villanueva, Susel Paredes, Rosa Mávila, Sergio Tejada, y Julio Arbizu quedaron afuera.
En el inicio de la campaña, entonces, el Frente Amplio ya se había reducido a un frente bastante estrecho. Casi todas las organizaciones y figuras de izquierda más conocidas estaban afuera del FA, y la izquierda en su conjunto estaba más fragmentada que nunca. Se perfilaban cinco candidaturas: Mendoza, Santos, Cerrón, Simon, y la de UNETE.

Y Mendoza despegó igual. Hoy, el grueso de la izquierda apoya a la candidata del FA, pero esa unidad es la consecuencia y no la causa del éxito de Mendoza.

El ascenso de Mendoza demuestra que la unidad importa poco. En una democracia presidencialista sin partidos, la que importa es la candidata. Y Verónika Mendoza ha sido una buena candidata.

Mendoza no arrancó bien. Carecía de experiencia. Hablaba a la militancia y no al electorado. Pero trabajó duro y aprendió rápido. Aprendió a defenderse bien en la televisión, muchas veces en un ambiente hostil. Enfrentó ataques disfrazados como entrevistas –jamás pidió su Víctor Andrés Ponce– y salió bien parada.

Mendoza viajó de manera incesante por todo el país. Y a diferencia de sus rivales, se veía cómoda hablando con peruanos de todo tipo. Escuchándolos. Tocándolos. Comiendo su comida. Mostraba más empatía con la gente y más interés en sus problemas que sus rivales. Gracias a ese trabajo (y un nocaut inolvidable a Aldo Mariátegui), pasó de ser una candidata desconocida a ser una candidata que generaba simpatía, sobre todo en los sectores pobres y rurales. (En la última encuesta publicada por GfK, Mendoza tenía mayor intención de voto que PPK y Barnechea juntos en los sectores D y E y en el sector rural).

Verónika Mendoza, mucho más que su partido o su programa, ha sido la fuente principal del éxito de la izquierda. Sin ella, el FA probablemente no hubiera superado la valla de 5%.

Una tercera lección del éxito de Mendoza es que la izquierda no tenía que moderarse mucho. Al principio de la campaña, muchos analistas –yo entre ellos– sugeríamos que la mejor manera de superar la valla y entrar al Congreso (porque nadie pensaba seriamente en la presidencia) era moderarse y buscar al voto de la clase media progresista, con un discurso centrado más en la anticorrupción que en el estatismo. Y marcar distancias con el autoritarismo venezolano. El FA no nos hizo caso. Mendoza mantuvo un discurso principista. Descartó una Hoja de Ruta. Y se negó –a toda costa– a utilizar palabras como “dictadura” o “preso político” en referencia a Venezuela. Aunque el programa del FA está (muy) lejos de ser “socialista” o “chavista”, es mucho más ecologista, estatista, y defensor de los derechos de las minorías que el ultraortodoxo Consenso de Lima que impera desde 1990.

Y Mendoza despegó igual. Una campaña principista tiene varios beneficios. Primero, genera militancia. Poca gente se dedica a trabajar día y noche por varios meses sin sueldo por una causa moderada y pragmática. Los militantes necesitan creer en algo. Los militantes del FA no solo buscan puestos. Creen en su proyecto. Y eso fortalece a su partido y su campaña. Segundo, al mantener su discurso principista Mendoza se ha diferenciado de los demás candidatos. En una sociedad donde la gente detesta a los políticos, por su corrupción, sus mentiras, sus traiciones ideológicas, y su transfuguismo, un discurso principista puede ser un activo. Mendoza es percibida como más auténtica. Nadie duda que ella cree lo que dice. ¿Se puede decir lo mismo de Keiko, PPK, Alan, o Toledo?

El FA apostó por un proyecto menos amplio y más ideológico que muchos esperábamos—y le salió bien. Las consecuencias de esta apuesta para una posible segunda vuelta (o para un posible gobierno frenteamplista) son temas para futuras columnas. Por ahora, el desempeño electoral del FA ha sido espectacular. Aun si pierde, ha convertido la izquierda peruana en una fuerza electoral viable por la primera vez en una generación. No es poca cosa.

Una Elección Semidemocrática

Domingo 27 de Marzo del 2016

Por primera vez desde el 2000, las elecciones presidenciales peruanas no serán plenamente democráticas. La desastrosa legislación electoral –aplicada de una manera desigual– ha asegurado que el proceso electoral viole los principios básicos de la libre competencia y la igualdad ante la ley.

Con su decisión de excluir a dos candidatos presidenciales por razones burocráticas (Julio Guzmán) o faltas menores (César Acuña), el JNE se metió en un callejón sin salida democrática. Era de esperar que surgieran evidencias de semejantes faltas cometidas por otros candidatos. Y de hecho, las investigaciones de IDL-Reporteros, Poder, y otros medios–reforzadas por videos ampliamente difundidos– revelaron que Keiko Fujimori, PPK, y Alan García también violaron las reglas. Ante estas denuncias, las autoridades electorales enfrentaban un dilema: o aplicar ley a todos, y así matar por completo una elección que ya habían herido seriamente (porque una elección que excluye a candidatos que representan 60% o más del electorado ya no es ni mínimamente democrática) o aplicar la ley de una manera descaradamente desigual.

El 24 de marzo (a medianoche, demostrando una cobardía digna de la época fujimorista), el Jurado Electoral Especial optó por el segundo camino. Excluir a Acuña y Guzmán pero no a Keiko (y quizás PPK y García) viola claramente el principio de igualdad ante la ley. Ahora, no solo se excluyen candidatos, que ya es un golpe a la democracia, sino se excluyen en un proceso desigual e injusto, que es peor. Como en los tiempos de Fujimori (o en la Venezuela actual), las autoridades electorales no han sido árbitros neutrales. Intervinieron de una manera parcializada. Y afectaron seriamente los resultados. Si Keiko gana, su gobierno será percibido como ilegítimo.

¿Se puede gritar fraude? No es precisamente fraude, pero sí una violación democrática seria. Una elección puede ser no democrática de varias maneras. Una es con fraude, o la manipulación del voto o conteo de votos. Otra es una restricción al sufragio, como en EEUU antes de 1965 y Sudáfrica antes de 1994. Otra es la manipulación sistemática del Estado para inclinar la cancha contra la oposición, como en el Perú de Fujimori o la Venezuela chavista. Y otra es la exclusión de partidos o candidatos.

La plena competencia –basada en los derechos a ser elegido y tener representación electoral– es un elemento básico de la democracia. Según las normas internacionales (y la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la exclusión de candidatos por razones que no sean requisitos básicos (como edad y nacionalidad) o la prohibición de la reelección viola la norma de la plena competencia. Y excluir algunos candidatos y no otros que cometieron faltas parecidas significa trato desigual, lo cual mina la libre competencia. Sin libre competencia, no hay plena democracia.

No hay muchos casos contemporáneos de exclusión de candidatos presidenciales bajo regímenes aparentemente democráticos, pero sí los hubo en el pasado: Colombia bajo el Frente Nacional (1958-74); Argentina con la proscripción del Peronismo (1957-66); Turquía en los años ochenta y noventa con la proscripción del Partido Islámico). Estos regímenes –más o menos democráticos, salvo por la exclusión electoral– suelen ser clasificados como “semidemocráticos”.
Las elecciones peruanas de 2016 serán semidemocráticas. El problema principal es que la valla para la exclusión de candidatos –siempre alta en las democracias– es muy baja. Se excluye candidatos presidenciales por faltas burocráticas (Guzmán) y por clientelismo (Acuña) algo inédito en el mundo.

La ley que prohíbe la entrega de dinero o dádivas con la finalidad de obtener votos es muy problemática. La idea era eliminar la vieja práctica del clientelismo, que había sido muy antidemocrática. En épocas anteriores existían fuertes relaciones de dependencia entre ciudadanos pobres y gamonales locales. Si el elector depende del gamonal por su bien material o su seguridad, y si el voto no es (o no parece) secreto, el clientelismo –el cambio de favores o dádivas por el voto– es coercitivo y antidemocrático.

Pero como muestra la politóloga Paula Muñoz (en una tesis de doctorado premiada por la Asociación Americana de Ciencias Políticas), el viejo clientelismo ya (casi) no existe en el Perú. Fuera de los pocos distritos donde persisten máquinas políticas autoritarias (Callao, Áncash bajo Álvarez), no hay relación de dependencia entre electores y políticos. Los partidos no tienen la capacidad para monitorear el voto. El nivel de control que ejercen sobre el elector es casi nulo. Los peruanos reciben dádivas de todos los candidatos y después votan como quieren.

Muñoz muestra que la entrega de dádivas en el Perú contemporáneo no es compra de votos: se compra la asistencia a los mítines. Dado el desprestigio de los políticos, pocos quieren ir a escucharlos. Con pocas excepciones, si los candidatos no ofrecen regalos, concursos, o rifas, nadie va a sus actos electorales. Los políticos ya no son capaces de comprar votos; regalan cosas simplemente para ser escuchados. Fuera de los casos de mafias establecidas en el poder (Callao, Áncash), la entrega de dádivas no es coercitiva. La gente va a los mítines, recibe sus regalos, y después vota por la candidata o candidato que quiere.

La entrega de dádivas en las campañas actuales puede ser fea, pero no es un acto coercitivo o autoritario como el clientelismo del pasado. Ni siquiera es compra de votos. Por eso, excluir a un candidato presidencial por esta “violación” es un remedio mucho peor que la enfermedad.

El precedente generado por las autoridades con la exclusión de Guzmán y Acuña ha envenenado el proceso electoral. La elección descendió a una guerra de tachas. Hay una obsesión colectiva con la exclusión. Los medios se dedican casi exclusivamente a la guerra de tachas. Un ejemplo: El 23 de marzo todos los artículos principales (4 de 4) en la sección Elecciones 2016 del sitio de web de Peru21 tuvieron que ver con la exclusión de candidatos; 4 de los 5 artículos principales en la sección Elecciones del sitio de web de El Comercio tuvieron que ver con la exclusión; y 8 de los 10 artículos principales en la sección Elecciones del sitio de web de La República tuvieron que ver con la exclusión.

Quizás la peor consecuencia de la guerra de tachas generada por el JNE ha sido la promoción del comportamiento poco democrático. En vez de ser participantes en un proceso democrático, los políticos y sus seguidores buscan la exclusión de sus rivales. Hay movilizaciones para exigir la exclusión de candidatos. ¡Salen a la calle para exigir menos democracia! Yo no tengo problema con las manifestaciones No a Keiko, pero manifestarse contra una candidata que representa a una fuerza autoritaria y corrupta es una cosa; pedir su exclusión es otra. “No a Keiko” es un movimiento democrático; hace campaña contra Keiko. Pero un movimiento “No a la candidatura de Keiko” sería antidemocrático. Buscar excluir a los rivales y así minar la competencia choca con los principios básicos de la democracia. Pero la democracia peruana ha llegado a eso.

El carácter semidemocrático de las elecciones no pasará desapercibido por la comunidad internacional. Es probable que la calificación de Perú en el índice de Freedom House empeore. Desde 2002, Perú recibe una calificación de 2 (1=más democrático; 7=más autoritario) en la dimensión de “derechos políticos”, que es igual a democracias como Argentina y Brasil. Es probable que ahora suba a 3, como Bolivia y Ecuador.

Aunque los responsables principales de este fiasco son las autoridades electorales y el Congreso, los demás candidatos y sus seguidores son cómplices. Creyéndose beneficiados por la salida de sus rivales, han hecho poco o nada para combatir a las injusticias cometidas. Prefieren ganar una elección semidemocrática que perder una elección democrática. Su actitud egoísta y cortoplacista debilita la democracia.

Como minar a las instituciones (y sentirse institucionalista)

Domingo 13 de Marzo del 2016

Muchos peruanos se preocupan por la debilidad institucional. El sistema político ha sido marcado por la corrupción; todos parecen esquivar la ley. No sorprende, entonces, que mucha gente se muestre a favor de una aplicación rigurosa de las reglas en el caso Guzmán. Si su partido no cumplió con las reglas, que se le excluya. La ley es la ley. ¿Quiénes no estarían de acuerdo? De hecho, en el caso Guzmán, el coro “institucionalista” abarca fujimoristas (¡), apristas, ppcistas, PPKausas, e izquierdistas.

Pero si es tan obvio que había que aplicar las reglas en el caso Guzmán, ¿por qué la decisión generó tanta sorpresa—y escándalo— en la comunidad internacional? ¿Por qué las otras democracias del mundo no excluyen a candidatos presidenciales por faltas administrativas? ¿Será que el Perú tiene la democracia más institucional del mundo?

No. El caso Guzmán nos muestra algo importante: una ciega aplicación de las reglas no fortalece la institucionalidad. Y muchas veces, la mina. La frase “la ley es la ley”–utilizada por muchas dictaduras– es una falacia. Aún en las democracias más institucionalizadas, la aplicación de las reglas varía, dependiendo de la regla y del contexto. En algunos casos, una estricta aplicación de las reglas es contraproducente y hasta peligrosa.

Quiero señalar dos instancias donde una estricta aplicación de las reglas mina la institucionalidad. Las reglas incumplibles. Algunas reglas son incumplibles porque es imposible monitorearlas, como las leyes contra la sodomía. En otros casos, sus diseñadores son poco realistas, o no esperan que sean cumplidas, las reglas simplemente expresan deseos políticos o metas futuras. Entre 1976 y 1989, por ejemplo, la Constitución portuguesa obligaba al Estado a hacer una transición al socialismo. Las constituciones de Brasil, Colombia, y Kenia garantizan al derecho a un medio ambiente limpio y sano.

La aplicación de reglas no cumplibles puede causar serios problemas. Por ejemplo, la Constitución mexicana de 1917 contenía artículos (3, 27, y 130) que restringían severamente las actividades de la Iglesia. Su plena aplicación habría significado la destrucción de la Iglesia. Los primeros gobiernos revolucionarios fueron laxos, pero en 1926, el gobierno de Plutarco Calles decidió “aplicar la ley.” Provocó una guerra civil—La Cristiada—que dejó casi 100,000 muertos. La aplicación rigurosa de las leyes migratorias en los EEUU—expulsando 11 millones de personas, como propone Trump— también tendría consecuencias desastrosas.

Otro peligro de las reglas incumplibles es su aplicación selectiva. Si (casi) nadie cumple con las reglas, castigar a unos pocos pero no a otros genera la percepción de injusticia, sobre todo donde el sistema judicial carece de confianza pública (como en el Perú).

De hecho, la aplicación selectiva de la ley es común en los regímenes autoritarios. Donde nadie cumple con las reglas, el gobierno puede reprimir a sus rivales con la mera aplicación de la ley. El gobierno de Putin utiliza la ley para encarcelar a políticos y empresarios rivales por corrupción, mientras sus (igualmente corruptos) aliados están impunes. En Malasia, el principal líder opositor, Anwar Ibrahim, es uno de los pocos ciudadanos encarcelados por sodomía. Y en el sur norteamericano, existían en los años sesenta reglamentos altamente exigentes para registrarse a votar. Para los ciudadanos blancos, la aplicación de estos requisitos era laxa, pero para los negros las autoridades “aplicaron la ley.” Sin poder cumplir con los requisitos, muchos negros no podían votar. Todos estos actos antidemocráticos fueron “legales.” Se cumplió la ley.

La estricta aplicación de las reglas también mina a la institucionalidad cuando choca con otras normas o derechos fundamentales. Todo país tiene leyes que se contradicen, donde aplicar una ley implica violar a otra. En estos casos, las autoridades tienen que interpretar las leyes y evaluar: ¿cuál es la más importante?

La interpretación de las leyes contradictorias varía entre las democracias y las dictaduras. Por ejemplo, en muchos países, se necesita un permiso para llevar adelante una protesta pública. Pero muchas protestas son espontáneas, no hay tiempo para solicitar un permiso municipal. Estas protestas son técnicamente ilegales. Prohibirlas o reprimirlas, entonces, sería cumplir con la ley. Eso es lo que hacen gobiernos autoritarios como los de Pinochet, Putin, o Maduro. En las democracias, en cambio, prevalece el derecho a la libre asociación. Si las protestas son pacíficas, son toleradas, aun si carecen de los permisos necesarios. El énfasis se pone en los derechos, no en los papelitos.

Las leyes contra la difamación son otro ejemplo. En las democracias, las leyes antidifamación casi nunca se aplican contra medios que atacan a los políticos, porque prevalece el derecho a la libre expresión. Muchos gobiernos autoritarios, en cambio, optan por aplicar las leyes antidifamación, porque les permiten callar a la prensa de una manera “legal.” Rafael Correa es un fanático de “aplicar la ley” contra los medios.

Finalmente, en las democracias contemporáneas, cuando los candidatos presidenciales cometen faltas administrativas o violan reglas menores, las autoridades priorizan los derechos de participación y plena representación electoral. Multan en vez de excluir candidatos, porque creen que la exclusión es un remedio mucho peor que la enfermedad. Por eso, la exclusión de candidatos por faltas administrativas solo ocurre en regímenes autoritarios como Rusia, Bielorrusia, Azerbaijan, Burkina Faso, y Camerún.

En todos estos casos, una aplicación estricta de las reglas tiene consecuencias poco democráticas; y por eso los gobiernos democráticos optan por una aplicación limitada, meditada, y proporcional.

Las lecciones para el caso Guzmán son claras. Primero, la Ley de Partidos es incumplible. Las autoridades electorales no monitorean rigurosamente la colección de firmas, las afiliaciones, el funcionamiento de las comités provinciales y asambleas partidarias, o el proceso de democracia interna. Si lo hicieran, todos los partidos estarían en falta. Que partidos membretes como Perú Posible, Solidaridad Nacional, PPK, Orden, o el Partido Humanista puedan cumplir con todos los requisitos establecidos por las autoridades electorales es una ficción, y los políticos lo saben. Algunos falsifican bien, otros no. Pero nadie cumple de verdad.

La aplicación de las reglas incumplibles en el caso Guzmán ha sido selectiva, algo claramente demostrado por recientes investigaciones periodísticas que revelan que el fujimorismo, Alianza Popular, y PPK cometieron faltas parecidas a las de Acuña y Guzmán. Eso genera una fuerte percepción de injusticia.

Las consecuencias pueden ser graves. La confianza pública en las autoridades electorales se erosiona, y el proceso electoral podría quedar deslegitimado. De hecho, el escenario de pesadilla —un resultado electoral no aceptado como legítimo— podría convertirse en realidad. Según la última encuesta de Ipsos, Guzmán empata a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, algo que ningún otro candidato había hecho. Si Fujimori gana, Guzmán podría decir que sí él no hubiera sido injustamente excluido, el resultado habría sido otro.

La aplicación estricta (pero selectiva) de unas reglas menores e incumplibles, sin tomar en cuenta sus consecuencias para otras normas y derechos fundamentales, ha minado a la institucionalidad democrática. Y podría provocar una crisis. Con pocas excepciones (como Verónika Mendoza), la elite política se ha callado ante este golpe a la democracia. Las consecuencias de su irresponsabilidad aún están por verse.

El Electorado Rebelde

Domingo 28 de Febrero del 2016

La tendencia electoral más marcada de las últimas semanas ha sido la caída, lenta pero segura, de los candidatos más experimentados. Desde que empezó la campaña, los “insiders” no paran de perder terreno. Según Ipsos, entre julio de 2015 y febrero de 2016, PPK cayó de 15% a 9%, Alan García cayó de 11% a 5%, y Alejandro Toledo cayó de 8% a 2%. En su conjunto, entonces, la intención de voto de los tres candidatos más experimentados —dos ex presidentes y un ex premier— se ha reducido de 34% a 16%. Y la intención de voto de Julio Guzmán, Verónika Mendoza, y Alfredo Barnechea— tres candidatos desconocidos hace pocos meses—creció de 3% en diciembre a 26% hoy.

Las campañas presidenciales basadas en la “experiencia” (García, PPK) no han funcionado. La alianza tan celebrada con el PPC no aportó nada a García. Solo reforzó su imagen de hombre del establishment. La unión de dos partidos históricos puede ofrecer “solidez” y “madurez,” como dice Lourdes Flores, pero no atrae votos. Hoy los dos partidos históricos están en un empate técnico con Verónika Mendoza, una candidata aún desconocida por gran parte del país. Los peruanos no quieren a sus ex gobernantes; de hecho, no quieren a nadie que está en el (o cerca del) poder.

Este patrón no es nuevo. Mientras los partidos de gobierno han sido reelegidos con cierta frecuencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y Uruguay, en el Perú post Fujimori, han quedado pulverizados en cada elección. Y tres de los últimos cuatro presidentes han sido novatos —no habían sido elegido a ningún cargo público antes de asumir la presidencia.

El electorado peruano está en rebelión permanente contra el establishment político. No es necesariamente antisistema, pero prefiere a los candidatos que vienen por afuera del sistema. Los candidatos exitosos se caracterizan no por su experiencia sino por su distancia del poder. Ninguno de los ganadores de las últimas tres elecciones presidenciales había ocupado un cargo público en la década anterior. Keiko Fujimori, que lidera las encuestas para 2016, viene por afuera del establishment democrático establecido. Y los tres candidatos en ascenso son outsiders (Guzmán) o políticos marginales (Mendoza, Barnechea).

Esta rebelión electoral incesante no tiene paralelo en América Latina. Mientras en otros países el sentimiento de “que se vayan todos” solo surge en momentos de crisis, en el Perú se ha convertido en una bandera permanente. No conozco otra democracia donde los políticos son tan detestados, los partidos de gobierno se castigan con tanta ferocidad, y los novatos políticos ganan con tanta frecuencia.

Un electorado rebelde es bastante democrático. En el Perú de hoy es imposible consolidar una oligarquía política, donde la competencia se limita a una pequeña elite, o una “partidocracia”, donde unos pocos partidos reparten el poder. Un candidato puede surgir de la nada –sin necesidad de tener cierto apellido, asistir a ciertos colegios, o pertenecer a ciertas redes sociales– y competir seriamente por la presidencia (Fujimori, Toledo, Humala, Guzmán). Y puede ganar aunque tenga casi todo el establishment en su contra (Fujimori 1990, Humala 2011). (Gobernar es otra cosa.)

Pero elegir a novatos también tiene costos. Los presidentes novatos carecen de experiencia y, en muchos casos, de capacidad política. Cometen muchos errores. Se aíslan. Se debilitan rápidamente. Y como consecuencia, sus gobiernos terminan siendo mediocres, si no malos. Peor aún, muchos outsiders no están comprometidos con las instituciones democráticas (Alberto Fujimori es un ejemplo). De hecho, todos los presidentes sudamericanos que cerraron el Congreso en las últimas tres décadas fueron outsiders (Fujimori, Chávez, Correa).

No sabemos muy bien por qué los peruanos detestan a sus políticos (el politólogo Carlos Meléndez es uno de los pocos que ha investigado el tema). Pero quiero señalar tres posibles factores.

El primero, la debilidad del Estado. El Perú tiene uno de los estados más disfuncionales de América Latina. Muchas instituciones estatales están plagadas por la ineficiencia y la corrupción. Y para muchos ciudadanos, los servicios públicos básicos –salud, seguridad, justicia– son inaccesibles o de mala calidad.

Donde el Estado no funciona, es casi imposible gobernar bien. Y aún los gobiernos mejor intencionados terminan desgastándose. La gente se frustra. Se siente indignada ante la injusticia de un Estado que beneficia a algunos y abandona (o maltrata) a otros. Los gobiernos son el blanco de esa indignación. Y cuando el pobre rendimiento persiste, gobierno tras gobierno, la gente termina desconfiando de todos los políticos.

Una segunda razón por la cual los peruanos detestan a sus políticos es la debilidad de los partidos. Sin partidos, es difícil sostener una carrerapolítica. Debido a la alta volatilidad electoral y frecuente colapso de los partidos, las carreras políticas se acaban rápidamente. Para sobrevivir, los políticos se convierten en tránsfugas permanentes, saltando de partido en partido. Pero el transfuguismo cae mal, y muchos políticos –Lay, Townsend, Villarán– terminan quemándose. Como consecuencia, el número de políticos profesionales exitosos se ha reducido. Y el número de novatos políticos —empresarios, periodistas, voleibolistas— crece. Con pocas excepciones, el rendimiento de estos novatos ha sido pésimo. Cometen muchos errores y caen en muchos escándalos. Una arena política dominada por tránsfugas y novatos solo refuerza la desconfianza pública.

Una tercera razón por la que los peruanos detestan a sus políticos, sugerida por Alberto Vergara, es la desigualdad social. Hay una brecha enorme entre la élite política y gran parte del electorado. Los políticos operan en una pequeña burbuja, rodeada por gente cuyos valores, gustos, y prioridades son bastante ajenos de los de la mayoría del electorado. Aunque esta brecha exista en todos los países, es mucho más grande en sociedades desiguales.

Los partidos ayudan a reducir la brecha entre los políticos y el resto de la sociedad. La existencia de militantes, cuadros medios, líderes locales y regionales, y candidatos de peso en todo el territorio crea nexos importantes entre los líderes y la base. Son fuentes de información para los políticos, ayudándolos a conectarse con la realidad.

Pero en el Perú, donde no hay partidos fuertes, los nexos entre los políticos y la sociedad son pocos. Y como consecuencia, los políticos se alejan de la realidad. De hecho, García, Toledo, PPK, y Humala (y Nadine,) son percibidos por muchos peruanos como bastante alejados. Parecen haber perdido contacto con la gente, y que no les importan sus problemas.

Un político alejado de la realidad pierde capacidad. Confunde el mundo de su burbuja con el mundo real. Empieza a creer que se puede fortalecer un partido desde Stanford. O que la alianza APRA-PPC se parece a la concertación chilena. O que los periodistas puneños son ignorantes.

En una sociedad desigual, muchos políticos parecen marcianos en su propia tierra. Estarán bien informados sobre la economía o temas internacionales, pero no conocen a su propio electorado.

El electorado peruano no premia la experiencia en el poder sino la distancia del poder. No es producto de ignorancia o inmadurez, sino del pobre rendimiento de los propios políticos, en un contexto de un Estado débil, partidos débiles, y la tremenda desigualdad social. La gente no premia la experiencia de los políticos porque su experiencia con estos políticos ha sido mala.